Manifestantes tapizaron las paredes de la Asamblea Legislativa con pintas contra los recortes presupuestarios, en una de las protestas. (Foto: Katya Alvarado)
Más de dos meses de discusión del presupuesto del Gobierno Central en la Asamblea Legislativa ahondaron las divisiones en la bancada oficialista, y dejaron ver las corruptelas del viejo bipartidismo que se niegan a morir en la era del cambio que dice representar el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís desde el pasado 1 de mayo.
Una sucesión de escaramuzas políticas se vio desde que el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de presupuesto 2015 el pasado 1 de setiembre, hasta que el proyecto fue votado negativamente en el Plenario el pasado lunes 24, cuando una polémica resolución del presidente legislativo, Henry Mora, lo declaró aprobado en su trámite de primer debate, luego de haber agotado los recursos la oposición para rechazar el acuerdo.
La tesis defendida por Mora para sustentar la resolución es que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo es el que debe quedar aprobado, porque el artículo 178 de la Constitución Política no establece el escenario del rechazo del presupuesto, y por lo tanto los diputados no tienen opción alguna de dejar al Gobierno si un plan de gastos.
El trámite fue avalado por la mayoría de diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), los del Frente Amplio (FA) y algunos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), pero provocó reclamos de Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC) y Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), quien dijo que acudirán a reclamar ante la Sala Constitucional (IV), debido a que Mora violentó el trámite legislativo.
La aprobación del principal proyecto de ley de la República, como es el presupuesto, era una prueba de fuego para el gobierno del PAC, que carga con la debilidad de haber obtenido en las elecciones una reducida representación parlamentaria, que además está dividida, lo que lo obliga a negociar apoyos con las otras fuerzas políticas para sus proyectos.
El plan de gastos presentado por el Ejecutivo por ¢7,6 billones, 19% mayor que el del presente año, concitó de entrada el rechazo del PLN, el ML y otros opositores, que hicieron causa común con los diputados del PAC, Epsy Campbell y Ottón Solís, presidente de la comisión de Asuntos Hacendarios, donde se dictaminó el proyecto.
La postura del frente opositor es que el proyecto incluía un aumento inaceptable del gasto, que fomentaría el derroche de recursos públicos en viajes, consultorías, alquileres, propaganda y otros gastos superfluos, agravando el déficit fiscal de 6,5% del producto interno bruto y efectos en la economía dañinos para el país, sobre todo para la ciudadanía de menores recursos.
Con esa posición impulsaron una serie de recortes, que fueron considerados por diputados del PAC y del FA como un intento de maniatar al Gobierno, dejándolo sin recursos para poder gobernar, además de que afectaban mayormente programas sociales para la población más necesitada.
Jerarcas de ministerios y de otras entidades reclamaron por los recortes, alegando que los dejaban sin recursos para cumplir con tareas esenciales, e incluso sectores que se sentían perjudicados marcharon frente a la Asamblea Legislativa para protestar.
De la comisión salió un informe de mayoría que pedía un recorte de ¢297.000 millones, otro de minoría del FA que proponía una reducción de ¢129.000 millones y otro del PAC que recortaba ¢61.000 millones.
Los opositores estaban confiados en tener los votos suficientes para aprobar en el Plenario el dictamen de mayoría, pero la sorpresa se dio el pasado jueves 20, cuando el presidente legislativo puso a votación los informes y los tres fueron rechazados, lo que abría la puerta a que quedara en pie el presupuesto original del Ejecutivo.
Esto se dio luego de negociaciones que mantuvieron el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el viceministro, Daniel Soley, con diputados en el Congreso, y lograron darle vuelta a la situación. El presidente Solís también dijo que había hecho llamadas a diputados, para hablarles sobre la importancia de aprobar el presupuesto.
A la hora de la votación, varios diputados habían cambiado de opinión, y no apoyaron el dictamen de la comisión; otros se ausentaron en el momento de la votación, como Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; y otros estaban fuera del país, como fue el caso de Antonio Álvarez, del PLN.
¿Qué negociaron con el Gobierno? es algo que no ha trascendido, y el futuro lo dirá. Otto Guevara aseguró que es falso que recibieran algo a cambio.
“CHANTAJE”
Con la discusión del proyecto ordinario coincidió el trámite de un presupuesto extraordinario por ¢21.000 millones, que el Gobierno necesita aprobar para pagar pensiones del Magisterio y otros gastos que debe atender este fin de año.
La coyuntura fue aprovechada por la bancada del PLN, para denunciar supuestas persecuciones en instituciones públicas contra funcionarios de militancia liberacionista, y condicionaron sus votos para los presupuestos, a que el Gobierno detuviera investigaciones iniciadas en instituciones públicas contra los funcionarios.
Circuló copia de una carta de Juan Luis Jiménez Succar, jefe de fracción liberacionista, en la que le solicitaba al Ministro de la Presidencia cesar los procesos administrativos iniciados contra varios ingenieros y otros funcionarios de nivel medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por supuestos hechos de corrupción, algunos iniciados incluso en la administración anterior.
El Gobierno negó que hubiera persecución política, pero accedió a integrar una comisión con representantes de la Presidencia y del PLN para investigar las denuncias, tras lo cual los liberacionistas anunciaron su disposición de votar favorablemente los presupuestos.
Jorge Arguedas (FA), Franklin Corella (PAC) y otros diputados protestaron en el Plenario por el “chantaje” del PLN al Gobierno. “No debemos permitir que se use la representación popular en beneficio de unos cuantos partidarios afines, y en perjuicio de los intereses de las mayorías y del país”, reclamó el jefe de fracción del FA, Gerardo Vargas.
Tras una avalancha de críticas en redes sociales, el diputado Rolando González sostuvo que la carta había sido enviada por error. En la Asamblea Legislativa se tramitan gran cantidad de documentos de toda índole y es posible que a la hora de elaborar el cuadro que acompañaba la carta con los nombres de los funcionarios investigados, se trascribiera un cuadro que no era parte de la carta, adujo.
Para el diputado Corella, “es risible” que Rolando González ahora diga que por error se pudo meter parte de un oficio que no correspondía. “Es claro que el jefe de fracción del PLN mandó una nota al Ministro de la Presidencia con copia al MAG, donde claramente le dice que se suspendan procesos administrativos seguidos en contra de cinco o seis funcionarios”, aseveró.
Investigaciones en pie
Daniel Soley, viceministro de la Presidencia. (Foto: archivo)
El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, negó que la integración de una comisión que revise las denuncias de persecución en las instituciones públicas signifique que se van a detener las investigaciones administrativas iniciadas contra las personas involucradas.
“Ante las aseveraciones sobre una supuesta persecución, lo que indicamos es que si existían las pruebas y la anuencia de esas personas de llegar a solicitar que se investigara eso, pues con muchísimo gusto.
Lo que no puede hacer el Gobierno, ni lo va a hacer en ningún caso, es detener el procedimiento u órgano instaurado legalmente, o detener algún tipo de acción que provenga de recomendaciones de auditoría u otros órganos, como en este caso del MAG”, puntualizó.
