Superintendente Edgar Robles: Crisis del fondo de pensiones de la Caja se adelantó a lo previsto

El régimen de pensiones de la Caja entró en desequilibrio financiero antes de lo previsto, según la Supén, que espera para enero los resultados

El régimen de pensiones de la Caja entró en desequilibrio financiero antes de lo previsto, según la Supén, que espera para enero los resultados completos de la valuación actuarial que se está haciendo. (Foto: Katya Alvarado)

Sube la temperatura en la polémica entre representantes de las organizaciones laborales y el superintendente de pensiones (Supén), Edgar Robles, en torno al riesgo financiero en que se encuentran los regímenes de pensiones.

De acuerdo con el superintendente, el fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entró en crisis antes de lo que se había previsto, mientras que el fondo de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial es insostenible y en dos años la crisis se manifestará.

La Supén, entidad encargada por ley de fiscalizar los sistemas de pensiones,  había calculado que a fines del 2015 el IVM (con un fondo de inversiones de ¢1,2 billones) comenzaría a “comerse” los intereses de lo invertido, pero eso empezó a ocurrir en el 2009, dijo Robles en entrevista con UNIVERSIDAD.

Contrario a lo que han dicho las autoridades de la Caja −de que la toma de los intereses es temporal, mientras ingresan los recursos del aumento de la cotización que se había aprobado−, el superintendente sostiene que esa es ya una tendencia. Incluso este año podría empezarse a tomar las reservas del fondo en términos reales, si la inflación sube más del 7%, aseveró.

Según Robles, se espera tener un panorama claro de la situación del IVM en enero del 2015, cuando concluya la valuación actuarial que la CCSS y la Supén contrataron al consultor argentino Eduardo Melinsky. Con esos resultados se podrá iniciar la discusión sobre las reformas del sistema que deben hacerse y ver si los más afectados van a ser los trabajadores, los patronos o el Estado.

En cuanto al fondo de pensiones del Poder Judicial, afirma que ya tiene crisis actuarial y la financiera se manifestará en dos años; propone que ese fondo sea trasladado al IVM. Eso sería lo mejor en términos del costo para el país y les conviene a los empleados más jóvenes, porque pagan cuotas más altas y no van a recibir los beneficios prometidos, aseguró.

A su parecer, los beneficios de ese Fondo son insostenibles y cuanto colapse va a tener que asumirlos Hacienda, con altos costos para el país.

Por otra parte, estima que el futuro del régimen no se resuelve con el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo y apoyado por el Poder Judicial, tendiente a introducir reformas que aseguren su sostenibilidad, entre ellas un tope a las pensiones.

Dicho tope, en su opinión es “inefectivo”, porque es de ¢8 millones y solo afecta a 11 de los 3.000 pensionados que tiene el régimen; en total, los empleados de la institución suman alrededor de 13.000 empleados.

Las organizaciones de empleados del Poder Judicial niegan que su régimen esté en crisis, pues cuenta con un superávit operativo y con más de ¢349.000 millones en inversiones. Los funcionarios han creado un frente de defensa, que apoya las reformas que –según dicen− ya se han empezado a adoptar a lo interno, para fortalecer el fondo.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, que agrupa a los funcionarios judiciales, reclamó “una mayor objetividad” a la hora de hacer las valoraciones.

Mencionó que el superintendente Robles toma en cuenta un estudio que el Poder Judicial le había encargado al consultor Melinsky, quien utilizó supuestos que no son reales, y concluyó que las reservas se empezarían a gastar en el 2019.

Orocú criticó que el superintendente nunca ha mencionado resultados distintos, como los del  estudio que las organizaciones del Poder Judicial contrataron al actuario Raúl Hernández, un matemático reconocido en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y quien es actuario del Banco Popular. Según ese estudio, las reservas se empezarían a tomar en el 2059.

Para ella, Melinsky utilizó supuestos que no son reales, entre ellos, que los empleados del Poder Judicial van a vivir 95 años, que es una población cerrada de 13.000 empleados (que no se reemplazan los que se pensionan), que todos son varones y con hijos, y no se tomó en cuenta que en este régimen los pensionados siguen cotizando.

Con la misma metodología y con solo depurar las variables utilizando los supuestos reales del Poder Judicial, los resultados son muy diferentes. Varios estudios hechos anteriormente han señalado la necesidad de hacer reformas al régimen, pero ninguno había sido tan desfavorable como el de Melinsky. De todas  maneras ya se han hecho cambios al régimen, como un aumento de la cotización de los funcionarios, que pasó de 9 a 11%, y en el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa se contemplan una serie de reformas, como un tope a las pensiones, puntualizó Orocú.

“A nosotros nos preocupa que la Supén, siendo una entidad técnica, en el caso del Poder Judicial la única opción que presente es que lo cierren y se pase a la Caja. Si está diciendo que el Fondo de la Caja está peor que el del Poder Judicial, es un contrasentido que nos diga que nos pasemos a la Caja”, expresó.

“Lo menos que queremos es ser una carga para el Estado; inclusive el ministro de Hacienda anterior dijo que era insostenible la posición de que el régimen del Poder Judicial pase al de la Caja y que los pensionados pasen al presupuesto nacional”, aclaró.

Robles replicó que las personas que han salido a hablar son personas legas en conceptos actuariales y están confundidas, y que es mentira que el estudio de Melinsky haya establecido  95 años de vida para los empleados judiciales, sino que ha empleado la tasa oficial para el país.

“Hemos hecho nuestros propios estudios, usando los supuestos que consideramos son los más verídicos que existen, sin tomar en cuenta a Melinsky, y llegamos a resultados muy similares, jamás al año 59 como ellos dicen”, adujo.

“La realidad del régimen es que las inversiones no están bien realizadas, el rendimiento no es suficiente, ni siquiera para pagar las pensiones ya otorgadas; es más, apenas alcanza  para pagar la mitad de las otorgadas. El régimen no es autosostenible, porque tiene un déficit actuarial severo; es cierto que cotizan en promedio tres veces más que en la Caja, pero la pensión que reciben es en promedio cinco veces la de la Caja. Además, retirándose 10 años antes que en la Caja, a los 54 años, y con el 100% del salario (en lugar del 60% que se obtiene en la Caja), y dándole el 100% de la pensión al descendiente. No hay fondo de pensiones en el mundo que con los beneficios que ellos pagan vaya a sostenerse de esa forma”, enfatizó Robles.

OBJETIVIDAD

Dirigentes sindicales y políticos afines a las organizaciones expresan recelos respecto a la objetividad de las advertencias de la Supén sobre la salud financiera de estos regímenes de pensiones, pues creen que la entidad favorece intereses de las operadoras de pensiones, que la Ley de Protección al Trabajador creó en el 2005, y se han convertido en un gran negocio de intermediación financiera, que se vería favorecido con un desprestigio de los fondos de pensiones solidarios y si eventualmente esos recursos pasaran a ser administrados por las operadoras.

Desde esa perspectiva, Juan Carlos Durán, secretario de seguridad social de la Confederación Rérum Novárum y miembro del comité de vigilancia del IVM,  cree que la Supén es un ente regulador y supervisor “capturado” por distintos actores económico-financieros, lo cual desvirtúa su labor y lo distancia de los fines para los que se creó.

En un eventual diálogo nacional sobre el tema de las pensiones en Costa Rica, una de las primeras discusiones de los actores políticos y sociales debe ser una revisión a profundidad del rol de la Supén, consideró Durán.

Valga señalar que la mencionada central sindical presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violación al Convenio 162 de este organismo, por parte de la Supén y las operadoras de pensiones complementarias.

El convenio establece que en la administración de los fondos pertenecientes a los trabajadores debe haber representación de estos, y en las operadoras que manejan los fondos de pensiones no existe esta representación, alegan.

Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, opinó que no se debe permitir que las pensiones se saquen y pasen a ser administradas por operadores o entidades reguladoras que están politizadas, como ha ocurrido en otros países, como es el caso de Honduras, en donde el fondo de seguridad social fue llevado a la ruina.

La legisladora apoya el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para el Fondo de los funcionarios judiciales, que aumenta la cotización y eleva de 5 a 10 años el periodo mínimo de cotización antes de poder beneficiarse, entre otras medidas para fortalecer la sostenibilidad del fondo.

El proyecto se discute en comisión de la Asamblea Legislativa junto a otro que presentó la Unidad Social Cristiana, el cual propone cambios fundamentales, que van en la línea de las propuestas de la Supén, dijo Fallas.

Ambos están en proceso de diálogo con el sector involucrado y todas la fracciones legislativas, para que salga lo mejor para los trabajadores y sin olvidar que también hay otro proyecto del Frente Amplio para ponerles tope a las llamadas pensiones de lujo, agregó.

Para el superintendente Robles, los señalamientos de politización y favorecimiento a las operadoras son parte de una campaña de mentiras, que algunos sacan cuando ven perdida la discusión técnica.

“No acepto habladurías. Quiero ver evidencia que demuestre en dónde está la Superintendencia casada, dónde está la injerencia política”.

Asimismo, rechazó que los salarios de los funcionarios de la Supén dependan de que los fondos sean administrados por las operadoras o por el Poder Judicial, o que los ingresos de la Supén dependan de eso.  “Por ley, ya el Fondo del Poder Judicial está bajo regulación de la Supén y tiene que pagar por supervisión. Que no quiera pagar es otra historia, pero tiene que pagar. Entonces es mentira que la Supén se va a beneficiar si entraran los recursos a las operadoras. Ya hoy se le cobra al fondo del Poder Judicial igual que se le cobra al de la Caja”, que también es supervisado, argumentó.

Aclaró que “ellos (el IVM) siguen siendo supervisados, no regulados, pero se les exige que entreguen información. Entregar información no daña a nadie, es parte de la transparencia”.


Ya es tarde para algunas reformas

El superintendente de pensiones, Edgar Robles, afirma que el estudio actuarial que está haciendo un consultoría internacional al seguro de pensiones de la CCSS y cuyos resultados estarán en enero próximo, permitirá iniciar la discusión sobre las reformas que hay que hacer para mantener la sostenibilidad del sistema.

Ya es tarde para algunas reformas que era viables hace cinco años, advirtió en entrevista con el Semanario.

¿Don Edgar, con el estudio de Melinsky vamos a ver la real situación del IVM?

−Eso esperamos. Es un estudio que se está haciendo con la guía de la Supén y la Caja, a lo largo del cual estamos revisando los cálculos y resultados, con ayuda de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que lo que va a salir nos permita tomar las decisiones y establecer el trabajo a futuro. A partir de ese estudio podremos ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en términos de cotizaciones, edades, etc.

La discusión de la Caja está a un paso adelante de lo del Poder Judicial. En el caso del Poder  Judicial, en dos años evidentemente va a estar con fuertes problemas financieros manifiestos, así como hoy los tiene la Caja, que está comiéndose los intereses de la reserva y es probable que este año comience a comerse parte de la reserva. Eso no iba a ocurrir hasta cerca del año 2020 según nuestras proyecciones, pero por una serie de situaciones se está adelantando en unos cinco años respecto a lo que habíamos estimado. En el Poder Judicial con solo que se establezca el tope de la pensión, va a correr un montón de gente a pensionarse y a partir de ahí empieza a manifestarse el problema financiero, no actuarial, que ya está manifestado.

 ¿Qué se debería hacer entonces?

−Sentarnos a ver reformas que generen impacto, no cositas para decir simplemente que establecimos un tope y hemos salvado el régimen. ¿Cómo pueden decir que ya establecen un tope (en el proyecto de ley del Poder Judicial), cuando afectan nada más que a una decena de personas?

 ¿En el caso del IVM será inevitable aumentar las cotizaciones y edad de retiro?

−Uno debería pensar que sí, pero hay muchas formas de ajustar los ingresos. Otros países han adoptado la aprobación de impuestos específicos para alimentar la seguridad social. Siempre está la posibilidad de que le demos vuelta al modelo de financiamiento y que esto sea con cargo al Estado, que se aumenten los impuestos y la Caja pase a ser una institución como el Ministerio de Educación Pública, que recibe una dotación para pagar los salarios de los trabajadores, etc. Pero eso requiere replantear el modelo completamente, y esa discusión no la vamos a tener hasta ver los resultados del estudio.

 ¿El problema financiero del IVM no es una situación temporal como han sostenido las autoridades de la Caja?

−No, porque uno ve la tendencia claramente. Eso empezó en el 2009 y cada vez es más y más, y pueda ser que este año, si la inflación supera el 7%, se toquen las reservas en términos reales. El próximo año va a haber una mejora, porque aumenta la tasa de contribución, pero eso es una pastilla de salvación solo para el 2015, porque en el 2016 puede que vuelva la tendencia a caer nuevamente. La etapa más crítica va a ser entre el 2015 y el 2020, que es cuando empiezan a pensionarse los nacidos en los 60, cuando hubo una explosión demográfica, y es un estrato que va subiendo conforme va pasando el tiempo. Ese grupo importante es el que va a duplicar la cantidad de pensionados antes del 2025, es ahí donde se pone en riesgo crítico el sistema de pensiones.

¿Qué reformas habrá que hacer entonces?

-−Eso lo dirá el estudio, pero de acuerdo con nuestras proyecciones ya estamos tarde. Las reformas van a tener que ser más drásticas a partir del momento en que se empieza a dar la discusión, porque hay cambios que ya no serán viables, y sí lo eran hace cinco o siete años.

Para la Caja no se puede hacer una propuesta como la que hizo Supén para el fondo del Poder Judicial −de pasarlo a la Caja y hacer un sistema complementario−, que pueda ser manejado o no por las operadoras; la idea era sacar a esa gente por lo caro que resulta para el Estado ese grupo de pensionados, y no va a tener fondos para pagar sus pensiones, si no es con cargo al presupuesto.

En el caso de la CCSS, quien diga que se puede pasar el sistema a cuentas individuales, es un mal intencionado o un ignorante del sistema. Esto, porque la misma Caja ha calculado el costo actuarial del déficit que ellos tienen y que es de 102% del PIB. Eso es una cantidad enorme de dinero, y no es posible para las finanzas públicas asumir el costo que tiene.

Esa propuesta sería además un suicidio social, porque no se puede quitar la protección básica que tienen los que ganan menos en el país. La mitad de la gente recibe pensiones mínimas de la Caja y jamás acumularían una pensión mínima de un sistema complementario o de un sistema de cuentas individuales. Además sería un suicidio político, porque al político que proponga eso lo matan.

¿En cuanto al régimen de pensiones del Magisterio cuál es la situación?

−Ese régimen tiene algunos problemas de sostenibilidad que se van a manifestar hasta en el año 2060,  aproximadamente, y están relacionados con la baja de edad con la cual hoy se pueden pensionar. Pero es un régimen muy joven, donde casi no hay nadie pensionado y, por lo tanto, hay mucho tiempo para tomar decisiones; estamos hablando de plazos de  40 a 50 años.


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