Informe de los 100 días: Denuncias del Gobierno satisfacen a sectores, pero estos le reclaman que muestre su ruta

El presidente Luis Guillermo Solís presentó una serie de denuncias de corrupción que encontró su administración durante los primeros 100 días de gobierno. (Foto:

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El presidente Luis Guillermo Solís presentó una serie de denuncias de corrupción que encontró su administración durante los primeros 100 días de gobierno. (Foto: David Bolaños).

Si algo se le debe reconocer al informe que ofreció el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre sus primeros 100 días al frente del Gobierno, es que tuvo de todo, para todos los gustos y también disgustos.

Denuncias, promesas, acciones, vacíos, evasivas, críticas e indirectas, fueron el menú que ofreció el mandatario desde el escenario del Teatro Popular Melico Salazar, convertido en estrado presidencial tras la negativa de varios partidos políticos, de escuchar al mandatario en la Asamblea Legislativa.

En estos primeros meses de gobierno, el presidente se refirió una y otra vez a la “finca encharralada” que recibió el 8 de mayo, como el matorral crecido en 30 años de bipartidismo, que tiene entrabado al Estado y al país.

La noche del 28 de agosto la expectativa estaba puesta en cuánta de esa corrupción −que todos suponemos que hay− podría retratarse en los 60 minutos que Solís dispuso para dar este “estado de situación” al país.

Para algunos, las denuncias del presidente fueron grandes sorpresas, otros las dieron por conocidas y algunos más prefirieron restarles mérito.

En ₡60.000 millones cifró el Presidente el costo de la corrupción que pudieron contabilizar en los últimos 15 años. La que no se ha podido constatar podría representar hasta un 7% del Producto Interno Bruto del país.

Luego el mandatario hizo de nuevo las preguntas que tantas veces nos hemos hecho como país: ¿Dónde están los mecanismos de control? ¿Qué hacen las auditorías internas? ¿Qué pasó con las leyes que debían detener el saqueo de las arcas estatales? ¿Por qué tarda tanto la Fiscalía en hacer sus investigaciones?

“Hemos sido gobernados con irresponsabilidad”, dijo Solís en tono de sentencia, para luego dar cuenta de casas de lujo a disposición de jerarcas, vehículos perdidos, horas extra que duplican los salarios y otros casos que muchos dieron por “conocidos”.

Planteó el compromiso de no repetir estas acciones, de combatirlas y la promesa de una plataforma de transparencia, que ponga a vista de todos las acciones y transacciones que se hacen con el dinero público.

Solís enlistó algunas de sus acciones en estos primeros meses −para unos pocas, para otros nada−, reconoció errores y luego se sometió a las preguntas de diversos sectores, que no siempre se mostraron complacidos con las respuestas.

El Presidente se fue del escenario, y las luces se quedaron para tomar las reacciones de todo tipo, que llenaban las butacas y los pasillos del teatro. La verdadera función estaba por iniciar.

¿DÓNDE ESTÁ LA RUTA?

El politólogo  Francisco Barahona consideró que el informe debe analizarse en tres etapas: las denuncias, el anuncio de políticas a futuro y la dinámica de preguntas y respuestas con los sectores.

“Una etapa con mucha energía, de denuncia, con lo cual compromete él y su gobierno a profundizar en ese campo y el tema no lo concluye, sino que apenas lo inicia. La segunda parte tiene que ver con elaboración de políticas de futuro, que me parece que todavía puede afinar más, puede concretar mucho más”, comentó Barahona.

“El tercer elemento me pareció especialmente agradable, que fue las preguntas y respuestas. Democratizó a los diferentes sectores, pues valía lo mismo una pregunta de un líder sindical que de una presidenta de los exportadores. Me pareció interesante eso en asociaciones y grupos acostumbradas a tener un camino directo al poder, sin necesidad de actos públicos”, añadió.

Sobre las denuncias, el analista considera que el Gobierno debe continuar la tarea y concretar lo dicho en acciones legales para sentar responsabilidades, aunque esta no debe ser la tarea principal del presidente.

Para Barahona, hizo falta que en el informe se hablara sobre sectores muy importantes,  como educación y cultura, y espera que las acciones concretas que pretende realizar el Gobierno queden debidamente plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“No creo que con tres meses podamos tener autoridad para criticarlo. Yo esperaría un año y el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí sí habrá parámetros para medir y criticar si se cumple o no”, aclaró.

Por su parte, el excandidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, destacó el acto de rendición de cuentas, y sobre todo, consideró las denuncias hechas por el Presidente como la parte más fuerte de su discurso, aunque luego empezó a perder fuerza.

“Fue muy general en algunos temas, le faltó concretar y aterrizar los cómos, las metas específicas para llevar a cabo su plan de gobierno. No se puede decir que no señaló rumbo en algunos temas, como el combate a la evasión fiscal, la infraestructura, el combate a la pobreza; pero, hay otras áreas que las pasó muy por encima y echamos de menos acciones específicas”, dijo Villalta.

El también excandidato presidencial, Rodolfo Piza, consideró que el Gobierno debe trasladar las denuncias presentadas a los órganos competentes, para que se sienten las responsabilidades.

“Sobre la agenda me parece que queda mucho pendiente, pero avalo y aplaudo la  decisión de llamar a los distintos sectores y partidos, para construir una agenda de cara al país y sacarlo adelante entre todos. Aquí lo importante es pasar de las palabras a los hechos”, apuntó Piza.

Al igual que sus excandidatos, tanto la jefa de fracción del Frente Amplio, Patricia Mora; como el líder de la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael Ortiz, aplaudieron las denuncias hechas por el Ejecutivo, pero reclamaron líneas más claras de acción para los próximos meses.

“Me parece que le ha faltado al informe mayor nivel de concreción, el exponerle a la ciudadanía propuestas más concretas; a pesar de que el Frente Amplio considera que no se le puede pedir ahorita obras, tres meses es poco”, dijo Mora.

“Creo que el informe nos ha pintado un paciente que está enfermo, que no se va a solucionar en 100 días, ni que hay formulas mágicas para resolverlo, su orientación a lo social lo comparto plenamente”, comentó Ortiz.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) también reclamó al presidente Solís la falta de una “ruta clara” para lo que resta de su gobierno, ya que afirman que hasta el momento no se han visto los proyectos provenientes de la Casa Presidencial en la Asamblea Legislativa.

“Estamos trabajando con los proyectos que quedaron del anterior gobierno; no tuvimos una sola indicación de una propuesta que haya surgido de esta administración. ¿Cómo podemos ayudarle a un Gobierno que no contesta nuestras cartas? ¿Cómo podemos ayudarle a un gobierno que no nos señala el camino?”, reclamó el diputado Antonio Álvarez Desanti.

Los liberacionistas pidieron al oficialismo concretar con datos las denuncias presentadas por el presidente Solís, pues consideran que afirmaciones como el que una quinta parte de los fondos de programas sociales se destinan al 50% de la población de mayores ingresos, deben estar respaldados con cifras.

“Hoy le he pedido al jefe del Ministerio Público, a la Procuradora General de la República y a la Contralora General de la República que actúen de inmediato con cada uno de esos hechos, y además he pedido al ministro de la Presidencia que me haga llegar el expediente de cada una de las denuncias. Quiero ver en vivo y a todo color cuál es la consistencia de las denuncias”, reclamó el legislador verdiblanco Rolando González.

Álvarez reclamó del informe la ausencia de una política concreta para combatir el déficit fiscal, mientras que González reprochó la ausencia de diálogo de Casa Presidencial  durante estos primeros tres meses de gestión.


Marta Acosta, Contralora General:

“La corrupción no es un asunto de leyes, es un tema de actitud y compromiso”

Durante su informe sobre los primeros 100 días de gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís cuestionó el papel de los órganos de control del Estado, frente a los múltiples casos de corrupción de los que hizo mención.

La Contralora General de la República, Marta Acosta, defiende el trabajo realizado por la institución que encabeza, y celebró que el mandatario incluyera en su informe algunos casos denunciados antes por la Contraloría.

“La Contraloría no ha actuado ni actuará con obsecuencia respecto a los sectores políticos, ni de ningún gobierno de turno. No hay día  en que los medios dejen de informar sobre nuestros estudios, gestiones, que son objetivos, imparciales, independientes y están apegados siempre al marco jurídico y técnico. Satisfacen a unos y otros no, muestra de nuestra objetividad”, dijo Acosta a UNIVERSIDAD.

La contralora puso como un “acierto” el compromiso asumido por el Presidente en la lucha contra la corrupción, la cual debe ser articulada para que rinda resultados positivos.

Durante el informe, el mandatario señaló el “evidente fracaso” de la Ley de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, para combatir el despilfarro de fondos públicos.

“Esto  no es un tema de leyes. Es un tema de actitud, de compromiso, de liderazgo y de gestión eficiente. Acordémonos que la ineficiencia y la corrupción son producto del desconocimiento, de la falta de vocación de servicio, de la voracidad de algunos y la falta de principios éticos y morales de otros”, respondió la Contralora.

Acosta reconoció que existen deficiencias en algunas auditorías internas de las instituciones, por lo que señaló que han venido trabajando en fortalecerlas y recordó que el primer responsable en el combate de la corrupción es el jerarca.

Sobre los casos mencionados por el gobernante, Acosta recordó que ya la Contraloría se había referido a algunos de ellos, como las situaciones en el INVU, CNP, INDER, el pago de pensiones a personas fallecidas, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), los problemas del Régimen No Contributivo, entre otros.

Sin embargo, admitió que otros son nuevos, como la falta de información sobre el paradero de 117 vehículos a nombre del Ministerio de la Presidencia. En este caso,  aseguró que la Auditoría Interna de ese ministerio le está dando el trámite respectivo, por lo que la Contraloría no intervendrá aún.


Satisfechos a medias

Algunos de los sectores que tuvieron ocasión de hacerle preguntas al presidente Luis Guillermo Solís durante su informe de los 100 días, expresaron satisfacción a medias por las respuestas que brindó el mandatario, y esperan que a partir de este momento el Gobierno tenga un rumbo más claro en las diferentes agendas.

altEva Carazo, ambientalista: “El informe me parece interesante, porque abre discusiones necesarias en el país. Me parece que el abordaje del tema ambiental fue muy puntual; hubiera esperado una discusión más amplia, porque creo que es una discusión estratégica y me hubiera gustado una respuesta más concreta y profunda sobre los compromisos que el Gobierno ha asumido. En la práctica, la gente que queda en medio de este tema es la que necesita agua, tierra para producir comida. El tema ambiental no puede ser de solo un ministerio, no puede ser una discusión solo de conservación, sino cómo se compatibiliza la relación con el ambiente, con intereses muy poderosos alrededor de todos esos recursos.


altAlbino Vargas, sindicalista: Esperábamos más novedades. Nos pareció valiente la mención de todos los casos puntuales de corruptelas que se encontró, aunque casi todos eran de notoriedad pública ya. Nos pareció importante que defendiera la potestad presidencial de quitar un veto puesto por otro presidente a la Reforma Procesal Laboral. Creemos que eludió la respuesta sobre el sector financiero, que tiene gran responsabilidad en el crecimiento de la desigualdad en el país y finalmente que haya dicho que es posible buscar acuerdo nacional en una reforma tributaria estructural, para arreglar el problema fiscal es muy interesante y debe ser considerado.


altEnrique Egloff, presidente Cámara de Industrias: El presidente señala algunas cosas importantes que le han llevado a concentrar algunos esfuerzos en materia de ordenamiento de la casa; creo que hay que limpiar la casa. El cambio que el país exigió no se puede hacer solo, se necesita del conjunto de actores. El sector productivo  espera poder tomarle la palabra al Presidente y ser parte del equipo que produzca ese cambio. Hay decisiones que son fundamentales que se deben adoptar, aparte de una propuesta con visión de largo plazo para plantear una matriz energética y es fundamental que no se espere 18 meses. La situación laboral del sector productivo se está encogiendo desde hace varios años y eso tiene que ver con la competitividad de las tarifas eléctricas en este país. Hay que hablar del futuro y ayudarle al mandatario en ese futuro.



Las denuncias de Solís

Estas son algunas de las principales denuncias que presentó el presidente Luis Guillermo Solís, durante la presentación del informe sobre sus primeros 100 días de gestión:

  • Incop destinaba ¢2,4 millones mensuales a pagar el mantenimiento de una casa de lujo en la playa, para uso discrecional de su Presidente Ejecutivo.
  • En la CNFL puestos de jefaturas no tenían a cargo ningún funcionario. La Compañía enfrenta un faltante de ¢25.000 millones.
  • En el MEP, un círculo de asesores del Ministro, siendo personal de confianza que no marcaba hora de entrada y salida, prácticamente duplicaban su salario con el cobro de horas extras.
  • Por muchos años, se han pagado pensiones a personas muertas.
  • Existe una presa de 11.000 pensiones que deben ser revalorizadas. Algunos de esos expedientes datan de 1996 y el costo total de esas revaloraciones se proyecta en ¢65.000 millones anuales.
  • A miles de policías y expolicías se les adeudan pagos de feriados, que incluso se remontan a 1976. Son pagos con un retraso de 38 años.
  • De los recursos destinados a combatir la pobreza, más de una quinta parte, cerca de ¢40.000 millones al año, benefician al 50% de la población de mayores ingresos del país.
  • En Incofer se trabajaba sin inventarios, sin presupuestos y sin auditorías externas.
  • El INVU tiene cuentas por cobrar por más de ¢10.000 millones.
  • En el CNP se desviaron millones en pagos que se debían realizar a proveedores, principalmente pequeños y medianos productores, e incluso se deben más de ¢2000 millones a sus propios trabajadores, por deducciones de sus salarios que se hicieron, pero se desviaron para atender el gasto de la institución.
  • En RACSA las pérdidas operativas crecieron en un 85% de 2012 al 2013.
  • En la Presidencia están extraviados 117 vehículos que aparecen inscritos a su nombre en el Registro Nacional.


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