El violento desenlace con que culminó el más reciente acto de recuperación de tierras en el sector de Cebror, en el territorio indígena de Salitre, es una muestra más de las consecuencias por la falta de respuesta de autoridades gubernamentales ante el conflicto por la tierra que vive ese territorio indígena.
Así lo consideraron tanto indígenas como analistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) consultadas por UNIVERSIDAD.
El pasado 1 de setiembre un equipo periodístico de este medio acompañó una misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (Odhain) a la comunidad y pudo comprobar la tensa situación y quema de viviendas que se ha dado en el sitio.
Marcela Zamora, quien actuó como jefe de esa misión y es activista del Centro de Amigos para la Paz, expresó que “es evidente y claro que hay un conflicto abierto según estándares internacionales de derechos humanos; no se trata de un hecho aislado, sino de una situación latente y vigente”.
Desde el pasado 29 de agosto indígenas bribri habían ocupado la propiedad alegando que quienes se consideran sus poseedores no tienen derecho a ello por no ser indígenas. Un intento por retomar la propiedad culminó con una tensa situación, en la que ambas familias quedaron en posesión de diferentes sectores de la vivienda, con la Fuerza Pública en medio para evitar un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, este domingo 6 de setiembre se dio ese nuevo enfrentamiento violento y los indígenas fueron expulsados de la propiedad.
El único funcionario de la Fuerza Pública que atendió al Odhain durante la gira fue el subintendente Guillermo Barquero, quien −según Zamora− dio la impresión de que “la policía no tiene el control sino los no indígenas”. En su opinión, “el Gobierno tiene una responsabilidad muy grande; no se trata sólo de que la Fuerza Pública tenga el control”.
El hecho se suma a una creciente incidencia de hechos violentos, que se presentan en esa comunidad y que derivan del creciente problema de la posesión de terrenos dentro del mencionada territorio, pues los indígenas desde hace tiempo decidieron por su cuenta ejecutar recuperaciones de tierras en manos de no indígenas, ante la frustración por la falta de resolución por las vías administrativas y judiciales.
Roxana Figueroa, una de las indígenas bribri que formó parte del intento de recuperación y que fue agredida −según dijo− por varios sujetos con la complicidad de un policía durante el enfrentamiento del pasado domingo, manifestó que “tenemos evidencias claras de cómo los terratenientes y finqueros son altamente peligrosos, no solo para la familia recuperadora, sino para el territorio en sí, pero el Gobierno hasta ahorita no se ha pronunciado, no nos han resuelto nada”.
Figueroa, quien pertenece al clan tuariwak, añadió que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece claramente que los territorios indígenas son exclusivos para los indígenas; en el caso de Salitre de los bribri, deben ser identificados según el clan al que pertenecen y la línea familiar matrilineal.
CASA TOMADA
El pasado 29 de agosto la indígena bribri Grace Delgado ejecutó junto a familiares un acto de recuperación de un terreno en la localidad de Cebror de Salitre, cuya posesión reclama Sary Sosa, una mujer que defiende el hecho de que su familia lo ha poseído desde al menos 37 años, aunque reconoce que su padre no indígena lo compró a otro sujeto igualmente no indígena.
Dicho intento de recuperación devino en una tensa situación, con ambas partes del conflicto ocupando el inmueble y la Fuerza Pública en medio, hasta que el pasado domingo 6 de setiembre tras otro enfrentamiento violento la familia de Sosa retomó el inmueble y la propiedad.
Durante la gira al sitio se comprobó la presencia de individuos no indígenas frente a la propiedad en disputa, quienes −según se supo− amenazaban o agredían a las personas que buscaban llevar comida o medicamentos en la semana que duró la recuperación.
Sosa defendió su ocupación de tierras y más bien fustigó el hecho de que “estas mismas personas tienen casi dos años de estar en lo mismo, metiéndosele a la gente, quitándoles las casas, plantando en los lotes que le quitan a las personas”.
Roxana Figueroa se refirió a ese segundo enfrentamiento del 6 de setiembre y tras apuntar que Delgado tenía a su hijo de año y medio de edad en brazos al momento de la agresión, indicó que trató de defender a una hermana suya de las agresiones que sufría, pero el policía que debía custodiar la puerta por donde ingresaron, “al ver mi acción de defensa de mi hermana me sujetó fuertemente de un brazo y me lanzó hacia tres hombres que estaban en la puerta de entrada de la casa; uno de ellos me golpeó en el ojo derecho, otro me agredió con un garrote y el tercero me empujó a la calle, me golpeó hasta dejarme en la calle. Desde el suelo vi cómo una mujer de la comunidad me pateó en la boca”.
Consultado por UNIVERSIDAD, Gustavo Mata, ministro de Seguridad, a pesar de aducir que “el tema de Salitre lo lleva Casa Presidencial”, se refirió al incidente del 6 de setiembre y aseveró que “es totalmente falso” que algún policía hubiera tomado parte del acto violento de recuperación de la casa.
Además de la tensa y violenta situación que se presentó en ese terreno en Cebror, se presentaron incendios los días lunes 31 de agosto y martes 1 de setiembre en las localidades de Río Azul y Cebror, respectivamente. El miércoles 2 de setiembre se trató de la vivienda de Julián Delgado, indígena que resultó herido en la mano por un corte de arma blanca −un machete según Delgado−, durante los hechos violentos del 30 de agosto.
Con anterioridad a que Delgado ejecutara la recuperación del terreno, en la madrugada del 16 de agosto fue incendiada la vivienda en terreno recuperado de Ademar Figueroa. Mientras tanto, el 24 de agosto se realizaron disparos a una casa también en terreno recuperado en el sector de Río Azul, según informó a UNIVERSIDAD el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que da seguimiento a la situación y forma parte del Odhain.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Zamora recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el gobierno de Costa Rica debe implementar un protocolo especial para respetar las medidas cautelares de protección que dictan para la población indígena. “La Fuerza Pública debe contar con un protocolo de cómo actuar, al igual que las demás instituciones de asistencia como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Cruz Roja o los bomberos”.
No obstante, lamentó que “ninguna de las mencionadas instituciones cuenta con ello para atender una situación de emergencia con violencia en territorio indígena; la responsabilidad cae sobre el presidente Solís”.
Para Álvaro Paniagua, director de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes, el incidente de la recuperación del terreno en Cebror es “una consecuencia más de la inacción estatal ante la necesidad de que el pueblo indígena de Salitre cuente con las tierras que el Estado le otorgó”, pues no se han realizado las expropiaciones necesarias, “de manera que los indígenas se ven forzados a seguir conviviendo dentro de sus territorios con personas ajenas”, añadió.
A su parecer, si bien es cierto que ese proceso de expropiación es costoso, “en este momento se da una gran problemática social, que significa desalojar a un numeroso grupo de campesinos que invadieron territorio indígena a causa del desplazamiento causado por la expansión de monocultivos, para quienes el Estado también debe buscar solución”.
Paniagua visitó el territorio de Salitre en los días posteriores a la recuperación del terreno en Cebror. Estima que lo que ocurre allí no es una realidad exclusiva de ese territorio indígena y que se da con mayor incidencia en aquellos donde existen monocultivos. El territorio de Salitre es asediado por la expansión piñera.
El funcionario recordó que persiste el problema de que entre un 75% y 85% de los territorios indígenas del país están en manos de no indígenas. Mencionó que hace alrededor de un año la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se comprometió a hacer un censo de propiedades en la zona de Cebror −que es la más invadida, pues colinda con Buenos Aires de Puntarenas−, pero ello no se ha hecho.
“Lo que vemos en Cebror es una consecuencia más de todo eso. Si el Gobierno contara con un plan de recuperación de tierras, los indígenas no se verían compelidos a recurrir a medidas de hecho, para recuperar terrenos en los que consideran tienen derecho de posesión”, reprochó.
Paniagua puntualizó que “los indígenas se desesperan y recurren a medidas de hecho” y ante la pregunta de cómo evitar que escale la violencia, instó a que el Gobierno cumpla con las medidas cautelares impuestas por la CIDH, la cual le ordenó realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de fondo de la tenencia de tierras.
Cree que “si el Gobierno da señales en esa dirección, indígenas y finqueros dejarán de recurrir a medidas de hecho. El Gobierno debe tomar las riendas del proceso de recuperación de tierra por las vías legales”, aseguró.
Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak y quien ha liderado el proceso de recuperación de tierras, aseveró que los indígenas no generan violencia. Además, lamentó que “hemos instado al Gobierno para que contribuya en el proceso, pero ellos no han cumplido con nuestro ofrecimiento”.
Ante la pregunta de si existe alguna posibilidad de llevar a cabo el proceso de recuperación de tierras que evite la escalada de violencia, Rojas replicó que “la única manera depende del Gobierno: que aplique la ley; si no lo hace siempre tendremos la intromisión de la gente no indígena usurpando nuestra tierra y en el momento en que ejecutamos nuestro derecho va a existir violencia, porque nadie quiere perder nada; el ladrón que roba no quiere perder lo que se roba, quiere que le paguen para que le devuelvan lo que robó”.
Rojas, quien ha sobrevivido dos atentados contra su vida y estuvo detenido como parte de una investigación por administración fraudulenta durante siete meses, comentó que “el Gobierno se ha comprometido a hacer cumplir las leyes pero tampoco lo ha hecho. La estrategia que elaboramos desde la administración anterior y antes, fue establecer límites territoriales y saneamiento territorial. Esa es la prioridad número uno que se discutió con la administración anterior y que retomó la actual, pero que también ha dejado a la deriva”.
Aunque se hicieron numerosos esfuerzos por lograr alguna explicación de Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, al cierre de edición se informó que quien atendería las consultas de este medio sería el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.
Herrera externó que la situación en este territorio indígena constituye “una preocupación permanente del Gobierno” y que tras la imposición de medidas cautelares por parte de la CIDH, el número de policías destacados en el sitio aumentó de 20 a 30 y que en los últimos días esa cifra llegó a 60. Sin embargo, reconoció que una de las tareas pendientes para los próximos días es impartir capacitaciones sobre el debido protocolo que esos oficiales deben seguir para atender a la población de Salitre. Añadió que “es posible que haya una renovación de oficiales en el sitio”.
Sobre el censo de propiedades que está pendiente en el territorio indígena, explicó que el proceso había arrancado de la mano de “una institución de educación superior”, pero que ante la situación de seguridad que se ha dado, esa institución prefirió no enviar a sus técnicos a la zona. “Esperamos retomar ese esfuerzo y brindar la seguridad requerida”, acotó.
Herrera informó además que “en los próximos días” se harán anuncios sobre acciones adicionales pertinentes a mecanismos de diálogo y negociación entre todos los grupos involucrados. “Esta situación es asumida con absoluta seriedad por su gravedad; seremos estrictos en el cumplimiento de normas de la CIDH”.
TEMOR
Durante la visita a la comunidad se pudo entrevistar, entre otras personas, a Mariana Delgado, indígena bribri del clan tubulwak, quien describió la situación como “complicada y se va a poner peor; nos sentimos desamparados, pues los casos de agresiones han quedado en nada; para los no indígenas es muy fácil venir a agredirnos; estamos desamparados y no tenemos abogados”.
Sobre el papel que en toda la situación ha jugado el Gobierno, criticó que “viene para salir del paso, por decir que vinieron. Llevamos en esto tres años, desde que mi familia entró al proceso de recuperación, y no hemos visto respaldo con seriedad”.
En medio de los restos de un rancho quemado el lunes 31 de agosto, Delgado expuso que “sí temo que aumente la violencia”.
Por su parte, Figueroa preguntó: “¿por qué, si sabemos el grado de peligro, el Gobierno no hace nada, no recibimos ayuda de parte de nadie, menos de la policía? Si morimos, es una forma del Gobierno de deshacerse de los territorios indígenas; saben que somos personas pacíficas, que no andamos armados, pero la parte contraria no es así, no les importa si hay niños o personas mayores, estamos a lo que Sibü quiera. No hay entidad del Gobierno que nos proteja”, reclamó.
De acuerdo con la indígena “lo peor es que tenemos que ir a Buenos Aires a poner las denuncias; es un peligro, porque los finqueros se ubican precisamente por donde hay que ir”.
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