Autoridades universitarias confirmaron  esta semana los intentos privados para apoderarse de un muelle que pertenece a todos los costarricenses.

El muelle del Cocal pretendido por empresarios privados.

Las autoridades universitarias gestionaron la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) en el caso del muelle del Cocal de Puntarenas que intentan pasarlo a manos privadas.

Así se desprende del oficio R-2572-2002 del 21 de junio de este año en que el rector de la institución, Gabriel Macaya Trejos, solicita a la Contraloría una investigación a fondo sobre las actuaciones de la Municipalidad de Puntarenas que entregó en arriendo el inmueble a una sociedad anónima.

Precisamente el pasado 6 de junio, Ching Tsuen Tsay Kuo, en representación de la empresa Servicio Pesquero Oriental, estuvo a punto de tomar el muelle y despojar así a la UCR de dicha obra, según los documentos remitidos a la CGR.

Macaya Trejos dice a la Contraloría que el mencionado empresario «expresó que procedía a hacer toma de posesión de dicho inmueble con base en un contrato de arriendo suscrito por su representada y la Municipalidad de Puntarenas».

La Oficina Jurídica, por medio de su director, Rolando Vega Robert, en carta enviada a este Semanario niega que «la Universidad nunca ha estado a punto de quedarse sin el citado muelle». Esta oficina recomendó en su momento conciliar primero y si no, emprender acciones judiciales.

El 11 de setiembre de 2001 la Jurídica recomendó «gestionar lo necesario con los personeros del Consejo Municipal, con el propósito de hacer valer los derechos de la institución y conciliar los intereses de ambas partes».

De lo contrario, añadió, deben hacerse las indicaciones respectivas para implementar las acciones necesarias ante las autoridades judiciales.

Dicha oficina se refirió a una nota publicada en la edición # 1487. En el se daba cuenta entonces que las autoridades del claustro reconocían que la comuna porteña dio en arriendo a la mencionada empresa privada el muelle de la benemérita de la educación.

Con antelación a este intento de toma de la obra pública- el 16 de enero pasado- las autoridades universitarias reconocen que un funcionario de la Dirección Regional de Tributación Directa trató de realizar un avalúo del terreno que pertenece a la UCR, según documentos oficiales.

En las diligencias hechas ante la CGR se reitera que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) donó a la municipalidad porteña los inmuebles para que luego ésta los donara a la casa de educación superior, como lo consignó UNIVERSIDAD en la edición 1487.

Tanto la donación realizada por el INCOP a favor de la comuna, como la donación de los bienes públicos  por la municipalidad a favor de la UCR, constan en escritura, sostienen ante la CGR.

Hacen ver que en la escritura pública en que se efectuó la donación a favor de la UCR, no hay reserva de ningún tipo a favor de la Municipalidad, lo que haría imposible que el ayuntamiento de Puntarenas entregue el muelle a una empresa privada.

Este muelle, ubicado en el Cocal de Puntarenas, alcanzó relevancia años antes a que esta  empresa, Servicio Pesquero Oriental, intentara tomarlo, porque en él atracó el barco Searcher.

Esta embarcación, producto de una donación hecha a la UCR, ocupó algunas páginas de medios de comunicación locales tras aparecer en mal estado en aguas ecuatorianas.

Quedó comprobado luego que el Searcher había sido dado para su explotación privada mediante un convenio muy particular a un funcionario de la institución, a pesar de ser un bien público.

Sólo aquellos que tienen acceso a los caros medicamentos que combaten el virus del sida pueden aspirar a sobrevivir a la enfermedad; los demás, están condenados a muerte.

Los expresidentes Clinton y Mandela demandaron un compromiso más serio de los países ricos y de las compañías farmacéuticas en la lucha contra el sida

La reciente Conferencia Internacional sobre el Sida, celebrada en Barcelona, España, puso en evidencia que las expectativas de lucha contra esta enfermedad, principalmente en el tercer mundo, están limitadas por los intereses económicos de las grandes compañías farmacéuticas.

De igual modo, sirvió para desenmascarar a muchas naciones del primer mundo, que no hacen lo suficiente por cooperar con los estados pobres en donde la enfermedad se ha convertido en una epidemia que amenaza su futuro a mediano plazo.

La cumbre estuvo marcada por las ruidosas protestas de cientos de activistas, que se encargaron de acallar al representante del gobierno de Estados Unidos, el Secretario de Salud Tommy Thompson, y a los delegados de las compañías farmacéuticas, que esperaban dar a conocer los últimos avances en medicamentos antiretrovirales, los cuales sirven para prolongar la vida de los portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Durante el encuentro, la Organización de las Naciones Unidas indicó que, para detener la epidemia, será necesario invertir en los próximos años más de $10 mil millones, una cantidad exorbitante que los países en vías de desarrollo no podrán aportar.

De esta manera, en Barcelona quedó demostrado que la lucha contra el sida es otro de los aspectos que dividen al norte rico del sur pobre.  El futuro de muchas naciones, especialmente en África, está comprometido por la diseminación de la enfermedad.

Alrededor de 40 millones de niños en ese continente han perdido a uno o dos de sus padres y ellos mismos están en riesgo constante de contraer el virus, ya que los métodos de prevención han encontrado obstáculos difíciles de franquear en la pobreza, la cultura y la religión.

EL MERCADO DE LA MUERTE

En Barcelona, quedó claro nuevamente que no existe una cura capaz de acabar con el sida y que, en el mediano plazo, no es muy probable que sea factible.

Ante esta oscura perspectiva, la única esperanza para aquellos que han contraído el VIH son los medicamentos antiretrovirales, los cuales, consumidos en costosos «cócteles», logran evitar el desarrollo del mal y consiguen prolongar la vida de los pacientes en muchos años.

El problema es que, para las compañías farmacéuticas internacionales, la epidemia de sida se ha convertido en un negocio redondo que genera millones de dólares al año.

En la mayoría de los países industrializados, a pesar de resultar costosos, los medicamentos están al alcance de los pacientes o son financiados por los sistemas de seguridad social.

No ocurre lo mismo en los países del tercer mundo, en donde el precio de estas medicinas las convierte en algo inalcanzable para la mayoría de los gobiernos.

Las farmacéuticas se escudan en el pretexto de que los «cócteles» antiretrovirales son caros debido a que su desarrollo ha requerido de costosas investigaciones científicas.

Esgrimiendo este argumento, las multinacionales se niegan a ceder sus patentes para que los países pobres desarrollen medicamentos genéricos, muchísimo más baratos que los originales y que salvarían miles de vidas.

Gobiernos como el del presidente estadounidense, George W. Bush, han defendido la postura de las farmacéuticas, las cuales se han visto obligadas a negociar precios más bajos con algunas naciones, especialmente en África, ante el inminente desarrollo de genéricos que podrían amenazar su monopolio sobre el mercado mundial de este tipo de drogas.

Sin embargo, más de la mitad de los 230 mil pacientes que reciben tratamiento contra el VIH en el tercer mundo, viven en Brasil, un país que ha decidido violar las leyes sobre patentes y, con el argumento de que la salud de su población es más importante, desarrolla genéricos que contribuyen a salvar miles de vidas al año.

La afrenta de Brasil, así como las amenazas de otros gobiernos, como el de Sudáfrica, han encendido la furia de las multinacionales farmacéuticas, las cuales se niegan a permitir el desarrollo de medicamentos más baratos.

La actitud de éstas y de gobiernos como el de Estados Unidos, han llevado a que muchos de los activistas presentes en la cita de Barcelona la hayan calificado como un rotundo fracaso.

CLINTON Y MANDELA

Mientras el Secretario de Salud estadounidense decía que su país es el que más contribuye al fondo internacional contra el sida, cientos de manifestantes irrumpieron con gritos y pancartas que decían: «no más mentiras».

Las cifras en bruto que Thompson mencionaba en su alocución contrastan con el porcentaje real que los Estados Unidos destinan de su Producto Interno Bruto en la lucha contra esta enfermedad.

El aporte per cápita de Washington es, de este modo, mucho menor al de otras naciones del primer mundo, como Noruega o Suecia, y a muchas del tercer mundo, como Ruanda.

En contraste con los abucheos que recibió el representante del mandatario norteamericano, el discurso del expresidente Bill Clinton fue uno de los más aplaudidos de la conferencia.

Clinton, con posiciones más moderadas con respecto al derecho de las farmacéuticas sobre las patentes y cuyo gobierno aportaba mucho más dinero en la lucha contra el sida, previno sobre la amenaza potencial que este mal representa para el mundo.

El ex presidente comparó la epidemia actual con la «peste negra», que en la Edad Media mermó considerablemente la población de Europa y otras zonas del Asia y el norte de África.

Clinton hizo un llamado para que el gobierno de su país y los de otros países desarrollados se comprometan de manera más directa en la búsqueda de una mejoría en las expectativas de vida de los portadores del VIH,

El otro gran icono de la reunión de Barcelona, fue el ex mandatario sudafricano Nelson Mandela.  Este reconocido estadista del África negra hizo una sincera denuncia de los intereses comerciales que entorpecen la lucha contra la enfermedad.

Asimismo, hizo un recuento del desastre humano y económico que para su continente ha representado esta epidemia.

Paralizado por una crisis económica que no le permite siquiera pagar los salarios de la administración pública, acusado de actos de corrupción y acosado por el general retirado Lino Oviedo, se tambalea el gobierno del presidente Luis González Macchi.

Los saqueos y disturbios fueron reprimidos violentamente por la policía en Asunción esta semana

Un nuevo asalto al poder lanzó en Paraguay esta semana el general retirado Lino Oviedo, desde su exilio en la ciudad fronteriza brasileña de Foz de Iguazú, en un intento por derrocar el gobierno de Luis González Macchi, antes de las elecciones presidenciales del año próximo.

Las protestas llevaron al mandatario González Macchi a decretar el estado de excepción durante cinco días, lo que le permite adoptar medidas de emergencia para tratar de controlar la rebelión.

Oviedo pretende poner en el gobierno al vicepresidente Julio César Franco, del partido Liberal, su aliado en la lucha contra González Macchi. Franco dijo el lunes 15, en medio de las manifestaciones provocadas en varios puntos de país, que la rebelión era «legítima» y reiteró las acusaciones de corrupción e ineptitud contra el gobierno.

GOBIERNO PARALIZADO

Las protestas surgen en momentos cuando el gobierno se encuentra al borde de la bancarrota, sin poder pagar siquiera los salarios de la administración pública y en peligro de no saldar tampoco sus compromisos financieros internacionales.

En virtual colapso financiero desde principios de año, el Ministerio de Hacienda necesita todos los meses de unos 315 mil millones de guaraníes, cerca de  $52,5 millones para enfrentar los gastos del Estado, mientras las recaudaciones en el primer semestre del año llegaron apenas a un promedio mensual de 231 mil millones de guaraníes ($ 38,5 millones). El mes pasado los ingresos fueron aún más reducidos, ligeramente inferiores a los $35 millones, un 20 por ciento menos que los ingresos de mayo. Esto obligó a pagar la semana pasada apenas el sueldo de los militares y dejar para después el de los educadores y de la policía.

Los compromisos de la deuda externa ascienden a $20 millones este mes y, según cifras dadas a conocer por la prensa paraguaya, hay un atraso en el pago de $18 millones.

En medio de la crisis en Argentina, que poco a poco va arrastrando a sus socios del Mercosur -Brasil, Uruguay y Paraguay-las perspectivas son las de un agravamiento de la situación del país.

DESASTRE POLITICO

A la coyuntura económica se suma un verdadero desastre político. Asilado en Brasil, desde que la justicia militar lo condenó a diez años de cárcel por su intento de golpe al presidente Juan Carlos Wasmosi, en abril de 1996, el general Oviedo sigue encabezando un movimiento político; se ubica en el primer lugar de  las encuestas de opinión pública, de cara a las elecciones del año próximo, aunque no es oficialmente candidato.

El presidente del senado, Juan Carlos Galaverna, acusó a Oviedo de apostar al derrocamiento del gobierno de González Macchi, para colocar al vicepresidente Franco en el poder.

Galaverna es un político my cercano al expresidente Wasmosi, quien fue condenado a cuatro años de cárcel por corrupción, pena que no ha cumplido. Uno de los hombres más ricos del empobrecido Paraguay, Wasmosi sigue siendo una figura que maneja los hilos políticos del país.

Por su parte, el vicepresidente Franco, electo en agosto de 2000 para sustituir al asesinado vicepresidente Luis María Argaña, se ha aliado a la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (UNACE), de Oviedo, para atacar el gobierno.

Franco le recuerda al mandatario que no llegó al cargo por elección popular, sino en la cresta de una ola de protesta que terminó por obligar a renunciar al presidente Raúl Cubas, cercano a Oviedo, después del asesinato de Argaña, en marzo de 1999. González Macchi era entonces presidente del senado y asumió el cargo para completar el período presidencial, que concluye en mayo próximo.

El general Oviedo fue acusado del asesinato de Argaña, cargo que siempre rechazó.

Con una falsa mayoría en congreso, pues sus partidarios no permiten que representantes de la oposición y partidarios de Oviedo asuman sus cargos en el parlamento, González Macchi ha evitado así que se vote una resolución de condena que podría llevar a su destitución, ante graves acusaciones de corrupción. Entre ellas se le acusa del desvío de $16 millones de una cuenta del Banco Central al Citibank, de Nueva York, así como haber comprado un vehículo blindado robado en Brasil.

La semana pasada se destapó un nuevo caso, al conocerse una transferencia ilegal de millares de dólares a una cuenta en el paraíso fiscal de Gran Caymán, a una cuenta de su esposa, la exmodelo Susana Galli. En el caso aparecen vinculados también hijos de Argaña, que justificaron las transferencias ante el temor del regreso de su enemigo, el general Oviedo, al país.

Con el Estado paralizado y sin apoyo popular, la oposición estimó que había llegado nuevamente la hora de lanzarse al asalto del poder. La destitución de González Macchi podría favorecer las aspiraciones de Oviedo de llegar a la presidencia, después de haber sido despojado de su candidatura en 1998, a solo 20 días de las elecciones, y cuando parecía tener asegurado el triunfo. En aquel entonces se le prohibió ser candidato precisamente por su responsabilidad en el golpe militar de 1996, contra Wasmosi.

En  septiembre del 2001, los obispos convocaron a un Diálogo Nacional con políticos  y la sociedad civil. En la evaluación de dicha Iniciativa, los obispos señalan  que hacía falta un combatLe frontal a la corrupción, la impunidad, la inseguridad  y la violencia; lucha contra la pobreza y una conducción firme del gobierno; la  reactivación productiva agrícola e industrial; políticas de empleo; la  elaboración racional del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año  2002; y la radical disminución o supresión del subsidio a los partidos políticos.

Pero desde el derrocamiento de la dictadura del general Alfredo Stroessner, en febrero de 1989, Paraguay ha vivido una permanente zozobra política y un deterioro de la grave situación económica de la mayoría de sus habitantes, que se suma al ambiente de inestabilidad de toda la región.

Un estudio de la asesora parlamentaria en salud pública, Yalena de la Cruz, recoge una serie de informaciones y datos entorno a la polémica por los productos modificados genéticamente (OMG).

Algunos OMG llegan a la mesa del consumidor en su forma natural, como tomates o papas.

«Alimentos transgénicos: un problema de salud pública» es un documento que resume las diferentes posiciones que se manejan en torno a los productos modificados genéticamente, realizado por la asesora parlamentaria en salud pública, Yalena De la Cruz.

Para De la Cruz la discusión sobre ventajas y desventajas del consumo de organismos modificados genéticamente (OMG) es un tema actual en círculos no sólo académicos, sino de las organizaciones de la sociedad civil.

«En nuestro país la discusión está ausente, mientras que los problemas y dudas de fondo están presentes», señala De la Cruz en el estudio.

Agrega » al margen del debate hay un hecho ineludible: como parte de los derechos del consumidor, los productos transgénicos deberían estar claramente etiquetados y, si es posible, colocados en los supermercados en estantes separados de los no transgénicos.»

A continuación una síntesis de algunos datos que recoge la autora de diversas fuentes.

Un transgénico es un organismo manipulado genéticamente en laboratorios, que además de su patrimonio genético natural, poseen genes de otros organismos. El gen que se introduce puede ser de otra especie o incluso de otro reino (animal, vegetal, hongos, microorganismos)

Los alimentos de este tipo se pueden clasificar en dos grupos: los OMG que llegan a la mesa del consumidor en su forma original, como tomates, papas, yogures, etc.; y los que son utilizados como materia prima para elaborar otros alimentos.

A través de la biotecnología o la ingeniería genética, se han desarrollado un conjunto de técnicas que permiten manipular el ADN y transferir genes de un organismo a otro.

Para saber si la biotecnología es un instrumento seguro, hay que preguntarse: ¿cuánto sabe la genética del funcionamiento de las células y del material genético que está contenido en ellas?

Cualquier persona con conocimientos de genética dirá que en realidad tan sólo se conoce para qué sirve el 10% del ADN de un ser vivo. El 90% del ADN está ahí, pero no se sabe exactamente cómo funciona.

A este limitado conocimiento se une lo burdo de esta tecnología que se basa esencialmente en cortar y pegar trozos de ADN que contienen genes, pero también otras secuencias.

En el caso de las semillas transgénicas, una cosa es lo que pasa en el laboratorio en condiciones muy controladas y otra las reacciones imprevistas que se pueden desencadenar en el campo de cultivo.

Hasta ahora, la ciencia no es capaz de predecir los riesgos y los impactos que puede producir la liberación al ambiente de los OMG, sobre la biodiversidad, la salud humana y animal, el ambiente, ni los sistemas productivos o la seguridad alimentaria.

Hay dos razones para ser cautelosos con los alimentos transgénicos: un potencial peligro para la salud humana y para la biodiversidad, que es la posición de científicos y grupos ambientalistas.

Por otro lado, los defensores de estos productos alegan que estos han pasado por estrictos controles y que no se ha probado que afecte la salud humana ni la biodiversidad, por lo que son totalmente seguros.

A pesar del debate sobre pros y contras, algunos países principalmente de la Unión Europea, cada vez exigen mayores controles sobre producción y consumo de estos productos y una identificación clara de los OMG como parte del derecho de los consumidores a elegir libremente.

Sobre la producción de OMG en 2000, solamente tres países, Estados Unidos, Argentina y Canadá, fueron responsables del 98% del área plantada con OMG.

Entre 1996 y 1997 se realizaron en el mundo cerca de 10 mil pruebas de modificación genética en plantas. En los últimos diez años alrededor de la mitad de los ensayos se relacionan con la tolerancia a herbicidas de amplio espectro, y casi un 90% ha sido realizado por grandes compañías químicas.

Se calcula que se comercializan cerca de 70 alimentos transgénicos en todo el mundo y que hay más de 300 alimentos en las fases de experimentación o las primeras de comercialización.

Entre las polémicas desatas alrededor de los OMG, se ha denunciado que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas no cuenta con una política clara frente al tema, por lo que este órgano se ha convertido en una herramienta para la introducción ilegítima de OMG a través de la ayuda alimentaria de alimentos que han sido rechazados por los principales mercado de Europa y Asia.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que señala el trabajo de De la Cruz, está el etiquetado obligatorio de OMG. Así como el Ministerio de Salud debe dar directrices a los importadores de maíz y otras materias primas, se debería advertir a los consumidores de los derivados transgénicos y no financiar con fondos públicos la investigación que presente riesgos ambientales.

OMG en Costa Rica

En mayo de este año se realizó en Canadá la trigésima reunión del Comité del Codex, sobre etiquetado de los alimentos.

Esta reunión es un foro para que los países presenten sus comentarios respecto a las recomendaciones para el etiquetado de los alimentos obtenidos por medio de ciertas tecnologías de modificación genética.

Considerando que Costa Rica es miembro del Codex Alimentarius, organismo que se encarga de regular el etiquetado de alimentos y facilitar prácticas justas de comercio, se realizó  el 24 de abril el foro nacional «Tendencias mundiales sobre el etiquetado de los alimentos obtenidos por medio de ciertas tecnologías de modificación genética».

Este fue organizado por la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida (ONNUM), la Comisión Coordinadora del Codex de Costa Rica y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En este foro participaron representantes de diversos sectores como la Escuela de Biología, Centro de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Cámara de Exportadores, Cámara de la Industria  Alimentaria, AMBIO, Federación Nacional de Consumidores (FENASCO) y los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería y el de Economía, Industria y Comercio.

Entre las principales conclusiones del Foro se destacó la necesidad de apoyar el etiquetado obligatorio en el caso de OMG, sobre su composición, valor nutritivo o intención de uso.

También se concluyó que no hay viabilidad económica en el país que permita certificar la presencia o ausencia de organismos modificados genéticamente, en los alimentos preenvasados, debido al costo de implementar laboratorios de certificación.

Además se identificaron otras alternativas menos distorsionantes al comercio, como elaborar campañas de divulgación e información a los consumidores sobre estos temas,  así como apoyar propuestas sobre sistemas de etiquetado voluntario, como los usadas en otros países.

Por otro lado, cabe resaltar que el investigador de la Universidad Las Tunas, de Cuba, Luis Antonio Barranco, científico que visita la UCR, impartirá  la charla «Biotecnología de plantas en Cuba» el miércoles 24 de julio a las 4 p.m. en el Auditorio de Agronomía.

Con un amplio panorama de la situación ambiental del mundo de los últimos 30 años, se presentó el informe Geo 3, cuyas cifras en este artículo limitamos  a la situación de América Latina y el Caribe.

El globo terráqueo depende del equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.

El III informe del Programa  de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta una cantidad de cifras impactantes sobre la situación del mundo en los últimos 30 años y el futuro que le espera.

Se trata del GEO 3 (Perspectivas del Medio Ambiente  Mundial) por sus siglas en inglés y que fue entregado la semana pasada en la Universidad de Costa Rica, por personeros de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Precisamente en este continente el informe revela que, en ese periodo, se perdieron 190 millones de hectáreas de bosques, las cuales forman parte de las 418 millones de hectáreas que desaparecieron en el mundo.

Este dato es muy preocupante debido a que en América Latina se encuentran 7 de las 25  ecorregiones terrestres biológicamente  más ricas del mundo.

Una de ellas es la Cuenca del Amazonas, la cual tiene 20 tipos de selvas tropicales y se considera  el de mayor diversidad biológica.

Además, en América Latina,  de las 178 ecorregiones, 31 están en estado crítico de conservación, 51 en peligro y 55 son vulnerables.

Según el informe, un tercio de la superficie terrestre está cubierta por bosques, lo que representa 3.866 millones de hectáreas.

Pero solo en los años 90 el hombre destruyó 94 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 2,4% del total de tierras forestales.

Las principales causas directas de la tala y degradación son  la expansión  de tierras agrícolas, la explotación excesiva de madera industrial, leña y otros productos  forestales, así como el pastoreo.

Entre las causas indirectas se cita la pobreza, el crecimiento demográfico, el comercio de productos forestales y las políticas macroeconómicas. También se mencionan causas naturales  como brotes de insectos, enfermedades, incendios y fenómenos climáticos extremos.

En el informe se denuncia que mientras el ritmo de la deforestación ha sido de 14,6 millones de hectáreas al año, la reforestación apenas alcanza 5,2 millones de hectáreas.

Según datos satelitales, se estima que  la extensión  de los bosques naturales densos ( donde la cubierta de copas es de  más del 40%) que quedaban en el mundo en 1995 era de 2.870 millones de hectáreas, lo que equivale al 21,4% de la superficie de tierras del planeta.

De esta extensión el 25% está en América Latina y el Caribe, lo que equivale al 48% de la superficie regional.

Por otra parte, el continente latinoamericano presenta el 16% del porcentaje global  de las tierras degradadas.  Esto significa más de 300 millones de hectáreas de tierras, lo que le asigna el tercer lugar, detrás de Asia, el Pacífico y África.

Entre las actividades humanas que contribuyen a la degradación de las tierras están  el uso inadecuado  de tierras agrícolas, prácticas de gestión deficientes  de suelos y aguas, deforestación, eliminación de la vegetación natural, uso frecuente  de maquinaria pesada, pastoreo excesivo, rotación inadecuada de cultivos y prácticas de irrigación deficientes.

Solo en el decenio de los 80 se abandonaron  10 millones de hectáreas de  tierras irrigadas al año, pues cuando se utilizan sistemas deficientes se puede causar anegamiento, salinización y alcalinización de los suelos.

La degradación de las tierras ejerce más presión sobre la tala y deforestación del bosque natural para convertir esa superficie en tierras agrícolas para dar abasto a la demanda cada vez más creciente de productos alimenticios, ante el crecimiento demográfico.

En los últimos treinta años, el 23% de las tierras cultivables en el mundo ha sido afectado por la degradación, mientras el 70% del área deforestada fue convertida en tierras agrícolas.

Las prácticas positivas para los próximos 30 años, según el informe del PNUMA serían: promulgar políticas para  promover plantaciones  forestales y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de reducir la extracción ilegal de madera, y plantear prácticas de manejo  de bosques para la producción comercial, así como políticas para la restauración de los bosques degradados.

ESTRÉS HÍDRICO

Según el estudio del PNUMA, los principales retos para América Latina y el Caribe, en los próximos treinta años, son luchar contra la deforestación de los bosques, la degradación  de la tierra y la escasez del agua.

El 40% de la gente de la región solo tiene acceso al 10% de los recursos hídricos, los cuales en los últimos treinta años han tenido una importante disminución  en la calidad, debido al aumento de aguas sobrantes agrícolas  y domésticas que no son tratadas.

Un 98% de las aguas residuales domésticas se descarga, sin tratamiento alguno, en el Pacífico Nororiental y 90% en la región del Gran Caribe. Se estima que 250 millones de casos de gastroenteritis y enfermedades respiratorias son  provocadas anualmente por  bañarse en mares contaminados.

Una tercera parte de la población mundial vive en países que sufren escasez de agua dulce y en menos de 25 años  dos terceras partes estarán padeciendo en sus naciones el estrés hídrico.

Para el 2020 se necesitará un 17% adicional de agua para la producción alimentaria.

El incremento en la demanda de agua  dulce ha sido motivado por el crecimiento demográfico,  el desarrollo industrial y la expansión de la agricultura de irrigación.

Esto cobra mayor importancia en América Latina y el Caribe, si se tiene en cuenta que el 30% del total de los recursos hídricos  del mundo están en la región.

Además, la ausencia de acceso al agua potable (1100 millones de personas) y de saneamiento (2400 millones de personas) trae aparejados millones de casos de enfermedades  relacionadas con el agua y más de 5 millones de decesos cada año.

Se cree que entre 25 y 33%  de todas las enfermedades  del mundo se pueden atribuir a factores ambientales,  siendo la diarrea y las infecciones respiratorias agudas las que encabezan la lista.

El Geo 3 también se refiere al incremento de la contaminación y degradación  ambiental de las zonas marinas y costeras, las cuales presentan «eutrofización» por la elevada descarga de nitrógeno.

Sobre la atmósfera, aseguran que la emisión de contaminantes ha disminuido o se estabilizó en la mayoría de los países industrializados.

Respecto al peligro que corre la biodiversidad biológica en el mundo,  el Geo 3 revela que América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar, pues hay  873 especies de vertebrados amenazadas: 275 mamíferos, 361 aves, 77 reptiles, 28 anfibios y 132 peces. De igual forma, casi el 30% de los arrecifes en el Caribe,  están en peligro.

Asia y el Pacífico ocupan el primer lugar con 1469 especies de vertebrados amenazadas, mientras en África son  723 y en Europa y Norte América un poco más de 260.

CIFRAS PARA PENSAR

-Hace treinta años en el mundo había 3.850 millones de habitantes, ahora somos 6.100 millones.

– Una quinta parte de  la población mundial vive en la pobreza extrema, lo que equivale a  1200 millones de personas.

-La población latinoamericana en los últimos treinta años aumentó en un 74%.

-En América Latina hay 200 millones de personas pobres, lo que equivale al 40% de la población.

-La deuda externa de la región en los últimos 30 años aumentó en 935.781 millones.

– En  los ecosistemas del mundo existen 14 millones de especies.

-El 90% de las especies del planeta vive en bosques tropicales y éstos cubren  menos del 10% de la superficie terrestre.

La Iglesia costarricense está en deuda con una sociedad que se empobrece cada vez más

Monseñor Hugo Barrantes fue designado nuevo arzobispo de San José, por sus características pastorales y la actitud permanente de actualización teológica.

Las designaciones de Monseñor Hugo Barrantes Ureña como nuevo arzobispo de San José y Vittorino Girardi en la Diócesis de Tilarán abren la posibilidad para que la Iglesia Católica impulse cambios urgentes que le permitan enfrentar los problemas internos y propiciar una mayor respuesta a los problemas sociales.

Las características pastorales y la actitud permanente de actualización teológica que identifican a Monseñor Hugo Barrantes Ureña, pudieron ser los aspectos que ponderó el Vaticano para designarlo como el sexto arzobispo de San José, en sustitución de Román Arriera Villalobos, quien ocupó el cargo durante 32 años.

Aunque la sustitución era esperada, no fue sino hasta el pasado 13 de julio cuando oficialmente el Vaticano anunció al sucesor de Arrieta, quien hace dos años cumplió los 75 años, fecha límite en que un obispo puede mantenerse en su cargo según las disposiciones del Código de Derechos Canónico que rige la administración de la iglesia católica en el mundo.

Por su parte Arrieta, hasta la fecha Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) ha enfrentado serias crisis eclesiales no solo en San José, la diócesis más antigua del país, sino al interior de la Conferencia, donde la lentitud en la toma de decisiones y las posiciones proclives a los gobiernos de turno, han generado roces que no siempre han salido a la luz pública.

Con una trayectoria importante en cargos eclesiales que le ha permitido presidir instancias de coordinación obispal en el nivel centroamericano, incluido su deseo expreso de ser designado cardenal por el Vaticano, Arrieta se constituyó en una pieza clave de Roma en la convulsa Centroamérica de los años 70 y 80.

En el ámbito nacional, Arrieta fue en la década de los 90 mediador en conflictos entre el gobierno y organizaciones campesinas y de trabajadores. Sin embargo fue el centro de fuertes polémicas al percibirse que sus pronunciamientos y actitudes favorecían las decisiones más polémicas de los gobernantes.

Ejemplo de ello fue la posición de apoyo al polémico proyecto de privatización de la energía y las telecomunicaciones que Arrieta apoyó a capa y espada frente a los demás obispos, para quienes la privatización de los servicios eran lesivos para el país.

Sus declaraciones contra grupos y  organizaciones de homosexuales llevaron a Arrieta a los tribunales de justicia hace cuatro años y la excesiva tolerancia frente a casos de abuso sexual de menores, cometidos por sacerdotes a su cargo, han generado el malestar a lo interno y externo de la Iglesia.

Sus desacertadas declaraciones a la prensa emitidas el año pasado en defensa del padre Mainor de Jesús Calvo, director de la fenecida Radio María de Guadalupe y su oposición a que se realizaran auditorías sobre el manejo de fondos en esa radio, le provocaron roces internos con algunos de los obispos, hasta que la CECOR en pleno lo obligó al cierre de la emisora y a sancionar al cura por los abusos metidos.

A sus 77 años de edad, Arrieta dejará su cargo como arzobispo, pero no se descarta que su cercanía con los sectores más conservadores del Vaticano lo ubiquen en algún puesto diplomático o administrativo regional.

NUEVOS AIRES

En este contexto Hugo Barrantes emerge con la imagen de un pastor con alma de campesino, cuyo compromiso con el Evangelio lo llevó a ser designado cura en casi media docena de parroquias y a desempeñar cargos a favor del impulso misionero.

El 16 de julio de 1998, el «padre Hugo», como todavía le llaman los fieles que lo conocen directamente, fue designado primer obispo de Puntarenas y será a partir de octubre cuando llegue a la arquidiócesis para ser el sexto obispo en ese puesto.

Consultado sobre esta designación, Monseñor Ignacio Trejos, obispo de San Isidro del General, recordó a UNIVERSIDAD que Barrantes fue el primer sacerdote ordenado en esa diócesis y por lo tanto para esa iglesia local, la llegada al arzobispado es un motivo de profunda alegría.

«En mi caso, puede decir como Simeón: «Deja que tu siervo descanse en paz» porque se han cumplido mis deseos de ver a monseñor Barrantes como nuevo arzobispo», expresó con emoción el prelado.

Según Trejos, Monseñor Barrrantes es un auténtico pastor que ha desarrollado una larga labor apostólica en casi todas las parroquias de la Diócesis de San Isidro  y consideró que el reto fundamental que debe enfrentar en su nuevo cargo tiene que ver con ordenar al clero arquidocesano.

«Él es muy cuidadoso de sus sacerdotes, se identifica con sus colaboradores y es abierto a la escucha y al diálogo. Por eso los sacerdotes de la arquidiócesis deben sentirse muy satisfechos de la designación, ya  que les permitirá enfrentar los problemas que esa iglesia particular tiene», agregó Trejos.

Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que los sindicatos esperarán que con el cambio surja una nueva orientación eclesial que permita a la Iglesia ser más coherente con los principios de la doctrina social de la iglesia.

«La iglesia tiene ahora la posibilidad de recuperar los ideales que impulsó en la década  de los 40, los cuales se ven  amenazados ahora por la reversión y la contrarreforma en lo social que impulsan los procesos de globalización», continuó.

«Creemos que Iglesia Católica tiene una deuda histórica y moral que debe asumir: impedir a través de la práctica y la prédica, que se profundice la pobreza y se dé una concentración de la riqueza», finalizó el líder sindical.

Barrantes debe decidir en los próximos meses si requiere de un obispo auxiliar, por cuanto Monseñor Antonio Troyo Calderón, también cumplió la edad de retiro.

Pero los cambios en la jerarquía local continúan: la semana anterior fue también designado el sacerdote comboniano de origen italiano, Vittorino Girardi, como próximo obispo de la diócesis de Tilarán.

Girardi, con 64 años de edad, es doctor el Teología y sustituye a  Héctor Morera Vega, quien había presentado su renuncia en febrero pasado al Vaticano al cumplir los 75 años.

Además, falta designar al sucesor de Barrantes en Puntarenas;  la erección de la nueva diócesis de Cartago; y nombrar al sucesor de Monseñor Ignacio Trejos, quien cumple la edad de retiro el 31 de julio de 2003.

Gracias a una donación de los japoneses, la reforestación comercial se reactiva, lo cual permitirá pagarle por adelantado a quienes dediquen sus tierras a esta actividad.

Impulsar la reforestación comercial para bajar la presión sobre el bosque natural, es una de las metas del sector forestal.

Sembrar 50.000 hectáreas anuales de teca y melina, durante  un  plazo de diez años,  es el objetivo del Proyecto de Reactivación de la Reforestación Comercial en Costa Rica (REFORESTA), que se financia con una donación  del gobierno de Japón de  $302.250, (¢108 millones).

Esta actividad  generaría entre $20 y $30 millones (de ¢7.200 a ¢11.000 millones) en los próximos diez años, y permitiría abastecer la demanda local de madera, así como eliminar la presión sobre nuestros bosques y disminuir la tala ilegal. Así lo comentó Constantino González, presidente de la junta directiva del Fondo Nacional  de Financiamiento Forestal  (FONAFIFO), que manejará los recursos donados.

La firma de la donación, realizada a través del Banco Mundial, se realizó el 2 de junio en Casa Presidencial, acto durante el cual el Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco, recalcó la necesidad de luchar por las especies autóctonas y detener el «nacismo» vegetal.

Los recursos japoneses se utilizarán para el diseño y ejecución de un mecanismo financiero,  denominado REFORESTA, que permitirá comprar plantaciones forestales por adelanto, dar crédito de inversión y pago de servicios ambientales a pequeños y medianos agricultores de Costa Rica.

Con este mecanismo, los productores podrán destinar sus tierras con vocación forestal a la reforestación, sin esperar entre 10 y 20 años para recuperar la inversión.

La donación también se utilizará para desarrollar productos innovadores con la madera reforestada e impulsar  una campaña de divulgación que promueva el uso de madera de plantaciones, pues no hay una cultura de consumo de esta materia prima.

En 1997 se reforestaron 5.140 hectáreas de bosque,  bajo el incentivo del programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), sin embargo, para 2000 sólo se lograron plantar 2.450 hectáreas, las cuales en estos momentos suman 150.000 en total, sobrepasando a sectores tradicionales como el café , el banano y la caña de azúcar.

Esta disminución plantea la necesidad de reactivar la reforestación con fines comerciales y evidencia que los incentivos por pagos ambientales no cubren los requerimientos de los reforestadores, denunció  Edgar Ortiz, director de REFORESTA, cuyo proyecto empezará a ejecutarse dentro de un año.

Este es parte de los esfuerzos que se hacen para reactivar el uso de  maderas  costarricenses, el cual ha disminuido debido a la importación de muebles y a la baja de las exportaciones desde 1999, cuando se vendieron $50.6 millones, suma que para 2001 fue de apenas $31.5 millones, según datos de la Promotora de Comercio Exterior.

Algunas de las maderas que Costa Rica exporta al mercado internacional son caobilla para puertas, ceibo y cativo para hacer «plywood» y teca para pisos. De esta última se incentivaría la producción. Así mismo, puertas, marcos, cajones y tablilla para piso, ente otros.

CENSO DEL SECTOR

Otro esfuerzo por reactivar el sector es el estudio «El impacto económico del uso de la madera en Costa Rica, cuyos resultados fueron divulgados el 4 de julio por la Oficina Nacional Forestal (ONF), en el cual participaron junto con FONAFIFO y el proyecto COSEFORMA/GTZ.

Con esta investigación se pretendía realizar un censo del sector y determinar su impacto económico en la economía nacional, pues durante años ha estado excluido o relegado a los últimos lugares en la asignación de recursos o definición de estrategias de desarrollo y políticas nacionales.

Así lo denunciaron personeros de la ONF, durante la actividad  en que se presentó el informe, ante la prensa y representantes de instituciones y organismos del sector.

Agregaron que solo se conocían las estadísticas  que emplea el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central  para estimar el Producto Interno Bruto (PIB), las cuales únicamente contemplan el valor agregado de los árboles sin procesar, excluyendo otros derivados de la madera -como la fabricación de tarimas para el embalaje  de productos agrícolas- cuyo valor agregado   se  le contabiliza a otras actividades productivas.

Según los resultados del estudio, el sector de la madera aportó al país en 2001 un valor agregado de $141.138.451, lo cual justifica una mayor inversión en materia de servicios ambientales  que la realizada hasta el momento, la cual, entre manejo de bosques y reforestación, no alcanza los  ¢1000 millones por año.

Así lo plantearon Alfonso Barrantes y Jorge Mario Rodríguez de FONAFIFO, durante la presentación de los resultados del estudio, el cual fue realizado por Thomas Mc. Kensy, economista forestal, durante tres años.

De esta forma, se divide al sector en  seis subsectores, de los cuales el primario es el que más aporta con $85.848.199, que corresponde el aprovechamiento forestal del bosque natural y plantaciones,  viveros  (producción de plantas), reforestación, aserraderos y fabricación de paneles y molduras.

En el secundario el que más aporta es el de la fabricación de muebles, con un monto de $20.214.479.57, cifra muy parecida  al subsector  de la construcción, apenas con un millón menos.  Los otros subsectores son el de transporte, el del comercio y el gubernamental.

Las estadísticas recopiladas por el estudio también ofrece datos sobre  el número de empresas que se dedican a cada una de esas actividades, la mayoría de las cuales corresponden al sector de vivienda (4771) y al de fabricación de muebles (1400).

Respecto a la generación de empleo, el documento dice que el aporte del sector  forestal es de 18.247 puestos, cuyo  mayor aporte  corresponde al de la construcción y la fabricación de muebles.

De esta manera, plantea que el impacto económico  del uso de la madera va mucho más allá que la simple extracción, pues hay una serie de actividades  directamente relacionadas que se inician con la venta de la semilla y terminan en la venta del producto de madera terminado.

Los resultados serán utilizados por la ONF con el fin de proponer al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)  las políticas y estrategias para el sector, lo cual forma parte de sus tareas, así como apoyar las investigaciones aplicadas a los recursos  forestales  y divulgar información sobre mercados, costos, precios y tendencias, explicó Luis Felipe Vega, presidente de la ONF.

Agregó que estas son las primeras estadísticas que se recogen sobre el sector y será necesario en el futuro realizar otros trabajos para abarcar temas que no fueron cubiertos esta vez, como es la tala ilegal, que fue planteada por uno de los participantes en la actividad.

También se constató la necesidad de incentivar el consumo de madera nacional, así como brindar mayores ventajas competitivas al sector,  analizar y revisar las restricciones a la tala en el bosque, pues si bien hay partes que son de protección, otras son más bien de producción, y propiciar la reforestación, pues esta ha disminuido en los últimos años.

Los costarricenses adoptan con mayor frecuencia el recurso de bloquear vías públicas para reclamar sus derechos y la lucha contra la revisión técnica de vehículos no ha sido la excepción. Es así como el «aroma» del gas lacrimógeno se ha vuelto  casi cotidiano.

En el sector de Pavas, al oeste de San José, tuvieron lugar fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Chorros generosos de gases lacrimógenos repartió la fuerza policial contra las personas que realizaron bloqueos en distintos puntos del país, en protesta por el inicio de  la revisión técnica de vehículos, a cargo de la empresa española Riteve SyC, que operará como un monopolio.

Las gases lacrimógenos -a diferencia de cuando ocurrieron hace dos años los enfrentamientos por la aprobación del proyecto de ley llamado «combo del ICE»- sí dieron abasto en esta ocasión, ya que había suficientes en las bodegas del Ministerio de Seguridad y las nubes de esta irritante sustancia ayudaron a despejar los bloqueos.

Desde la lucha que escenificaron los grupos sociales contra el combo, muchos ciudadanos parecieran haber desarrollado cierta afición por los bloqueos y los gases lacrimógenos, como recurso de protesta por acciones gubernamentales que no comparten.

El politólogo y docente de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Madrigal Montealegre, atribuye a una especie de «catarsis colectiva», esta creciente actitud.

En este sentido, los enfrentamientos con los arroceros están aún frescos en la memoria, al igual que el «aroma» de los gases que les lanzaron.

Los bloqueos se han convertido para los grupos sociales, en el mejor recurso para protestar contra las decisiones que toman inconsultamente las autoridades gubernamentales de turno.

No es casualidad que en las postrimerías de la anterior administración, el entonces mandatario Miguel Angel Rodríguez logró que la Asamblea Legislativa aprobara modificaciones al Código Penal, las cuales cambiaron la figura legal a los bloqueos de vías públicas: de simples contravenciones pasaron a castigarse con cárcel. Antes solo se imponía multas a los protestantes.

Justo ahora el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, anunció que pedirá al Ministerio Público su colaboración, para procesar a los detenidos en los enfrentamientos de esta semana, dentro de lo que establece esa normativa. Es entonces muy probable que estas personas descontarán entre 10 y 30 días de  cárcel, o más, si se les atribuyen otros delitos.

EXCLUSIÓN SOCIAL

Para el politólogo y exdiputado José Merino, los bloqueos para protestar por la revisión técnica de vehículos no son un síntoma de descomposición social, sino más bien una muestra de la falta real de diálogo, que se ofrece desde el poder pero no se ejecuta.

En su opinión, la utilización de este recurso se da como reacción a la inexistencia de vías institucionales, que permitan hacerle frente a los conflictos. El ciudadano se siente excluido de la participación política y ve reducido este ejercicio a emitir un voto cada cuatro años.

Este parecer es compartido por el politólogo Madrigal Montealegre, para quien los costarricenses después de la lucha contra el combo se dieron cuenta de que dejaron de ser parte de un rebaño «y le han tomado el gusto a practicar una especie de participación política, que se manifiesta en este caso tirándose a la calle y sumándose a la anarquía, al caos».

En este caso, asegura que el actual gobierno no es el culpable de lo actuado con la revisión técnica, sino la administración anterior, y que hace lo correcto para mitigar los problemas.

«Entregar un servicio como la revisión técnica, mediante un contrato monopólico, y que esos miles de millones se vayan del país, causa indignación», comentó.

Según Madrigal, más que motivaciones políticas, las razones de los bloqueos son de tipo económicas y sociales, como el aumento de la pobreza y las limitaciones salariales. «Cualquiera de estos factores sirven como pretexto para expresar el descontento», acotó.

Cabe recordar, que la firma del contrato con Riteve SyC se realizó en el gobierno pasado, y de no pagar nada por la revisión, los dueños de vehículos ahora deben desembolsar cerca de ¢10.000 en promedio.

Dicha contratación se enmarca dentro de la tendencia privatizadora que ha caracterizado a las últimas administraciones, las cuales han despreciado la voluntad ciudadana que rechaza esas políticas neoliberales.

Dentro de prácticas por desmantelar el Estado y engancharse a la globalización, en los últimos 20 años, destacan la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural, el desmembramiento del aparato productivo agrícola, la cogeneración eléctrica privada, la apertura comercial, y los  intentos por vender al sector privado activos estatales.

La «gota que derramó el vaso» la puso el gobierno anterior de Miguel Angel Rodríguez, cuando en contra de la voluntad popular impulsó la aprobación del combo del ICE en la Asamblea Legislativa. El respaldo legislativo en una primera votación, desató la más grande revuelta social de las últimas décadas y tras dos semanas de paralización del país, el gobierno debió desistir de ese plan.

A pesar de su reciente penalización, los bloqueos se han constituido en el arma principal de cualquier grupo insatisfecho con decisiones del gobierno. Recientemente los utilizaron taxistas, arroceros, colegiales y grupos comunales.

Un criterio distinto a Merino  y Madrigal tiene el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Carlos Sojo, quien no percibió  los bloqueos contra la revisión con el trasfondo político que contenía la lucha contra el combo del ICE y más bien lo ve con un origen más focalizado.

De acuerdo con el sociólogo, los bloqueos son hechos aislados y no tienen un efecto acumulador como sí lo tuvo la crisis generada por la aprobación del combo. «No se puede decir que haya un clima generalizado de descontento social», puntualizó.

Por otro lado, el exdiputado Merino afirmó que las instancias políticas del país se han despojado de su responsabilidad como entes que representación de los ciudadanos y han pasado a ser agencias corporativas de intereses extrapolíticos.

«Cuando consideran que un contrato con una empresa extranjera está por encima de la deliberación democrática de los ciudadanos, obviamente están perdiendo parte de su razón de ser en un régimen democrático», cuestionó.

Criticó además «el intento de criminalizar la protesta social», con la legislación «represiva» que castiga con cárcel la obstrucción de vías públicas.

Este año no se tendrá que pagar completa la tarifa de  la revisión técnica de los vehículos, pues el servicio no corresponde a un año calendario.

Para San José, la primera estación de revisión técnica se abrirá en agosto en Alajuelita.

El cobro de la revisión técnica de vehículos que se inicia el 15 de julio, debe realizarse en tal forma que responda a criterios de eficiencia  y al servicio recibido.

Así lo planteó la Defensoría de los Habitantes al gobierno, tanto a la administración de Abel Pacheco como a la de Miguel Angel Rodríguez, cuando mediante decreto definió las tarifas de la revisión.

Esto significa que este año no corresponde pagar el total del monto definido para cada tipo de vehículo, por cuanto la revisión no tendrá validez por un año.

A quien le corresponda llevar su auto entre el 15 de  julio y el 15 de agosto -placas terminadas en los números 1 y 2- debe volver a la revisión en enero y febrero respectivamente y por tanto los primeros tendrían que pagar la mitad del monto.

Aquellos que  tengan placas terminadas en 3 y 4 harían la revisión entre el 15 de  agosto y el 15 de septiembre, pero en 2003 le corresponderá en los meses de marzo y abril; por tanto solo deben pagar lo correspondiente a siete y ocho meses respectivamente.

A los autos con placas terminadas en 5 y 6 este año les corresponde la revisión en septiembre, pero el entrante en mayo y junio, por lo que el cobro debe corresponder a ocho y nueve meses, y así sucesivamente.

Así se desprende de las declaraciones de Geovanny Barboza, Director  del Area de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, quien esta semana dio detalles sobre el asunto a UNIVERSIDAD por estar ausente el Defensor, José Manuel Echandi.

El funcionario explicó que el tema debe tratarse con mucho cuidado porque se trata de la salud y vida de las personas, quienes son las afectadas con las malas condiciones de los vehículos y la emisión de gases que contaminan el ambiente.

La fijación tarifaria cada año se establece en forma automática, con el modelo  financiero de cobro definido en el gobierno anterior.  A eso corresponden los nuevos montos planteados para este año, los cuales fueron revisados y luego reducidos  por el gobierno, por cuanto la Viceministra de Transportes, Karla González,  quiso asegurarse de que eran los adecuados, de acuerdo con los costos de operación de la empresa.

Actualmente se estudia la forma en que se calcularía lo que corresponde pagar a cada conductor, según la cantidad de  meses a que corresponda el servicio. (Ver recuadro sobre tarifas)

Barboza reiteró que el cobro corresponderá al servicio recibido, por tanto cobrar la tarifa de un año por un servicio prestado durante un tiempo menor, no sería lo correcto.

ESTA CLARO

Por su parte, Alexander Zamora, gerente de operaciones de la empresa Riteve SyC, encargada de la revisión técnica, aseguró que está claro que no se les podrá cobrar la tarifa total a quienes deban volver a revisar su carro antes de un año. El asunto, aseguró, le corresponde definirlo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Eso significa que ninguna  persona deberá pagar la tarifa completa, pues aún los autos con placas terminadas en los últimos  números, tendrán derecho a una rebaja. Por ejemplo, a aquellos cuya placa termine en el número diez, este año les corresponde la revisión en noviembre; y la próxima sería en octubre, o sea en nueve meses.

Explicó que este año se atenderán dos grupos de placas cada mes, porque solo se dispone de seis meses, pero en 2003 a cada número corresponderá un mes, empezando en enero con  el 1 y terminando en octubre con el 10.

Consultado sobre la concesión del servicio otorgado por el Estado, dijo que es por diez años (prorrogables  por otros diez), a partir de los cuales tanto la infraestructura como la maquinaria pasa a manos del Estado costarricense.  Esta tiene un costo de inversión de $24 millones, que representan unos ¢8.000 millones, manifestó.

La flota vehicular, que anda por los 600.000 unidades, deberá presentar un buen estado las llantas, los frenos, las luces, la suspensión, rótulas, mangueras y puntas. También se mide la emisión de gases y se hace una inspección de documentos para estar seguros que el auto no es robado.

Quienes presenten problemas en su carro tendrán quince días para resolverlos y volver a la revisión, sin pagar costo alguno, pero después de ese plazo se vuelve a cobrar.

El examen se realiza previa cita, la cual se obtiene en forma gratuita en el número 905-7880000, durante el periodo que le corresponde llevarlo. Las personas interesadas en mayor información pueden obtenerla en el diario La Gaceta N81 del 29 de abril.

TARIFAS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA

Vehículos              Tarifa (en colones)

Livianos                8.805

Pesados                11.590

Taxis                   9.495

Buses                  11.590

Motos                   5.795

Equipo especial        11.590

ESTACIONES DE REVISIÓN TÉCNICA

Alajuela: El Coyol, un kilómetro oeste de la planta de la Dos Pinos.

Cartago: Tejar del Guarco, 250m. oeste del restaurante El Quijongo.

Heredia: Barrial de Heredia, 150m. sur de la bomba Texaco.

Cañas: Detrás de la estación de peaje.

Liberia: Centro, frente al Hotel Las Espuelas.

Nicoya: Centro, 100 m. oeste del depósito de la Coca Cola.

Guápiles: La Marina, cerca del puente sobre el río Blanco.

Limón: Nueve Millas, entrada a la urbanización Limón 2000.

Pérez Zeledón: Palmares, 200 metros este del colegio Fernando Volio.

Puntarenas: Barranca, frente a bodegas de la Liga de la Caña.

San Carlos: Ciudad Quesada, plantel del M.O.P.T.

NOTA: Las personas de San José pueden hacer la revisión en Barreal de Heredia, cuya estación cuenta con una mayor cantidad de personal.

La Academia Internacional de Policía plantea como sus objetivos la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, prevención de la violencia doméstica y protección ambiental; pero algunos sectores se preguntan si esto no será otro pretexto para la expansión del militarismo estadounidense en América Latina.

El grado de confianza de la ciudadanía en la policía (de 1998 a 2000) fue de

-12.7 según las encuestas.

Adiestrar a las fuerzas del orden de la región en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, es la razón en la que se apoya el Gobierno para firmar el pasado 6 de junio un acuerdo que instalaría una academia policial en el país.

Próximamente el proyecto llegará a la Asamblea Legislativa para ser ratificado, si se cuenta con al menos 38 votos.

El «Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica sobre una Academia Internacional para el cumplimiento de la ley» (Ver recuadro «Combate a delitos transnacionales»)  fue suscrito entre el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, y el Embajador de Estados Unidos en Costa Rica, John Danilovich. Para algunos sectores costarricenses consultados, esto se hizo de manera abrupta e impensada.

Después de su primera visita a Washington tras asumir la presidencia el 8 de mayo, el presidente Abel Pacheco informó que George W. Bush propuso la creación de la escuela, cuyas principales tareas serán prevenir la violencia doméstica, la protección ambiental (Ver nota «Fuerzas armadas en el bosque») y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Afirmó que sería una policía civil ciento por ciento y que se ocuparía de la problemática actual del mundo.

Esta funcionaría como las que existen en Filipinas, Singapur, Indonesia, Hungría, Tailandia y Nuevo México.

La propuesta fue negociada también con el gobierno anterior, por lo que no sería una idea tan reciente.

En un artículo enviado por Internet, José Merino del Río, exdiputado de Fuerza Democrática y coordinador del Foro de Acción Política «Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible», manifestó que no es casual que dos altos funcionarios del anterior gobierno como Ramos y el embajador en Washington, Jaime Daremblun, hayan llevado el peso de las negociaciones, y se hayan apresurado a convencer al presidente Abel Pacheco de lo positivo del convenio, y hayan elegido un terreno en Desamparados de Alajuela para instalarla.

El primer intento para establecer esta academia fue en Panamá, pero ese país rechazó la posibilidad.

Rodrigo Alberto Carazo, diputado del Partido Acción Ciudadana, consultado al respecto, considera el convenio peligroso, por lo que están investigando las razones que mediaron para esa negativa. «En Panamá se rechazó porque saben qué significa este tipo de presencia,» dijo.

Por su lado, Vance W. Stacy, asistente del director regional para México y América Central del Departamento de Justicia de la Embajada de EE.UU. en Costa Rica, admitió al diario La República, que en Panamá se desistió por «razones políticas» y que al final se decidieron por Costa Rica, dada la «estabilidad democrática».

Entre los beneficios que traería, según quienes la impulsan, están la generación de empleos en las áreas de secretariado, cómputo, contabilidad y administración.

Aunque el convenio aún no llega a la Asamblea para su ratificación, algunos diputados ya externaron su opinión. Carazo afirmó que tienen que estudiarlo con mucho cuidado, ya que tienen serias dudas. «Este acuerdo no tiene ventajas, es un convenio bilateral para dar un servicio multilateral y no me calza la figura. Los propósitos son buenos, pero la modalidad operativa no es conveniente. Se van a  dar imprecisiones como las que se han visto con el patrullaje conjunto.»

BARCOS DE VISITA

Carazo se refirió además a la discusión generada en la Asamblea con el permiso de atraque en puertos nacionales a barcos de EE. UU. Artillados, el cual fue aprobado a principios de semana. Amparándose en el «Acuerdo entre el Gobierno de CR y el de EE.UU. para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito» -o de patrullaje conjunto-, firmado el 6 de octubre de 1999, la Embajada de EE.UU. solicitó al Gobierno el permiso de atraque, permanencia  en puerto y desembarque de las tripulaciones de embarcaciones estadounidenses.

En el oficio 458-2002 del 26 de junio, que el Ministro de Seguridad Rogelio Ramos envió a la Asamblea, se dice que las embarcaciones podrán atracar y permanecer en puertos costarricenses en el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de setiembre. Según los diputados calcularon, aproximadamente 5.000 estadounidenses, entre enlistados y oficiales vendrían en las naves, la mayoría de las cuales también transportan helicópteros y son artilladas (poseen armas).

Federico Malavassi, diputado por el Partido Movimiento Libertario quien dio su voto positivo, comentó que las naves no van a venir todas a la misma vez. «Sería una invasión si entran así, pero no es seguro que vayan a hacerlo así, sólo si tienen que abastecerse, o si les pedimos ayuda para encontrar pescadores perdidos.»

Por su parte, José Miguel Corrales, diputado del Partido Liberación Nacional, advirtió durante la discusión del permiso, que en el convenio de patrullaje se dice que éstas sólo son policiales y no militares.

Hace dos años se recibieron $350 millones para financiar dicho acuerdo y ahora se critica que este combate al narcotráfico es el pretexto ideológico para la expansión del militarismo estadounidense en América Latina. Así, la geopolítica exterior le da una connotación más delicada al tema, por lo que se advierte sobre la posibilidad de que esta base policial se preste para otra serie de actividades encubiertas «a las que son muy dados los estadounidenses, lo que nos podría comprometer internacionalmente», comentó Rigoberto Salas Aguilar, del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA).

LOCURA MILITARISTA

Esta iniciativa de fundar una Academia de Policía, no debe verse fuera del contexto que impera en el mundo, después de los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos. Luego de estos hechos, la lucha contra el terrorismo se convirtió en el lema de la presidencia de Bush y EE.UU. aumentó su presencia militar en el mundo en un 20%: desplegó casi 300.000 soldados en más de 140 países como parte de la operación «Libertad Duradera» y anunció la creación de un «megaministerio» de seguridad con 170 mil  empleados y $37.000 millones de presupuesto.

Además, desde hace dos años EE.UU. aplica el Plan Colombia que, de acuerdo con el Departamento de Estado, es un operativo militar para combatir el narcotráfico y promover el proceso de paz en Colombia y que tiene un costo de $7.5 billones.

Toda esta política sustituyó a la doctrina de seguridad nacional del pasado, que pretendía combatir la supuesta amenaza comunista desde las bases militares instaladas en Honduras, por ejemplo, que durante los años 80 sirvieron a los contras del gobierno de Ronald Reagan, para la intervención estadounidense contra Nicaragua y El Salvador; o la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá de 1946 a 1984 .

Por allí pasaron más de 60.000 militares y policías de América Latina, responsables en su mayoría de innumerables torturas, extorsiones y ejecuciones. José Merino recordó que «Por ahí pasaron Noriega, Banzer, los que derrocaron a Allende y mataron a monseñor Romero, torturadores y asesinos.»

El centro fue trasladado a Fort Benning, en Georgia, hasta que el Senado estadounidense le cambió de nombre. «Para exorcizar el templo de víctimas y de verdugos, se le puso entonces el piadoso nombre de Instituto de Cooperación en la Seguridad del Hemisferio Occidental», expresó.

De ahí que surja ahora el temor de que la Academia en Costa Rica pueda convertirse en una sucursal modificada de lo que fue la Escuela de las Américas. Algunos advierten sobre cuál sería la relación directa entre el establecimiento de esa Academia y el Plan Colombia, aunque el Ministro de Seguridad Rogelio Ramos aseguró que no existe relación entre ambos. Sin embargo, en esta guerra contra el  terrorismo, las fronteras entre lo militar y lo policial, han desaparecido.

DELGADA LÍNEA

«Hay países donde las fuerzas armadas tienen funciones policiales, por esa razón no podemos decir que no habrá militares, tenemos a Colombia, México, República Dominicana y Perú. No obstante, cualquier militar que vaya a participar debe tener como requisito un portafolio oficial que garantice su función policial», explicó el estadounidense Vance Stacy.

De esta manera la delgada línea entre lo militar y lo policial alimenta dudas, aunque no en el diputado Federico Malavassi, quien indicó sobre este tema: «Lo vemos de lo más apropiado, una cosa es la policía y otra el ejército. No hay que confundir lo militar con lo policial. Sería bueno si logramos internacionalizar la capacitación de la policía con técnicas como las de Scotland Yard, de Inglaterra, o del FBI.»

Carazo y Malavassi coinciden en que se ha cometido el error de recibir asesoría militar de otros países para adiestrar a la policía, en la necesidad de capacitarla, y en que la policía nacional es más militar que la de otros países.

«Hemos cometido el error de abordar los problemas de seguridad nacional con la policía, porque no hay gente especializada que analice los peligros de varios tratados. La seguridad nacional debe tratarse de forma inteligente. La policía de Estados Unidos tiene mayor tradición civilista que la tica», expresó Malavassi.

Carazo resaltó que en el convenio no queda claro si es una academia policial o una militar.

DESCONFIANZA CIUDADANA

El papel de las fuerzas policiales, su situación actual y la corrupción, son otros aspectos que podrían debatirse a la sombra de esta iniciativa.

Según el VII Informe Estado de la Nación el grado de confianza de la ciudadanía en la policía (de 1998 a 2000) fue de -12.7. En 2000 aumentó  el número de policías y se aceleró el proceso de profesionalización de estos; pero de acuerdo con la Encuesta Unimer-La Nación 2000, el índice de satisfacción con la acción de la policía disminuyó de 2.1% en 1999 a -6% en noviembre de 2000. Frente a esto se ha impulsado, por ejemplo, el programa de seguridad comunitaria que son comités de barrio para coordinar la prevención de delitos.

El libro «Justicia en la Calle. Ensayos sobre la Policía en América Latina», editado por

Peter Waldmann, de la fundación Konrad Adenauer, analiza el papel de las fuerzas policiales en las sociedades democráticas. «No se trata sólo de que los policías no contribuyan a evitar de manera efectiva los actos delictivos, sino que en numerosos casos ellos mismos los propician o los cometen», dice.

Un orden jurídico respetado y apoyado por todos, así como un poder judicial independiente son las condiciones propicias y tal vez necesarias para frenar los excesos de violencia y corrupción de la policía, se propone en esa obra.

Mientras tanto, en setiembre los promotores de la academia se reunirán con los representantes de cada país latinoamericano interesado en participar del proyecto.

Para ese momento Costa Rica ya debe haber decidido si alquilará su territorio para fines de entrenamiento de contingentes policiales nacionales y extranjeros.

COMBATE A DELITOS TRANSNACIONALES

Esta sería la quinta Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que EE.UU. establece en el mundo.

-Objetivo: formar jueces, policías, fiscales y funcionarios aduaneros en delitos transnacionales (narcotráfico, terrorismo, robo de autos, prostitución infantil, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos de cuello blanco, financieros y cibernéticos).

-A  la cabeza tendrá un Comité Conjunto (estadounidense-costarricense) de alto nivel y también estará dirigida por un director de programa nombrado y costeado por EE.UU., quien será el superior jerárquico y responsable de operación. Ese país también debe aprobar todos los puestos que financiará con sus recursos.

-Costa Rica será responsable de los costos de mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones. Las partes decidirán de común acuerdo sobre los planos de diseño, construcción, contratación y medidas para supervisar la obra.

Las instalaciones serán propiedad del país y se dedicarán exclusivamente a la Academia durante la vigencia del  acuerdo, salvo que las partes dispongan lo contrario.

-EE.UU. responderá por los costos de los programas ofrecidos; las finanzas serán auditadas por una firma internacional en caso de que lo solicite alguna de las partes; y EE.UU. asignará un administrador financiero durante el tiempo que consideren necesario.

-Costa Rica asegurará que los bienes y servicios importados para construir y operar las instalaciones, estén libres de derechos de aduana e impuestos de importación.

Con respecto a los privilegios e inmunidades para el personal de la academia, un instructor  o estudiante no costarricense estará exento de cualquier impuesto relacionado con el alquiler de una residencia para uso personal, y de cualquier obligación para obtener permisos laborales o el pago de contribuciones de seguro social.

Fuente: Acuerdo entre los Gobiernos de EE.UU. y Costa Rica sobre una Academia Internacional para el cumplimiento de la ley.

FUERZAS EN EL BOSQUE

La idea ligada a la Academia de Policía, de que las fuerzas armadas protejan el medio ambiente, no es nueva, y tomó más cuerpo durante una actividad en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), realizada a fines de junio.

Más de 40 representantes de Centroamérica y EE.UU. se reunieron para la apertura del Programa Centroamericano de Defensa Ambiental en el Corredor Biológico Mesoamericano, iniciativa para fortalecer la capacidad de militares en temas agrícolas, forestales y ambientales.

Allí el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, indicó que su cartera integrará una oficina para coordinar las iniciativas permanentes de la policía costarricense en protección ambiental.

El programa formaliza la relación entre el  CATIE y las academias militares centroamericanas, para institucionalizar la capacitación e incluirla en el plan de estudios de dichas fuerzas armadas. Así se espera capacitar a cerca de 170.000 militares y policías de Centroamérica.

En el istmo las fuerzas armadas ya tienen mandatos legales para ocuparse del tema ambiental en el Tratado Marco de Seguridad Democrática y en la Alianza para el Desarrollo Sostenible. El inicio de este programa permitiría poner en práctica estos nuevos papeles que les asigna la ley, señaló Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente, en un comunicado sobre el encuentro.

Edgar Gutiérrez Espeleta, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica criticó que con una aspiración tan costarricense como la negación absoluta al ejército y a los militares se apoye aquí una actividad «tan nefasta como la de encontrarle una nueva función a estos cuerpos». «En Centroamérica, los militares norteamericanos se hacen amigos de la protección del ambiente natural, mientras que en los Andes estos son amigos de los cuerpos antidrogas. ¿Serán estos cuerpos realmente amigos o existirán otras agendas ocultas?», manifestó en un correo electrónico.

Dicho sea de paso, la protección ambiental se menciona como una de las principales tareas de la Academia Internacional de Policía, aún cuando el país que impulsa la creación del centro, sea criticado en el ámbito internacional por frustrar  las esperanzas de llegar a un acuerdo para combatir el calentamiento global. EE.UU se niega a instrumentar el Protocolo de Kyoto, tratado internacional sobre cambio climático, y su principal objeción es que el acuerdo se centra en las emisiones de los países industrializados y no busca limitar, en la primera etapa, la contaminación en las regiones en vías de desarrollo. Sostiene que pronto la India y China los superarán en su nivel de emisiones.

El director para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez, señaló que la negativa del gobierno de George W. Bush a ratificar el Protocolo de Kyoto significa un gran retroceso, mientras se prepara la segunda Cumbre de la Tierra, que se celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de este año.