La Haya/Managua/San José, 13 dic (dpa) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy una solicitud de Nicaragua para imponer medidas cautelares contra Costa Rica por considerar que la construcción de una carretera junto al río San Juan, muy cerca de la frontera común, no ha provocado graves daños medioambientales.
El gobierno de Managua exigía una resolución provisional contra los trabajos de construcción de la vía de 160 kilómetros construida por Costa Rica hace casi dos años sobre la margen derecha del río San Juan, el cual pertenece a Nicaragua.
Sin embargo, la CIJ decidió en forma unánime que Nicaragua no demostró que exista un «riesgo real e inminente» al ecosistema en la zona, y que por lo tanto no justificaba «el ejercicio de su poder de indicar medidas cautelares».
El diferendo limítrofe inició en octubre de 2010, después de que el gobierno de Costa Rica denunciara ante la CIJ una presunta invasión del Ejército de Nicaragua al pequeño enclave pantanoso de Isla Calero o Harbour Head, que ambos países reclaman como propio.
Posteriormente, Managua acusó en La Haya a San José señalando que la construcción de una carretera de 160 kilómetros paralela al río San Juan, que pertenece a Nicaragua, ocasionó daños ambientales «graves e irreparables» a ambos lados de la frontera.
Al conocerse la decisión del alto tribunal este viernes, ambas naciones reaccionaron mediante comunicados de la Cancillería.
Costa Rica lo calificó como un triunfo sobre Nicaragua, mientras Managua aclaró que no se sentía derrotada por el fallo, sino «satisfecha» y que acatará cabalmente las decisiones del tribunal.
«Nicaragua se siente satisfecha por el reconocimiento de la CIJ de la existencia del impacto ambiental causado al río San Juan de Nicaragua como consecuencia de la negligente construcción y planificación de dicha carretera», señaló la Cancillería de Managua.
Asimismo, instó a las autoridades costarricenses a «abstenerse de toda acción que pueda agravar o prolongar la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de resolver», y proceder «al debido cumplimiento de todos estos compromisos adquiridos».
Por su parte, el embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello, dijo al canal 4 de televisión de Managua que la CIJ ordenó a Costa Rica no reanudar la construcción de la polémica carretera sino hasta finales de 2014, accediendo así a lo solicitado por Nicaragua.
Agregó que Nicaragua también había exigido a Costa Rica un estudio de impacto ambiental transfronterizo, y la Corte le recordó «su compromiso de entregarlo a más tardar el próximo 19 de diciembre».
«Es decir que básicamente, lo que Nicaragua estaba pidiendo, la Corte lo concedió», argumentó Argüello.
Por su parte, la Cancillería de Costa Rica calificó la decisión de la Corte como una clara «victoria jurídica» sobre Nicaragua.
El informe señaló que se trata de una «segunda victoria», al aludir a un dictamen de la CIJ que el pasado 22 de noviembre ordenó a Nicaragua resarcir daños causados por la apertura de dos canales en el enclave de Isla Calero, reparación que ya fue realizada.
También la presidenta costarricense Laura Chinchilla consideró «muy positivo» el fallo y anunció que «continuará, como un asunto de prioridad, con los trabajos de mejoramiento de la ruta, mientras terminan los procesos licitatorios para la obtención de los diseños finales».
«No es verdad que la Corte le haya ordenado a Costa Rica no seguir construyendo la carretera, en ningún momento la CIJ ha dicho nada de eso», exclamó el ministro de Comunicación costarricense, Carlos Roverssi, al canal 15 de televisión de Nicaragua.
La construcción de la llamada «trocha fronteriza» fue inicialmente un proyecto estrella del gobierno de Chinchilla, pero luego derivó en un enorme escándalo por presuntos actos de corrupción que salpicaron a funcionarios vinculados a la ruta y a empresa constructoras.
