“Vamos a luchar hasta el final de forma pacífica”, gritaron vecinos de Playa Potrero quienes vigilan el pozo de la comunidad “noche y día” para que la policía o el AyA no tomen posesión de este. (Foto: Katya Alvarado)
Los habitantes de Playa Potrero aseguran estar “más fuertes y unidos que nunca” para defender la administración del agua potable de esta comunidad guanacasteca, mientras advierten el interés del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en controlar el acueducto local para beneficiar a empresas turísticas e inmobiliarias.
“Estamos aquí día y noche para proteger nuestra agua, estamos apoyando al pueblo en esto porque el AyA quiere venir a hacerse dueño de nuestro acueducto que tanto nos ha costado, vamos a luchar hasta el final”, sentenció Joaquín Moreno, vecino de Playa Potrero.En la madrugada del 11 de febrero, policías de Santa Cruz y Liberia rompieron candados y tiraron los portones de las oficinas de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado (Asada) y de los pozos de captación. Habitantes de la zona forcejearon con la Fuerza Pública y hubo una persona detenida. Los vecinos denunciaron “el asalto y extrema violencia” de la acción policial, que se convirtió en el incidente más grave de un conflicto que se remonta al 2009.
“La policía no llegó discretamente, llegaron con tres vehículos grandes, fue una demostración de fuerza para intimidar al pueblo”, manifestó Marie-Cécile Béal, habitante de la zona.
El AyA asegura que la decisión de tomar el control de la Asada de Potrero responde a una sentencia de la Sala Constitucional de junio del 2013 que ordena a la entidad asumir “de forma completa” su administración.
“Hemos estado en conversaciones con ellos pero al llegar a este punto donde ellos no quieren darnos la administración del acueducto se ejecutó un acto administrativo de ejecución forzosa y se le notificó a la Asada, no había más alternativa que presentar las denuncias judiciales y se entra en posesión de lo que ya está más que ordenado”, manifestó Rodolfo Lizano, director jurídico del AyA.
“Hemos acatado las resoluciones de la Sala Cuarta que son vinculantes, vivimos en un Estado de derecho. El que mandó a la Policía fue el juzgado no podemos exagerar. Más bien nuestros funcionarios han sido objeto de amenazas de muerte, y nosotros tenemos que proteger la integridad de nuestros funcionarios”, manifestó a UNIVERSIDAD, Yesenia Calderón, Presidenta Ejecutiva del AyA.
Según Fidelia Silva, vecina de comunidad, “la que puso el recurso fue una señora que llegó a vivir hace poco tiempo al pueblo y nos hizo un gran daño, nadie vino a hacer ninguna investigación y solo se basó en lo que ella dijo, hemos luchado por esto y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias sin violencia”.
La resolución de la Sala Constitucional la denunciante se quejó de no recibir un servicio adecuado de parte de la Asada. En dicha resolución la Sala Constitucional ordena al AyA adoptar un acuerdo de Junta Directiva del 2009, en el que, según afirma Lizano, por resultados de estudios técnicos se habían determinado “problemas importantes en la organización”, razón por la que “se decide asumirlo”.
“Pero en esa ocasión nos opusimos”, aseguró Leonel Duartes Caravaca, Presidente de la Asada del período 2013-2015. “Hoy le puedo decir que nuestra situación es otra: funcionamos muy bien, tenemos tubería nueva con un valor de ¢60 millones, hemos puesto 3 kilómetros y estamos en la última etapa, pero la tenemos paralizada por esta invasión”.
TEMORES
“Fui una de las fundadoras del proyecto de agua en esta comunidad hace más de veinte años, luchamos porque teníamos que ir a traer agua del río y lavar la ropa en las quebradas, hicimos actividades durante más de cinco años para recaudar fondos y don David Ugarte, quien ya murió, nos donó el pedacito de tierra donde hicimos el pozo”, manifestó Judith Moreno, ama de casa y vecina de Playa Potrero.
Según Moreno, el pueblo siempre ha administrado el agua y “su temor” ante la posibilidad de que el AyA asuma el acueducto local es el “incremento en las tarifas” del servicio.
Aunque la regulación tarifaria de las Asadas se realiza con la supervisión de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), los administradores aseguran que el modelo tarifario bajo el esquema del AyA encarecerá la prestación del servicio.
“En este momento ellos tienen una tarifa irreal porque el AyA les ha venido pagando la factura eléctrica a esa Asada, pero eso ellos no lo dicen. Desde el 2010 hemos invertido ¢21 millones por esto”, subrayó Calderón.
Otro de los temores de los habitantes es un eventual desabastecimiento debido a la explosión de proyectos inmobiliarios y hoteleros en la costa, mientras que la disposición del agua es limitada en una provincia que vive una estación seca de seis meses.
“Tenemos grandes sequías en Guanacaste y por otro lado se ha dado en toda la costa una urbanización tan grande, sin planificación”, afirmó Moreno.
“Han hablado de estudios que dicen que el agua es abundante en Guanacaste, pero eso no es cierto. Hay una idea errada de que estamos sobre un manto de agua, pero es mayoritariamente agua de mar, con pequeños reductos de agua dulce”, aseguró por su parte James Siu, representante legal de la comunidad de Playa Potrero.
Entre el 2001 y el 2006 las concesiones para la explotación del acuífero Nimboyores y el otorgamiento de permisos para la construcción de pozos para abastecer a un proyecto turístico en la zona de Playa Conchal, generaron fricciones entre pobladores, gobierno y desarrolladores, con el principal argumento que las concesiones sobrepasaban la posibilidad de abastecimiento a las comunidades.
Casos similares sucedieron en Sardinal de Carrillo (2008-2011) y en Mala Noche de Sámara, Nicoya (2002-2012), conforman precedentes de conflictos entre desarrollos privados, concesiones estatales y lucha de las comunidades.
CONFISCATORIO
El 7 de febrero una resolución judicial ordena allanar e intervenir la Asada de Playa Potrero. La orden responde, según afirmó el AyA a la obediencia a una orden de la Sala Constitucional de asumir el control, administración y operación del acueducto local.
James Siu, representante legal de la Asada de Playa Potrero, asegura que lo acontecido con el allanamiento significa un “atropello” a la propiedad privada, violenta el principio de libertad de asociación (Ley 218) y es contraria a la Constitución Política.
“Lo que tiene esta resolución es la gravedad de convertir el poder punitivo del Estado dado a un juez de la República, en un poder confiscatorio. El juez ordena una confiscación y allanamiento sobre propiedad comunal, fue de aplicación inmediata y no existieron recursos legales para ejercer el derecho de defensa”, advirtió Siu.
“Si el acueducto está en propiedad privada, debe hacerse bajo una Ley Especial de expropiación”, señaló.
“El gran peligro es la inseguridad a la que nos podemos estar exponiendo”, advirtió el abogado.
