Desde que asumimos nuestras funciones legislativas en mayo 2014, hemos estado trabajando en varias posibles soluciones para un gravísimo problema que afecta a cientos de miles de costarricenses que habitan en las zonas con protección especial, sean costeras, parques nacionales, refugios o terrenos con cualquier tipo de protección de ley.
Hasta la fecha, la protección que establece la ley para un 40% del territorio nacional que se ubica en las zonas marítimo-terrestres, ha generado indirectamente una situación de pobreza para los habitantes tradicionales que viven ahí desde hace muchas décadas, antes de que se promulgaran las leyes de protección ambiental.
Por ello, hemos presentado a la corriente legislativa, con la firma de 20 diputados y diputadas proponentes de diversas fracciones legislativas, un proyecto de ley con el fin de reformar, de forma coordinada y sistemática, distintos artículos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT, Ley Nº6043) y la Ley Forestal (Ley Nº7575).
En la redacción de este proyecto de ley participaron activamente varios expertos en ambiente y legislación, entre los que destacan el Dr. Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía (1998-2002) y el Dr. Jaime Ordóñez, abogado experto en derecho internacional y zonas especiales.
Esta reforma busca conciliar adecuadamente la administración territorial de los terrenos de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT), con el uso y la protección ambiental que establece nuestra legislación en la materia.
Busca asimismo establecer un sano equilibrio entre el ámbito ecológico y humano, y los principios internacionalmente reconocidos del desarrollo sostenible.
Sin embargo, el mayor aporte de esta legislación gira alrededor de un concepto que hemos venido promocionando entre autoridades y ambientalistas: de “conservar con la gente”, es decir, incorporar activamente a la población en la labor de protección y conservación de nuestros recursos naturales.
Fundamentalmente, “se pretende encontrar una solución adecuada y balanceada, por un lado, al reto de la protección de los recursos naturales de la Zona Marítima-Terrestre del país y, por otro parte, al creciente problema social y económico de una población estimada en más de 350.000 personas, que históricamente han vivido, trabajado e interactúan en esa zona especial”, dice entre otras motivaciones el proyecto de ley presentado.
El principio rector de este proyecto de ley gira alrededor de la participación de la sociedad civil en la protección de los recursos naturales, esto es, la noción de que estos se protegen en comunidad, con la interacción de los seres humanos y los ciudadanos que forman parte de la sociedad, a partir de su rol como sujetos activos en la protección del medio ambiente.
No concebimos la protección al medio ambiente expulsando a la gente de sus lugares tradicionales de habitación, trabajo y desarrollo; todo lo contrario, todas estas personas deben convertirse en agentes activos, responsables y vigilantes de la protección de esos bienes públicos.
El fundamento legal de este principio se encuentra ya tutelado por una serie de normativa vigente en Costa Rica, en cuenta la Ley Orgánica del Ambiente Nº7554, la cual establece en su artículo 6: “El Estado y las municipalidades fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. Asimismo, el artículo 29 de la misma Ley expresa: “Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales”.
De la misma manera, la Ley de Biodiversidad Nº7788 establece en su artículo 10, inciso 2): “Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural.”
Adicionalmente, este principio ha sido ampliamente tutelado internacionalmente en una serie de instrumentos que Costa Rica ha ratificado y que tienen rango de igualdad a la Constitución Política.
Esta iniciativa busca, además, complementar los vacíos legales existentes en la materia de esta zona especial, procurando ser un modelo que concilie la protección de los recursos naturales y el patrimonio natural del Estado, con la calidad de vida de los habitantes de la República que históricamente habitan y trabajan en estas zonas.
