Confirman graves daños ambientales en ruta a Caldera

La empresa fiscalizadora del proyecto, Euroestudios IMNSA, valoró los daños ambientales en más de $40 millones.En resolución adoptada el pasado 11 de agosto, la

Puentes podrían colapsar por mala calidad de la construcción.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) comprobó graves daños ambientales en la construcción de la carretera San José Caldera, concesionada al consorcio español Autopistas del Sol.

La empresa fiscalizadora del proyecto, Euroestudios IMNSA, valoró los daños ambientales en más de $40 millones.
En resolución adoptada el pasado 11 de agosto, la Comisión Plenaria de SETENA concluye, tras revisar el expediente y el resultado de las inspecciones hechas al proyecto vial San José Caldera, que los principales problemas se presentan en el tramo II (Ciudad Colón-Orotina). Afectación de corredores biológicos, de sitios arqueológicos y de zonas de protección de los cuerpos de agua, en este caso por mala ejecución del plan de manejo de escombros, señala entre otras irregularidades la entidad. Confirma el rompimiento parcial del sello del acuífero Barva, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable del área metropolitana.
Pese a las irregularidades, que podrían implicar delitos ambientales por los cuales cualquier particular puede ir a la cárcel, SETENA no ha paralizado obras y se limitó a ordenar a la concesionaria nueva documentación.
Por ejemplo, le pidió presentar un plan de gestión ambiental actualizado, detallar acciones que se han tomado ante la afectación de corredores biológicos, detallar el resultado de la implementación de medidas ambientales correctivas en cada uno de los tramos de la carretera, indicar cuáles fueron las recomendaciones del Museo Nacional ante la afectación causada a los sitios arqueológicos conocidos como La Zopilota y Pan de Azúcar.
La SETENA indica que los tramos I (La Sabana-Ciudad Colón) y III (Orotina-Caldera) se encuentran concluidos en un 90% y los problemas detectados se deben incorporar al plan de gestión ambiental de la fase operativa.
La entidad ordenó al concesionario ajustar la garantía ambiental depositada a $2.299.243, equivalente al 1% fijado por la ley sobre el valor de la inversión. Hasta ahora la garantía rendida era de $1,2 millones por una obra valorada en $229.
No obstante que en una anterior resolución, No. 950-2009, la SETENA había pedido a Autopistas del Sol una certificación de contador autorizado, sobre el monto total de la obra, en la nueva resolución la entidad dice que ese es el monto señalado en un oficio suscrito por el director del proyecto “en cumplimiento de lo ordenado” en la resolución de SETENA.
El Consorcio Euroestudios IMNSA, empresa contratada por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para supervisar la ejecución del proyecto, determinó que los daños ambientales provocados por Autopistas del Sol llegan a $40 millones de dólares, según cálculos muy conservadores, aseguraron el ingeniero Álvaro Escamilla y la especialista en gestión ambiental Montserrat Solano.
Un estudio realizado por Escamilla y Solano, de la empresa supervisora, encontró que la concesionaria ha violentado la normativa ambiental, lanzando cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de escombros a ríos, quebradas y zonas de protección.
Ello ha provocado daños por más de $34 millones de dólares, mientras que el perjuicio a Zonas de Protección entre Ciudad Colón y Orotina asciende a $6.177.000.  Se suma a esto $14.000 anuales por el daño al Acuífero Barva. El sello superior del acuífero fue cortado en un tramo de casi dos km, a pesar de que el estudio de impacto ambiental y el plano original elaborado por ingenieros del MOPT especificaban claramente que allí no se podían hacer cortes.
El pasado 8 de enero, el viceministro de Concesiones del MOPT, Guillermo Matamoros, y la gerente del proyecto contratada por ese ministerio, Hadda Muñoz, presenciaron el momento en que una vagoneta lanzaba escombros a la Quebrada Salitral, y no hicieron nada, afirmaron miembros de la empresa supervisora.
“Matamoros y la ingeniera Muñoz y el representante de la empresa española Antonio Alonso iban en un vehículo sobre el puente de la Quebrada Salitral, justo cuando la vagoneta lanzaba escombros, y no hicieron nada para detener ese grave daño”, dijo Enrique Molina, ingeniero que fotografió el momento.
“Ellos andan de beso y abrazo con los españoles, en vez de defender los intereses del país”, afirmó un miembro de la supervisión.
 “No sé”, dijo Matamoros la semana pasada, cuando UNIVERSIDAD le preguntó si había estado en el lugar en el momento que una vagoneta descargaba escombros en Salitral. Sin embargo, luego dijo que creía que el material no se había arrojado al cauce sino que se utilizaba en un relleno en ese lugar.
El viceministro cuestionó la capacidad profesional de la supervisora. Dijo que él propuso en noviembre rescindirle el contrato a la supervisora por incumplimiento. Añadió que a la empresa se le han impuesto multas que suman más de $700.000 (apeladas en su mayoría).
Un miembro de la fiscalizadora cuestionó por qué a ellos les imponen multas y a los españoles no les han puesto ni una. Al respecto Matamoros aseguró que hay dos procedimientos con multas en contra de la concesionaria, las cuales están en apelación.
El viceministro dijo estar satisfecho con el desempeño de Autopistas del Sol, de la que destacó el “aporte en transferencia tecnológica y de conocimiento” que ha traído al país. Las empresas constructoras locales están aprendiendo nuevas formas de hacer este tipo de obras, aseguró.

CALIDAD

Además de los incumplimientos de compromisos ambientales, la supervisora le ha señalado a la concesionaria cientos de “no conformidades” en el cumplimiento de parámetros de calidad en obras del proyecto. Un proyecto que empezó costando poco más de $100 millones y ya va por $331 millones ($229 en obra civil más $100 y resto en costos financieros y de gestión), según las proyecciones de Autopistas del Sol, aprobada por el MOPT y la Contraloría General de la República, sin contar $35 millones de obras adicionales asumidas por el Gobierno como parte de la concesión.
Las inconformidades fueron advertidas al CNC desde setiembre pasado, y solo este año han sido 170, según la supervisora.
Eso incluye trabajos que no pasaron la prueba de calidad, como el caso de uno de los dos bastiones de un puente cercano a La Reforma, en la Guácima de Alajuela, donde se chorreó concreto que no cumple las especificaciones establecidas para el proyecto.
Si ese bastión no es demolido y se vuelve a construir, el puente puede colapsar, aseguró Molina.
La constructora se ha negado hasta ahora a aceptar las recomendaciones de la supervisión. El MOPT pidió el criterio técnico de un tercero, que dio la razón a la supervisora, y según el viceministro Matamoros la empresa va a demoler y construir de nuevo el puente.
Otra de las fallas técnicas señaladas por los supervisores es la losa del puente sobre el río Jesús María, entre Orotina y Caldera, la cual presentó grietas a pocos días de chorreada.
La losa del puente fue chorreada en abril de este año y dos días después de que se hizo la chorrea la losa se agrietó, porque el concreto no tenía la calidad suficiente. Lo que hicieron los españoles luego fue ponerle una capa de asfalto para maquillarlo. “Se ve lindísimo, pero el problema es estructural”, dijo uno los supervisores.
El viceministro Matamoros dijo que según la constructora el problema es cosmético, y él está a la espera del criterio técnico que pidió al LANANME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica), para ver si hay falla estructural.


Peajes, doble cobro

El gobierno ha recaudado desde el 2001 más de ¢507.000 millones por los impuestos a los combustibles y a la propiedad de vehículos, que debían ir a la construcción y mantenimiento de la red vial, y no hay derecho a que se cobre peajes por carreteras que ya están pagadas. Es una de las  tesis defendidas por Jorge Murillo, abogado que asesora al movimiento de protesta iniciado por los vecinos Orotina, Mora, Santa Ana y otras comunidades contra los peajes que cobra la empresa concesionara de la carretera San José-Caldera.

¿Qué es lo que ustedes están planteando en relación con los impuestos y el cobro de peajes en la carretera?

– Que desde el 2001 el Gobierno ha recibido más de ¢507.000 millones correspondientes al impuesto a los combustibles y el impuesto a la propiedad de vehículos y que por ley deben destinarse a la infraestructura vial. Pero con el esquema de concesión estas sumas se pierden, porque lo que hacen es que le dicen a las compañías: ya a nosotros nos pagaron impuestos para hacer esas obras, pero ahora hágamelas usted y se la cobran a la gente con peajes.
Recordemos que por ley el 30% del impuesto a los combustibles y el 50% del impuesto a la propiedad de vehículos deben ser girados por el Ministerio de Hacienda al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para que realice las obras. Pero no las realiza sino que le dicen al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) que busque quien lo haga y que se le cobre a la gente el peaje.
En el caso de la vía a Caldera, que incluye los tramos ya hechos de San José a Ciudad Colon y de Orotina a Caldera, le dicen a la empresa española: hágale un poquito de recarpeteo, amplíe algunas obras ahí y cóbrele peaje a la gente. No debían cobrarlo porque es mantenimiento vial por el que cobran impuestos, pero lo cobran y le dicen a la compañía que tiene 25 años para explotar esa carretera, concesión que es prorrogable por un término de 50 años adicionales.

¿Usted incluso ha recurrido a la Sala IV por el desvío que hace el Gobierno de los fondos para infraestructura vial?

– Sí, como abogado yo me enteré que el marco jurídico no está siendo respetado. Veía el estado de las carreteras y que no había correspondencia entre los ingresos que por ley deben ir al CONAVI, sobre todo por el aumento del parque vehicular y aumento del precio de los combustibles que ha habido, ingreso que, repito, no guarda ninguna relación con el mal estado de las carreteras.
Entonces en el Gobierno del presidente Abel Pacheco presenté un recurso de amparo, que gané, contra los ministros de Hacienda y de Transportes, y la Contraloría General de la República (CGR), como ente encargado de la fiscalización de la Hacienda Pública. La Sala Constitucional condenó a los recurridos para que en adelante  no incurran en las omisiones que dieron lugar al recurso, y se giraran los tributos en la forma que exige la ley.
Para entonces ya había un antecedente de un fallo que exigió al Ministerio de Hacienda girar los fondos de vialidad que por ley corresponde a las municipalidades.

¿Qué pasó con la sentencia a su favor?

– Desde hace como un año está en la vía contencioso administrativa, que es donde se ejecuta el fallo de amparo. Ya hubo una resolución denegando la ejecución del fallo y apelé. He hablado con muchos abogados especialistas en derecho administrativo que me han dicho: No sabemos por dónde se va a salir el tribunal, pero no te van a dar la razón, aunque la tenés. Por Constitución y por acuerdos internacionales se debería condenar al Estado, pero no creemos que haya nadie con las agallas para hacerlo.

¿Entonces para qué recurso si no se ejecuta la sentencia?

– Eso es lo que yo le digo, para qué el recurso si a los gobernantes no les importa.

¿Acudirá a organismos internacionales de justicia si le deniegan la ejecución de la sentencia?

– Aparentemente no existe ninguna posibilidad de que en la vía contencioso administrativa en la ejecución del fallo de amparo vayan a condenar al Estado. Yo acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este es un daño a los intereses difusos de los costarricenses, un daño al equilibrio de poderes, al marco jurídico esencial de la democracia. Entonces vale la pena poner a prueba el sistema internacional para ver si tienen las agallas que no han tenido aquí adentro.
Mientras tanto he continuado pidiendo informes y tengo los datos las sumas entregadas por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) al Ministerio de Hacienda, por concepto de la recaudación de ambos impuestos, y solo me faltan los del CONAVI para ver cual es el faltante.
Estoy recogiendo firmas para presentar una denuncia por presunta malversación de fondos, por  la gestión que se les da a los recursos diferente a lo que indica la ley. La denuncia es contra el Ministro de Hacienda, la ministra de Transportes, la Contralora General, los diputados que han aprobado los presupuestos y el presidente de la República que dio el ejecútese.
Me parece que es justo que la misma gente que está sufriendo las consecuencias de esto se presente a reclamar.

¿Cómo la gente que debe pagar peaje en la carretera a Caldera?

– Ahí es donde se viene a manifestar esto que es la primera punta que saca el iceberg de la corrupción. ¿Por qué lo digo? Por que están haciendo una carretera planeada desde hace 40 años y están cobrando por hacer un mantenimiento en tramos de carretera ya hechos y el cual el Gobierno está obligado por ley a hacerlo. Lo que dice es: si con ésta nos va bien y el pueblo aguanta, entonces  vamos a concesionar,  y de hecho ya están concesionando la carretera  a San Ramón, y sigue la de Limón. Están tajadeando el país para darlo en concesiones a empresas extranjeras, confabuladas con empresas y testaferros nacionales.
La tesis que estamos sosteniendo es que no tienen derecho a cobrar en carreteras que ya están pagadas, y si ya han recibido ¢500.000 millones para hacerlas y además están pidiendo préstamos millonarios con ese fin, que tendremos que pagar los costarricenses.
Si no tuvieran financiación estaría bien, pero existen impuestos que son para eso.


 

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