El estudio de la Procuraduría de la Ética señaló que los directivos del BCCR estaban conscientes de que el riesgo de filtración existía pero habían limitado su actuación por temor de afectar los derechos constitucionales del funcionario.
Aunque el estudio fue presentado hace más de año y medio, hasta hoy no ha entrado en vigencia el protocolo con los procedimientos para discusiones técnicas que ameritan el requisito de la confidencialidad y permanece en un proceso de consultas internas en el Banco Central, aunque en la práctica Jorge Monge ya no participa en esas reuniones.
El pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética analizó que, durante sus labores como secretario de la junta directiva del BCCR, Jorge Monge tenía acceso a información sobre la fijación de tasas de referencia y a las modificaciones o ajustes que se aplicarían al tipo de cambio.
En tanto que su cónyuge, María Isabel Cortés, dirige la ABC, una entidad que agrupa a los bancos y financieras privadas del país.
En su recomendación, la procuradora Tatiana Gutiérrez detalla que el directivo del BCCR, “en sus tareas ordinarias maneja información reservada de gran transcendencia y hasta de interés directo para las entidades conformantes de la Asociación Bancaria, los cuales podrían incluso, resultar del interés de su esposa, en su condición de Directora Ejecutiva”.
Para la Procuraduría, el nivel de información clave a la que tenía acceso el directivo del BCCR, unido a su vínculo matrimonial con la dirigente de los bancos privados, “colocaban al funcionario en una posición vulnerable” para el “eventual favorecimiento de intereses privados, la posibilidad de tráfico de influencias o de aprovechamiento indebido del cargo”.
La Procuraduría señaló que la junta directiva del BCCR había reconocido comprender la naturaleza del problema y los riesgos de un potencial conflicto de interés, “pero se ha limitado a actuar por temor a incurrir en una afectación indebida de los derechos fundamentales”.
Por esa razón, la procuradora recomendó a los directivos del BCCR “tomar medidas efectivas” para que prevalezca el interés público sobre cualquier interés privado y “eviten la interferencia de intereses particulares en la gestión del BCCR y el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) y protejan los asuntos públicos de toda sospecha de imparcialidad”.
El presidente del BCCR, Rodrigo Bolaños, señaló a UNIVERSIDAD que, tras recibir la recomendación de la Procuraduría de la Ética, elaboraron un protocolo de trabajo en donde él señala las reuniones en las que se abordan temas sensibles como la fijación de tasas de interés o el tipo de cambio, para que el secretario no participe de esas reuniones.
“La junta directiva acordó que, para evitar toda sospecha de parcialidad, la presidencia del BCCR calificará los asuntos cuyo contenido puedan tener consecuencias sobre las entidades que forman el sistema financiero del país y donde resulte aconsejable que ese funcionario no participe en su trámite y discusión”, indicó Bolaños.
El secretario del BCCR, Jorge Monge, alegó que el informe de la Procuraduría no menciona la existencia de un conflicto de interés sino un riesgo de que se filtre información sensible para el sistema bancario.
“Hay que tener en claro que yo no apruebo nada relacionado a esos temas, sino que soy quien transcribe las actas. Lo que se acordó en el Banco es que yo no esté presente cuando se fijan tasas o se modifica régimen cambiario. Cuando esos temas se tratan, me excuso y ahora ni siquiera pasan por mi escritorio”, señaló Monge.
Funcionarios cruzan labores en Conassif, BCCR y firma privada
Un pequeño grupo de economistas entrecruzan sus trabajos como funcionarios públicos ubicados en puestos claves para el control del sistema bancario, con labores en la empresa privada de asesoría y estudios económicos, Cefsa, según una recopilación de datos efectuada por el Semanario UNIVERSIDAD en páginas web de instituciones y empresas.
Se trata de José Luis Arce Durán, quien es presidente del Conassif, la institución pública que –entre otras tareas– se encarga de supervisar y reglamentar el funcionamiento de los bancos y financieras.
Arce Durán labora, a la vez, como director de programas en la firma privada Cefsa, que presta servicios para bancos y entidades financieras.
Su esposa, Gloriana Ivankovich, también laboró para Cefsa y actualmente trabaja como asesora económica en la segunda Vicepresidencia, que lidera otro exintegrante de Cefsa, Luis Liberman.
Otro de los socios fundadores de Cefsa, Fernando Naranjo, labora como gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), entidad supervisada por el Conassif, que preside José Luis Arce Durán.
En la gerencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se ubica otro exaccionista de Cefsa, Félix Delgado.
Entre las funciones del BCCR se detallan la regulación de los mercados de valores, las personas o empresas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los contratos relacionados con esos mercados y los valores negociados en ellos.
En 2009, Delgado ocupaba, simultáneamente, puestos en las juntas directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de Cefsa. En esa ocasión se vio obligado a renunciar al puesto que tenía en la directiva del ICE, luego de que una investigación de la auditoría interna reveló que existía un conflicto de interés, ya que Cefsa le vendía servicios al Instituto.
Presidente del BCCR Rodrigo Bolaños: No participa en fijación de tipo de cambio
Existe una recomendación de la Procuraduría de la Ética señalando la inconveniencia de que el Secretario General del BCCR tenga conocimiento de temas sensibles como las decisiones que afectan el tipo de cambio, debido a su vínculo matrimonial. ¿Cómo se permitió que el esposo de la directora de la Asociación Bancaria Costarricense ocupara ese cargo en el BCCR?
-Desde agosto del 2006 esta Institución revisó y ha estado explicando a distintas personas y dependencias públicas, como la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la República (PGR), diputados y abogados, las razones por las cuales, a criterio de nuestra Asesoría Jurídica, la existencia de la relación matrimonial del señor Secretario General de la Institución con la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), no es motivo suficiente para tomar medidas drásticas contra el primero, como sería su separación del cargo o despido. Esto, debido a que, entre otras cosas, acciones como las mencionadas podrían atentar contra sus derechos constitucionales, exponiendo a la institución a un eventual pago millonario por los daños y perjuicios resultantes de reclamos judiciales, así como a la eventual reinstalación de la persona en su puesto, con lo cual volvería al Banco Central al mismo punto de partida, pero con consecuencias jurídicas, económicas y morales indeseables.
Tanto la Contraloría como la Procuraduría (al menos en un inicio) resolvieron las denuncias que recibieron, concluyendo que no encontraban elementos para concluir que la citada relación matrimonial violentaba nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, resolvieron que en este caso no se habían denunciado hechos concretos que violaran la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, por lo que no se justificaba el inicio de una investigación.
En cuanto a la denuncia que recibió la Procuraduría de la Ética, lo recomendado al Banco Central fue el resultado de la revisión con propósitos preventivos, y para fortalecer la ética y la transparencia de la gestión pública, no se trató de una recomendación vinculante.
¿Qué medidas tomó la junta directiva del BCCR para evitar ese riesgo de filtración de información estratégica del BCCR?
-A propósito de las denuncias interpuestas ante la Contraloría y la Procuraduría, en el año 2006, la junta directiva del BCCR dictó el “Reglamento sobre la imparcialidad, objetividad y probidad de los funcionarios del Banco Central de Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración Máxima”. Posteriormente, en el 2010, se dictó el Código de Ética del BCCR y directamente, como reacción a la recomendación de la Procuraduría de la Ética, la Junta Directiva ordenó la creación de un protocolo con los procedimientos que deberán acatar todas las dependencias del Banco cada vez que se deba conocer algún asunto, cuyas características ameriten la exigencia de confidencialidad de las personas que tienen contacto con él. Este documento está actualmente en proceso de consultas internas y se espera que pronto entre en vigencia.
En todo caso, y mientras dicho protocolo se aprueba, la junta directiva acordó que para evitar toda sospecha de parcialidad, la presidencia del BCCR calificará los asuntos cuyo contenido pueda tener consecuencias sobre las entidades que forman el sistema financiero del país y donde resulte aconsejable que ese funcionario no participe en su trámite y discusión. Asimismo, indistintamente de la calificación que llegue a hacer el Presidente del BCCR conforme con lo indicado, esas limitaciones aplican de oficio en una serie de temas considerados sensibles, entre los que están la fijación de las tasas interés; asuntos relacionados con el régimen cambiario del país, etc.
¿Cómo se protege el BCCR de filtraciones que podrían afectar la estabilidad económica y llevar enormes ganancias a grupos interesados por las tasas o el mercado cambiario?
La Ley General de Control Interno, así como varias disposiciones dictadas por la Contraloría, obligan a toda la administración pública, incluyendo al Banco Central, a que en todos sus procesos se determine la existencia de los riesgos que le son inherentes y se tomen las medidas administrativas para su adecuada administración.
Así, por ejemplo, en el caso del manejo de información confidencial o sensible, se tienen protocolos para limitar el número de personas que pueden conocer de ella; la utilización de medios seguros para la transmisión de esta información; la custodia física o electrónica diferenciada y con las medidas de seguridad que se estimen necesarias según sea el caso concreto; controles cruzados, etc.
Por último, las reglamentaciones internas así como la propia Ley Orgánica del Banco Central y el Código Penal, contienen severas sanciones en caso de revelación de este tipo de información, tales como el despido sin responsabilidad patronal como consecuencia de la responsabilidad administrativa por las faltas cometidas a los deberes laborales; el cobro de los daños y perjuicios al patrimonio de las personas que actúen de esta manera y las denuncias penales correspondientes, dado que la revelación de este tipo de información es un delito que incluye penas de prisión, días multa, inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos.
