Servicio Exterior: ¿Un vicio para los políticos?

El canciller Roberto Tovar Faja ha sido conminado por diputados, Defensoría de los Habitantes y Sala Constitucional, para que proceda a profesionalizar el servicio

El canciller Roberto Tovar Faja ha sido conminado por diputados, Defensoría de los Habitantes y Sala Constitucional, para que proceda a profesionalizar el servicio exterior.

«No se consigna título académico afín al cargo ni requisitos alternativos, como los ya indicados. No acredita dominio del idioma del país en que se encuentra nombrada (inglés), de conformidad con el artículo 18 del Reglamento al Estatuto. No certifica realización y aprobación del curso obligatorio que señala el artículo 22 del Reglamento al Estatuto para funcionarios consulares».

Estos son los señalamientos hechos por la Defensoría de los Habitantes, al evaluar el expediente de una de las personas que forman parte del cuerpo diplomático costarricense, el cual históricamente ha servido como un «botín político» para las autoridades de turno.

¿Y cómo es que una persona con estas «calidades» forma parte del servicio exterior?, se preguntarán muchos. La respuesta es muy sencilla: es pariente de un alto funcionario del gobierno…y este caso no es el único.

Datos de la Asociación de Diplomáticos y Afines de Costa Rica (ASODIPLOMÁTICOS) revelan que familiares de algunos ministros laboran en el cuerpo diplomático.

Los nombramientos por parentesco o para saldar favores políticos, ocurren a pesar de que el Presidente de la República Abel Pacheco al asumir el poder, el 8 de mayo del 2002 firmó un decreto tendiente a prestar servicios con base en principios éticos y a evitar que se nombrara personal con parentesco o afinidad con sus jerarcas de confianza.

Esto no pasó de ser una simple promesa y ante el manejo clientelista con que tradicionalmente ha operado el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría de los Habitantes lanzó fuertes críticas en el informe anual de labores que presentó esta semana a la Asamblea Legislativa.

Cabe recordar que la Defensoría es una de las entidades que se ha preocupado desde 1995 por la profesionalización del personal que integra el servicio exterior.

El contenido general de dicho documento fue cuestionado por el mandatario Abel Pacheco, quien restó validez al estudio suscrito por el jerarca de ese ente, José Manuel Echandi.

El informe reprocha que los puestos de trabajo en la Cancillería se convierten en un botín político que se reparte sin tomar en cuenta los criterios de idoneidad.

Para la Defensoría «resulta a todas luces injustificable que al día de hoy se perpetúe una situación de evidente violación estatutaria, aún cuando se informe en la prensa que a partir del mes de junio se convocarán nuevos concursos de oposición y que todos los funcionarios en comisión serán cesados a partir del próximo año».

Esto último se refiere a algunas medidas correctivas que recientemente tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores, obligado por la labor fiscalizadora de la Defensoría de los Habitantes, y por algunas investigaciones que realizan los diputados José Miguel Corrales, Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo.

Los mencionados legisladores indagan las calidades profesionales de miembros de la «Comisión Calificadora del Servicio Exterior», encargada de recomendar a quienes formarán parte del cuerpo diplomático.

De igual manera, han pedido cuentas sobre el manejo de $4.8 millones (más de ¢2.000 millones) que ha hecho la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior, cuya directiva está integrada por funcionarios de la Cancillería y funciona como un ente privado.

Esos fondos, a pesar de que fueron donados por el gobierno de la República China en Taiwán para promover el turismo y el comercio, son usados por la referida Asociación para financiar de manera paralela salarios de empleados de este ministerio y sobresueldos hasta por ¢600.000.

Los parlamentarios no descartan que incluso los recursos taiwaneses hayan sido aprovechados para financiar la campaña electoral de Abel Pacheco y la candidatura del expresidente Miguel Angel Rodríguez a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este Semanario trató de entrevistar al canciller Roberto Tovar Faja la semana pasada, pero su encargado de prensa dijo que estaba ocupado en los preparativos de un viaje a Guatemala y que no regresaría al país sino hasta el 1 de julio.

Tampoco han atendido consultas personales y por escrito de este Semanario, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior -Bolívar Salas Castillo- ni el coordinador de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior -José Joaquín Chaverri-.

La renuencia a brindar información también la han enfrentado los diputados

Corrales, Carazo y Malavassi, quienes en una carta del 24 de junio pasado le recuerdan al canciller Tovar Faja los anteriores requerimientos que le hicieron «como funcionario público obligado a rendir cuentas».

DEFENSORÍA VIGILA

Si bien la Defensoría de los Habitantes ha vigilado desde 1995 los nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el último año dio un seguimiento especial al cumplimiento de la resolución 11253 del 1 de octubre del 2003 de la Sala Constitucional (Sala IV).

Este fallo obedeció a un recurso de amparo interpuesto por Rodolfo Jiménez Morales y Francisco Bolaños González contra el canciller Tovar Faja, para que se les nombrara como funcionarios de carrera diplomática.

El voto de la Sala IV también dispuso que la Cancillería debería revocar en un plazo de 15 días todos los nombramientos hechos sin justificación a través de la comisión (nombramientos «a dedo» los llama el diputado Rodrigo Alberto Carazo) y que este ministerio los justifica como «de conveniencia nacional».

«Al abusar del mecanismo de excepción para ocupar la casi totalidad de plazas disponibles al inicio de la Administración, el Poder Ejecutivo incumplió abiertamente el mandato consagrado en el artículo 192 de la Constitución Política, en cuanto a la idoneidad que deben comprobar los servidores públicos al momento de su designación», argumenta la Defensoría en su informe.

Aunque la Cancillería informó que despidió a 19 funcionarios para acatar la resolución de la Sala Constitución, «el hecho de que la casi totalidad de cesados corresponda a servidores nombrados en Administraciones anteriores, permite corroborar el compromiso político electoral del titular de Relaciones Exteriores con aquellos a quienes él designó en comisión, como bien lo ha reconocido», fustigó el órgano defensor.

Como dato curioso, el único funcionario nombrado en la actual administración e incorporado a la lista de los cesados es Ernesto Jiménez Morales, cónsul general en Rusia y hermano de Rodolfo, quien ganó el recurso de amparo contra Tovar Faja.

Por otro lado, cabe mencionar que el manejo clientelista de los nombramientos no es nuevo y así fue consignado por la Defensoría desde su primer informe (1995).

«El haber fundamentado todos los nombramientos realizados a partir del 8 de mayo de 1994 en el artículo 48 del Estatuto del Servicio Exterior constituye, por sí mismo, un vicio grave en el procedimiento utilizado», señaló en ese entonces.

El informe señala que los nombramientos por ‘conveniencia nacional’ «constituyen excepciones a la norma general establecida en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo según la cual las funciones del Servicio Exterior serán ejercidas por funcionarios de carrera».

Sin embargo, es sabido que los criterios del Poder Ejecutivo son otros y quedaron evidenciados en declaraciones que dio Tovar Faja a una comisión legislativa que investigó al respecto: «Tampoco voy a ser hipócrita. Hay mucha gente que trabajó en la campaña y esa es otra lista de elegibles; ayudaron a llegar al Presidente, a los ministros, a los diputados y quieren que se les tome en cuenta».

Opiniones como la anterior difieren sustancialmente de las normas jurídicas emitidas por la Sala IV y de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, emitida en 1995, el cual indicó que  «no puede concluirse que la potestad de nombrar en Comisión sea discrecional. Como se indicó, se trata de nombramientos de excepción, por lo que sólo en los casos taxativamente previstos en la Ley y en los reglamentos pueden efectuarse. Si existiera ‘libertad’ para nombrar, ello significaría dejar sin efecto las normas legales que establecen, precisamente, que los funcionarios del Servicio Exterior serán funcionarios de carrera y que obligan a realizar el concurso…».

De este modo, sostiene la Defensoría, «la decisión del Ministerio de realizar la mayor parte de los nombramientos con fundamento en una norma excepcional y, particularmente invocando criterios de conveniencia nacional, resulta ser violatoria de las regulaciones establecidas por las normas legales y reglamentarias aplicables».

ACATAMIENTO OBLIGADO

En vista de que casi seis meses después del fallo de la Sala IV contra Tovar Faja aún la Cancillería no había procedido a revocar los nombramientos de los funcionarios nombrados por comisión, la Defensoría de los Habitantes pidió a finales de marzo pasado al órgano constitucional aplicar la Ley de Jurisdicción Constitucional, ante el incumplimiento de sus resoluciones.

«Solicito a ese Tribunal ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto proceder de inmediato a la revocatoria de los 53 funcionarios nombrados en comisión a partir del 8 de mayo de 2002, independientemente de que se hayan o no realizado los concursos de oposición para incorporar nuevos funcionarios de carrera en el Servicio Exterior», planteó la Defensoría.

En su descargo, el ministro Tovar Faja, se comprometió a que a más tardar en enero del 2005 quedarán cesadas todas las personas nombradas en comisión, pero por ahora las mantendrán en sus cargos, en razón de que hay «inopia de funcionarios de carrera o de elegibles».

El canciller también anunció en ese entonces que en agosto convocaría a un concurso de oposición para ingresar en periodo de prueba a la carrera diplomática. Esta convocatoria ya fue publicada el pasado 24 de junio y los exámenes comenzarán el 18 de agosto.

Estas acciones hacen preguntarse hasta qué punto la Cancillería se ha visto obligada a acatar lo dispuesto por la Sala Constitucional ante las investigaciones que realizan los diputados y lo publicado en los medios de comunicación en torno al manejo de las donaciones taiwanesas.

En este sentido, en un boletín de prensa de Relaciones Exteriores del pasado 23 de junio, el ministro Tovar Faja expresó que con la convocatoria al concurso de oposición «cumplimos con una aspiración nacional, de que todos los nombramientos sean de carrera, consolidando así la profesionalización y la excelencia en la diplomacia costarricense».

Esta profesionalización del servicio exterior ha sido la meta por la cual ha luchado desde hace muchos años la Defensoría de los Habitantes y de hacerse realidad como lo promete Tovar Faja, llenará de satisfacción a esta instancia fiscalizadora y al país, pues ya no habrá que preocuparse por los  nombramientos que favorecen a parientes ligados -por ejemplo- con ministros.

Este es el caso de las denuncias recientes expuestas por los legisladores Malavassi, Corrales y Carazo, referentes a indagaciones realizadas por miembros de la ASODIPLOMÁTICOS, en las cuales se mencionan el caso de Alejandra Chaverri Álvarez, quien ocupa el cargo de cónsul en Atlanta, Estados Unidos. Ella es la esposa de Alberto Dent Yeakel, hijo del ministro de Hacienda, Alberto Dent.

Otro caso es el de Ricardo Toledo Pacheco, agregado comercial en Nicaragua. Es el padre del ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo.

Ambos fueron nombrados en comisión, a pesar de que en ninguno de los casos se justificó el motivo de su nombramiento.

Los cargos diplomáticos son de un enorme atractivo para todos aquellos que mediante el tráfico de influencias logran ser nombrados, pues les permiten ingresos que oscilan entre $2.000 y $13.000 mensuales.

En su reciente informe anual, la  Defensoría de los Habitantes advirtió que «estará vigilante de que el servicio exterior de Costa Rica se profesionalice conforme a las normas que lo regulan, y cesen, finalmente, los abusos en los nombramiento en comisión».

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