Tornado de indignación sacude al poder en Guatemala

Guatemala ha vivido en los últimos meses una efervescente combinación entre la indignación del pueblo, el agotamiento de un modelo político y económico y la labor de una agencia de investigación judicial independiente, que sacaron del poder al Presidente Otto Pérez Molina y a su Vicepresidenta, Roxana Baldetti y dieron un giro al resultado de las elecciones del pasado 7 de setiembre.

La movilización y protesta social que se desencadenó fue gestada desde el hartazgo del pueblo, de una sociedad cansada de la burla de los políticos de turno, que consideran que aún pueden engañarlos con falsas promesas e historias mágicas.

El levantamiento de las voces y exigencias de la población, sobre todo urbana, generaron una presión insostenible para el gobierno de Otto Pérez Molina, aunado a una investigación conjunta entre la Fiscalía guatemalteca y la Comisión de la ONU contra la Impunidad (CICIG), sobre la existencia de una banda de defraudación aduanera, nacida desde los altos mandos, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Grupos de personas, entre ellos amigos, compañeros de trabajo, familiares empezaron a realizar concentraciones de protesta, plantones frente a Casa Presidencial desde abril pasado, acompañados por ollas, sartenes, latas, baldes y cubetas para manifestar su rechazo ante la corrupción y fueron surgiendo espontáneamente nuevos grupos que emprenderían las jornadas de lucha.

El movimiento no solo sacó del juego a los principales líderes del gobierno de turno, sino que puso en jaque al candidato oficialista del Partido Patriota, Manuel Baldizón, a quien antes de las manifestaciones sociales y el anuncio del caso de corrupción de SAT, las encuestas señalaban como favorito a ganar las elecciones.

“Las redes sociales jugaron un papel muy importante en este proceso, aunque no sustituyen los espacios tradicionales, sí influyeron fuertemente en ellos.

Plataformas como #RenunciaYa o #Notetoca contra Baldizón jugaron un papel clave y son sin duda también espacios políticos de denuncia y lucha política, es lo que ahora se llama ciberpolítica o ciberciudadanía”, comentó el sociólogo e investigador guatemalteco, Christian Calderón.

Por su parte, Bernardo Silva del movimiento Basta YA, señaló que el levantamiento del pueblo hizo un cambio total en el ambiente urbano, sin embargo, es consciente que en el área urbana la pobreza impide a la gente tener acceso a medios de comunicación o acceso a las redes sociales, además no hay tiempo para expresarse, manifestarse o protestar, pues deben trabajar arduamente para ganar unos $5 diarios en promedio.

Silva recordó a los políticos de turno les ha funcionado mantener estos niveles de pobreza extrema, porque cada vez que hay elecciones es más fácil comprar el voto por $10 o por una bolsa de comida y es la población rural tiene un porcentaje muy alto en la elección de los políticos. Guatemala cuenta con un índice de pobreza que toca al 54% de su población.

“Precisamente, la injusticia social que ha vivido Guatemala, con una población indígena que sobrepasa el 60% y que vive en la pobreza absoluta y en la ignorancia innoble, ha permitido que un sector con más educación y trayectoria en ambiente político se apoderen del gobierno, que si bien son electos de forma democrática, responden a las necesidades de cúpulas empresariales, mientras que los académicos e intelectuales no se incorporan a la puestos de mando”, analizó Lidiette Brenes, exembajadora de Costa Rica en Guatemala.

Un modelo en crisis

“La crisis que estalló en abril con el problema en la SAT, es solamente un síntoma profundo de una crisis del régimen de ejercicio del poder y del modelo económico impuesto desde 1954, que se materializó a lo largo de los años en una alianza oligárquica empresarial, militar y política mafiosa profundamente corrupta y autoritaria”, explicó Hellen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y activista en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

La experta es clara en que tanto el régimen como el modelo se agotaron, así como la alianza que los sostiene. Para Mack en lo económico el modelo es una fábrica de pobreza extendida y, por otro lado es la oportunidad de acumulación y concentración de la riqueza para unos pocos, lo que crea uno de los países más desiguales y con índices sociales solamente mejores que los de Haití en América Latina.

“Se trata de un modelo sustentado en la corrupción privada y pública, con rasgos de autoritarismo, que permea y atraviesa todas las relaciones sociales del país, que es racista, excluyente y discriminador.  Todas las características no van a modificarse de la noche a la mañana, o solo con cambios políticos, pero definitivamente los cambios son urgentes”.

Para el sociólogo e investigador guatemalteco, Christian Calderón definitivamente el modelo político tradicional choca con la existencia de una ciudadanía más madura políticamente, más informada y por lo tanto más demandante con la clase política y con el sistema en general. También se agotan los modelos normativos como la ley electoral y la Constitución misma que no reconoce estos cambios en la ciudadanía.

“Un detonante de la crisis que experimenta Guatemala es la excesiva corrupción de la actual clase política guatemalteca – una de las más corruptas de la región-, aunado al papel cada vez más fiscalizador de los medios, entre ellos las redes sociales, y sin duda, el papel que ha jugado CICIG en los últimos meses al ser un catalizador de toda esta demanda –y descontento- ciudadana”, indicó Calderón.

En Guatemala, la política partidista, casi en su totalidad, se ha convertido en un negocio que ha dejado en el abandono la atención de las necesidades básicas de la población, al quedar en números rojos la condición del erario público y claramente la clase política actual atraviesa un momento de baja credibilidad de parte de la ciudadanía.

Al parecer, este panorama que levantó la crisis política y social en Guatemala, comienza a contagiar los ánimos de poblaciones centroamericanas vecinas, que también vienen experimentando el agotamiento de sus modelos, basados en una oligarquía dominante que da la espalda a las necesidades de los sectores más necesitados y que están acostumbrados a operar bajo la sombrilla de la corrupción y el clientelismo. Prueba de ellos son las recientes movilizaciones de El Salvador.