Denuncian a APM Terminals por “minería ilegal” en la construcción de megapuerto en Limón

Directora de Geología y Minas dice que no tomarán ninguna acción por la denuncia y alega que su competencia se restringe al suelo continental.

Abogado Álvaro Sagot considera que Geología y Minas evade responsabilidad y considera que inacción de funcionarios podría desembocar en proceso penal.

APM Terminals asegura que cuenta con todos los permisos aprobados debidamente desde 2014.

La empresa APM Terminals fue denunciada por «minería ilegal» ante la Dirección de Geología y Minas por utilizar -sin una concesión minera- la arena del suelo marino en la construcción de una isla artificial para la nueva terminal de contenedores frente a las costas de Moín.

La denuncia fue presentada el 6 de octubre pasado por el geólogo y especialista en sedimentología, Allan Astorga, junto al abogado experto en temas ambientales, Álvaro Sagot, quienes a la fecha de esta publicación no habían recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades de Geología y Minas.

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Astorga y Sagot argumentan que la concesionaria del megapuerto está dragando material del sector noroeste de la bahía de Moín, para depositarlo como relleno en el sitio donde se deberá levantar el patio de contenedores de la terminal.

Afirman que APM debería contar con concesiones mineras para tomar el material del fondo marino y depositarlo en el sitio de construcción; acción que en su criterio es “minería” pues no se trata del aprovechamiento de un material de desecho del dragado que deben realizar, sino de un aprovechamiento y traslado de la arena de un lugar aparte de la zona en construcción.

La empresa APM Terminals respondió a las consultas de UNIVERSIDAD señalando que desde 2014 cuenta con «los permisos correspondientes otorgados por la autoridad competente para la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín y todas las actividades que esta conlleva”.

“El estudio de impacto ambiental debidamente aprobado en diciembre de 2014 por SETENA, autoridad competente; avala el dragado y construcción que se lleva a cabo en Moín. Estas obras avanzan conforme al cronograma igualmente aprobado por SETENA”, añade la contestación remitida por medio del encargado de prensa, Freddy Serrano.

Por su parte, la directora de Geología y Minas, Ileana Boschini, respondió que la entidad que ella dirige no tiene la facultad de otorgar concesiones mineras en las playas o el fondo marino y descartó que APM Terminals tenga algún tipo de concesión minera aprobada.

¿Es minería?

En un documento técnico que Astorga elaboró para sustentar la denuncia, asegura que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto se identificaron 11 “puntos de dragado” de donde saldría el material arenoso de relleno para la construcción de la obra.

“En todo caso, es importante tener claro que, según lo que establece el Código de Minería, cada uno de los 11 “puntos de extracción” minera propuestos, debió haber cumplido, individualmente, con una solicitud de concesión minera y una evaluación de impacto ambiental”, señala Astorga.

Sin embargo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) no requirió a APM Terminals ninguna información adicional sobre el impacto que tendrían estos “puntos de dragado” ni el impacto que tendría la actividad sobre ellos en el ambiente.

Según Astorga, la actividad de extracción en estos puntos constituye “minería”, pues el material extraído no es un “desecho” del dragado que tiene que hacer la empresa para obtener la profundidad adecuada para que puedan pasar los barcos, sino que es explotado de sitios que están apartados de la zona de construcción.

“Finalmente, es importante destacar que el hecho de que la extracción minera se realice en un fondo marino, no significa que por eso, no debería realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental conforme lo establece el Código de Minería de Costa Rica. Se debe recordar que más bien, el hecho de que se realice una explotación minera submarina podría producir una serie de cadenas de impacto ambiental negativos y significativos, más grandes e importantes que el equivalente de un proyecto minero de extracción de agregados en el continente o en ambiente subaérico”, añade Astorga en su informe.

Consultada sobre este punto, la empresa APM Terminals indicó que los 11 puntos identificados en un mapa aportado en el Estudio de Impacto Ambiental corresponden a sitios donde se realizaron pruebas de granulometría y otros necesarios para determinar el área de dragado, pese a que en ese mapa son denominados expresamente “puntos de dragado”.

“El  mapa de los 11 puntos no debe confundirse con el área de dragado, la cual  también consta en el estudio de impacto ambiental y fue debidamente aprobada por SETENA”, dice la respuesta de la empresa a UNIVERSIDAD.

Pero en el reporte técnico elaborado por Astorga tras una visita al sitio el pasado 5 de agosto, el geólogo reporta que la actividad del barco de draga se realiza no sobre los puntos indicados, sino sobre una “franja” ubicada al noroeste de la bahía.

“El día en que se realizó la observación se pudo verificar que el barco realizó dos recorridos completos para recoger el material. Esta labor, se tardó aproximadamente dos horas. Una vez completa la carga de material minero, el barco se desplaza hacia el sitio de disposición”, señala el informe entregado a la Dirección de Geología y Minas.

El sitio de disposición se encuentra ubicado hacia el este de los puntos de extracción, después del dique que la empresa ya construyó en la bahía de Moín, donde la arena servirá de relleno para el patio de contendores, una vez cercada con las piedras basálticas angulares de gran tamaño que deben ir dando forma a la isla artificial.

“La “piscina” la van a rellenar con material de préstamo, la mitad con el dragado. Una cosa es dragar que es sobrante (que se considera razonable que aprovechen lo que draguen) y otra es ir a un sitio y sacar el material para depositarlo en otro lugar”, insistió.

El geólogo estima que los de 2 millones de metros cúbicos que, según el Estudio de Impacto Ambiental, se extraerían como “material de préstamo”, tienen un valor comercial de unos $100 millones.

Pero para Astorga, lo más preocupante de esta actividad es el impacto ambiental que genera por la sedimentación que provoca y que no fue debidamente evaluado.

“El proyecto está en construcción, lo mínimo que puede hacer el gobierno es poner un sistema de control ambiental que garantice a todos los ciudadanos mejores medidas ambientales, no que haya un regente una vez al mes”, advirtió.

En la denuncia presentada hace más de un mes, Astorga y Sagot solicitan como medida cautelar “la suspensión inmediata de las labores de extracción minera frente a las costas de Moín, hasta tanto se resuelva en todos sus alcances la presente denuncia”.

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