El Poder Ejecutivo afirmó estar comprometido a resolver los problemas de posesión de tierras en la comunidad indígena de Salitre, en un conversatorio que se realizó ayer martes, con la participación de la viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga; la defensora de los habitantes, Montserrat Solano; y de Jorge Morales y Karla González, representantes de la Federación Indígena Estudiantil.
La actividad se desarrolló en torno al tema “Territorio indígena de Salitre: demandas históricas y desafíos políticos”, y llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología.
Durante su exposición, Zúñiga resaltó las acciones que ha emprendido el Gobierno, tendientes a solucionar la situación de conflicto por tierras en Salitre, ubicado en el cantón de Buenos Aires. Mencionó las alianzas estratégicas que ha hecho el Ejecutivo con instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Junta de Desarrollo de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), entre otras.
Además reconoció que la ley es insuficiente para garantizar los derechos de los indígenas y que se requieren “acciones estructurales, que permitan resolver el problema de conflictos de tierra”.
“Cada paso que damos tiene que ser claro, integral, contundente, apegado a la legalidad, pero entendiendo que hay vidas humanas de por medio”, agregó.
Por su parte, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, denunció que en la zona sur entre el 50% y 90% del territorio indígena está en manos de personas no indígenas y que algunas instituciones, como el Inder, aún tienen como parte de su patrimonio propiedades en territorios indígenas.
“El Estado costarricense (…) por muchas décadas le ha fallado a los derechos de los indígenas”, dijo Solano, quien agregó que la previsión presupuestaria dispuesta en la ley indígena nunca se ejecutó en su totalidad en administraciones anteriores.
Ambas coincidieron en que algunos de los retos que todavía tiene el Gobierno en este tema son la protección efectiva de los derechos de propiedad en todos los 24 territorios indígenas, la institucionalización de mecanismos de diálogo y la creación de una guía de consulta sobre cualquier acción en que se pretenda hacer estos territorios.
Durante su intervención, los representantes indígenas refutaron algunas de los planteamientos hechos por la viceministra y aseveraron que la Fuerza Pública en Salitre no ha actuado como debería y que los hechos de violencia, “que vienen desde el gobierno anterior”, se siguen presentando, además de que “casi ningún acuerdo ha funcionado”.
