Las mismas personas y empresas expropiadas son citadas en distintos documentos del CNC y del acuerdo de arbitraje. En unos se indica que se les pagó con fondos del concesionario y en otros que les depositó el Estado costarricense.
El Gobierno acordó pagar al consorcio brasileño OAS Central American Investing Limited, $8,6 millones como compensación por los pagos que la firma habría realizado para efectuar 34 expropiaciones en el proyecto de ampliación de la vía San José San Ramón. Sin embargo, las mismas empresas y personas expropiadas aparecen en los estados financieros del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como pagadas con depósitos del Estado.
Durante una negociación en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, el Gobierno acordó compensar a la firma OAS con $34,9 millones, de los cuales $8,6 millones corresponden a 34 expropiaciones que se habrían pagado “por y con fondos del concesionario”.
En el Informe de Ejecución del Presupuesto 2011 del Conavi, se indica que las expropiaciones se realizaron con fondos del Estado y que se esperaba recuperar esa inversión cuando el concesionario hiciera el cierre del proyecto.
Como respaldo de ese arbitraje, se adjunta un anexo en donde se detalla el nombre de 29 personas y empresas (son 34 expropiaciones, pero a algunas personas les expropiaron más de una finca), que habrían sido expropiadas “por y con fondos del concesionario”.
Sin embargo, en los documentos del arbitraje y sus anexos no se detallan ni documentan los montos pagados por el concesionario en cada expropiación.
UNIVERSIDAD consultó a la vocera de OAS, Silvia Zeledón, pero ella respondió que la empresa no se referiría al tema.
En abril pasado, al anunciar que había decidido poner fin a la concesión, la presidenta Laura Chinchilla indicó que acudiría a una auditoría para calcular los gastos efectuados por el consorcio OAS.
Sin embargo, esa auditoría nunca se efectuó y en el punto 10 del acuerdo de conciliación entre la empresa brasileña y el Estado se indica que, para establecer el monto de lo que se pagaría a OAS, el Gobierno tomó como base los cálculos efectuados, en 2009, por la firma Deloitte & Touche. UNIVERSIDAD pidió el documento pero la firma declinó entregarlo.
UNIVERSIDAD solicitó el detalle que justifica el monto para pagar por las expropiaciones, y la directora del Centro de Conciliación, Zoila Volio, señaló que durante la negociación no se llevaron actas, ni memoria de las reuniones y que luego de llegar a un acuerdo se destruyeron todos los documentos utilizados en la negociación entre el Estado y OAS (vea nota aparte).
Los documentos que respaldan los pagos de expropiaciones que habrían sido realizadas “por y con fondos del concesionario”, también fueron solicitados al CNC, pero al cierre de esta edición esa entidad no los entregó.
El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, reconoció que durante la negociación de arbitraje para llegar a un finiquito de mutuo acuerdo con OAS, no revisó los documentos de respaldo que certifican que, efectivamente, se hayan pagado esas 34 expropiaciones con fondos del concesionario.
Gallardo alegó que la cifra de $8,6 millones que acordaron pagar a OAS por expropiaciones, se tomó del estudio efectuado en 2009 por la consultora Deloitte and Touche y que esa cifra se actualizó al valor presente.
El ministro señaló que el dinero del concesionario se depositó en un fideicomiso bancario y que desde ahí se giraba al CNC para pagar las expropiaciones; sin embargo, no pudo precisar cuánto dinero ingresó al fideicomiso, ni cuál fue el monto ejecutado.
“La información sobre el monto de esa deuda, es un dato que ya había sido construido como requisito para la cesión del contrato a OAS. En esa cesión se reconocieron los gastos en que había incurrido el concesionario original. Ellos presentaron sus gastos y el respaldo. Así se reconoció la deuda, pero eso se hizo en el 2009”, alegó Gallardo (vea entrevista aparte).
El contrato de concesión de la vía San José San Ramón, señala en el punto 8.9.1 que el concesionario debía depositar en el fideicomiso de expropiaciones un monto de $34 millones para la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones del proyecto.
En ese contrato se indica, además, que el atraso en la entrega de los fondos de expropiaciones se consideraría como “falta grave” y podría dar lugar a la cancelación del contrato por parte del Estado.
Para conocer los detalles de ese fideicomiso, UNIVERSIDAD entrevistó a la directora fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Carolina Villalobos, quien señaló que el fideicomiso nunca tuvo mucho movimiento y que desde que OAS se hizo cargo de la concesión había estado inactivo.
La directora fiduciaria acordó, inicialmente, aportar detalles sobre el monto ingresado y sobre el monto efectivamente ejecutado, así como los nombres de quienes manejaron la unidad ejecutora del proyecto; sin embargo, el lunes 24 de febrero no respondió a los llamados realizados a su oficina para obtener esos datos y por correo electrónico señaló que se trataba de un contrato privado.
En su correo, Villalobos no detalla la cantidad de dinero que ingresó al fideicomiso ni la cantidad que se ejecutó. La directora fiduciaria sostuvo que “dichos fondos debían ser aportados por la concesionaria”, reveló que nunca se nombró una unidad ejecutora para manejar esos fondos y manifestó que actualmente el fideicomiso se encuentra en proceso de finiquito.
¿QUIÉN PAGÓ?
En el documento anexo que justifica la cifra de dinero que el Estado acordó pagar a OAS por expropiaciones, se mencionan –entre otros– las firmas Hacienda Castilla S.A., Hacienda Río Poás S.A., Tecma S.A. y Compañía Agrícola El Coco S.A.
El listado anexo de ese acuerdo de conciliación no detalla los montos pagados a cada empresa, ni documenta el origen del dinero que se utilizó para cancelar esas expropiaciones.
A su vez, en los estados financieros del CNC, a diciembre del 2013, en la Nota 17, “Otros activos financieros”, se indica: “El Consejo Nacional de Concesiones está realizando los pagos de las expropiaciones de terrenos de los proyectos de concesión San José Caldera, San José San Ramón y Terminal de Contenedores de Moín, las cuales se están considerando dentro de otros activos financieros”.
En esos mismos estados financieros del CNC se detalla una lista de las personas físicas y jurídicas expropiadas. Se mencionan los nombres Hacienda Castilla S.A., Hacienda Río Poás S.A., Tecma S.A. y Compañía Agrícola El Coco S.A. y se indica como depositante del pago de esas expropiaciones al Estado.
La abogada en el proceso de expropiación de Compañía Agrícola El Coco S.A., Rita Hernández, señaló a UNIVERSIDAD que durante el proceso judicial, nunca tuvo contacto con el concesionario.
“Fue un proceso de expropiación que duró varios años, mi contraparte en el juzgado contencioso fue la Procuraduría General del Estado (PGR) que actuó como abogado del Estado y, al finalizar el proceso, el juzgado ordenó al CNC el pago estipulado. Nunca supe que ese dinero tuviera origen el concesionario privado”, afirmó la abogada.
De la lista de 34 inmuebles expropiados, detallada en la conciliación entre OAS y el Gobierno, hay al menos 12 lotes que aún continúan inscritos en el Registro Público a nombre de sus dueños originales y que no tienen anotaciones que adviertan de la existencia de un proceso de expropiación.
CONAVI ABRE MÁS DUDAS
El Informe de Ejecución de Presupuesto 2011 del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) arroja más dudas sobre si, efectivamente, el concesionario de la vía San José-San Ramón desembolsó los fondos utilizados para pagar las 34 expropiaciones o si esas expropiaciones se pagaron con recursos del Estado costarricense.
En el apartado “Análisis general de egresos según partida”, los funcionarios del Conavi presentan un detalle del dinero invertido por el Estado en expropiaciones, entre los años 2005 y 2011.
Según ese detalle, la concesión San José-San Ramón era el segundo proyecto en donde el Estado había aplicado más recursos al pago de expropiaciones y que planeaba recuperar ese dinero con el cierre del proyecto.
Al detallar lo invertido en pagar las expropiaciones, el documento del Conavi señala: “Estos recursos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, se esperarían recuperar una vez que el concesionario del Corredor San José-San Ramón realice el cierre financiero del proyecto”.
