Al parecer cansado de ser eterno candidato perdedor a Presidente del país, el actual diputado Otto Guevara ha resuelto combinar sus distintos desempeños de tiempo completo con la función de periodista. No es claro si lo hace solo por la honra o fue contratado por La Nación S.A. para servir en su rehecha plantilla periodística. Durante, al menos, tres días del mes de julio el periódico abultó en primera plana los resultados de la investigación del periodista Guevara: un martes los titulares destacan que un peón del ICE gana 1,4 millones de colones, el miércoles gritan a todo lo ancho que un “tráfico” de la UCR recibe 2,7 millones al mes y el jueves se horrorizan porque 6 de cada 10 empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz gana más de un millón de la misma moneda. El detalle de los titulares ocupa mínimo una página completa al interior. Firman los funcionarios de La Nación S.A. Juan Fernando Lara y Aarón Sequeira (el de la UCR), Natasha Cambronero (el de la CNFL) e Irela Form y Aarón Sequeira (el del ICE).
Estos funcionarios no pueden ser periodistas porque reproducen a la letra el informe que les entregó una única fuente (el investigador Guevara), no verifican esa información ni buscan información alternativa. A su vez, Guevara edita personalmente su crónica con datos que obtiene de registros aislados de la Caja Costarricense de Seguro Social, documentos que, suponemos, consigue legalmente por su investidura de parlamentario y para utilizarlos a su gusto. Los funcionarios de La Nación S.A. aceptan el paquete que les dicta Guevara como si bajase del Espíritu Santo.
Al día siguiente, en la edición impresa, algún vocero de la institución pública “denunciada” por pagar salarios a sus gentes señala que los datos no son exactos y explica con algún detalle por qué no lo son. Desde luego el desmentido no va a primera plana y, adentro del periódico, y para la percepción del lector, carece de peso en relación con la “denuncia”.
En los tres reportes mencionados, el investigador, periodista, editor y diputado Otto Guevara confiesa que la información la obtiene generosamente de planillas de la CCSS y que ella incluye la entera identificación de los asalariados millonarios. Tal vez sea legal, pero esa cortesía (de la CCSS u otros) podría llevar a la delincuencia organizada a atracar o chantajear a todos los peones del ICE o “tráficos” de la UCR reputándolos millonarios. Los delincuentes, asimismo, podrían asaltar oficinas y residencias del periodista Guevara para apropiarse de información, venderla o utilizarla para sus crímenes. No es sano propalar datos de ricachones y sus familias. En especial si no les guarda las espaldas Mariano Figueres.
En cada caso el periodista Guevara solo se interesa en el monto bruto de los salarios. No averigua los procesos para obtener los cargos, ni años de servicio, ni calidad de las prestaciones. A la UCR, por ejemplo, concurren día a día, miles de jóvenes y adultos que disfrutan de instalaciones y servicios en los que estudian y plasman amistades. Lo hacen en una institución limpia y segura. Limpieza y seguridad resultan del trabajo de estables funcionarios humildes y de políticas universitarias. Al campus central de San Pedro llegan centenas de costarricenses no universitarios a caminar, trotar o disfrutar con sus hijos en un espacio amable y bello. Tal vez no sería tal si los salarios de sus empleados de jardines, seguridad y tránsito y otros, y su estabilidad, fuesen los que concede una empresa privada. Al periodista Guevara solo le interesa lo que él valora “gasto”, no los resultados humanos de una inversión no calculable en dinero.
Por supuesto el interés del Guevara “periodista” se inscribe en la guerra que él, y otros como él, y los empresarios y funcionarios de La Nación S.A. libran contra el plan fiscal que podrían conocer los diputados este año. Su idea básica es bloquear impuestos si no se reducen el Estado y su fuerza laboral y se castigan salarios para que los empleados públicos ganen como lo que son: “pobres metidos a gente”. La idea se inscribe en un nuevo embate por transferir servicios públicos a manos privadas donde parte de la ganancia se logra con salarios miserables. Si estas “ideas” prosperan, Costa Rica habrá realizado un largo camino para resultar igualitico que el resto de América Central. Con la pega, además, de que en este siglo debe lidiar con la bestia del crimen organizado. Bienvenidos, Chapos.
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