El 90 % de los empresarios que integran el consejo directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP) está relacionado con sociedades anónimas que incumplieron el pago a tiempo del impuesto a las personas jurídicas.

De las 9 personas que integran el mencionado consejo directivo, 8 de ellos (88.89 %) figuran en puestos como presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, apoderado o secretario, en firmas que estaban morosas en el pago de este impuesto al 18 de febrero de este año.

En total, los directivos de la UCCAEP están relacionados con 107 sociedades anónimas, de las cuales 46 firmas (42.99 %) estaban morosas en el pago de este gravamen.

Dentro de este grupo de 107 sociedades, hay 27 (25.23 %) que según el Registro Nacional −al 18 de febrero pasado− no habían pagado nunca el impuesto a personas jurídicas.

El directivo de la UCCAEP ligado con la mayor cantidad de sociedades morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas es Arnoldo André Tinoco, quien aparece como apoderado y representante judicial, fiscal o presidente de 26 firmas, de las cuales 21 estaban morosas (80.77 %).

Consultado sobre la morosidad de esas firmas, Tinoco alegó: “En el ejercicio de mi  profesión de abogado he sido nombrado en muchas sociedades, sea como directivo o apoderado, pero la administración y pago de obligaciones corresponde a los propietarios de la sociedades”.

El empresario no aclaró en cuáles empresas es socio y en cuáles no, y por qué razón las firmas en que él registra el cargo de presidente no pagaron el impuesto a tiempo.

Mientras tanto, la directora ejecutiva de la UCCAEP, Shirley Saborío Marchena, es la única integrante del consejo directivo de la UCCAEP, cuya relación con empresas está al día en los pagos. Ella está vinculada a cuatro empresas y todas pagaron a tiempo el gravamen.

Así lo revela una investigación del Semanario UNIVERSIDAD, que indagó en el Registro Nacional los nombramientos en sociedades anónimas que registran los integrantes de la junta directiva de la UCCAEP y documentó la morosidad de esas firmas en el pago de este impuesto,  cuya recaudación se destina a financiar la seguridad ciudadana.

El presidente de la UCCAEP, Jaime Molina Ulloa, no respondió la solicitud canalizada a través del jefe de prensa de la entidad, William Segura, para que efectuara un comentario sobre las razones por las que el 88.89 % de los integrantes de su consejo directivo, está relacionado con empresas que al 18 de febrero pasado se encontraban morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

En la edición anterior este Semanario publicó una investigación donde se reveló que la mitad (47 %) de los miembros del Gabinete −incluida la presidenta Laura Chinchilla− tenían ligámenes con  sociedades anónimas que habían incumplido el referido pago al 2 de febrero pasado.

RANQUIN DE MOROSIDAD

El  tercer vicepresidente de la UCCAEP, Arnoldo André Tinoco, es el directivo  con vínculos a la mayor cantidad de sociedades morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

Tinoco figura como apoderado y representante judicial, fiscal o presidente de 26 firmas, de las cuales 21 estaban morosas al 18 de febrero pasado.

Dentro de este grupo de sociedades morosas, Tinoco ostenta el cargo de presidente en 6 firmas de las cuales 5 (83.33 %) nunca pagaron este impuesto.

Al respecto explicó que ejerce la profesión de abogado  desde hace 30 años, que tiene  clientes en diferentes países y que por esa razón ha sido nombrado como apoderado o miembro de junta directiva de muchas sociedades.

El abogado alegó además que la información que el Semanario UNIVERSIDAD le envió para su consulta era incorrecta en “varias sociedades”, aunque no aclaró cuáles eran estas “varias” y no respondió la repregunta sobre las razones por las que las 5 sociedades en las que aparece como presidente no habían cancelado a tiempo  el citado impuesto.

Por otro lado, la fiscal de la UCCAEP, Maritza Hernández Castañeda, se relaciona con 16 sociedades anónimas, de las cuales 11 no habían cancelado este impuesto al 18 de febrero pasado, según el Registro Nacional.

En este grupo de 11 firmas morosas, Hernández Castañeda aparece como presidenta de 8 sociedades, de las cuales 5 adeudaban un período y 3 nunca habían pagado el gravamen.

Ante la consulta de UNIVERSIDAD,  la empresaria aseveró que “al día de hoy (22 de febrero) todas las sociedades se encuentran al día”.

Se le repreguntó a Hernández si esas sociedades habían pagado el impuesto al 18 de febrero, fecha en la que este Semanario documentó que se encontraban en mora, pero no respondió el correo electrónico que se le envió a través de la oficina de prensa de la UCCAEP.

Por su parte, el presidente de la UCCAEP, Jaime Molina Ulloa, está vinculado con 22 sociedades anónimas y −según el Registro Nacional− 3 de ellas nunca habían pagado este impuesto.

Molina adujo a través de un correo electrónico que, “a nivel personal, todas sus obligaciones tributarias se encuentran al día”.

El empresario no respondió la pregunta sobre las razones por las que estas sociedades, incluida una en la que tiene el cargo de presidente,  no cumplieron con el pago del impuesto.

RENUNCIAS Y SILENCIOS

El segundo vicepresidente y el tesorero de la UCCAEP, Álvaro Sáenz Saborío y Miguel Shyfter Lepar, señalaron que renunciaron a  los cargos que tenían en esas firmas que aparecen como morosas.

Sáenz Saborío hizo ver que una de esas empresas cerró en el 2002 y que el Registro Nacional debió haberla cancelado. En la otra sociedad él no es el responsable de pagar, pero ya gestionó que la firma pague el impuesto.

Por su parte, Shyfter dijo que se desvinculó de esas dos firmas hace 15 años y se comprometió a investigar las razones por las que no pagaron el impuesto.

Entretanto, los directivos Jorge Manuel Brenes, Marco Meneses y Hernán Pacheco, vinculados a sociedades morosas de este impuesto, no contestaron las consultas que se le enviaron a través de la oficina de prensa de la UCCAEP.

Víctor Granados preside tres firmas que nunca pagaron impuesto a sociedades

Ernesto Rivera

El presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, está relacionado con 9  sociedades anónimas que nunca pagaron el impuesto a personas jurídicas desde su creación.

En 3 de esas firmas, Granados, quien es diputado por el Partido Accesibilidad sin Exclusión  (PASE), registra el cargo de presidente de la junta directiva.

Así lo revela una investigación del Semanario UNIVERSIDAD, que indagó en el Registro Nacional el pago del impuesto a las personas jurídicas, por parte de las sociedades anónimas vinculadas a los jefes de las ocho fracciones legislativas.

De los ocho jefes de fracción, 6 de ellos (75 %) están relacionados  como presidente, secretario, tesorero o fiscal, a firmas que habían incumplido el pago del impuesto a personas jurídicas, al pasado 18 de febrero, según documentos del Registro Nacional.

Únicamente las sociedades anónimas ligadas a los jefes de las fracciones del Frente Amplio, José María Villalta, y de Renovación Costarricense, Carlos Avendaño, cumplieron a tiempo el pago del impuesto.

El presidente de la Asamblea Legislativa alegó que seis de esas sociedades las heredó de la época en que laboró como asistente legal y no tiene forma de solicitar a los dueños que paguen el impuesto.

“Las otras tres son sociedades en las que soy dueño y no poseen bienes. En un caso voy a cancelar el impuesto y a mantenerla; en las otras dos voy a pagar el impuesto y a disolverlas. Hasta ahora no pagué porque vivo de mi salario y voy sacando las responsabilidades poco a poco, pero las saco”, dijo Granados.

DE TODOS LOS COLORES

El jefe de la fracción verdiblanca, Fabio Molina Rojas, está relacionado con 12 sociedades anónimas, de las cuales 9 (75 %), están morosas en el mencionado pago.

Molina  explicó que se trata de 6 sociedades, todas  relacionadas con un fallido proyecto inmobiliario que él, junto a otros socios, emprendió hace algunos años “en esa empresa en la que vendí mi participación y aún hay una deuda pendiente, por lo que si bien registralmente aparezco,  comercialmente, no tengo la obligación de cancelar por haber vendido mi parte”.

El jefe de la bancada  rojiazul, Rodolfo Sotomayor, aparece relacionado con dos sociedades anónimas y las dos estaban morosas al 18 de febrero pasado.

De acuerdo con el socialcristiano, una de esas firmas −en la que funge en el cargo de fiscal− no le pertenece y ya no tiene  vinculación comercial con ella, por lo que alega no tener responsabilidad en el pago de impuestos de la empresa.

La otra firma, en la que ocupa el cargo de presidente, es una empresa familiar que está inactiva;  “voy  a revisar si se tiene algún pendiente y de ser así,  procederé a cancelar de inmediato”, aseguró Sotomayor.

El jefe de la fracción rojiblanca, Danilo Cubero, aparece con ligámenes en 8 sociedades, de las cuales 6 (75 %) estaban morosas.

El libertario alegó que se trata de sociedades en las que no tiene acciones y en las que solo participó en la constitución; “alguna de ellas es de un familiar mío. Todas las sociedades deben pagar y si puedo hacer que paguen lo voy a hacer”, expresó Cubero.

Mientras tanto, el jefe de la fracción de Renovación Costarricense, Justo Gerardo  Orozco, integra la junta directiva de 3 sociedades anónimas  y las 3 acumulan dos períodos de mora, es decir nunca pagaron el impuesto a sociedades.

Según el diputado Orozco, en una de ellas integró la junta directiva a pedido de un  amigo a quien luego le solicitó que lo removiera del cargo; otra de las firmas era la propietaria de un automóvil  que luego vendió junto con la sociedad, y la tercera empresa era una radioemisora que ya no funciona.

Por su parte, la jefa de los rojiamarillos, Yolanda Acuña, quien aparece como secretaria de una sociedad que nunca pagó el impuesto, argumentó  que se trata de una sociedad inactiva propiedad de uno de sus hermanos.

“Me va a enviar el registro de cuándo se pagó, apenas lo tengo se lo reenvío”, agregó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública:

“La falta de recursos nos obliga a estar apagando incendios”

“La falta de recursos nos obliga a estar apagando incendios”, se lamentó el ministro de Seguridad Pública (MSP), Mario Zamora, como resumen de una situación presupuestaria que mantiene a ese ministerio con una de cada cuatro delegaciones policiales bajo orden sanitaria de cierre y la mitad de las patrullas fuera de operación.

El Gobierno se proponía cubrir parte de las necesidades presupuestarias del MSP con dinero proveniente de la recaudación del  impuesto a las personas jurídicas; pero durante el 2012 de 575 000 sociedades inscritas, solo 220 000 pagaron el tributo, es decir, la morosidad fue del 61.74 %.

“El país requiere una inversión de $250 millones al año durante diez años “, expresó el ministro Zamora, quien señaló que, a pesar de los avances logrados en los últimos años en mejorar  la seguridad ciudadana, la Fuerza Pública aún trabaja bajo esquemas del siglo pasado.

A su parecer, la falta de recursos resulta en un problema estratégico, que impide modernizar y planificar en el combate a la delincuencia. “Todavía tenemos fusiles M16 de la época de la guerra de Vietnam, la flota aérea y de guardacostas es muy antigua y necesita renovarse”, indicó Zamora.

Estima que este rezago en inversión resulta paradójicamente en un mayor gasto diario, ya que se aplican métodos antiguos para tareas que con tecnología se efectúan más eficazmente y de manera mucho  más económica.

“Nuestras patrulleras navales no tienen radares, por lo que patrullan sin orientación específica; en el área urbana necesitamos un sistema de seguridad digital con cámaras que permitan reconocimiento facial, que nos permitan valorar un delito en curso y también evaluar el desempeño de nuestros policías”.

“La única manera de romper este círculo es una inversión fuerte y sostenida en el largo plazo”, expresó Zamora.