Costa Rica se ha caracterizado por acogerse a una gran cantidad de acuerdos internacionales, sin embargo al analizar el cumplimiento de dichos compromisos el resultado no es halagador, pues los avances son pocos y los procesos lentos, concluye un estudio de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem).
Funpadem forma parte de una red de más de 900 organizaciones civiles del continente que dan seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de Québec (Canadá), en el 2001.
En esa ocasión Costa Rica adquirió cinco compromisos: garantizar el acceso a la justicia de forma equitativa para todos sus ciudadanos, fortalecer los gobiernos locales, garantizar la libertad de expresión, profundizar la participación de la sociedad civil en las decisiones nacionales y asegurar el acceso a la información pública.
Para comprobar el grado de cumplimiento el director del Área de Sociedad Civil de Fundapem, Ricardo Sol, realizó una evaluación que incluyó las opiniones de organizaciones sociales y no gubernamentales, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, y diputados, entre otras figuras.
ACCESO A LA JUSTICIA
«La lentitud de los procesos y la mala calidad de las resoluciones judiciales se ubican como los principales problemas para el acceso a una justicia pronta y cumplida», destaca Sol en su informe.
Otro factor que según el investigador influye es la deficiente calidad de la educación universitaria.
El crecimiento demográfico y la escasez de recursos para el Poder Judicial son elementos adicionales que no permiten un verdadero acceso a la justicia.
Sin embargo, el estudio no identificó trato diferenciado o discriminatorio hacia las personas pobres, excepto en el caso de los pueblos indígenas, donde «destaca la pérdida de soberanía y propiedad sobre sus tierras, y las serias dificultades para encontrar una solución a través del sistema judicial costarricense».
Por otra parte, es «fundamental asegurar mejores mecanismos y procesos para controlar la corrupción y fortalecer la ética en la función judicial», apunta el informe.
RÉGIMEN MUNICIPAL
A pesar de que la ley establece que las municipalidades deben recibir el 10% del presupuesto nacional para fortalecer su autonomía y desarrollo, la transferencia de recursos del gobierno central a los gobiernos locales en los últimos años ha rondado apenas el 2% del presupuesto del gobierno central, denuncia el documento.
En el área de gobiernos locales el paso más importante ha sido la elección abierta y popular de alcalde, cambio que dio más estabilidad y seguridad al cargo ejecutivo, pues antes de febrero de 2003, los alcaldes eran removidos a antojo de los regidores municipales.
Un punto débil de la gestión sigue siendo el tema de sus competencias respecto de las de las instituciones del gobierno central, pues se reporta falta de delimitación de responsabilidades en materia tributaria, financiera, en salud, educación, medio ambiente, caminos y carreteras, vivienda, riesgos y emergencias, deportes, asuntos de género y en participación ciudadana.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De forma general se considera que la Constitución y el Estado costarricense garantizan la libertad de expresión. Sin embargo, tal como se debate actualmente, algunas leyes que tutelan el ejercicio de la libertad de expresión son restrictivas,
particularmente en el Código Penal.
Hasta 2002 estuvo vigente la ley sobre el desacato, que ya fue derogada, pero persisten deficiencias en la legislación relativa a injurias y calumnias y la de los delitos contra el honor.
Clara muestra de ello, subraya el informe, es que «en los tribunales se ventilan muchos casos sobre periodistas acusados de difamación, injurias y calumnias».
«Los periodistas se quejan de ser acosados con llevarlos a los tribunales, por supuesta difamación y calumnia; así mismo, se sienten desprotegidos ante los empleadores o dueños de los medios», agrega.
Además se reconoce la existencia «censura previa» en la publicidad y recientemente se debate el caso de la revista Chavespectáculos, clausurada por no someterse a la censura previa.
Por estas razones se tramitan en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley sobre el asunto, una propuesta por el Colegio de Periodista y otra por los directores de medios de comunicación.
Otros antecedentes que dejan mucho que desear en este campo son la impunidad de los culpables el caso del atentado de La Penca, así como el asesinato de Parmenio Medina y de Ivania Mora.
«La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) en el desarrollo político, económico y social del país es aún incipiente,» pues cuentan con poca influencia en las distintas esferas del poder del Estado, especialmente en el Poder Ejecutivo, que aparece como la instancia más cerrada a la participación ciudadana, destaca Sol.
La excepción se da en las zonas rurales y en ámbitos comunales, donde las OSC demuestran más peso.
«La legislación y programas que tienden a fortalecer la participación de las OSC son escasos, débiles y limitados. Las leyes que existen en este ámbito, evidencian incumplimiento, particularmente en lo que se refiere a la normativa de financiamiento», se afirma.
Por otro lado, uno de los elementos negativos en el acceso a la información es que entre la ciudadanía no hay una cultura en este campo sobre todo en lo relativo a participación y uso de los recursos electrónicos.
Por lo anterior, los mecanismos dispersos con que cuentan las instancias públicas para facilitar el acceso y la participación, son aún subutilizadas por las personas, especialmente los medios electrónicos de gestiones.
No obstante, los organismos gubernamentales, especialmente ministerios, han puesto en marcha dispositivos para la información electrónica, como portales y páginas web para el público; pero esta práctica es aún incipiente en las municipalidades.
El panorama no es positivo al evaluar los escasos avances de nuestro país en el cumplimiento de los compromisos que adquirió en Québec hace tres años, y este no es el único caso; en las últimas cumbres centroamericanas los presidentes han prometido y firmado, por ejemplo, una unión aduanera que todavía está muy lejana.
Hay una evidente brecha por resolver entre lo que se promete y firma, para que realmente se traduzca en transformaciones a lo interno.
