Presidente Solís levantó el veto a la reforma procesal laboral

El presidente  Luis Guillermo Solís levantó este viernes el veto a la reforma procesal laboral que que habia puesto a la ley la exmandataria

El presidente  Luis Guillermo Solís levantó este viernes el veto a la reforma procesal laboral que que habia puesto a la ley la exmandataria Laura Chincilla en el año 2012.

La reforma establece entre otras medidas que los procesos judiciales entre patronos y empleados puedan ser orales y de esa manera se agilicen,  y crea reglas para que se pueda realizar huelgas en servicios públicos esenciales, como los de salud y policía.

La ley será publicada este mismo viernes en el diario ofical La Gaceta y entraría en vigencia en mayo del 2016, es decir dentro de 18 meses, anunció el mandatario en Casa Presidencial, junto al ministro de Trabajo, Víctor Morales, y el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

En el acto Solís anunció que antes del próximo martes un decreto para impedir las huelgas en servicios básicos, esto con el propósito de reglamentar el párrafo segundo del artículo 382 de la misma reforma laboral, que define cuáles son los servicios esenciales.

La decisión fue rechazadas este mismo viernes por representantes de la oposición y de las cámaras empresariales por considerar que traerá inseguridad jurídica al país.

La expresidenta Chinchilla vetó la reforma en octubre del 2012, aduciendo que la ley era inconstitucional por permitir la huelga en servicios básicos esenciales.

La decisión del mandatario provocó una fuerte reacción de oposición en las fracciones legislativas del PLN, PUSC y Alianza Demócrata Cristiana.

El diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González señaló que, «El proyecto es bueno y de avanzada, peo tiene algunas debilidades de alta peligrosidad para el país, especialmente en lo que concierne a la liberalidad para las huelgas en sectores estratégicos”

“El Gobierno utilizó la fecha del 13 de diciembre como una fecha límite que no existe, que es una ficción, para darle sustento a cumplir el acuerdo que le dio la silla del Congreso a Henry Mora, es un precio muy alto para la estabilidad del país por presidir la Asamblea Legislativa, pero así escogió el PAC y al FA, lo que nos lleva por un camino escabroso”.

Por su parte el diputado Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana adelantó que impugnarán la medida en la Sala Constitucional.

«Acudimos a la Sala porque el Gobierno no puede levantar un veto que fue puesta en manos de la Asamblea Legislativa y que ya ha recibido tramitación por parte del Congreso.  Lo más prudente era esperar que resolvieran los diputados, ahora el Poder Ejecutivo está excediendo. El presidente dice que levanta el veto de una ley que permite la huelga en servicios esenciales pero por otro lado dice que prohibirá esto vía decreto, es algo más de las contradicciones y de la falta de asesoría que el gobierno muestra”, expresó Redondo.

El legislador agregó que, “indudablemente esto generará un reacomodo de las fuerzas políticas en la Asamblea, espero que nos permita consolidar una alianza importante de partidos de oposiciones para tratar de poner freno o razonabilidad  a las políticas de gobierno.»

El levantamiento del veto a la reforma procesal laboral provocó también el rechazo en sectores sindicales como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuya dirigente Ana Doris González alegó que la medida violenta los derechos de los trabajadores.

«Esta organización se ha opuesto a las reformas procesal laboral porque hay artículos que violentan los derechos de los trabajadores, como la cantidad de requisitos que se imponen para convocar a huelga. Nosotros considerábamos que el levantamiento del veto debía darse como consecuencia del juego demagógico de Liberación Nacional, porque ellos proponen el proyecto, luego la presidenta veta algunos artículos, así que la mejor resolución era levantar el veto”, expresó González.

¿Qué es la reforma procesal laboral?

El proyecto de transformación al Código, discutido en la Asamblea desde el 2005,  tiene importantes contenidos que -en su mayoría- han contado con el apoyo de todos los partidos políticos.

La reforma moderniza el Código de Trabajo aprobado en 1943 con una extensa lista de transformaciones.

Para Emilia Molina, jefa de bancada del Partido Acción Ciudadana, la Reforma pone el Código a la altura de las necesidades de legislar sobe las relaciones entre trabajadores y patronos. Aún así, sostiene que deben realizarse pequeñas transformaciones al proyecto de la manera más expedita posible.

Para Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, esta es una de las principales reformas que beneficiarían a los trabajadores costarricenses.

Juan Luis Jiménez Succar, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional coincide en la importancia de algunas de las reformas de este código.

Pese a ello, Succar ha reiterado que existen segmentos del proyecto con los que mantienen profundas diferencias. Uno de ellos es la posibilidad de desarrollar huelgas en los llamados “servicios básicos escenciales” relacionados con la salud o el trabajo de los policías.

Otros vetos

Esta no es la primera vez que se levanta el veto a un Decreto Legislativo.

El pasado 31 de julio Luis Guillermo Solís retiró un veto del gobierno de Óscar Arias para permitir que la calle 13 bis del centro de San José pasara a manos del mercado de artesanías.

Esta decisión del Presidente provocó  varias acciones de inconstitucionalidad en contra del Gobierno de la República. Según el departamento de prensa de la Sala Constitucional algunas de ellas están presentadas por la Alcaldesa de la Municipalidad de San José –Sandra García- , el Presidente de la Asociación de Cámaras Nacionales, representantes de grupos bananeros, entre otros.  El recurso y sus acciones continúan en análisis en la Sala IV.

En 1982 el expresidente Luis Alberto Monge aplicó un recurso similar al levantar el veto para la ley de propiedad intelectual, vetada en el Gobierno del Rodrigo Carazo Odio.

Mientras tanto el PLN asegura que responderá al levantamiento de Solís con un recurso de inconstitucionalidad.  Jiménez Succar, jefe de fracción, alega que la decisión del Poder Ejecutivo responde a los acuerdos previos con el partido Frente Amplio

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