El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y la Administración Universitaria tendrán un mes para negociar el porcentaje de anualidades que recibirán los funcionarios de la institución.
La decisión fue tomada por el Consejo Universitario tras las molestias e inquietudes desatadas por la propuesta de bajar las anualidades del 5,5% al 3% con el argumento de que las finanzas universitarias no tolerarían la carga que representan esos incrementos sistemáticos.
En setiembre del 2009 el Consejo incrementó las anualidades en un 2,5%. Seis años y en medio de preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de la universidad y señalamientos a la estructura salarial, se busca enmendar la situación.
Con ese fin tanto la Rectoría como algunos representantes ante el Consejo Universitario presentaron la semana anterior una moción para modificar la Convención Colectiva mediante una reducción de los pluses salariales.
A partir de ese momento comenzaron a alzarse voces en contra la propuesta, tanto desde los sectores obreros como estudiantiles como desde el propio Consejo.
El director del Consejo Universitario, Jorge Murillo, comentó que este órgano colegiado se encuentra dividido entre dos posturas: quienes apoyan la propuesta del rector de derogar el acuerdo y quienes rechazan que se toque el porcentaje de anualidades vigente.
De acuerdo con Murillo, la división del Consejo entorno a este tema se reflejó en varias mociones que pedían no agendar la discusión hasta tanto no se aclarara el panorama alrededor del FEES.
Murillo comentó que la discusión de la propuesta giraba alrededor de la potestad del Consejo para aprobar una modificación en la Convención Colectiva en 2009, por lo que en criterio de los defensores de la rebaja, el acuerdo que incrementó la anualidad debería ser derogado.
“La convención colectiva establece que va un 3%, pareciera que hay un error de procedimiento, se cambió sin la participación del Sindicato que reclama, con toda razón, su injerencia en la definición de cuestiones que tienen que ver con el salario”, comentó Murillo.
Sin embargo el director del Consejo aseguró que él como cabeza del Consejo prefiere mantener cierta neutralidad en su posición, pues en caso de empate su voto puede decidir la discusión.
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Rita Meoño, representante del área de Ciencias Sociales y una de las opositoras a la propuesta, indicó por su parte a UNIVERSIDAD que el plan carece de argumentos técnicos y económicos que justifiquen su implementación.
Meoño señaló que además de los salarios existen otras erogaciones en las que se invierte el presupuesto universitario. Entre los rubros a reducir citó como ejemplo los viajes al exterior por parte de los funcionarios que cada mes consumen varios miles de dólares.
En referencia a los salarios también mencionó que hay que dimensionar que si bien hay personas recibiendo sueldos millonarios, otro tanto gana salarios mucho más bajos. Según su percepción podría incluso aplicarse una reducción escalonada entre los salarios más altos sin llegar a afectar quienes tengan las remuneraciones más bajas.
La representante insiste en que además de un último informe actuarial en el que se basó la propuesta de rebaja existen otros análisis y documento contrarios a los escenarios planteado por ese informe que no solo lo contradicen sino que presentan otras perspectivas sobre la situación financiera.
Mencionó un primer informe actuarial del 2013 y un informe del Instituto de Investigaciones Sociales en el que se brindan perspectivas más optimistas que asegurarían la sostenibilidad económica de la Universidad de Costa Rica por lo menos hasta el año 2023.
Según ella no pueden hacerse proyecciones o planteamientos basados en una sola óptica sino que hay que ponderar puntos de vista.
Además de las críticas de fondo, Meoño mostró su incomodidad por el manejo que Henning Jensen ha dado la propuesta. Según ella la información no ha sido divulgada tal y como la Rectoría asegura.
Criticó además la celeridad con que se pretendió aprobar la moción y que la misma coincidiera con la suscripción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de cuyos fondos depende el 90% del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. En días anteriores la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) también había denunciado secretismo en la firma del FEES.
La representante no dejó pasar la oportunidad para externar su temor a que al estar determinando cambios en las condiciones laborales la Universidad podría verse expuesta posteriormente a demandas judiciales y otros reclamos.
Para ella, con la apertura de las negociaciones entre la parte administrativa y sindical el debate a lo interno del Consejo no se detiene sino que más bien se incentiva pues el tema cuenta con muchas vertientes que revisar.
El plazo otorgado para que administración y trabajadores alcancen un acuerdo se extiende hasta el 30 de setiembre. En caso de obtener resultados positivos el Consejo Universitario introducirá esa decisión en la Convención Colectiva. De no ser así, será el pleno del Consejo quien tendrá la última palabra.
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