Un viaje privado que todos pagamos

Más allá del costo que tendría un viaje en un avión privado, o los gastos de estadía para asistir a una boda en Perú,

Más allá del costo que tendría un viaje en un avión privado, o los gastos de estadía para asistir a una boda en Perú, o el uso de recursos públicos para gestionar la visita, el viaje de la presidenta Laura Chinchilla a Lima tiene un alto costo para todos los costarricenses, en términos de eficacia de la acción del Gobierno y confianza de los ciudadanos en las decisiones de su gobernante.

La queja cotidiana del Gobierno para justificar sus limitados resultados ha sido “la ingobernabilidad” ante el enmarañamiento de la gestión pública, la lentitud en la toma de decisiones y la desconfianza cruzada de múltiples sectores de la sociedad.

Sin embargo, la serie de equívocos y contradicciones en la gestión de un viaje privado de fin de semana, pareciera haber hecho más por complicar la acción del Gobierno que muchas huelgas y recursos de amparo juntos.

Primero, el vicepresidente Luis Liberman invitó a la Presidenta a la boda de su hijo, en Lima, el sábado 11 de mayo. Después, el personal de la Casa Presidencial buscó un jet para un viaje de “carácter privado” de la presidenta a Lima; posteriormente, la Presidenta gestionó una “visita de cortesía”, para el lunes 13 de mayo, con el presidente peruano Ollanta Humala, de la que el canciller, Enrique Castillo, no estaba enterado.

El ministro de Información, Francisco Chacón, explicó el 12 de mayo que el avión fue prestado por la “empresa agrícola canadiense” THX, representada en Costa Rica por Gabriel Olafán. “Gente seria”, dijo haber creído él. Después trascendió que la empresa no era agrícola, ni totalmente canadiense, que el representante de la empresa en realidad se llama Gabriel Morales Fallón y que ha sido cuestionado por supuestos vínculos con un narcotraficante colombiano.

Con la rapidez de un vuelo sin escalas, la presidenta se quedó sin su ministro de Información, sin el viceministro de la Presidencia y cabeza de la política antidrogas, Mauricio Boraschi, y sin su asistente personal, Irene Pacheco, a quienes les pidió la renuncia; y en una cadena de televisión, repartió culpas entre su círculo de colaboradores más cercanos, sin aceptar ella ni una minúscula responsabilidad.

“Hay un profundo daño. El costo de este incidente para la sociedad es muy grande,  porque significa atascamiento e inmovilidad. Mientras otros países van a mil por hora. Aquí hay un marasmo”, opinó el abogado y politólogo Jaime Ordóñez.

“Esto ocurre en un momento muy complicado, porque la taza de la incredulidad (hacia el Gobierno) está llena, afirmó la diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez.

PESIMISMO SIN FONDO

Una encuesta de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, realizada  en abril y publicada por el Semanario UNIVERSIDAD, el 8 y el 15 de mayo pasados, reveló un profundo pesimismo acerca del rumbo del país y  de la gestión del Gobierno.

Entre los encuestados, el 64 % cree que el rumbo del país es malo o muy malo; el 65 % califica el desempeño del Gobierno como malo o muy malo, la corrupción es el problema nacional más mencionado por los entrevistados (18 %) y el 71 % no es afín a ningún partido.

Es razonable pensar que el incidente del avión privado ha profundizado el pesimismo y la sensación de vacío político en el país.

“Esto debilita aún más la confianza en el Gobierno y genera mucha más desesperanza. Definitivamente no favorece el ambiente para la gobernabilidad”, dijo la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz.

Para el diputado del Partido Unidad Social-Cristiana, Luis Fishman, “el máximo costo es la pérdida de credibilidad y de confianza, porque hubo falta de transparencia desde el primer momento y una serie de errores que implicaron llegar al punto que se llegó”.

Según Ordóñez, el Gobierno se enfrenta al escenario de un año agónico. En los meses que faltan, en su opinión, el Gobierno debería concretar tres o cuatro iniciativas importantes, “pero con esto (el escándalo del avión) se le atora el proceso”.

Ordóñez opina que la administración Chinchilla debería concentrarse en buscar acuerdos para resolver el tema de la carretera a San Ramón, dejar en funcionamiento el ferrocarril a Alajuela y procurar una reforma tributaria parcial, “pero estos hechos generan un clima difícil para el diálogo con sectores políticos”.

Para la diputada Pérez, la presidenta afectó su liderazgo por intentar salvar su situación. “No me sentiría cómoda con una jefa que hunde a sus allegados más cercanos para salvarse. Imagino que no solo los empleados de la Casa Presidencial, sino del Gobierno en general, deben sentirse incómodos con una presidenta que no sabe asumir sus responsabilidades y las traslada a sus empleados”.  En su criterio, esas acciones de Chinchilla repercutirán en una mayor parálisis en la toma de decisiones del Gobierno.

“La responsabilidad es absoluta de la Presidenta. En el grupo que la rodeaba ella es la que tiene más experiencia en seguridad y gobierno. No es que debería renunciar, pero en los hechos ella debió haber asumido la responsabilidad”, enfatizó Fishman.

¿ACCIDENTE, MALA SUERTE O UN PATRÓN?

Si fuera mala suerte, tanta parecería una maldición: marcha atrás en el aumentazo salarial de los diputados al principio de la administración, la platina, la toma de isla Calero por el ejército de Nicaragua, corrupción en la trocha, el video de la exviceministra de Juventud, el fracaso del plan fiscal, el escándalo por consultorías millonarias al ministerio de Educación, las protestas por la concesión de la vía a San Ramón, etcétera, etcétera, etcétera.

“Evidentemente (este escándalo) ilustra un patrón. Hay tal concentración de poder, que no se observa la diferencia de lo público y lo privado, al igual como se manejo el tema de la construcción de la trocha en la ribera del río San Juan, o la concesión de la vía a San Ramón. Esto es una constante, no un hecho aislado”, considera la diputada Muñoz.

“Me sorprende cómo no entienden la línea entre lo público y lo privado y es una línea bastante gruesa para no perderse”, dijo Pérez, acerca de la conducta de los funcionarios del Gobierno.

Para Ordóñez, el nuevo escándalo refleja una vez más “un Gobierno que al carecer de una estrategia de largo plazo es precipitado y casuístico en la toma de decisiones. Todo este apresuramiento de la toma de decisiones del día a día parece evidenciar la ausencia de un plan estratégico”.

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