Sindicatos se oponen a negociar derechos en “Ley de empleo público”

Luego de una larga negociación entre el Gobierno y el sector sindical la semana pasada para evitar una huelga general, dirigentes de las organizaciones

Luego de una larga negociación entre el Gobierno y el sector sindical la semana pasada para evitar una huelga general, dirigentes de las organizaciones aseguran que no están dispuestos a ceder a una Ley de empleo público que reduzca o desmejore las condiciones salariales, laborales o beneficios alcanzados a través de los años.

Uno de los acuerdos a los que llegaron ambas partes, fue que el Gobierno no enviaría dicho  proyecto a la Asamblea Legislativa, sino que lo remitirá a la Comisión Nacional de Salarios –integrada por los sectores- para alcanzar consensos en un plazo no mayor a seis meses.

De no llegar a un acuerdo con las organizaciones, el Gobierno enviará el proyecto al Congreso para su aprobación, según informó en un comunicado de prensa el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.

“Nos sentimos satisfechos con los resultados, porque ha prevalecido el diálogo y la sensatez frente a problemas tan acuciantes para el país, como lo son la situación fiscal y la necesidad de abordar los problemas estructurales del empleo público en el país. Esto es una muestra más de que la administración Chinchilla Miranda está abierta a escuchar y a trabajar en el marco del diálogo y la negociación”, dijo Benavides.

 

No obstante, los dirigentes advierten que lo que realmente busca el Gobierno es unificar los criterios en materia laboral y salarial de todo el sector público, así como eliminar los convenios, convenciones colectivas y arreglos directos con los trabajadores.

De acuerdo con Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), ese proyecto tiene como objetivo centralizar la administración no solo del sector público, sino del autónomo y semiautónomo, donde se incluyen las universidades e instituciones como el ICE, la Caja, el INS, JAPDEVA, RECOPE y las entidades bancarias.

“El propósito del Gobierno es prohibirle a las entidades, por medio de una ley, negociar todo lo que tiene que ver con materia salarial, de empleo y beneficios, es decir, tener el control total de lo que sucede, a pesar de que todas estas instituciones tienen formas independientes de manejar sus políticas de sustitución de personal, creación de plazas, nombramientos de personal interino, salarios mínimos y bases, así como beneficios sociales”, explicó Chavarría.

El secretario de la UNDECA indicó que si el Gobierno lograra esta centralización, el nivel de corrupción en los nombramientos de puestos sería aun más grave, de lo que es actualmente.

Para el dirigente sindical este control directo del Gobierno afectaría negativamente los índices de desempleo, pues es muy probable que se pretendan tomar medidas para reorganizar servicios, trasladar o congelar plazas y despedir trabajadores, con el propósito de disminuir la planilla del sector público.

“También están tras el control de la materia salarial, cosa que hicieron en los años ochenta, cuando dieron potestad a la Autoridad Presupuestaria de controlar a la Caja, y eso dio como resultado un caos, un déficit de personal, recortes en la construcción de nuevos centros hospitalarios y clínicas”, recordó Chavarría.

Esta situación se reversó en el año 2002, de acuerdo con el secretario de la UNDECA, cuando se eliminó la dependencia de la CCSS de la Autoridad Presupuestaria y se enfocaron los esfuerzos en desarrollar estudios técnicos para dotar a la institución de personal médico, profesionales y no profesionales, así como especializados.

CAJA DE PANDORA

Por su parte, Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), coincidió con Chavarría sobre las intenciones que puede tener un proyecto de empleo público; inclusive, está convencida de que el Gobierno está tras la eliminación de derechos de los trabajadores.

“La Ley de empleo público en este momento es un enigma, no sabemos a ciencia cierta lo que contiene, pues el Gobierno aún no ha entregado el borrador, pero si por las vísperas se saca el día, y por las declaraciones oficiales de la administración Chinchilla, donde llaman privilegios, a las conquistas y pluses que nos han costado lágrimas, luchas, rebajos de salarios y hasta despidos, podemos deducir sus intenciones”, manifestó Ferreto.

La dirigente explicó que en el sector educativo, así como en otros gremios públicos, puede que existan categorías de puestos, como jefaturas y altos cargos que sí requieren ser revisados, y que son precisamente a los que no piensan tocar, pero que los otros trabajadores han tenido que emprender luchas para obtener sus derechos.

Ferreto fue enfática que el Gobierno ha mantenido en secreto los principales puntos del proyecto de empleo público, lo que genera una enorme sospecha y le confirma que se trata de una verdadera Caja de Pandora.

Mientras tanto, Alexander Ovares, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), explicó que son firmes en decir que protegerán los derechos laborales y que se oponen totalmente a cualquier propuesta que incluya un salario único.

Adicionalmente, aclaró que trabajarían en una propuesta que regule y ordene algunas características del empleo en el sector privado, sobre todo del Magisterio Nacional; claro está, aquellas regulaciones tienen que buscar mejorar las condiciones de muchos trabajadores.

Por ejemplo, en las escuelas unidocentes el maestro tiene condiciones laborales desfavorables, ya que se le paga un recargo de un horario alterno, cuando en realidad lleva a cabo dos jornadas.

De la misma forma, en los centros de Dirección Uno, el docente no solo es profesor de dos grupos, sino que también funge como director y lo que recibe es un pago de recargo de horario alterno.

“A quienes trabajan doble jornada, solamente se le reconoce un 50% del salario por la segunda. Ahí es donde se deben establecer las nuevas regulaciones, pero no sobre los derechos obtenidos a lo largo de los años, y reitero: nos oponemos a un salario único”, recalcó Ovares.

Los dirigentes sindicales cuestionaron a la Contralora General de la República, que ha insistido en que se debe fiscalizar el trabajo de los funcionarios en el sector público y que los funcionarios trabajen en función de resultados.

“Nos hemos opuesto a los mecanismos neoliberales de las maquileras, que pretenden que la gente produzca resultados, sin siquiera, tener derecho de ir al baño; nos oponemos a ser calificados de esa forma”, dijo.

Luis Chavarría argumentó que la posición de la Contraloría es totalmente contradictoria e injustificada, dado que las condiciones laborales y salariales de esta entidad son de las más privilegiadas en el sector público.

“Mientras la Contralora, Rocío Aguilar y su equipo técnico emite directrices de delimitar y prohibir los derechos de horas extras, prohibición, peligrosidad y todos los demás, en esta institución y en otras como la Autoridad Presupuestaria, cuentan con los salarios más altos de la administración pública, pues ellos se autorregulan y controlan sus propios beneficios”, cuestionó el dirigente.

UNIVERSIDAD trató de conversar con la contralora Aguilar; sin embargo, luego de gestiones en la oficina de prensa, informaron que por lo apretado de su agenda no podría dar declaraciones a tiempo para el cierre.

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