Por no haber sido sometido a valoración ambiental en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), vecinos de Puerto Jiménez, organizaciones ambientales y abogados que las representan, interpusieron esta mañana ante la Sala IV una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan Regulador Parcial de Puerto Jiménez, en el cantón de Golfito, Puntarenas.
Pese a dicha omisión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Golfito, aprobaron el Plan, por lo cual los accionantes también piden que se establezca que dichas instituciones “violaron la normativa legal establecida”, al avalar un documento que no fue sometido a estudio en la SETENA y que careció de audiencia pública para que la población de la zona pudiera conocer los planteamientos de dicha herramienta de ordenamiento territorial.
El Plan Regulador Parcial de Puerto Jiménez es denunciado como una herramienta que promueve el desarrollo inmobiliario en una zona de alta “vulnerabilidad ecológica”; en comunidad se pretende construir el Proyecto Marina Los Cocodrilos, dentro del golfo Dulce.
La marina es impulsada por la empresa Bahía Cocodrilo Sociedad Anónima, que está a la espera de recibir los permisos de construcción por parte de la Municipalidad. Dicha empresa opera desde 1988 en la zona, con un atracadero para la pesca deportiva que se pretende ampliar.
La Fundación Neotrópica, Conservación Osa, vecinos de Puerto Jiménez y abogados representantes, anunciaron que −además de la acción de inconstitucionalidad en contra del Plan Regulador− se estiman otro tipo de acciones, con el fin de revertir los efectos que ese plan de ordenamiento territorial tiene en el golfo Dulce.
