Por María José Arias Valerio
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El nuevo llamado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para audiencias orales entre estos dos países, del 14 de abril y al 1 de mayo del vigente año, se dirige la búsqueda de la “unión” de dos procesos contenciosos –uno solicitado por Costa Rica y el otro por Nicaragua–; una vez se hayan realizado las audiencias, la CIJ posee entre 6 y 9 meses para elaborar el fallo final.
Como se sabe, esta no es historia reciente. Los encuentros constantes entre ambos países ante la CIJ en materia limítrofe y protección ambiental remontan de muchos años antes de la fecha en la que son interpuestas las demandas que se están dando origen a estas audiencias, las cuales se encuentran relacionadas con las demandas presentadas durante noviembre de 2010 por parte de Costa Rica en contra de Nicaragua debido a la ocupación de isla Calero, así como el daño ocasionado al río San Juan y la contra demanda presentada por Nicaragua por la construcción de la “trocha” en 2011, por parte del gobierno costarricense.
Algo que cabe destacar –no exactamente porque sea un modelo a seguir– son las constantes violaciones a las medidas provisionales de la CIJ por parte de ambos países, lo que denota poco compromiso y disposición de ambas partes en la resolución eficiente de conflictos, lo que nos marca un presagio de estas nuevas audiencias.
En algunas ordenanzas del juez de La Haya, dictaminadas entre 2011 y 2014 para Costa Rica y Nicaragua, se deja ver esta indisposición por parte de ambos, pues están marcando un nuevo hito en la historia de la justicia internacional con cuatro demandas ante la CIJ presentadas en 9 años, tres en un plazo de tres años y medio.
En la parte procesal, estos Estados se han ensimismado en estos últimos años en una confrontación extenuante y recurren a los jueces internacionales por cualquier situación, lo que evidencia una total ineficiencia e incapacidad de ambos países en utilizar los canales diplomáticos para la resolución de conflictos y negociación.
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