La Defensoría de los Habitantes funcionará a medias, mientras se nombra nuevo jerarca. (Foto: archivo)

La renuncia de Ofelia Taitelbaum, presionada por un escándalo de presunta defraudación fiscal y suplantación de identidad, no solo supone un golpe a la imagen de la Defensoría de los Habitantes, sino que la dejó en virtual parálisis para resolver denuncias por violación de derechos ciudadanos, hasta que la Asamblea Legislativa nombre a la nueva cabeza, lo que puede tardar varios meses.

La Defensoría, creada hace 21 años para abogar por los derechos de los costarricenses ante las instituciones públicas, quedó acéfala el pasado lunes 7 de julio, con la renuncia de Taitelbaum como máxima jerarca, quien hace poco más de dos meses fue reelegida en el cargo por el Poder Legislativo.

Su salida ocurre en momentos en que el puesto de defensor adjunto está también vacante, pues los diputados no han nombrado al sustituto del anterior titular, Luis Gerardo Fallas, quien terminó su periodo en abril pasado.

Como consecuencia, la Defensoría recibe las denuncias que presenten los pobladores, pero no podrá emitir opinión, recomendaciones ni resoluciones finales, puesto que esto es competencia exclusiva del jerarca, explicó el encargado de prensa Ahmed Tabash.

Mientras no se nombre nuevo titular, no se podrá aprobar pagos, autorizaciones o nombramientos administrativos. No obstante, el pago de salarios de los funcionarios no se verá afectado, porque el giro lo hace el Ministerio de Hacienda.

El tiempo para hacer el nombramiento del nuevo defensor o defensora dependerá de los legisladores, que son los encargados de hacer la escogencia.

Ottón Solís, presidente de la comisión legislativa de nombramientos, dijo confiar en que no se tarde más de dos meses en la decisión, para que la Defensoría no esté acéfala por mucho tiempo (ver recuadro).

La mañana del pasado lunes 7 de julio −en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora−, la Defensora presentó su renuncia “inmediata e irrevocable”. Esto, cuatro días después de que el telenoticiario de Canal 9 y luego el diario La Nación revelaron que el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía investigaban sociedades, en las cuales Taitelbaum es socia, por posibles delitos tributarios, falsificación de firmas y uso de documento falso. También investiga el Ministerio de Hacienda si las sociedades evadieron pago de impuestos.

La pesquisa se originó en una denuncia de María de los Ángeles Otárola, una costurera de San Carlos que no puede trabajar por enfermedad, quien dio a conocer que sociedades relacionadas con la Defensora usaron su nombre para presentar declaraciones tributarias falsas y ahora la Caja Costarricense de Seguro Social le cobra supuestas deudas para poder asegurarla.

Según la denuncia, tres sociedades, en las que Taitelbaum ocupa puestos directivos, declararon durante cinco años pagos a Otárola por servicios profesionales, por un monto cercano a los ¢33 millones, que se dedujeron en las declaraciones del impuesto a la renta, y que la denunciante alega no haber recibido nunca.

Taitelbaum −quien se tituló de bióloga en la Universidad de Costa Rica y cursó administración de empresas en el Incae− negó tener conocimiento de investigaciones relacionadas con sus sociedades, pero según La Nación −mientras los periodistas la entrevistaban− Otárola recibió una llamada de la contadora de Taitelbaum y de la propia Defensora, a la cual escucharon, pues Otárola activó el altavoz del teléfono.

En la grabación publicada, Taitelbaum le promete a Otárola hacerse cargo de la deuda en la Caja, asegurarla como trabajadora independiente y conseguirle una pensión por incapacidad, a cambio de la ayudara y dijera que desde hacía más de un año no recibía ningún pago, y que había cometido un error al no desinscribirse de Tributación.

En su carta de renuncia, la exdefensora dice que “se ha formulado un cuestionamiento relacionado con empresas de las cuales soy socia. Por respeto a la Defensoría de los Habitantes, Institución de mis amores, por respeto a los y las habitantes, a mi familia y a mí misma y para evitar que un asunto ajeno a la institución afecte la imagen y credibilidad de la Defensoría, he tomado esta difícil decisión”.

Tras leer la carta en el plenario legislativo y de que este aprobara una moción declarando desierto el cargo de Defensor −según el procedimiento de ley−, el presidente de la Asamblea Legislativa ordenó a la Comisión de Nombramientos iniciar el proceso de selección del nuevo jerarca.

En cuanto a la elección del defensor adjunto −que los diputados tenían pendiente de nombrar con base en una terna presentada por Taitelbaum−, legisladores de diversas bancadas coincidieron que la propuesta perdió vigencia y habrá que esperar a que se nombre otro Defensor, para iniciar un nuevo proceso de selección del adjunto.

ANTECEDENTES

La de Taitelbaum es la primera renuncia del jerarca en la Defensoría desde que esta fue creada en 1992, pero no es la primera vez que la institución queda acéfala.

En el 2009 la defensora de entonces, Lisbeth Quesada, concluyó su gestión, y el puesto quedó vacante cuatro meses sin que el Legislativo decidera. Finalmente fue nombrada Taitelbaum, en ese entonces diputada del Partido Liberación Nacional, en una escogencia polémica, porque diversos sectores le reprochaban la cercanía de la funcionaria con el presidente Óscar Arias.

Durante su gestión, la Defensora impulsó reformas en  derechos humanos, como la fertilización in vitro y el reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo, y sus firmes posiciones a favor de sectores desfavorecidos de la sociedad la reivindicaron ante los ojos de muchos de sus antiguos detractores. En abril pasado, la funcionaria fue reelegida por un nuevo periodo de cuatro años, con votos del Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario.

Rápido pero despacio

Ottón Solís, diputado que preside la Comisión de Nombramientos, solicitó el pasado lunes 7 a la Secretaría iniciar de inmediato el proceso de selección del nuevo defensor.

“Voy  a convocar a muchas sesiones extraordinarias, para poder procesar toda la información en un periodo corto, que nos permita cumplirle al Plenario y enviar una recomendación (de nombramiento) aceleradamente”, dijo Solís, quien añadió que espera que el proceso no dure más de dos meses.

El proceso se iniciaría esta semana con la publicación por parte de la Asamblea Legislativa en medios de comunicación y en la página del órgano legislativo, de la convocatoria para elegir nuevo Defensor. Luego se darán 15 días naturales, para que los aspirantes presenten los requisitos y a partir de ahí se inicia el proceso de selección, detalló el diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana.

De acuerdo con Solís, en la Comisión de Nombramientos harán una revisión exhaustiva de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del pago de impuestos y de cargas sociales, la experiencia y la formación profesional de los aspirantes, y abrirán espacio para que si la ciudadanía conoce algo de los aspirantes, “nos lo informen y nosotros sabremos valorarlo”.

Rafael Ruiz,  jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana, coincidió en que el defensor que se elija debe tener un perfil de capacidad profesional, ética, trasparencia y conocimiento del país, y que responda al interés común, antes que a un partido político.

Funcionaria polémica

•1986–1990. Ofelia Taitelbaum se desempeña como viceministra de Vivienda en la primera administración de Óscar Arias.

•1994-2001. Directora y luego vicepresidenta del Banco Hipotecario de la Vivienda y simultáneamente gerente de la Mutual de Ahorro y Préstamo de Heredia (objeto de cuestionamientos por mala administración, que llevaron al cierre de la entidad).

•2006-2009. Diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), apoyó el controversial Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

•2009. Polémico nombramiento como Defensora de los Habitantes, por su cercanía con Óscar Arias y el PLN.

• Diciembre del 2013. Reelegida defensora con votos del PLN, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario.

•7 de julio 2014. Renuncia al cargo de defensora, al ser investigada por un caso de supuesta defraudación fiscal y suplantación de identidad en contra de una ciudadana.