Las familias campesinas que fueron desalojadas de las fincas Chánguina y Cuadrante 3, en la Zona Sur del país, se aferran a la posibilidad de quedarse viviendo en la tierra de la que se hicieron cargo tras el abandono de la actividad bananera, hace 14 años.
Poco más de 100 familias que fueron desalojadas el pasado 30 de julio, se mantienen firmes en una protesta que mantiene bloqueado un carril del puente sobre el río Térraba en Palmar Sur, mientras negocian con el gobierno una solución a su situación.
Mientras el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, representando por su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, corre en busca de alternativas para ofrecer a estas familias, el movimiento de campesinos afectados insiste en su derecho a seguir produciendo en el lugar que consideran su hogar.
El rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, ha intervenido en el conflicto como mediador en procura de una solución que, pese al anuncio de avances, no parece tener una fácil resolución en el corto plazo.
En medio del conflicto aparece la figura del empresario Óscar Echeverría Heigol, quien había gestionado el desalojo de estas familias de las tierras que tenía en arrendamiento hasta el 2011, pero que pertenecen a la cooperativa COOPALCA del Sur R.L
Los dirigentes campesinos acusan a Echeverría Heigol de haberlos cesado como trabajadores de la bananera sin pagarles tres quincenas de salario y sus prestaciones en 2001, por lo que decidieron quedarse en las tierras que arrendaban las empresas Bananera del Térraba y Bananera del Chánguina, propiedad del empresario.
TIERRA PARA TRABAJAR
El conflicto que desembocó en el desalojo de estas familias campesinas de las fincas Chánguina y Cuandrante 3 tiene sus orígenes en 1991, cuando se intentó reactivar la producción bananera en la Zona Sur.
Daniel Villalobos, uno de los dirigentes campesinos que lidera a los desalojados, recordó que bajo ese proyecto, las cooperativas de la zona aportaban la tierra, mientras que el gobierno por medio de la banca estatal y algunos empresarios, facilitaban los recursos para producir.
Una de esas cooperativas fue Coopalca del Sur, la cual suscribió un contrato de arrendamiento con las empresas que encabezaba el empresario Óscar Echeverría Heigol (Bananera Térraba y Bananera Chánguina) por 20 años.
Villalobos asegura que en 2001 la producción bananera en la zona entró en crisis y las bananeras cerraron, dejando a sus trabajadores con algunas quincenas sin pagar, al igual que sus prestaciones; por lo que decidieron quedarse en esas tierras para trabajar en ellas.
“En 2001 llega el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y nos dice: “miren, si ustedes se organizan en cooperativas podemos entregarles estas fincas para que trabajen”. Nosotros creímos el cuento y es así como nace Cootraosa. En 2002 Echeverría Heigold pide al Ministerio de Seguridad un desalojo contra nosotros”, comentó.
El desalojo se postergó durante varios años, hasta que en 2014 una gestión de Echeverría ante la Procuraduría General de la República reactivó el desalojo que se materializó el pasado 30 de julio.
Villalobos comentó que el proceso de desalojo fue bastante “atípico”, pues lo “normal” es que se notifique a las familias 72 horas antes. “En el caso de Cháguina y Finca 3, sencillamente llegaron los policías y le dijeron a las familias “los vamos a desalojar, les damos dos horas para que saquen las cosas por las buenas, sino, los vamos a desalojar nosotros””, afirmó.
“Tratamos de negociar con la Policía para alargar el tiempo y cuando vimos que no se podía hacer nada, decidimos tomar el puente”, añadió Villalobos.
Según la dirigencia campesina, tuvieron que sacar sus cosas que quedaron a la intemperie en las afueras de las fincas, mientras que los cultivos fueron destruidos.
“Estamos solicitando que cualquier solución que el gobierno nos plantee pasa por volver a Chánguina y al Cuadrante 3. A partir del momento en que estemos sobre la tierra, vamos a trabajar a en el tema de soluciones. Por supuesto el tema Chánguina es una posibilidad que ocupa un primer lugar de prioridades”, indicó Villalobos.
Según Villalobos, la tierra que ocupaban en la actualidad sigue a nombre de la cooperativa Coopalca del Sur R.L, pero esta entidad ya no cuenta con una actividad económica y acumula deudas con la seguridad social, por lo que es poco probable que haga algún reclamo sobre la tierra.
En el caso del empresario Echeverría Heigol, el “Cobrador de la Caja”, Roberto Mora, denunció esta semana que acumula deudas con la seguridad social por ₡404.161.402.00 con las razones sociales Bananera Changuina. S.A. y Bananera del Térraba, S.A.
A MEDIANO PLAZO
Pese a que la mesa de negociación parece mantener la apertura de las partes a buscar una solución al conflicto, el principal problema para el gobierno es resolver la situación a corto plazo de estas familias.
Según el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, el gobierno ha presentado un “abanico” de posibles soluciones para que estas familias vuelvan a tener tierra para producir, pero eso no tomaría menos de seis meses.
“Es una posibilidad de solución a mediano plazo, estamos hablando seis meses, en los cuales la Universidad Nacional tiene una responsabilidad porque hay que hacer un estudio de idoneidad primero, y que haya un proyecto para poder sacar una licitación y escoger la mejor”, comentó Salom.
El rector detalló que en la solución al problema no puede haber “desarraigo” para las familias, por lo que se deben buscar tierras en la misma zona, mientras que las soluciones de corto plazo pasan por el ofrecimiento de ayudas y subsidios de alimentación y alquiler de casas por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Según el dirigente campesino Daniel Villalobos, para estas familias la prioridad es poder regresar a las fincas que habitaban, pues los ofrecimientos del gobierno de instalarlos en otras tierras aún no pasan de ser “una promesa”.
“Lo que buscamos es volver a Chánguina y desde ahí valoramos cualquier solución al problema”, comentó Villalobos.
Salom explicó que el IMAS tiene la limitación de que no puede pagar por alquileres temporales de tierras, pero sí puede brindar subsidios para que las familias alquilen casas mientras llega la solución definitiva al conflicto.
Según el mediador, algunas familias ya han aceptado estas ayudas, pero aún falta la decisión de las 55 familias que se han censado para recibir estos beneficios temporales. Salom insistió en que los “elegibles” para ser reubicados en otras tierras deberán ser agricultores y comprobarse que no tienen otras propiedades.
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