Piden investigar la compra de nuevas patrullas en Seguridad Pública (Foto: Katya Alvarado).
Compra de vehículos de lujo en la Fuerza Pública que no son aptos para la labor policial o de colores distintos a los establecidos por la normativa, o patrullas para la policía de fronteras adquiridas con dineros del Fondo de Emergencia que estarían siendo usadas en labores ajenas al fin autorizado.
Las anteriores figuran entre una batería de denuncias presentadas por Minor Anchía, directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) representante sindical en la Fuerza Pública, ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Fiscalía.
Apoyado en documentos de la auditoría interna de la institución, el representante sindical ha pedido investigar alegadas irregularidades en varias contrataciones de bienes y servicios, relacionadas con supuestas faltas al deber de probidad de funcionarios responsables en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Una de las denuncias, que actualmente investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Fraudes, tiene que ver con irregulares nombramientos de jefes y subjefes en delegaciones de la Fuerza Pública.
Un informe de control interno dirigido al ministro Celso Gamboa por el auditor Juan de Dios Araya, con fecha de 3 de julio del 2014 , reseña varias anomalías en dos concursos para el nombramiento de jefes y subjefes de delegaciones policiales entre el 2009 y 2013.
Se mencionan irregularidades como diferencias entre la cantidad de participantes respecto a la información original que consta en diferentes oficios, nombres de personas que no se encontraban en la primera lista, personas que reprobaron la prueba psicológica o fueron calificadas como no aptas y debieron haber sido excluidas del concurso.
“Se comprobó que aproximadamente 24 oferentes, aun y cuando por una u otra razón reprobaron el concurso, fueron dejados en los puestos que ostentaban de forma interina, o en su defecto fueron reubicados en otros puestos vacantes al haberse nombrado un propietario en cada una de las plazas ocupadas de forma interina”, indica el documento.
El documento emite recomendaciones al jerarca “con carácter obligatorio” para que entre otros extremos se cumpla lo establecido con la Ley General de Policía y se ponga a derecho esa situación, que no se abuse de la figura de nombramientos provisionales y se corrijan las debilidades encontradas en el manejo de los expedientes que respaldan el proceso de reclutamiento y selección de oferentes a los puestos policiales.
Vehículos de lujo
El representante sindical dijo que está solicitando a la CGR que se pronuncie sobre la denuncia que puso en marzo pasado sobre una compra de vehículos que hizo el MSP con características que no encajan con lo que establece la ley de policía.
Por ejemplo, se compraron más de medio centenar vehículos Toyota Prado que es un vehículo de lujo, de costoso mantenimiento, en que se viaja cómodo pero no es funcional para trasladar detenidos, decomisos o equipo antimotines, con lo que tendría un prematuro deterioro. Lo que está pasando es que tienen que desplazar en las operaciones otro tipo de vehículos como pick ups, con lo cual están haciendo un doble gasto.
Treinta y siete de esos vehículos eran automáticos, que en un terreno complicado se les puede descomponer el conjunto del sistema de embrague.
Añadió que como los vehículos que se compraron no reunían las características para el trabajo, hubo que adaptarlos y comprar una “millonada” en accesorios.
Además, se adquirieron vehículos de color gris, negro y hasta dorado, cuando la ley es clara en que los colores son blanco y azul, y solo pueden ser distintas en el caso de policías de operaciones encubiertas, como la policía de control de drogas, pero no es el caso de la Fuerza Pública que es policía administrativa y tiene el deber de identificarse ante la ciudadanía.
Si no tenían en la empresa vehículos del color que se requería debieron buscar otro proveedor, de lo contrario es acomodar el cliente al proveedor, señaló Anchía. Aseguró que lo que pretende es que se determine qué hay detrás de esa millonaria compra de vehículos, y si no fue para favorecer a una empresa. Por eso presentó la denuncia a la CGR en marzo pasado, aun antes de que saliera un informe de la auditoría del MSP, donde se señalan irregularidades en esa compra de vehículos.
Cabe señalar que se esas compras forman parte de la adquisición de cientos de vehículos que el MSP ha comprado desde julio del 2013, mediante una licitación pública realizada por el Ministerio de Hacienda en la modalidad de convenios marco que administra esa institución, para compras del sector público en la plataforma digital Comprared.
ASCENSOS METEÓRICOS
Anchía mostró copias de sus denuncias ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en las cuales pide investigar el nombramiento de funcionarios que perdieron el concurso y otros que ni siquiera participaron pero fueron nombrados. Según la dirección de recursos humanos los nombramientos se daban por orden del director general de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, anota en uno de los documentos el denunciante.
También menciona presuntas irregularidades en las convalidaciones de la carrera policial de funcionarios de la Fuerza Pública, entre los que incluye al propio Andrade.
Estos procesos se consideran irregulares “por cuanto no se observan los actos administrativos que den legalidad a los mismos”, además de que no se observó el principio de publicidad del concurso, no se demuestra el instrumento con el cual se convalidaron cursos en los años 2004 y 2005. Con ello se permitió a un grupo reducido de funcionarios ascender de manera vertiginosa en el escalafón policial y obtener un cargo de mando con un importante incremento salarial, indica la denuncia.
En el caso de Andrade, Anchía señaló que el funcionario entró a la Fuerza Pública en el 2001, en el 2003 se le convalidó el nivel básico, en 2004 convalidó nivel ejecutivo, en el 2005 era comisionado y en 2006 ya era comisario. “En cinco años de haber ingresado a la Fuerza Pública eso es impresionante”, consideró.
La Fiscalía Adjunta de San José informó que la denuncia contra la persona de apellido Andrade Morales por aparentes nombramientos ilegales en la Fuerza Pública se encuentra en investigación en la etapa preparatoria (recabación y análisis de pruebas).
Ante consulta de UNIVERSIDAD, el director de la Fuerza Pública declinó referirse al tema en razón de que el asunto está en sede penal.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes informó que la denuncia por la aparente compra irregular de vehículos y jackets para uso oficial en el Ministerio de Seguridad Pública, se tramita por el delito de malversación y se encuentra en la etapa preparatoria de investigación, y de momento no existe una persona imputada individualizada.
El ministro Gamboa manifestó que Andrade tiene sus argumentos de defensa que presentará si es que el Ministerio Público considera que hay causa para procesarlo.
El ministro sostuvo que no hay un solo jefe de la Fuerza Pública que esté nombrado ilegalmente. “Tratamos de transparentar el Ministerio y no politizarlo. No hay nombramientos políticos; es una gran ventaja que tenemos en doctrina policial y precisamente el no permitir gente que no tenga los requisitos para un cargo, en eso le doy fe”, afirmó Gamboa.
Los jefes de programas del MSP son el director de la Fuerza Pública, el director general de armamento, el de la policía de drogas, el de vigilancia aérea, y el del servicio nacional de guardacostas, quienes son de libre remoción del ministro de Seguridad y del Presidente de la República. Ellos han estado trabajando desde el 2010 y el presidente Luis Guillermo Solís les renovó la confianza al mantenerlos al frente de la cartera, dijo Gamboa, quien en la administración pasada fungió como viceministro del ramo.
El ministro contrastó las críticas con los resultados en materia de seguridad que ha tenido el país. “Lo difícil es observar cómo Costa Rica ha dado un salto cualitativo en la criminalidad”, ubicándose como el país menos violento de Centroamérica y más seguro de América Latina, con una tasa de homicidios que es la mejor de la región, remarcó el jerarca.
Distinta es la opinión de Anchía, quien considera que hay mala administración en la Fuerza Pública. No es posible que con el incremento de la criminalidad los policías anden con armas 38, uniformes rotos, porque solo tienen uno para ponerse, y tengan que dormir en el suelo en muchos casos, cuando deberían tener mejores condiciones, apuntó.
SEGUIDILLA
Anchía sostuvo que en el MSP se ha venido dando una seguilla de procesos irregulares en las licitaciones, entre los que mencionó una compra dudosa de chalecos y uniformes policiales defectuosos, una adquisición de 17.429 jackets para la Fuerza Pública en la que un informe de auditoría encontró incumplimiento del deber de probidad de los funcionarios responsables, todos casos que están denunciados ante la Fiscalía de fraude.
También mencionó unas contrataciones ilegales de alimento y de servicio de hospital veterinario en la policía montada, la sustracción de 2.500 cuartos de aceite de motor en la estación de guardacostas en Caldera, por un valor de ¢15.000.000, hecho que no fue denunciado por las autoridades del Ministerio, sino hasta después que se filtró una alerta de la auditoría, a más de tres meses de haberse descubierto la anomalía. Asimismo, incluyó la denuncia del uso distinto que se estaría dando a las patrullas compradas para la Policía de Fronteras, al amparo del decreto de emergencia emitido por la administración Chinchilla con motivo de la invasión de isla Calero por parte de Nicaragua en el 2010.
“Son varias cosas, por eso hemos insistido a don Celso que si quiere hacer una gestión distinta tiene que quitar a esta gente. Nos parece que él tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas bien. Es una persona muy bien preparada, pero no puede ser que mantenga a una persona que viene administrando mal”, expresó Anchía.
Se abrieron procesos disciplinarios
El ministro Celso Gamboa dijo ya hay un proceso administrativo abierto en la policía montada por la denuncia sobre supuesta contratación ilegal de alimento y servicios de hospital veterinario.
Respecto a la desaparición de las cajas de aceite en la estación de guardacostas de Caldera aseguró que se enteró por una filtración que se dio de papeles de trabajo del auditor, y de inmediato se presentó denuncia ante el OIJ y Fiscalía de Puntarenas. Hay 12 personas encausadas por posible incumplimiento o negligencia en sus funciones, y la responsabilidad penal que pueda existir.
Paralelamente se inició un proceso disciplinario a los encausados, desde el director de la estación de Caldera para abajo, donde se va sentar responsabilidades sobre si hubo negligencia en denunciar y si alguien se robó o permitió que se distrajeran bienes del Estado.
Por otra parte negó que hubiera irregularidad en la compra de las jackets, contrario a lo que consignó el informe de la auditoría. Adujo que ese era un informe preliminar, que no tenía la información completa y faltaba contrastarla con el informe que presentó al respecto el director de la Fuerza Pública, quien logró acreditar que no hay jackets extraviadas ni mal distribuidas, y la auditoría se dio por satisfecha, afirmó.
Todas las jackets están inventariadas, todas están distribuidas con las correspondientes actas de entrega y recibido, nada está subutilizado, y se han repuesto las que por accidente, uso o desgaste se han destruido, sostuvo Gamboa, y en la misma línea se expresó Andrade.
Respecto a los carros comprados al amparo del decreto de emergencia por la invasión a Calero, afirmó que puede comprobar que todos están ubicados en los cantones afectados por el decreto.
Se le preguntó por otra parte cuál fue el criterio para comprar Toyota Prado para uso policial en la Fuerza Pública. Dijo que para eso se saca un cartel con criterios técnicos específicos, las empresas participan y se adjudica. Ahí no hay injerencia por parte del MSP y es una compra auditada.
A algunas personas no les pareció que la Toyota fuera la adjudicada, pero “en el tema vehicular nosotros no escogemos la empresa, estos son carteles de licitación que se adjudican”.
“En este momento no tenemos ese tipo de patrullas fuera de circulación, están trabajando a lo largo y ancho del país y al servicio policial a lo largo y ancho del país donde la comunidad los necesita. Es un cambio de cultura porque para mucha gente ver a un policía montado en un Toyota Prado o en un Rav4 es mucho para un policía.
Sin embargo, consideramos que hemos dado un salto cualitativo en la prestación del servicio. Costa Rica está exigiendo seguridad de primer mundo y le estamos dando insumos de primer mundo”, comentó Gamboa.
En su criterio, ese vehículo le da mayor versatilidad y movilidad a las fuerzas policiales. No es un vehículo para transportar detenidos, para eso se compró las llamadas perreras, que están en cada una de las delegaciones cantonales y distritales.
Habla de una nueva visión en la que la función primordial de la Fuerza Pública de Costa Rica es una función preventiva. “Nos pagan no por la gente que agarramos, sino por lo que deja de pasar. Es un error de concepto que tiene mucha gente que la represión está antes que la prevención. En la medida que estemos más visibles y más presentes pasa lo que está pasando ahora en Costa Rica que hay menos delitos. Es un cambio de mentalidad”, remarcó el ministro.
