EL Gobierno busca “blindarse” legalmente para pagarle a OAS los $28,4 millones que le permitan rescindir el contrato de la carretera San José-San Ramón. (Foto: Katya Alvarado)
Así lo afirmó a UNIVERSIDAD el ministro de Planificación, e integrante del Consejo Nacional de Concesiones, Roberto Gallardo, quien el 11 de marzo aún estaba en busca de los mecanismos necesarios para facilitar y fundamentar el desembolso de $28,4 millones a la empresa brasileña.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y OAS el año anterior en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, establece que la empresa debe recibir un total de $34,9 millones, a más tardar el 15 de marzo, para dar por finalizado el contrato de mutuo acuerdo.
Gallardo aseguró que están analizando alternativas legales para utilizar fondos que inicialmente se habían transferido a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para la liquidación de todos sus empleados, como parte del proceso de “modernización” de los puertos del Caribe.
El mes anterior, la Contraloría General de la República (CGR) frenó el intento de trasladar estos recursos al Consejo Nacional de Concesiones por considerar que el movimiento podría ser violatorio de la constitución y de autonomía de Japdeva.
“Tenemos que determinar la forma en que vamos a utilizar los recursos que ya los legisladores habían aprobado para esto, que son los asignados a Japdeva, porque en realidad no es que no tengamos los recursos, lo que no tenemos es acceso a ellos en estos momentos”, explicó el ministro.
“Necesitamos subsanar el procedimiento de traslado de recursos que se había hecho con la Contraloría, para cumplir con lo que la Contraloría nos había dicho en este punto”, añadió Gallardo.
El jerarca ve entre las opciones el hecho de solicitar a Japdeva un acuerdo de Junta Directiva en que se aclare que el objetivo perseguido con el traslado de esos recursos ya no se va a cumplir, pues no habrá liquidación de los empleados portuarios.
También valora solicitar la aprobación de un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa, pero los pocos días que quedan antes de la fecha límite, serían el principal obstáculo para recurrir a esta vía.
“La Contraloría no está diciendo que no podemos usar estos recursos, sino que la forma en que se trasladaron los recursos de Japdeva a la Caja Única del Estado como paso previo para su traslado al Consejo Nacional de Concesiones era incorrecta. Pero eso es subsanable y eso vamos a trabajarlo”, afirmó.
“ESTÁ CORROBORADO”
En la edición del 26 de febrero anterior, UNIVERSIDAD planteó dudas sobre la forma en que se había calculado el monto de $8,6 millones por concepto de expropiaciones dentro del pago que pretende realizarse a OAS.
La falta de acceso a los informes que fundamentan esa cifra, la destrucción de los documentos de negociación en Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, y el hecho de que varias de las propiedades aún están registradas en manos de las empresas privadas y sujetos expropiados, generan serias dudas sobre si estos procesos se completaron efectivamente con dineros de la concesionaria.
Consultado sobre estas dudas, Gallardo insistió en que la cifra de los $8,6 millones ya estaba corroborada y “es una cifra construida a partir del análisis de los documentos y de la actualización de lo que efectivamente se pagó a cada uno de los propietarios”.
Gallardo reconoce de esta manera que no se hizo ninguna otra revisión de la cifra tras los reportajes de este Semanario, e insiste en que la cifra está debidamente respaldada.
“Lo que pasa es que no tenemos los archivos en Concesiones, pero es una cifra que fue avalada por la supervisora del proyecto, la gerencia del proyecto, y además utilizando como base los estados financieros auditados por una firma de prestigio internacional”, respondió.
El ministro añadió que el monto a pagar por concepto de expropiaciones se determinó desde que se valoró terminar el contrato “cuando parecía que no iba a haber manera de construir la carretera” y se podía presentar un conflicto con Autopistas del Valle, empresa que luego cedió el contrato a la brasileña OAS.
