Las pensiones del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte podrían ser modificadas para el 2016. (Foto: archivo)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó este mes que en el 2015 utilizará la cuarta parte de los intereses del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar las pensiones.
Resulta entonces que la crisis de sostenibilidad del régimen se manifiesta 13 años de lo que se esperaba en las proyecciones utilizadas por la institución.
En la Caja se empezó hablar de la necesidad de discutir una nueva reforma para resguardar la sostenibilidad del mayor fondo de pensiones del país, pero no se habla de sentar responsabilidades por las malas decisiones de los encargados de la administración, las cuales han afectado los recursos del régimen.
El régimen de IVM maneja un fondo de aproximadamente ¢1,7 billones, tiene 1,4 millones de afiliados y unos 217.000 pensionados. En los últimos diez años se ha dado una desaceleración de la afiliación de cotizantes, lo que ha golpeado los ingresos del sistema.
Según el presupuesto presentado por la CCSS a la Contraloría General de la República (CGR) en el 2015, el pago de pensiones aumentará más de un 20% respecto al año anterior, y se utilizaría ¢37.500 millones de los ¢150.000 millones que se espera obtener en intereses del fondo.
En el 2010 se había utilizado por primera vez intereses para el pago de las pensiones, pero la Caja afirmó que era una medida excepcional para atender una emergencia. Ahora el gerente de pensiones, Jaime Barrantes, en declaraciones al diario La Nación, dijo que el sistema financiero que sustenta al régimen incorpora, como parte de sus ingresos corrientes, los intereses producidos por la reserva creada para tales efectos.
Según una presentación de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que asesoraron la última reforma que se hizo a IVM en el 2005, el problema de la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones tiene tres momentos que son: cuando las contribuciones no alcanzan para pagar las pensiones, cuando los intereses no alcanzan, y cuando el fondo desaparece. En este caso la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo durarán los rendimientos del fondo antes de caer en la etapa fatal?
La confirmación sobre el uso de los intereses se produce diez años después de la última reforma aprobada por la directiva de la Caja, con la expectativa de asegurar la sostenibilidad financiera de IVM.
Mientras tanto, la crisis se manifiesta con 13 años de antelación al 2028, que en un estudio actuarial del 2010 la OIT señaló como el año en que el IVM podría entrar en problemas de sostenibilidad financiera, porque las cuotas por primera vez dejarían de alcanzar para cubrir los gastos totales del régimen. Dicho estudio ha sido utilizado por la Caja para contradecir los cálculos más pesimistas manejados por la Supén, respecto al real estado del fondo.
Las autoridades de la Caja esperan tener en abril los resultados de un estudio actuarial contratado por la institución y la Supén, al consultor argentino Eduardo Melinsky, los cuales actualmente son revisados por el departamento de Ciencias Actuariales de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). El propósito es evaluar los resultados de la reforma del IVM aprobada en el 2005 y diagnosticar el estado de salud del régimen, lo que daría pie para discutir una nueva modificación del sistema a más tardar en el 2016, según han admitido autoridades de la institución.
En el 2005 se aumentó la edad de retiro, el número de cuotas, y bajaron los beneficios. Además se aprobó un incremento quinquenal de 0,5% a la cuota global de 7,5% que pagan trabajadores, patronos y el Estado, hasta llegar a un tope de 10,5% en el año 2035.
El pasado 1 de enero entró a regir el nuevo ajuste quinquenal de 0,5% (pasó de 8% a 8,5%), lo que permitirá al IVM tener en el 2015 ingresos de ¢682.000 millones, 16% más que el año anterior; pero, el alivio es insuficiente, porque el pago de pensiones llegará a ¢830.000 millones, 20,4% más que en el 2014, según el presupuesto aprobado por la CGR.
RESPONSABILIDADES
No se debería hablar eventualmente de aumento de cuotas y rebajar beneficios, y echar la crisis sobre los hombros de los cotizantes, sin antes establecer responsabilidades por malas decisiones, omisiones o negligencias de los encargados de administrar el IVM en los diferentes periodos en perjuicio de las finanzas del seguro, reclaman distintos sectores.
En ese sentido han hecho llamados, entre otros, Rodrigo Arias López, exdirector actuarial de la CCSS; Daniel Muñoz, exdirector de investigaciones económicas de la Dirección Actuarial; o Roberto Mora, el llamado “cobrador de la Caja”, que persigue ad honórem a los patronos morosos con la institución.
Asimismo, ha habido informes que solicitan medidas correctivas por parte de la Defensoría de los Habitantes, la CGR y una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó las causas de la crisis de liquidez que tuvo el seguro de salud de la CCSS en el 2012.
La propia Auditoría Interna de la Caja elevó diversos informes con relación de hechos y recomendaciones a la presidencia ejecutiva, para iniciar procesos administrativos contra una serie funcionarios de la alta administración. Particularmente un informe del 2012 se refiere a la decisión de aumentar la cesantía a los empleados, a pesar de estudios que advertían de la insostenibilidad financiera de la medida, pero el caso fue archivado luego de una investigación preliminar, que dictamino que no había elementos para iniciar un proceso a los imputados.
Otro informe sobre un aumento de la remuneración que aprobó la junta directiva en el periodo 2006-2010 −pese a informes actuariales sobre el peligro de desequilibrio financiero−, tres años después está en trámites en el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la Caja, según se informó en esa oficina.
Fallas
Varios problemas en la administración de los recursos de IVM han salido a la luz pública a lo largo de los años. Un ejemplo fue la denuncia que hizo la Supén en el 2009, de que el Seguro de Salud (Enfermedad y Maternidad) de la CCSS le pagaba a IVM ¢39,5 millones por el alquiler de 28 pisos en dos edificios que ocupan las oficinas centrales entre avenidas segunda y cuarta en San José, mientras que la Operadora de Pensiones de la Caja pagaba ¢63,5 millones por un solo piso. Eso constituía un subsidio indebido del fondo de pensiones, que según la ley pertenece exclusivamente a los pensionados y cotizantes, y tiene la obligación de procurar los mayores rendimientos para sus inversiones.
Luego de una llamada de atención de la CGR el cobro se corrigió. Actualmente, el Seguro de Salud cancela a IVM ¢168,5 millones por ese alquiler, monto mensual que fue establecido desde mayo del 2012 con base en avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda, según informó la responsable de comunicación de la Gerencia de Pensiones, Olga Camacho.
Resulta entonces una diferencia en el cobro de ¢129 millones, que solo en un año representaría una pérdida de ¢1.548 millones si no se hubiera hecho el cambio.
Otro tema –que no ha sido investigado- es el aumento de un 10,24% a las pensiones que la Caja aprobó en el 2008, con base en estudios que fueron calificados de demasiado complacientes por el economista Pablo Sauma, el único directivo de la Caja que votó en contra del aumento.
Por otro lado, un estudio realizado por la empresa mexicana Nathal Actuarios y Consultores a solicitud de la Supén reveló en el 2009 que los actuarios de la CCSS incluyeron ingresos que no existen en los cálculos que evalúan la solidez del régimen del IVM.
En una evaluación presentada en agosto del 2007, los actuarios de la CCSS incluyeron en sus proyecciones un rubro de ingresos del 7,5%, que supuestamente provenían de las utilidades anuales de las empresas públicas, pero esos recursos no entraron porque el gobierno no implementó su cobro sino hasta en el año 2013. Según un cálculo matemático lo dejado de recaudar por ese concepto sumaría alrededor de ¢600.000 millones incluidos los intereses.
