El incremento y la agudización de los conflictos socioambientales en nuestro país, es el reflejo de un sistema incapaz de canalizar los fines de la sostenibilidad a través de mecanismos efectivos de gobernanza ambiental.
Costa Rica, un país reconocido por ser una de las democracias más antiguas de la región, es también la nación con el nivel más bajo de participación ciudadana de América Latina y el Caribe, según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El informe también expone que existe un sector considerable de la población, interesado en involucrarse en instancias participativas de índole ambiental. Pero al mismo tiempo, el medio ambiente ocupa el último peldaño en la lista de grupos en los que participa la población. Es decir, además del aparente desinterés de un sector de la ciudadanía, hay otro segmento que −interesado en involucrarse en la toma de decisiones− no es capaz de satisfacer tal interés.La existencia de un trecho entre la debida gestión de los recursos naturales y el involucramiento social en la toma de decisiones es un hecho, cuya consecuencia no es solo la degradación ambiental, sino también el debilitamiento del sistema democrático.
Aunado a esto, un balance de las acciones de los últimos gobiernos, sugiere que la consigna histórica a favor de la conservación sostenible no es del todo contundente. Un ejemplo de esto es la publicación en diciembre del 2008, del decreto ejecutivo que como parte de la agenda de implementación del DR-CAFTA reglamentaba el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, pero que fue declarado inconstitucional debido a la vulneración del derecho de participación de los pueblos indígenas.
Los problemas en torno a la efectividad del derecho a la participación, se han hecho presentes también en la gestión de las Áreas de Conservación. El SINAC reconoció sus limitaciones en el Plan Estratégico 2010-2015 aduciendo que: “El Consejo Nacional de Áreas de Conservación y los Consejos Regionales y Consejos Locales, en su mayoría, no ejecutan en todos sus alcances las funciones que les competen por ley. (…) La participación de la sociedad tiende a entenderse en el SINAC, como consultas puntuales o un fin en sí mismo, y no como un medio continuo para el involucramiento de los actores sociales”.
La ausencia de un enfoque preventivo, que asegure el acceso a la información y a espacios deliberativos al comienzo de la toma de decisiones, y la concepción meramente procedimental de la participación, ha generado que los procedimientos judiciales se transformen en una válvula de escape para exigir la inclusión social, o para denunciar las repercusiones en la salud y los daños ambientales que habitualmente, a estas alturas, ya serán irreversibles, desnaturalizándose así el sentido de la participación oportuna y de los mecanismos de tutela ambiental.
El mensaje transmitido a la población, durante los últimos años, corre el riesgo de institucionalizar la apatía. Pero la reacción proveniente de los movimientos sociales que han manifestado su descontento a través de otros mecanismos, es el mensaje más claro para el nuevo Gobierno, de que la inclusión social en la toma de decisiones ambientales debe encontrar por fin un clima político, que transforme la cultura delegativa por una cultura participativa.
El desarrollo sostenible es un proceso que se construye con la participación continua y permanente de la sociedad. Además de voluntad política, es necesario diagnosticar a profundidad la eficacia del marco legal y delimitar los alcances de la participación, así como mejorar la capacidad institucional para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Solo si se interioriza que la democracia es muchísimo más que una celebración electoral, será posible afirmar que una de las democracias más antiguas de la región, es también una de las más consolidadas y verdes.
