Durante sus 60 años de existencia, el INVU ha dotado a más de 135.000 familias con soluciones de vivienda, la gran mayoría (102.000) como parte del VIS.
Si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) recibiera hoy el mismo el aporte estatal que tenía asignado cuando fue fundado hace seis décadas, el Estado debería aportarle un presupuesto que superaría los ¢230.000 millones.
Por un desgrane presupuestario que lleva años gestándose, el Instituto tiene cada vez más reducido su capacidad para enfrentar los encargos de hacer vivienda social y dictar políticas de urbanismo. En vez de eso, se ha convertido principalmente en el administrador del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), un fondo para ciudadanos de clase media con capacidad de ahorro.
Una década después de su fundación, en 1964, el INVU sufrió un cambio en su ley constitutiva que varió la cantidad de recursos que recibe de Hacienda. Inicialmente, el Estado debía entregarle por ley un 3% del presupuesto nacional (no debe confundirse con el Producto Interno Bruto), pero en ese año se transformó a «un mínimo de» ¢8 millones fijos.
Aún así, el INVU logró salir adelante gracias a su propio sistema de inversión de Viviendas de Interés Social (VIS), en el que la gente recibía créditos y pagaba en cuotas mensuales, con lo que el sistema podía reinvertir. Este sistema tuvo cúspide en 1984, cuando la entidad logró ejecutar 5667 soluciones de vivienda (lo que equivale a ¢35.400 millones en dinero constante del 2013) de programas de interés social, un récord que nunca llegó a igualar.
Para ponerlo en contexto, según datos de la Presidencia Ejecutiva del Instituto, en el 2013 el VIS ejecutó solo ¢2800 millones y tuvo uno de sus peores años en cantidad de viviendas.
«El número de estas viviendas (de interés social) −437 casas− logradas por el INVU en el último año del período de la presidenta Chinchilla, solo representó el 75% de lo logrado por el INVU (589 viviendas) durante su primer año completo como institución (1956, Figueres Ferrer)», apunta un análisis financiero externo encargado por la Presidencia Ejecutiva, del cual UNIVERSIDAD tiene copia.
Un año después del hito de 1984, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que creaba el Sistema Financiero de la Vivienda, donde entraban a escena el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Ministerio de Vivienda (Mivah). El proyecto fue aprobado en 1986.
A partir de ese momento, el sistema de viviendas de interés social del INVU se desplomó (ver gráfico) y entregó menos soluciones de vivienda de interés social. Esto tuvo el agravante de que estos fondos le permitían tener fondos para crear más proyectos y pagar su propia burocracia.
«En cada pago que se le hacía al INVU por una casa, estaba la amortización y los intereses. El INVU estaba supuesto a conservar ese principal y usarlo para otros proyectos, y los intereses los podía usar para el gasto o los reinvertía; pero, si una institución regala bonos, todo el mundo va a que se le regale uno. Entonces queda al garete ese sistema», explicó Alberto Gólcher, asesor externo financiero de la Presidencia del instituto.
Durante gran parte de sus últimas cinco décadas, gerentes, presidentes y legisladores han intentado subsanar el hueco en las finanzas del INVU. En los últimos 24 años se han presentado 16 proyectos a la Asamblea Legislativa para fortalecerlo (solo tres son ley), la institución ha tenido dos reestructuraciones y ha pasado de más de 1500 empleados en 1990 a 173, pero siguen las carencias.
PLATA DE AHORRANTES
Entretanto, creció el SAP, un sólido programa que actualmente suma ¢79.500 millones de fondos, cuya ley inhibe al INVU de utilizar sus fondos. De este modo, de ser un ejecutor de vivienda de interés social durante los primeros 30 años de su existencia, la administración del Sistema de Ahorro y Préstamo pasó a ser su principal actividad.
Durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) el INVU canalizó 15.999 soluciones de vivienda de interés social y solo 1199 mediante el SAP. A partir de ese año la relación empezó a invertirse y durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010) el SAP ejecutó 5300 soluciones de vivienda, contra 4400 de interés social. Desde entonces, el VIS no ha remontado.
Una de las propuestas que logró aprobarse fue la ley 8448, que permitió al INVU utilizar un excedente del 15% de los intereses generados por los fondos del SAP, para inyectar dinero al programa de vivienda social. Sin embargo, las bajas ventas de años recientes hacen escaso este aporte.
Durante décadas, la institución le cobró dinero al SAP por venta de servicios como alquiler de oficinas e instalaciones. Esto se detuvo en diciembre del 2013, cuando la Contraloría General de la República ordenó no «vender» servicios a su Sistema de Ahorro y Préstamo, una práctica que financió sus gastos operativos por décadas. Entre el 2010 y 2012 el SAP aportó ¢6000 millones al INVU por este concepto.
«El programa genera costos; para poder generar esos ingresos genera costos. ¿Quién asume? Si es el INVU, su actividad central va a ser deficitaria», explicó Luis Taylor, gerente general interino del ente.
La falta de dinero llevó a que, en el 2009, el entonces presidente del INVU, Agustín Mourelo, demandara al Estado alegando que el Instituto no había recibido el subsidio anual de al menos ¢8 millones del Gobierno durante décadas, que sumado y llevado a valor presente de ese año, contabilizaba entre varios rubros un total de ¢38.000 millones.
La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo y el presidente Óscar Arias lo despidió del puesto, utilizando este recurso por primera vez en su gestión.
En los últimos tres períodos, el Estado se ha visto obligado a hacer una transferencia extraordinaria a final de año, para que el INVU no termine en números rojos.
LA REFORMA
«En 1965 la Asamblea Legislativa, como consecuencia de la erupción del volcán Irazú, le eliminó el 3% del Presupuesto Nacional asignado para resolver el problema de vivienda en Costa Rica», sostiene el oficio J.D.0001-2005 remitido en 2005 por la junta directiva de la Institución al presidente Abel Pacheco.
Sin embargo, el expediente 2035 en el archivo de la Asamblea Legislativa no menciona al Irazú.
El 12 de setiembre de 1964, hace casi exactamente 50 años, ingresó un nuevo proyecto de ley a la corriente legislativa presentado por el Poder Ejecutivo y firmado por un joven ministro de Economía y Hacienda, quien luego sería diputado en dos ocasiones, jerarca del Banco Central y presidente del Partido Liberación Nacional, Bernal Jiménez Monge.
El proyecto planteaba la necesidad de, «tanto por conveniencia fiscal como por el desarrollo regular de los programas del Instituto, transformar la asignación estatal de tipo variable» que recibía entonces el INVU.
Como parte de ese proyecto se emitieron bonos por ¢25 millones, para pagarle al INVU la deuda que tenía el Estado con la institución −por concepto del 3% del presupuesto−, que sumaba ¢23 millones desde 1962. Según el dictamen de la comisión de Asuntos Hacendarios, esto era «una condición exigida por el Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacer efectivo a esa Institución el empréstito por $3,5 millones aprobado en fecha reciente».
Sin embargo, el asesor Gólcher y el texto de la demanda interpuesta por Mourelo en el 2009, señalan que los pagos se hicieron durante solo unos pocos años al inicio de su vida.
Desde su creación, la institución ha dotado a más de 135.000 familias con soluciones de vivienda, la gran mayoría (102.000) como parte del VIS.
