El artículo 35 del Código de Familia establece: “El marido es principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios”; es una norma concebida hace más de 30 años, donde en la sociedad costarricense de otrora imperaba un concepto tradicional de familia y los roles en el matrimonio prácticamente están preestablecidos por modelo “ideal”, donde el esposo era el proveedor y la esposa encargada del quehaceres del hogar y del cuido de los hijos, por lo tanto, el hombre era el mayor proveedor de la familia.
Con la creación de la Sala Constitucional como intérprete y garante de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el apoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones y su inserción en el mercado laboral, entre muchos otros factores, han hecho que el Estado costarricense haya tenido que tutelar otras formas no convencionales de familia, que no tenían un marco legal definido, con el fin de que se pudieran desarrollar plenamente en un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos e integrado por una sociedad inclusiva y no discriminatoria. Un ejemplo claro de esta evolución del concepto de familia fue cuando la Sala IV tuteló anticipadamente a las uniones de hecho y luego la Asamblea Legislativa aprobó una ley al respecto.
Las uniones de personas del mismo sexo. Ahora que la unión de hecho está reconocida y descansa sobre la igualdad de derechos y obligaciones equiparables a las del matrimonio, cabe replantearse el principio de solidaridad establecido en artículo 35, tanto en esas relaciones, como en las uniones de personas del mismo sexo, a quienes se les ha venido reconociendo derechos, como en la seguridad social. Por lo tanto, debe imperar la igualdad de derechos y obligaciones, tanto a lo interno, como en relación con otro tipo de relaciones formales o informales para que la ley sea igualitaria a todas las formas de uniones de parejas. Entonces cabe preguntarse: ¿Tienen las parejas del mismo sexo en unión de hecho, derecho a exigirse una pensión alimentaria?, ¿Cuál sería el mayor obligado u obligada a sufragarla?
Inconstitucionalidad sobrevenida. Estas reflexiones sobre el artículo 35 del Código de Familia evidencian que la norma no se ajusta a la realidad societaria contemporánea costarricense, dado que genera discriminación al hombre por razón del género en una relación de amor en una sociedad que descansa sobre la igualdad de derechos y obligaciones; porque el rol de la mujer en la familia ha cambiado sustancialmente y su contribución en la manutención del hogar debe dignificarse; también porque ya se están reconociendo y tutelando derechos a las uniones de personas del mismo sexo, quienes deben tener los mismos derechos y obligaciones que los demás tipos de uniones.
Ahora que soplan vientos de reforma a la legislación de familia, es importante replantear la redacción de la norma atendiendo a todos los colectivos y no esperar que sea la Sala IV la que la declare inconstitucional de la comentada.
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