Proyectos para combatir déficit fiscal aguardan en cancha legislativa

Los diputados tienen de qué ocuparse con cerca de una decena de proyectos presentados a la Asamblea Legislativa para combatir el contrabando y mejorar el cobro de impuestos; y dos más que entrarían próximamente para reformar los impuestos de ventas y de renta.

El objetivo: contrarrestar el creciente déficit fiscal del Gobierno, que amenaza con desatar una crisis si no se frena a tiempo.

Se trata de los proyectos de lucha contra el contrabando, el fraude fiscal, ordenar las exoneraciones tributarias, administración eficiente de recursos públicos acumulados en la caja única del Estado, reforma de pensiones con cargo al presupuesto nacional e impuesto a personas jurídicas. Estas son iniciativas promovidas por el Gobierno como prioridades para ser discutidas en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, durante el mes de agosto.

Al mismo tiempo, hay sendos proyectos relativos a salarios en el sector público, presentados por la diputada liberacionista Sandra Piszk y el libertario Otto Guevara.

Por parte del Gobierno están en camino los dos proyectos sobre impuestos de ventas y de la renta, que la administración de Luis Guillermo Solís tenía en consulta pública a los diversos sectores interesados y cuyo texto final enviaría esta semana al Congreso, según anunció el Ministerio de Hacienda.

Básicamente lo que se busca es transformar el actual impuesto de ventas en Impuesto al Valor Agregado (sobre el consumo, que se paga en toda transacción comercial) y elevarlo de manera escalonada, del actual 13% a un 14% y luego a 15%, en una segunda etapa.

Según adelantó Hacienda a la prensa, se gravan todos los bienes y servicios, pero se excluyen algunos como trigo, frijol de soya, fruta y palma aceitera, productos básicos para la producción de otros bienes alimenticios. También se consideran los insumos agropecuarios y de pesca, sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis en general, bienes y servicios para personas con discapacidad, la educación privada, el consumo de agua por debajo de 30 metros cúbicos y la electricidad por debajo de 250 kilovatios hora.

En cuanto a renta, la tasa para las grandes empresas quedaría en 30%. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) la tasa sería progresiva de un 10% hasta 25%.

En cuanto a los salarios, se incluyen dos nuevos tramos de 20% y 25% para las remuneraciones más altas; solamente el 3% de la población asalariada podría ser afectada con un incremento del impuesto respecto a la situación actual.

Según Hacienda, la reforma introduce mayor progresividad en las rentas personales y renta global para las empresas, con más control de la evasión al aplicar estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con la renta global se grava la riqueza de manera unitaria en lugar del régimen cedular actual, en que las distintas rentas se gravan en tributos diferentes y eso facilita la elusión de impuestos.

CONTRABANDO

El proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el contrabando, expediente Nº 19.407, es el que más consenso y avance tiene; se encuentra en comisión, donde se le daría trámite expedito por el artículo 137 del reglamento para ser enviado a votación del plenario legislativo.

Este proyecto propone una serie de modificaciones a la Ley General de Aduanas y baja a $10.000 el monto a partir del cual se penaliza el contrabando de mercancías, en vez del umbral de $50.000 que rige actualmente.

También sanciona el contrabando fraccionado, y establece penas de cárcel para quien, con independencia del valor de las mercancías, integre una organización destinada a la comisión de delitos aduaneros o comercie ilícitamente con bienes que pueden poner en riesgo la salud humana o animal, la preservación de la vida, la protección del medio ambiente o la seguridad nacional.

Los otros proyectos se encuentran en la Comisión de Asuntos Hacendarios, presidida por la diputada socialcristiana Rosibel Ramos, donde no han tenido mayor impulso; al contrario, algunos, como el de fraude fiscal, han encontrado fuerte resistencia por parte de legisladores de oposición.

Este proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal (expediente 19.245) implica una reforma al impuesto sobre la renta y al Código de normas y procedimientos tributarios. Ingresó desde mediados del 2014 a la Asamblea Legislativa, allí fue torpedeado por diputados opositores, como el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, que le presentó 300 mociones, y legisladores de la Unidad Socialcristiana, que agregaron 200 más.

El principal motivo de crítica es la creación del cobro de impuestos en sede administrativa por parte de Tributación Directa, a la que se le otorgaría competencia para hacer embargos preventivos de bienes sin mediar los engorrosos procesos judiciales que entraban hoy día los cobros.

Sectores empresariales y diputados de oposición tacharon de abusiva la medida, y el Ministerio Hacienda −para dar viabilidad al proyecto− terminó cediendo en ese y otros puntos, que se plasmarían en un texto sustitutivo que negocia con los legisladores de oposición en la comisión de Hacendarios.

El diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio y miembro de dicha comisión, consideró que si se elimina el cobro administrativo el proyecto “no sirve para nada”, y su bancada no lo apoyará, pues en ese caso se mantendría la situación actual, en la cual Tributación carece de herramientas eficaces para perseguir el fraude.

EXONERACIONES

Otra iniciativa oficial es la Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos (expediente N° 19.531), que reordena en un solo texto las diversas exenciones y exoneraciones fiscales otorgadas a entidades del sector público y privado, misiones internacionales y otras como educación, generación de energía, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, asociaciones cooperativas y de asistencia social.

El proyecto fue enviado a la subcomisión donde se han presentado gran cantidad de mociones de consultas y audiencias.

Por otra parte, está la Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos (expediente Nº 19.555), para ordenar la utilización de fondos de las entidades públicas, que provienen de transferencias del Estado pero no se ejecutan y se acumulan en la caja única.

La acumulación de esos recursos –contabilizados como parte del déficit– ha venido incrementándose, y alcanzan unos ¢700.000 millones, equivalentes a un 2% del PIB.

La idea es que si pasados dos años dichos fondos no se ejecutan, se extingan, con lo que se evitaría que se acumulen ociosos abultando el déficit.

También el Gobierno envió en los últimos días un proyecto de reforma a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional (expediente Nº 19.661), con el fin de poner un tope a las nuevas pensiones que se aprueben, cuyo monto máximo sería equivalente a 12 veces el salario más bajo pagado en la administración pública (unos ¢3.000.000 en total).

Además crea un impuesto solidario para las pensiones que excedan esa suma, escalonado según el tamaño del exceso sobre los 12 salarios, tributo que puede llegar hasta el 75% para los montos mayores, de acuerdo con una tabla que se propone.

A estos proyectos se suma el impuesto a las sociedades jurídicas, presentado por la diputada Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana, que consiste básicamente en retomar la misma ley que la Sala Constitucional anuló por inconstitucionalidad del procedimiento con que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. La Sala no entró a valorar el fondo de la ley, por lo que se considera que sería de fácil aprobación con el procedimiento debido.