La emergencia de la democracia en Costa Rica y en otros países de la región, entendida como un proceso de crecientes acciones y prácticas que empezarían a permitir la participación de los excluidos en algunos de los procesos de toma de decisiones, en sus respectivas comunidades o estados nacionales, ha sido el resultado de prolongadas luchas, de avances y retrocesos, durante los dos siglos transcurridos desde el fin de la dominación colonial ibérica.
Desde el punto de vista puramente formal y jurídico, las prácticas democráticas se ensancharon, sin que por ello la exclusión social desapareciera en esta parte del mundo, de tal manera que hasta muy entrado el siglo XX, un período durante el cual un gran sector de la población era muy mal mirado desde la perspectiva de las elites del poder político y económico, a pesar de la utilidad que les representaba en términos económicos y laborales para la generación de riqueza, esa discriminación persistió de una manera, más o menos abierta, en cada caso. Estos parias o condenados de la tierra (vgr. Franz Fanon), eran una especie de no ciudadanos a quienes se mantenía fuera de los alcances y manejos más sutiles de los detentadores del poder formal, tanto político como económico.
Las primeras organizaciones obreras y campesinas de inspiración anarquista, en una primera etapa y socialista posteriormente, representaron los resquebrajamientos iniciales del orden liberal-conservador, originado por las formas de la distribución del poder durante los primeros años transcurridos, a partir de la declaración de independencia de la corona española. Durante este proceso, paso a paso, estas organizaciones obligaron a las elites del poder a introducir cambios paulatinos en esas estructuras, ampliando la participación ciudadana en los procesos electorales y atendiendo a algunas de las demandas específicas de esos sectores.
A pesar de algunas acciones represivas efectuadas, durante las primeras décadas del siglo XX, contra los trabajadores y sus organizaciones, por parte de los gobernantes de países como México, Argentina y Chile, entre otros, en las que la violencia extrema dio lugar a masacres o deportaciones de obreros, campesinos e indígenas; lo que vino a desatar el miedo y el odio de las clases y elites dirigentes fueron las políticas económicas y sociales, originadas por la revolución mexicana y la llegada al poder de gobernantes reformistas, a quienes se dio la calificación peyorativa de populistas, por haberle devuelto a los excluidos su condición de humanidad, brindándoles algunos servicios esenciales y mejorando sus ingresos, pero sobre todo por el hecho de incorporarlos a la participación política. Populistas y populismo, he ahí como aparecen en el escenario histórico esas malas palabras convertidas, desde aquel entonces, en piedra de escándalo para las clases dominantes de aquel período, como también para las que conforman la nueva derecha latinoamericana en este cambio de siglo, una fuerza dogmática y autoritaria impulsada por una inmensa dosis de odio y sin vocación por el diálogo o el mínimo ejercicio, de verdad democráticos.
El odio y el pánico viscerales hacia la emergencia del varguismo brasileño (ligado a la figura de Getulio Vargas y su Estado Novo en el Brasil de los 1930), del liberalismo gaitanista en la Colombia de los 1940 o del peronismo argentino, resulta ser algo que se abrió paso durante las décadas de los 1930 a los 1950, con una gran dosis de violencia homicida, inspirada en algunos casos en el modelo del régimen fascista español de Francisco Franco, instaurado al concluir la guerra civil de 1936-1939. Los conservadores o godos colombianos emprenden así, a partir de 1947, el exterminio sistemático de los campesinos de filiación liberal gaitanista, como un hecho que se va a incrementar, a partir del 9 de abril de 1948, cuando el propio Jorge Eliécer Gaitán es asesinado en las calles de Bogotá.
0 comments