El equipo de investigación del LABCAL está compuesto actualmente por Flor Muñoz Umaña, coordinadora e investigadora, Sergio Arias Leitón investigador y docente, Diego Arias Salazar, técnico en metrología y Laurato Ramírez Varas, asistente.
Un informe de la Contraloría Universitaria sobre el proyecto que desarrollaron durante seis años conjuntamente la Universidad de Costa Rica con la empresa cubana MACNOR S.A., alborotó el panal durante la campaña electoral por la Rectoría de esta casa de estudios que culmina el viernes 23 de abril.
Este fue entregado en diciembre a la Rectoría, con el señalamiento de irregularidades en el manejo del proyecto, así como recomendaciones.
Se refiere al Proyecto Metrológico de Alianza Estratégica LABCAL-MACNOR-FUNDEVI. LABCAL desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería (IINI), adscrito a la Facultad de Ingeniería y manejado mediante la Fundación para el Desarrollo Científico de la UCR (FUNDEVI).
¿LABCAL es el Laboratorio de Metrología, Normalización y Calidad, mientras MACNOR S.A. es una empresa privada del gobierno de Cuba que brinda consultoría, asistencia técnica y capacitación en esa área.
El proyecto, según consigna la Contraloría, fue aprobado para operacionalizar la propuesta de alianza que buscaba brindar servicios de calibración (calibrar) y capacitación en metrología (ciencia de las mediciones) al país.Además, MACNOR facilitaría en arrendamiento aparatos de equipamiento técnico, así como asistencia técnica y capacitación al personal del LABCAL. La asociación era necesaria por cuanto este último no podía asegurar la confiabilidad de las pruebas que realizaban para empresas e instituciones públicas en el campo de la normalización, metrología y control de calidad.
CONTRATO DESFAVORABLE
La Contraloría señala que no se cumplió con algunas directrices de la Universidad para la aprobación, apertura y operación de programas de ese tipo, y que las condiciones estipuladas en los contratos permite calificarlos como desfavorables para la UCR, desde el punto de vista del beneficio económico, por cuanto no se protegió la rentabilidad financiera en diversos aspectos.
Esto fue negado por tres personas involucradas en la firma y coordinación del proyecto, quienes el pasado 17 de abril dieron explicaciones a UNIVERSIDAD sobre cada uno de los puntos planteados en las conclusiones del informe y se manifestaron en desacuerdo con Oscar Víquez, auditor que elaboró este.
Yamileth González García, Vicerrectora de Investigación y como tal presidenta de FUNDEVI durante el periodo en que se realizó la investigación; Lorena Blanco Rojas, directora del IINI y Flor Muñoz Umaña coordinadora del LABCAL, coincidieron en que calificar los contratos como desfavorables es un juicio de valor del auditor.
Agregaron que precisamente la alianza se renovó en enero de 2002, porque el IINI quería renegociarlo pues tenía ventajas para la UCR, aunque se querían mejorar. En 2003 se rescindió el contrato porque se quisieron renegociar algunas cláusulas para establecer mayores controles y mayor rentabilidad académica y financiera para la UCR, pero los cubanos no aceptaron.
Blanco informó que ellos plantearon seguir el proyecto con otra unidad académica, pero la Vicerrectoría de Investigación no lo autorizó, precisamente porque el IINI había evidenciado que existían aspectos que era necesario replantear. «Ahora ellos están en otra universidad», indicó.
Una de las irregularidades señaladas por la Contraloría es que no fue aplicado el porcentaje para el Fondo de Desarrollo Institucional, creado en 2002. Explicaron que este entró en vigencia después de firmado el último contrato con MACNOR, en el cual se optó por mantener las condiciones pactadas en el anterior. Posteriormente la Vicerrectoría exoneró el proyecto de ese pago porque era de interés institucional y contrario a lo que afirma el informe, tenía beneficios financieros y académicos.
Muñoz Umaña explicitó que si bien ella asumió la coordinación del proyecto en 1999 -cuando el profesor Armando Castro lo dejó- con números en rojo que sumaban $25.000, terminó con pérdidas por solo $10.453. Estas fueron canceladas en 2000 cuando se generaron utilidades por $43.258. Los $32.805 restantes se repartieron en partes iguales entre el LABCAL y MACNOR como se establecía en el contrato. Eso implicó $16.402,5 para la UCR, lo que representó más de ¢65 millones, que permitieron la compra de equipo y arreglos de infraestructura en el IINI y la Facultad de Ingeniería.
En 2001 el proyecto generó utilidades por $16.991, de los cuales a la Universidad le tocó $8.495,5 (alrededor de ¢34 millones). Explicó que la baja en las utilidades obedeció a que ese año se acordó empezar a invertir en la compra de equipo.
En 2002 las utilidades fueron de $38.221, $19.110,5 para cada parte contractual, lo que significa más de ¢76 millones para la Institución.
La suma de esos tres años da un total de ¢175 millones de utilidades generadas por el proyecto para la parte institucional.
Respecto a la rentabilidad académica, dijo que gracias al proyecto ahora hay en el país más de 42 técnicos graduados en metrología, así como personal capacitado en el LABCAL, el IINI y otros laboratorios de la Universidad y unidades académicas que suman 471 personas.
Además se brindó asesoría y colaboró con procesos de acreditación de varios laboratorios de la UCR, cuyos equipos fueron calibrados por los técnicos cubanos.
Blanco aseguró que esta se realizó como correspondía, mediante cursos de extensión docente inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social.
Muñoz agregó que todos estos datos le fueron entregados al auditor cuando «me presentó en setiembre pasado el informe preliminar para que yo respondiera. Todo lo planteado en este, paso a paso lo expliqué entonces, sin embargo pareciera que no fue contemplado a la hora de elaborar el informe final».
«El se justifica en la introducción del documento, donde explica que, en lo referente a los aspectos financieros, el análisis se centró en los reportes emitidos por FUNDEVI, en 2000, 2001, 2002. Nunca llegó al LABCAL ni habló conmigo, pero sí con el profesor que dejó el proyecto en rojo. Es curioso que ahora en plena campaña electoral salga este informe final, que no es firmado por el Contralor Universitario, Carlos García Alvarado, como sí ocurrió con el preliminar, y en su lugar firme el auditor Víquez en vez de hacerlo el Subcontralor», advirtió Muñoz.
IRREGULARIDADES
Precisamente, otra de las irregularidades señaladas en el informe es que la UCR asumió exclusivamente algunos de los costos operativos, lo cual según Blanco Rojas era una de las cláusulas que se querían renegociar.
Respecto al hecho de que el 87% de los ingresos generados fueron absorbidos por la empresa MACNOR y las personas participantes, explicaron que eso es cierto y obedece a que el costo de operación del proyecto era muy alto.
Otro de los puntos del documento es que la empresa no aportó capital de riesgo, como sí lo hizo FUNDEVI. Aclararon que el aporte fue capital semilla inicial para arrancar el proyecto, porque el IINI, al que pertenece el LABCAL, no tenía recursos.
La empresa cubana cancelaba un alquiler simbólico por las instalaciones y equipo del LABCAL, pero el proyecto debía pagarle por el uso del equipo arrendado y el mantenimiento técnico respectivo. Este era otro punto que se quería renegociar. Aclararon que cuando se firmó la alianza se decidió arrendarle los patrones en metrología (equipos) a la empresa pues son bastante caros.
Otro de los señalamientos es que el nombre del LABCAL quedaba a disposición del proyecto y se utilizó en anuncios conjuntamente con el nombre MACNOR, sin seguir los trámites correspondientes
Muñoz aclaró que todo anuncio se tramitó mediante la Oficina de Divulgación e Información, como corresponde a las unidades académicas, de las cuales forma parte el IINI al que pertenece el LABCAL.
«Durante los seis años que operó la alianza, nadie dijo que no se podía usar el nombre conjuntamente. La Contraloría es parte del comité de vigilancia de FUNDEVI, puesto en marcha por primera vez en 15 años, nunca dijo nada sobre los procedimientos aplicados», argumentó.
Sobre el pago de servicios profesionales a los cubanos, junto con viáticos, transporte, hospedaje y otros, explicaron que así se hace en FUNDEVI. «El total percibido por cada uno de ellos de $2.208 promedio por mes, durante diez al año – las vacaciones no se les pagaba- era muy inferior a lo que gana un consultor en esa materia», aseguró Blanco.
«Se les pagó lo pactado y se lo merecían, pues trabajaban todo el día de lunes a sábado y daban capacitación por la noche, acumularon muchas horas extras que no cobraban», explicó Muñoz.
Respecto a la cláusula de confidencialidad de los contratos que cuestiona la Contraloría, explicaron que era hacia terceros y no frente a la Universidad y así quedó demostrado cuando la nueva directora del IINI, pidió a MACNOR información sobre el proyecto.
La Contraloría también denuncia que no se contó con un acuerdo o convenio avalado con la firma del Rector como corresponde; y que los contratos se firmaron sin el consentimiento de los órganos universitarios competentes, pues González García lo firmó como presidenta de FUNDEVI y no como Vicerrectora, y sin considerar los lineamientos para la vinculación remunerada de la UCR con el sector externo, aprobados por el Consejo Universitario en 1998.
González aclaró que «hasta hoy no ha habido un solo contrato de FUNDEVI firmado por el Rector. Lo hace el delegado ejecutivo, en cuyo nombre firmó los tres primeros contratos Luis Lorenzo Rodríguez, o el presidente de esta como ocurrió en 2002, cuando yo firmé».
Dicha versión fue corroborada por el Rector, Dr. Gabriel Macaya Trejos, durante una entrevista con UNIVERSIDAD.
Las tres entrevistadas aseguraron que el procedimiento fue correcto, pues se trató de una alianza contractual que se manejó mediante FUNDEVI, cuyos procedimientos se cumplieron en todo momento, así como los lineamientos para el vínculo externo. «Esos los redacté precisamente yo y se ejecutaron en la UCR hasta 2002», aclaró González.
Otro señalamiento son las transferencias bancarias hacia una empresa en el exterior, sin que existiera el debido contrato.
Muñoz aclaró que ese es justamente el procedimiento utilizado por FUNDEVI y es de su estricta competencia.
«Esa fue la empresa señalada por MACNOR para recibir los dólares, lo cual fue corroborado el 25 de agosto de 2003 por el gobierno de Cuba, en oficio dirigido al propio Contralor y firmado por la Dra. Nancy Fernández, directora general de la Oficina Nacional de Normalización de Cuba».
PIDEN SANCIONES
La Contraloría también se refiere en sus conclusiones al papel desempeñado por la Vicerrectora de Investigación, la ingeniera Flor María Muñoz Umaña y demás funcionarios citados en el informe y recomienda evaluar y calificar su actuación y con base en ello tomar las medidas correspondientes.
En el caso de la Vicerrectora por no cumplir con lo señalado en las normas generales para la firma y divulgación de convenios y acuerdos con otras instituciones; no objetar la firma del contrato y no cumplir con la aplicación de los transitorios 1 y 2 de los lineamientos para la vinculación remunerada de la UCR con el sector externo, puntos explicados anteriormente.
Consultada al respecto dijo que con fecha 23 de marzo remitió al Rector su respuesta – nos entregó copia- sobre todo lo actuado en el proyecto LABCAL-MACNOR-FUDNEVI.
Para Muñoz la Contraloría pide tomar las medidas disciplinarias o correctivas que sean congruentes con las situaciones descritas en el presente informe, todo de acuerdo con el debido proceso.
Conforme a ello, la Rectoría creó el órgano del procedimiento administrativo al que le corresponde realizar el proceso de instrucción, según lo confirmó el Rector.
Muñoz dijo que trabaja en el informe que deberá presentar a ese órgano en los próximos días, el cual está basado en las mismas explicaciones y documentación que presentó a la Contraloría en setiembre como respuesta al informe preliminar.
A ella se le atribuye no haber velado por el cumplimiento de la normativa universitaria, utilizar el nombre de la UCR y participar en la gestación del contrato de asociación en condiciones desfavorables para la Universidad, puntos a los que se hizo referencia anteriormente.
También se le atribuye percibir honorarios profesionales sin la existencia de un contrato y mediante un procedimiento incorrecto, así como incumplir con la obligación de presentar la declaración jurada de horario y jornada laboral en 2001 y 2002.
Al respecto Muñoz argumentó que sus honorarios fueron en promedio de 250.000 mensuales por el tiempo que le dedicó al proyecto, que fue mucho más del cuarto de tiempo asignado. «No fueron 7.1 millones como consigna la Contraloría sino 8.9 millones en tres años por los cuales entregué todas las facturas correspondientes a FUNDEVI y por cargos aprobados en el presupuesto por el Decano de Ingeniería y la Vicerrectoría de Investigación».
Aclaró que sí había contrato, aunque verbal, que era la forma en que se hacía en FUNDEVI con muchos proyectos. De acuerdo con norma vigente en ese momento, el contrato laboral podía ser verbal y esto era generalizado en FUNDEVI hasta enero 2003 cuando la Vicerrectoría de Investigación dio directrices para que se firmaran por escrito», aseguró.
Respecto al procedimiento utilizado para su pago, dijo: «Yo abrí la empresa para esos pagos por indicación de FUNDEVI, debido a la responsabilidad de las cargas sociales con la CCSS. Hay montones de casos de profesores universitarios que abrieron su empresa para recibir el pago por servicios profesionales de FUNDEVI.
Sobre la declaración jurada presentó copia de la recibida por la Contraloría en 2001. «En 2002 tal omisión fue generalizada en el IINI al que pertenezco y cuya dirección recientemente había dejado, así como en otras muchas unidades académicas. No la omití a propósito y así lo expliqué a la Contraloría».
Esta última también pidió evaluar la participación de los demás funcionarios universitarios citados en el informe y valorar si se requiere tomar alguna acción correctiva o disciplinaria.
ULTIMA HORA
De última hora se supo el asunto del informe de la Contraloría fue elevado al Ministerio Público el 15 de abril por Luis Alberto Jáen Martínez, mediante oficio 04-6926-042 para que se investigue la actuación de la Vicerrectora y de demás participantes.
