CCSS da largas a investigación sobre gerentes

Manifestantes han marchado solicitando soluciones para salvar de la crisis al Seguro Social. (Foto: Katya Alvarado).Han pasado 18 meses y sigue sin resolverse una

Manifestantes han marchado solicitando soluciones para salvar de la crisis al Seguro Social. (Foto: Katya Alvarado).

Han pasado 18 meses y sigue sin resolverse una investigación que la auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó a la presidenta ejecutiva −Ileana Balmaceda− iniciar en el plazo de 30 días, para establecer las responsabilidades administrativas, civiles y de otra índole, de varios gerentes y otros funcionarios en altos cargos de la institución, en el periodo 2006-2010.

Esto, en relación con  autorizaciones y recomendaciones que los funcionarios dieron a la junta directiva, para aprobar alzas salariales y revaloraciones a los empleados de la institución, sin fundamento en estudios que garantizaran la factibilidad y sostenibilidad de las propuestas, lo que precipitó la crisis financiera de la Caja en el 2011.

Hasta ahora, lo que hay es una “investigación preliminar” realizada por una comisión ad hoc nombrada por la presidenta ejecutiva en setiembre y octubre del 2012, luego de recibir en agosto de ese año el informe de la auditoría (ASAAI-191-2012); las autoridades de la CCSS tienen versiones distintas sobre el estado de la investigación.

Balmaceda dijo a UNIVERSIDAD que la comisión ad hoc le entregó en julio pasado el informe de la investigación preliminar, y ella se lo pasó el 1 de agosto a la junta directiva para que decida; y esta acordó pedirle una ampliación a la comisión, porque había ciertas dudas y están a la espera de esa ampliación.

Por su parte, el miembro de la junta directiva José Luis Loría –representante del sector laboral en dicho cuerpo colegiado− dijo que recibieron el informe de la investigación preliminar y luego se dieron cuenta que en cierta medida era contradictorio con otro informe que habían solicitado directivos representantes del sector patronal, por lo que la junta directiva acordó pasar el asunto a la Dirección Jurídica, para definir lo que corresponde hacer. Esta versión coincide con la de los miembros de la comisión ad hoc, en cuanto a que ya terminaron y entregaron su informe.

El funcionario Daniel Muñoz, exjefe del área de investigación económica de la Dirección Actuarial de la CCSS, solicitó en octubre pasado a la Fiscalía General y a otras instancias, investigar entre otros aspectos por qué, una vez conocido el mencionado informe de la auditoría, la presidenta ejecutiva no instruyó de inmediato un órgano del debido proceso administrativo, de responsabilidad disciplinaria y patrimonial. Esto, considerando que tal informe por su naturaleza ya revestía carácter de investigación preliminar, y han existido casos de menor gravedad en los que la administración procedió inmediatamente con la apertura del debido proceso administrativo.

Desde el 2011 Muñoz ha venido presentando denuncias ante instancias internas de la Caja y luego ante esta y otras instituciones como la Fiscalía y la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades en las decisiones tomadas desde altos cargos, en perjuicio de los intereses de la institución y la población asegurada.

Muñoz considera que la dilación y el bajo perfil dado a la investigación de los hechos documentados en el mencionado informe de la auditoría es parte de una estrategia para dejar pasar el tiempo y que el asunto se extinga, con lo cual nuevamente se cerraría el círculo de impunidad que rodea a altos funcionarios de la CCSS.

SEÑALADOS

El referido informe de la auditoría salió de una investigación que hizo esa oficina, tras denuncias recibidas respecto a la actuación de los miembros del Consejo Financiero y de Control Presupuestario y asesores financieros y presupuestarios de la CCSS, en el periodo 2006-2010 que presidió Eduardo Doryan en el gobierno de Óscar Arias.

A dichos funcionarios se les acusa de haber autorizado aumentos y revaloraciones salariales del personal y la creación de miles de plazas nuevas, sin fundamento en estudios técnicos que permitieran garantizar el equilibrio y la sostenibilidad financiera de su aplicación.

El mencionado Consejo estaba integrado −entre otros− por Manuel Ugarte (coordinador), entonces gerente financiero (actualmente pensionado); José Alberto Acuña, gerente administrativo (actualmente director administrativo financiero de la  gerencia de Pensiones); Gabriela Murillo, gerente de Infraestructura y Tecnologías (recientemente le renovaron el nombramiento en el mismo puesto); Gustavo Picado, director administrativo y de gestión de personal (actual gerente financiero); y Guillermo Abarca, director de recursos humanos (actual director de Bienestar Laboral).

Igualmente ha sido señalado como presunto responsable el entonces presidente ejecutivo Eduardo Doryan, a quien se le había advertido en varios oficios sobre la situación deficitaria y de liquidez del seguro de salud, lo cual no se tomó en cuenta al aprobar los aumentos de plazas y salarios.

Muñoz  −quien dice ser víctima de acoso laboral y persecución tras sus denuncias, y con  una protección del Poder Judicial− reprocha que la presidenta ejecutiva no haya ordenado un órgano de procedimiento administrativo para los funcionarios cuestionados que son sus subalternos, con medidas cautelares para garantizar la objetividad de la investigación.

Balmaceda dijo que si bien han pasado 18 meses, la investigación está activa y ella “no tapa” a nadie; hay un debido proceso que está obligada a cumplir y en este caso no era necesario adoptar medidas cautelares, alegó (ver entrevista).

La funcionaria respondió a UNIVERSIDAD consultas sobre otros asuntos relacionados, como la adopción de medidas para resolver la crisis, temas que serán incluidos en otra edición.


Ileana Balmaceda:

Yo no tapo a nadie

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, sostiene que cumplió nombrando en tiempo la comisión para la investigación preliminar, una vez que recibió el informe de la auditoría, y desde agosto pasado pasó el informe a la junta directiva, que es la que puede decidir cuando se trata de disciplinar a gerentes.

Doña Ileana, ¿ha habido parcialidad de su parte o intención de dejar pasar el tiempo para que expire la investigación sobre el informe de auditoría ASAAI-191- 2012 que involucra a varios gerentes?

−En absoluto, en mi administración nunca me he echado para atrás para tomar decisiones, pero yo tomo las decisiones cuando están fundamentadas y cuando se ha llevado todo el proceso. Y no es que puedo atrasar un proceso de estos si ya no está en mis manos; esto es resorte de junta directiva.

Yo no tapo a nadie. Aquí no hay intocables y lo que se tiene que investigar y lo que se tiene que proceder… a mí nunca me ha temblado el pulso para tomar decisiones.

-El hecho de que estos funcionarios sigan en sus funciones significa que mantienen poder en la institución, y en momentos en que supuestamente tiene que ser investigados hechos atribuidos a ellos. ¿Eso no da lugar a dudar sobre la transparencia de la investigación?

−En absoluto.

En otros casos inmediatamente se les quitó a los funcionarios el nombramiento que tenían o se les suspendió para investigarlos…

−Es que depende de la supuesta falta. Aquí lo que se estaba investigando era la creación de plazas, ¿y qué van a ocultar?, si todos los documentos son públicos y están a la vista y paciencia de todo el mundo. Además, los órganos que investigan tienen la investidura para pedir toda la información y si ellos como órganos sienten que se les está bloqueando alguna información lo hacen saber y se toman las medidas del caso.

Pero han pasado 18 meses desde que la auditoría le presentó el informe recomendando la apertura de la investigación a los presuntos responsables y en eso aún no hay decisión. ¿No es que están dejando que el tiempo pase y no se llegue a nada?

−Todos tenemos responsabilidades que cumplir; los procedimientos administrativos uno quisiera que se hagan en un tiempo determinado; pero hay algunas cosas que no lo permiten, por el mismo proceso, donde el empleado tiene derecho y donde aplican toda la normativa y todos los elementos que se tengan que cumplir.

¿Por qué una investigación preliminar, habiendo ya una investigación de la auditoría que originó el informe?

−Porque el informe de auditoría no tenía ni el tiempo, ni el modo, ni el lugar de los hechos y eso es fundamental para iniciar un proceso administrativo. Se requiere la investigación preliminar para ver si hay elementos que sustenten una investigación administrativa, que lleva mucho más tiempo y también recursos institucionales.

En este caso se le encomendó la tarea a un equipo, pero resulta que este presentó una solicitud para no hacerse cargo de la investigación −uno por una causa que no recuerdo, y otro por un problema de salud− y tuvimos que volver a conformar el equipo a mediados de octubre del 2012.

La comisión tuvo que pedir prórroga del plazo para concluir la investigación preliminar…

−La nueva comisión se conformó en el mes de octubre (2012), después pidieron un plazo adicional por la complejidad del tema, y en julio (2013) presentan el informe final (de la investigación preliminar). Yo traslado a la junta directiva el informe en razón de que como presidenta ejecutiva no tengo la potestad para ser órgano decisor, porque están gerentes (entre los investigados). Quien puede como órgano colegiado procesar a los  gerentes y tomar una decisión es la junta directiva.

Pero en muchos otros casos, incluso de menor importancia, sí han actuado inmediatamente y se suspende a los involucrados mientras se les investiga.

−No gerentes. En cuanto al resto de funcionarios resuelve la jefatura inmediata. Pero en el caso de los gerentes, quien tiene la facultad de hacerlo legalmente es la junta directiva.

¿Y no le corresponde a usted como  presidenta ejecutiva proponerle a la junta directiva instruir?

−Claro, eso fue lo que hice.

¿Usted le solicitó instruir?

−No.

¿O solo pasó el informe?

−Yo paso el informe a junta directiva para que decida en lo que a derecho corresponda. Eso la secretaría de junta lo agenda. Ellos (la comisión ad hoc) presentan (la investigación preliminar) y el 1 de agosto (2013) se traslada a junta directiva; esta recibe el informe y solicita una ampliación al órgano.

¿Con base en qué piden ampliación, no habían cumplido la misión para la que fueron nombrados?

−Eso en todos los procesos se hace. Este es un informe final de investigación preliminar. Cuando el órgano decisor tiene duda, porque no definieron o faltó alguna cosa (se pide ampliación).

¿La directiva acordó pasar el caso a la Dirección Jurídica?

−No se lo ha pasado a la Dirección Jurídica; se pidió una ampliación al órgano. Y eso una vez que se programe en junta, se valora y entonces ya la junta directiva instruye.

Me parece que la pregunta viene porque usted dice: bueno, la presidenta ejecutiva no cumplió con el informe de auditoría. Y no, sí cumplí.


Daniel Muñoz:

Están intentando ocultar la crisis de la Caja y a los responsables

El funcionario de la CCSS, Daniel Muñoz, sostiene −contrario a lo argumentado por la presidenta ejecutiva−, que de acuerdo con las normativas laborales de la institución había elementos suficientes para abrir de inmediato un órgano director de investigación a los gerentes.

Don Daniel, usted ha denunciado a altos funcionarios, inclusive a la propia presidenta ejecutiva Ileana Balmaceda. ¿Han avanzado las investigaciones iniciadas?

−Siento que avanzan muy lento; el Ministerio Público por su propia naturaleza es lento;  la Contraloría por su naturaleza administrativa debía ser más rápida, y las autoridades internas de conformidad con las normativas laborales pudieron haber actuado mucho más rápido, pero no lo hicieron.

Ahí es donde siento que la doctora Balmaceda no solo ha sido presunta responsable de encubrir a los culpables del origen de la crisis del seguro de salud y del contagio que esto tuvo en el seguro de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte, pensiones), sino que también es responsable de la agudización de la crisis del seguro de salud y también del contagio del IVM. Así lo he manifestado ante las autoridades del Ministerio Público; ya he hecho dos denuncias que están en el mismo expediente.

Las autoridades de la Caja argumentan que ya se ha solucionado muchos de los problemas denunciados y que la crisis es cosa del pasado.

−Precisamente  voy a presentar una tercera denuncia contra la doctora Balmaceda, porque hay evidencia sólida que apunta a que el 12 de diciembre del 2013, cuando ella convoca a los 13 candidatos presidenciales para exponerles la situación de la Caja, omitió aspectos de fondo y tergiversó sobre los seguros de salud e IVM.

Desde octubre del 2013 le había enviado  una nota con preguntas y no me las contestaba, y se lo reiteré en diciembre sabiendo que se iba a reunir con los candidatos, precisamente para dilucidar que no era cierto lo que ella decía en los medios del supuesto equilibrio del seguro de salud y que había tiempo suficiente para tomar las reformas del IVM. La verdad es que la situación del seguro de salud es y continuará siendo grave por mucho tiempo.

¿No le ha contestado aún?

−No me contestó ni una sola pregunta directa. Lo que hizo fue enviar dos hojas de una generalidad que es un “gallo-gallina”. No  hay ni una sola nota donde ella dé una explicación puntual y concreta. Lo puedo demostrar y eso va dentro de la denuncia.

Entonces sí creo que hay presunto encubrimiento, hasta el punto que se ha llegado a engañar a los candidatos presidenciales, lo que es muy grave, siendo la Caja la institución más importante, no solo por el aspecto social, sino porque absorbe casi el 11% del Producto Interno Bruto; son fondos muy grandes: alrededor de ¢1,5 billones del IVM y casi ¢2 billones el presupuesto del seguro de salud al año.

¿Por qué Daniel Muñoz está empeñado en hacer denuncias?

−Siendo objetivo, soy el único funcionario que pudo estar presente simultáneamente en temas de salud, donde me di cuenta del maquillaje, porque yo mismo hice la política (de salarios) que ocultaron y demostré que no eran viables esos salarios (que aprobaron). También tenía la condición de miembro del comité de inversiones; entonces pude pegar las dos cosas; fue una situación sui géneris que pude vivir.

Después de que han salido sus denuncias por la prensa, de los informes de la Organización  Panamericana de Salud, el de los expertos notables y el de la comisión legislativa que recomendó sanciones para una serie de funcionarios, ¿se han hecho los correctivos en la institución para resolver la crisis?

Bueno, si le hace esa pregunta a la doctora Balmaceda le va a decir: fuimos la única junta directiva que tuvo la osadía de solicitarles la renuncia a todos los gerentes en el 2011, luego equilibramos la situación financiera del seguro de salud y defendemos a capa y espada que hay tiempo para tomar las reformas del IVM, y las recomendaciones de los especialistas notables, de la OPS, y el informe de mayoría de la comisión legislativa los hemos incorporado. Esa es la respuesta que dan y cualquiera quedaría satisfecho si no escucha la otra versión, que es la que yo aporto con pruebas sólidas de que no hay tal equilibrio.

¿Por ejemplo?

−Gustavo Picado (gerente financiero) dice en la prensa que para financiar mil y resto de Ebáis (Equipo Básico Integral de Salud) se necesita crear un impuesto. Con eso lo que está diciendo es que no hay dinero para financiar los Ebáis. En el plan estratégico institucional 2007-2012 se tenía la meta de crear más de 546 Ebáis, pero solo se abrieron 35. Entonces ¿cómo va a haber equilibrio si dejaron de hacer cosas?

El seguro de salud está atado a un respirador que son los títulos valores atípicos que le entrega el Gobierno. Esto lo dice la Contraloría Entonces lo del equilibrio financiero no es cierto.


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