Más de 400 personas en la finca Parcelas de Herradura, han desarrollado por más de tres décadas sus vidas, sin ser propietarios legítimos del terreno. (Foto: Katya Alvarado)
En Herradura, Puntarenas
Muy ariscos al inicio, David Rangel, Flor Cambronero y un grupo de parceleros, poco a poco fueron “creyendo” que en realidad éramos reporteros del Semanario UNIVERSIDAD, a pesar de nuestra respectiva identificación y de haber llegado en carro oficial.
Luego de haber pasado la “prueba” de fotos, preguntas y algunos extraños y silenciosos escrutinios – probablemente hasta “verificar a ojo” que les decíamos la verdad− fue calentando su confianza para contarnos sobre la historia de miedos, desalojos, demandas y amenazas, que hoy, más de tres décadas después, viven los campesinos de la localidad Parcelas de Herradura, en Garabito de Puntarenas.
“Mire perdone nuestra actitud, pero es que estamos traumatizados, porque aquí han habido desalojos violentos en el pasado, demandados y amenazas de quitarnos nuestras tierras todos los días; aquí ha venido mucha gente que dice que nos quiere ayudar, pero son más gavilanes que otra cosa”, justificó David Rangel, secretario de la Asociación de Desarrollo Pro mejoras de Parcelas, con más de 10 años de vivir en la zona.
Se trata de una finca de unas 150 hectáreas donde viven al menos 500 familias, todo un barrio. Ninguno es dueño, pero aun así, se pueden encontrar pequeños comercios y otros servicios que han ido desarrollando con los años.
Aunque muchas personas ya se han ido, tanto las que permanecen como otras que han llegado en años recientes, “compran” con una carta de “venta” a un dueño inexistente, pues el terreno no cuenta con un propietario registral verificable y se encuentra inmerso en una maraña legal compleja, que data desde sus orígenes a inicios de los años ochentas. El bien transado, es simplemente un “derecho de posesión”, con el que se “la han jugado” todos estos años.
Aún así, la propiedad, dividida en parcelas, tiene al menos 200 juicios y procesos, algunos de hace 17 años, los cuales se dirimen todavía en los tribunales, en sedes de materia penal, civil y agraria.
Tanto campesinos como abogados ligados al caso señalan diversas “anomalías” de carácter registral en el terreno, que refieren a utilización de planos falsos o inexistentes, uso de “poderes” de parte de “muertos” que no estaban muertos al momento de emitirlos y “dueños” que no son propietarios, sino representantes legales costarricenses de estadounidenses quienes murieron, o están en asilos de ancianos en Santa Bárbara, California y que nunca más regresaron al país.
Maraña legal
Para el abogado Álvaro Moreno, la historia de las Parcelas, remonta a los años entre 1978 y 1980, cuando un grupo de campesinos ocuparon unas tierras que aseguran estaban ociosas, para dedicarse a los cultivos agrícolas.
“Es una situación muy compleja, desde el punto de vista legal. Aquí lo que hubo es que algunos vivillos titularon estas tierras desde bufetes reconocidos en San José”, afirmó Moreno, actualmente representante de unos 80 casos de campesinos que desean finalmente ser propietarios de sus tierras. “Mire –agregó−, es muy extraño que todos los antecedentes de esta finca fueron borrados del mapa”.
Consultado Francisco Molina, coordinador de la oficina regional del Pacífico del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), dijo que su institución no tiene la facultad de intervenir en este tema, por no tratarse de un asunto de producción agrícola.
Con esta opinión no está de acuerdo el abogado Moreno, al considerar que si bien es cierto que la actividad principal de esta zona ya no es la producción agrícola (son los servicios, muchos en función del turismo y la actividad urbana que allí se desarrolla), sí lo fue al momento de ocupar la finca −hace unos 30 años−, cuando el paisaje económico “era muy diferente al de hoy”.
“Tenemos 16 años de litigios y todavía salen nuevas denuncias; qué bueno que los medios se interesen por este tema, porque aquí hay un “tigre muy grande con intereses en estas tierras”, afirmó.
El fantasma del desalojo
El temor a un desalojo los ha vuelto muy quisquillosos, porque aun cuando el último ocurrió en el 2005 en la Parcela 5, el despliegue de unos 250 antimotines en 4 horas todavía despierta los malos recuerdos de David Rangel y otros parceleros.
Según Flor Cambronero, el fantasma no se ha ido; esta situación, más la falta de seguridad jurídica que les da no tener un título de propiedad, es el que les impide siquiera pensar en la posibilidad de “mejorar su rancho”, por el miedo a perderlo o a que la Municipalidad de Garabito “se los bote”.
Para Minor González, abogado que lleva querellas de unos 17 campesinos y juicios de otros 30, asegura que la sombra del desalojo se ha hecho más intensa desde el año 2000.
“Aquí es evidente que hay grandes intereses económicos ocultos; no es extraño que estos intentos de desalojo se hayan despertado justamente cuando se construyó en esta zona una marina ligada a un desarrollo turístico grande, que colinda por las montañas con la tierra de estos campesinos. Evidentemente hay una desidia del Estado y de los tribunales para resolver esto”, reprochó González.
“Hace años, estas tierras, inclusive Jacó, no valían un cinco; pero hoy, estos terrenos son valiosísimos; aquí ha habido −y lo podemos demostrar tras la investigación que hemos hecho− utilización de planos falsos o inexistentes, con sellos y firmas de presuntos funcionarios del registro, que al cotejarlos no coinciden, irregularidad en el otorgamiento de poderes, añadió.
Por su parte, Óscar Herrera, parcelero dedicado al comercio informal, reclama que tanto él como otros “poseedores” no puedan tener el título −que luego de una década o más− los haga dueños de estas tierras.
“El sueño de un parcelero es ser dueño de su tierra, decir: esto es mío, porque así puede uno poner a responder su terreno y optar por una opción de crédito; ahorita, si ponemos dos ladrillos, nos exponemos a que venga la muni y nos bote la casa; estamos condenados a vivir en piso de tierra”, lamentó.
Recuadro:
“Queremos ayudar pero no podemos”
Marvin Elizondo, alcalde de la Municipalidad de Garabito: “Este terreno tiene muchos litigios en sede judicial; hasta que no se resuelvan no podemos hacer más”. (Foto: Katya Alvarado)
Para el alcalde de Garabito, Marvin Elizondo, el tema de Parcelas de Herradura es un asunto complejo, en el que la Municipalidad “ha querido, pero no ha podido intervenir, por imposibilidad legal”.
De acuerdo con su asesor legal, José Martínez, al ser este un terreno cuya ocupación se originó en una invasión a propiedad privada, el ayuntamiento está inhibido de hacer más de lo que le obliga cumplir una disposición del Ministerio de Salud, en cuanto a la recolección de desechos sólidos.
En este sentido, el parcelero David Rangel comentó que la posibilidad de tener el título de propiedad se complica al no tener calles públicas. “No podemos acceder a ciertos derechos ni regularizar nuestra situación, porque la Municipalidad nos cerró una calle pública”, agregó.
Por su parte, el alcalde Elizondo si bien negó esta situación, admitió que el ayuntamiento no puede “declarar calles públicas en este terreno”, porque los litigios están en sede judicial.
“No nos dan calles públicas, pero eso sí, tenemos a la Municipalidad encima cobrándonos los impuestos; ahí sí que no fallan”, reclamó Rangel.
