La Sala Constitucional deberá decidir si rectifica su fallo sobre la minería a cielo abierto en Las Crucitas.

Tras la denuncia de un funcionario del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) de que no existen estudios técnicos que justifiquen el permiso de la Sala Constitucional (IV) a la operación de la mina a cielo abierto en Las Crucitas, el clamor y algunos recursos de amparo por parte de sectores ambientalistas, ya llegaron ante el órgano constitucionalista.

El pasado 9 de mayo, el malestar de numerosos sectores por la resolución sin sustento hidrogeológico de la Sala IV, se hizo patente ante dicha instancia judicial mediante dos recursos de amparo, en los cuales se le pide una revisión y que declare la nulidad de lo resuelto el 16 de abril anterior, cuando dio su visto bueno para que la empresa Industrias Infinito extraiga oro en la zona fronteriza con Nicaragua.

Como se recordará, la Sala Constitucional desestimó a mediados del mes pasado y tras casi dos años de estudio, un recurso de amparo contra dicho proyecto minero, con lo cual rechazó que hubiera algún riesgo ambiental para el ambiente y las personas.
Sin embargo, Miguel Ramírez Hernández –funcionario del SENARA- denunció el 5 de abril que esa entidad no posee, ni ha realizado ningún estudio hidrogeológico sobre el área del proyecto minero, tal como lo aseguró a la Sala IV el gerente general de esa institución, Bernal Soto, y por lo tanto, indujo al error a los cinco magistrados que votaron favorablemente.
Aparte de anunciar que presentará una querella contra Ramírez Hernández, el Gerente del SENARA ha alegado ante los medios de prensa que el estudio presentado a la Sala Constitucional tenía suficiente validez técnica como para que los magistrados resolvieran.
Por su parte, la Sala IV aceptó -por medio de un comunicado  de prensa- que estaban al tanto de que el informe entregado por el SENARA se sustentaba en estudios elaborados  por consultoras particulares, contratadas por el proyecto minero.
Mientras tanto, cuatro especialistas de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, emitieron un pronunciamiento el 6 de mayo en el que ratificaban que no existía ningún estudio concreto -por parte de esa institución- referido a  Crucitas y que tampoco estaba dentro de sus potestades avalar estudios hidrogeológicos realizados por empresas interesadas.

SIN FUNDAMENTO

En cuanto a la polémica asesoría brindada por el SENARA a la Sala Constitucional para que se pronunciara sobre la minería en Crucitas, cabe recordar que el gerente del mencionado ente especializado en aguas subterráneas –Bernal Soto-, le solicitó el 12 de febrero al hidrogeólogo Roberto Ramírez que le respondiera de un día para otro, siete preguntas sobre aspectos técnicos del proyecto minero.
Un día después Ramírez le presentó un informe que sustentó en estudios desarrollados por firmas consultoras para la empresa minera; los resultados eran favorables a la minería a cielo abierto. Este informe lo remitió Soto a los magistrados encargados de dilucidar si el proyecto era o no perjudicial para el ambiente.
Después de la denuncia de Ramírez Hernández, lo expuesto públicamente por los funcionarios de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, de alguna manera respaldaron lo dicho por el denunciante, al explicar que si bien el SENARA emite dictámenes a partir de los estudios realizados por los interesados, “únicamente revisa las metodologías y los protocolos de los estudios y no se verifican los datos de campo”.
Además dejaron claro que el SENARA no avala estudios técnicos elaborados por los mismos interesados y que en caso de hacerlo, la investigación tendrían que hacerla con personal institucional propio.
Reiteraron que la entidad no ha realizado ningún análisis de campo en Crucitas y que la única visita que realizó uno de los geólogos y el Gerente General, fue en compañía de  algunos magistrados de la Sala IV que visitaron el lugar el año pasado para una inspección general.
“Para que el SENARA avale estudios realizados por consultores privados, le corresponderá a la institución hacer las verificaciones y comprobaciones de campo en todos los casos, situación que no se ha dado”, afirmaron.

REVISAR Y ANULAR

“Tenemos meridianamente claro que existe un error en la información  que les fue brindada a ustedes por SENARA y por ello pedimos que con base en el principio precautorio, se admita esta acción de revisión y revocatoria de su voto”, expone Álvaro Sagot Rodríguez en el recurso de amparo que interpuso ante la Sala IV el pasado 9 de mayo.
El abogado y ambientalista instó al tribunal constitucionalista a acoger el recurso de amparo, dado que “aún no existe la información necesaria para poder disponer que se ha verificado que no se causarán daños en el recurso hídrico y por ende, debería seguir vigente su criterio  de proteger el derecho al agua que debe ser, para todas las formas de vida y no solo los seres humanos”.
Por su parte, la otra impugnación legal presentada a la Sala IV, sostiene que el supuesto informe técnico que le sirvió de respaldo a los magistrados, “no reúne las formalidades técnicas ni jurídicas exigidas por la propia ley constitutiva del SENARA ni sus reglamentos operativos, para ser considerado un estudio técnico-científico de la información hidrogeológica de la zona de impacto del proyecto”.
Esta acción legal fue presentada por Rafael González Ballar –exdecano de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Yamileth Astorga –coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la UCR.
Acerca del mencionado informe del SENARA, Astorga y Ballar reclaman que fue validado “de forma totalmente atípica e ilegal por su Gerente (arrogándose competencias que no posee), oficio que no fue  acompañado de un estudio técnico-científico de campo (in situ) claro, objetivo, con datos técnicos verificables realizado por los profesionales y técnicos especializados  de dicha entidad”.
Ellos le recuerdan a la propia Sala Constitucional su tradicional línea clara y sistemática para proteger el ambiente. Pero, “en el presente asunto se han acumulado dudas razonables para impedir la ejecución de dicho proyecto y con lo que señalamos en este momento con mayor razón”.
Un criterio similar externó la Asociación de Empleados del SENARA (ASES), al reclamar que “en el caso de Crucitas el fallo de la Sala Constitucional deja mucho que desear con su voto del 16 de abril del 2010, ya que su actitud es totalmente contraria a sus actuaciones anteriores, al sepultar el firme compromiso de la Sala IV en materia ambiental, y extrañamente, otorga una confianza inédita a entidades que sistemáticamente ha condenado a lo largo de estos años (MINAET, SETENA, SINAC, SENARA) por negligencia o inoperancia”.
Consultado Álvaro Sagot sobre la disyuntiva que se le presenta a la Sala Constitucional, comentó que ahora es cuando toma más fuerza la aplicación del principio legal de que en caso de duda se debe favorecer la protección de la naturaleza, por lo que “sería viable una modificación parcial o total del voto”.
El experto en derecho ambiental ve como posible escenario para la Sala IV, “desde revocar totalmente el fallo y declarar con lugar el amparo en todos sus términos, declarando  al menos que la viabilidad y la concesión fueron mal otorgadas; o también podría decir que se suspende el dictado final del voto hasta que SENARA envíe a sus técnicos a hacer las verificaciones del caso de no afectación del recurso hídrico, con base a lo precautorio”.
Por otro lado, en cuanto al empleo por parte de la Sala IV de estudios hechos por la parte interesada, el profesor de la Facultad de Derecho de la UCR –Nicolás Boeglin- opinó que es algo muy extraño, “porque para casos similares como el parque Las Baulas o el acueducto de Sardinal, la misma Sala fue extremadamente exigente en cuanto a la falta de estudios y exigió que el SENARA y AyA aportaran los estudios faltantes. En el caso de Crucitas, esta exigencia fue `subsanada´ por el Gerente del SENARA, sin pasar por la DIGH, lo cual en sí ya constituye una extrañeza”.

Miguel Ramírez “se compró la bronca”

Aunque pertenece al área administrativa del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), por principios éticos y conciencia ambiental el funcionario Miguel Ramírez Hernández decidió “comprarse la bronca” y denunciar la carencia de estudios hidrogeológicos que justificaran la viabilidad del proyecto minero en Crucitas dada por la Sala Constitucional.
Hacer solo esta denuncia, significaba no solo poner en riesgo su puesto en el SENARA, sino también “metérsele al tren” representado por la Sala IV.
“Aquí el punto es defender los intereses del país como costarricense, y también como funcionario. Defiendo la institucionalidad. Hago un llamado para que a esta institución se le fortalezca con recursos económicos y humanos, porque realmente el SENARA es una institución de mucho interés para el país”, expresó Ramírez a este Semanario.
Frente a la demanda judicial que amenazó con ponerle el gerente general, Bernal Soto, el asistente administrativo dijo que “si tienen que querellarme veinte veces por decir la verdad, la voy a decir veinte veces y más”.
Ramírez aseguró que hasta el viernes 7 de mayo, no tenía conocimiento de algún proceso administrativo emprendido en su contra por parte de la gerencia institucional, en represalia por lo denunciado.

Esquema de metas de inflación del Banco Central está basado en una teoría inapropiada, afirma.

En momentos en que hay inestabilidad, incertidumbre y hasta desconfianza en el mercado cambiario, el economista Helio Fallas cuestiona la conveniencia de mantener el sistema de bandas cambiarias implantado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2006 como paso transitorio hacia la liberación total del mercado. Advierte que el modelo se mantiene a pesar de que no se están cumpliendo las condiciones señaladas por el mismo Banco como necesarias. Además, critica que el Banco Central centre su política en el  control de la inflación, lo que renombrados economistas consideran inapropiado en momentos en que se necesita incentivar la producción y el empleo.

Hace falta preguntarse con seriedad y responsabilidad: ¿es necesario seguir con el actual proceso de migración hacia un esquema de metas de inflación o si debemos replantearnos otras alternativas cambiarias que propicien un clima económico más estable para el crecimiento y el desarrollo social?”, se preguntó Fallas.
El consultor de economía y exministro de Planificación y de Vivienda recordó que el sistema de bandas cambiarias, en el que el Banco Central fija un piso y un techo a la cotización del dólar, se implantó en el 2006, luego de 20 años de regir un sistema de minidevaluaciones, al que los economistas señalan tanto ventajas como desventajas.
En una primera etapa se observó una estabilidad del tipo de cambio, hasta diciembre del 2007, cuando empezó a bajar hasta mayo del 2008, cuando tendió a bajar y luego a subir con mayor volatilidad hasta agosto del 2009, coincidiendo con la crisis económica mundial y nacional, y desde el mes de setiembre se da una tendencia a la baja de la moneda estadounidense, con mayor volatilidad mayor, sobre todo a partir de enero.
Según un estudio realizado por Fallas sobre el comportamiento del tipo de cambio hasta el 12 de abril pasado, desde el 1 de enero la divisa norteamericana se había depreciado en 12%.
La mayor caída se registró a finales de abril, cuando el precio del dólar llegó a bajar hasta ¢506, tras lo cual siguió un fuerte repunte en la primera semana de mayo, y entre lunes y viernes había subido cerca de ¢30 en el mercado mayorista.

Es de notar que hasta agosto del 2009 el BCCR estuvo interviniendo mediante la compra o venta de dólares para defender el piso de la banda o estabilizar el mercado, pero desde ese mes dejó de hacerlo, y desde entonces hubo tendencia a la baja del dólar.

¿Es competitivo el mercado cambiario, de cara a la liberación total contemplada por el BCCR?

—Si se analiza la tendencia del mercado mayorista MONEX, donde participan entidades e individuos con transacciones de $1.000 o más, y que representa más o menos un tercio del total del mercado (el resto está en “ventanilla” de las entidades financieras), desde setiembre del 2009 se nota que en doce ocasiones la relación porcentual “monto máximo negociado/monto total negociado” superó el 20%. Esto significa que un agente económico, que puede variar de una sesión a otra, tuvo una influencia significativa en el monto total negociado en ese mercado. En un caso, el 31 de marzo 2010, esa proporción alcanzó el 57%. Aún más preocupante es que esa relación se presenta la mitad de las veces en el mes de marzo del presente año. Ello apunta que en ese mes se produjo una mayor distorsión en el mercado cambiario, sin ninguna reacción del BCCR aduciendo que aún no llega a la emblemática cantidad de ¢500 colones por dólar (piso de la banda).

Por otro lado, cabe preguntarse si la reducción de ¢90 por dólar es sostenible para el sector productivo exportador. En otras palabras, si por mantener un esquema monetario sea necesario de sacrificar diversos sectores productivos o industrias locales. En ese contexto, cabe resaltar que las pérdidas acumuladas en esas 12 ocasiones representan casi un 50% del total de la reducción del tipo de cambio en el periodo mencionado de setiembre del año pasado a marzo 2010.

Lo referido arroja serias dudas sobre el comportamiento de ese mercado como un mercado competitivo y, por lo tanto, confiable como para dejarlo a disposición de las “fuerzas del mercado”.

En relación con la evolución del tipo de cambio del colón por dólar resulta necesario valorar también qué ha sucedido con las transacciones en la Bolsa Nacional de Valores, según moneda. Y allí se ve una leve tendencia hacia la desdolarización en las transacciones (tendencia a realizar más transacciones en colones), que se acentúa desde que se fijan las bandas cambiarias en octubre del 2006, situación que crece aún más a partir de setiembre del 2009. Eso se da después que BCCR se sale del mercado de divisas y renuncia a su participación como paso previo a la puesta en marcha del esquema integral de metas de inflación.

La gente debe conocer el contexto en que se da esto. En abril del 2009, en plena crisis mundial y nacional, el FMI le aprueba a Costa Rica un acuerdo Stand-By mediante el cual le otorga un préstamo por $735 millones, con el propósito de fortalecer la estrategia económica del país en vista de la situación económica mundial.

¿En que condiciones se dio eso?

—Uno de los componentes del programa es que Costa Rica debe adoptar pasos hacia la adopción de un esquema de metas de inflación, incluyendo medidas que tiendan a fortalecer los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Las metas de inflación son un esquema, que el economista Bernanke ha definido como un “marco de referencia de política monetaria caracterizado por el anuncio público de metas cuantitativas (o rangos) de carácter oficial de tasas de inflación respecto de uno o más horizontes temporales, con la certeza explícita de que una inflación baja y estable es el principal objetivo de largo plazo.”
Bernanke y otros renombrados economistas han señalado que el esquema de metas de inflación debe aplicarse con cuidado y luego de algunas condiciones básicas; además, no omite los peligros de una reducción de la producción y un aumento del desempleo abierto, por el aumento de tasas de interés para bajar la inflación.
Joseph Stiglitz dice que las fuentes de inflación pueden ser muy variadas en los países y la tasa de interés podría hacer muy poco para controlarla en algunas circunstancias.
Según otros economistas, un problema adicional que enfrentaría esta estrategia en el caso de los países emergentes es la vulnerabilidad del sistema financiero y de la moneda frente a ataques especulativos.
Considero, como esos economistas, que el juicio más relevante de crítica al objetivo inflacionario exclusivo de los bancos centrales es de economía política. La preocupación centrada en la inflación en la política monetaria parece querer liberar a los bancos de sus obligaciones con el desarrollo económico y social de un país. Además, si se impulsa un esquema de metas de inflación en forma ortodoxa, se omite la utilización de instrumentos útiles que pueden servir en escenarios complejos.

¿Qué impacto ha tenido el sistema de bandas en la vida de la gente?

—Con el nuevo esquema cambiario en el marco de la migración al sistema de metas de inflación, el BCCR obligó al ciudadano común y al empresario a convertirse en un “adivinador” y eventualmente en un “especulador” en potencia, en vista de la imposibilidad de prever el tipo de cambio. Esto significa que el ambiente económico se volvió más inestable e inseguro. Por supuesto, que el papel de especular lo pueden cumplir solo muy pocos agentes económicos participantes del mercado cambiario.

Si bien uno de los objetivos en el esquema de metas de inflación es que el BCCR pueda administrar mejor su política monetaria, mediante el uso de una política de interés apropiada, y de esa forma el país tenga una tasa de inflación baja, economistas de peso como los aquí nombrados reclaman que los bancos centrales deben velar también por el crecimiento y el empleo.

El Banco lo que dice es que el tipo de cambio hay que dejarlo a las fuerzas del mercado, pero como no puede hacerlo de una sola vez, entonces el paso intermedio son las bandas.
Eso funcionaría en un mercado competitivo, pero hasta el Banco reconoce en cierta forma que no es competitivo. En un documento reciente dice que hay tres niveles de competencia (bajo, mediano y alto) y de acuerdo con un índice que ellos calcularon el que tenemos es bajo.

En definitiva usted considera que no es correcta la orientación que lleva el BCCR…

—Yo digo que en el fondo lo que hay es una decisión de economía política. Reconocerlo así es reconocer que el BCCR no es tan independiente como lo pretende mucha gente. No, está asumiendo un compromiso y una forma de ver la economía. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿Qué es lo que debe hacer el Banco Central? ¿Preocuparse solamente por controlar la inflación, o preocuparse también por el sector real, por el sector exportador que es el más perjudicado?
Se está aplicando este modelo que desestimula el crecimiento, en momentos en que hay necesidad de estimular la economía. Es lo contrario de lo que está haciendo Bernanke en la Reserva Federal de EEUU. ¿Acaso está subiendo las tasas de interés porque puede haber inflación? No, las está bajando para que haya crecimiento.
Hay otro elemento que es importante entender para ver cómo funciona la lógica del crecimiento. A los agricultores y a otra gente se les dijo hace 20 años que el país tenía que volcarse hacia las exportaciones. Y un incentivo muy importante era el tipo de cambio. Para eso se diseñó el sistema de minidevaluaciones. Pero ahora le ponen este otro sistema  y le bajan en unos meses el tipo de cambio. Entonces es una contradicción total de la política económica.

¿Pero ellos siguen con el modelo pase lo que pase….

—Pareciera que sí; que lo que importa es aplicar el modelo. Y aquí hay que decir algo muy importante, y es que cuando se aprobó esto de las bandas cambiarias, en el mismo comunicado del BCCR se dijo que tenían que haber dos condiciones fundamentales para llegar a las metas de inflación. Una, que tenían que aumentar los ingresos fiscales, porque el déficit fiscal había que bajarlo. Sin embargo, ahora el déficit aumentó bastante. La otra era que el Gobierno tenía que financiar el déficit del Banco Central, originado precisamente por cuestiones cambiarias. En eso se hizo una parte, pero no completa.

Sin embargo, en la lógica del Banco las bandas si están funcionando…

—En la lógica de ellos si, pero yo aquí lo que estoy cuestionando es el modelo conceptual, y lo que muestra la práctica es que no es un mercado competitivo, que hay déficit fiscal, que todavía hay pérdidas del Banco Central, es decir que no han cumplido con lo que ellos mismos propusieron para implantar el sistema.

El desabastecimiento de agua ha puesto en aprietos a los vecinos de la comunidad puntarenense de Miramar.

Pasar hasta 12 horas sin agua, es algo común desde marzo pasado para habitantes de la comunidad de Miramar de Puntarenas, quienes en algunos casos atribuyen la carestía a problemas en la distribución municipal del líquido, y otros lo ven como una consecuencia de los cambios en las fuentes, que se dieron como producto de la operación de la mina de oro a cielo abierto Bellavista.

Sea cual sea la verdadera razón del problema, las personas de los barrios que ocupan la parte más alta de esta localidad, son los que sufren con mayor rigor la ausencia del necesario líquido en sus viviendas.

Guillermo Alfaro Ugalde, vecino del barrio El Guapinol, narró que es común que el agua falte de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo que cuando hay tienen que guardarla en ollas y cualquier otro recipiente disponible.

Alfaro Ugalde opina que los problemas de abastecimiento se originaron con los cambios de fuentes de agua que se dieron con la operación de la mina, pues antes de eso no había tanto faltante.
Su vecina y dueña del abastecedor El Higuerón, Dary Carmona Vindas, recordó que desde enero pasado el agua en Miramar “la sectorean”; es decir, la Municipalidad hace racionamientos por sectores, por lo que es frecuente que la corten a las 7:30 de la  mañana y todavía a las 11 de la noche no haya retornado.
Sin embargo, la comerciante atribuye la escasez a una mala captación en sus fuentes en las partes altas, en donde posee una finca y allí sí hay agua e incluso se desborda de los tanques que la captan.
Carmona Vindas desestimó que las modificaciones de fuentes hechas por la mina Bellavista, hayan provocado el insuficiente abastecimiento, pues la fuente La Vega que sustituyó a otras dos cerradas (Montezuma I y II) aporta ahora más agua al acueducto.
Mientras tanto, Zelmira Suárez Anchía, del barrio Los Jocotes, tampoco tiene una idea precisa de por qué falta el líquido todos los días, con excepción de los domingos y desde principios de año.
Ninguna de estas personas tenía una explicación por parte el ayuntamiento, ya sea porque alegan dificultades para poder reunirse con el alcalde Álvaro Jiménez, o porque por diversas razones no han querido hacer valer sus derechos como contribuyentes. 
Por otra parte, lugareños como Sonia Torres –del Comité Ambiental de Miramar- y Julio Müller –de la agrupación Miramar al Grano- no dudan en señalar que el responsable de la escasez de agua es el proyecto minero Bellavista –paralizado desde el 2007- junto con el acelerado desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Por el contrario, el alcalde Álvaro Jiménez rechaza que la mina sea la causante de la escasez del agua, y más bien afirmó que “la crisis se nos vino por la sequía mundial”.

¿LOS EFECTOS DE LA MINA?

Cabe recordar que -al igual que en la actualidad la minería a cielo abierto en Crucitas es cuestionada- la operación de la mina Bellavista sobre la cuenca del río Ciruelas enfrentó férrea oposición de algunos sectores de Miramar, sobre todo ante el eventual riesgo de contaminación por cianuro de las fuentes de agua.
A pesar de que la empresa minera canadiense Glencairn Corp. había ofrecido trabajar con las tecnologías más modernas y había asegurado contundentemente que usarían geomembranas irrompibles para evitar que la contaminación de los suelos llegara a las fuentes de agua, el tiempo se encargó de demostrar que eso no era cierto.
En octubre del 2007, las fuertes lluvias socavaron las terrazas construidas para la explotación aurífera y los deslizamientos terminaron por romper la geomembrana y destruir varias edificaciones y equipos de los planteles.
Al final, la empresa cerró sus operaciones y se marchó del país. En la actualidad, aquel  proyecto minero está en manos de otra firma canadiense: B2 Gold, que según su página en Internet lleva a cabo una “fase 2” y una auditoría ambiental de cierre de ese complejo, aunque la compañía realiza investigaciones tendientes a una reapertura, con  utilización de diferentes tecnologías mineras.
Como una muestra de que la crisis por el agua en Miramar se ha acentuado, Sonia Torres recordó que en este año ninguno de los tanques de captación que comprende el acueducto mostró rebalse; esto ocurre cuando los depósitos se llenan en algún momento y por lo tanto el agua se desborda. A la gente le han vendido la idea de que el problema es de distribución, pero también hay crisis porque no hay suficiente agua, acotó.
Al profundizar acerca de las limitaciones del líquido que enfrentan en la comunidad, la ambientalista enumeró las que a su parecer son las principales causas: malos cálculos a la hora de proyectar el crecimiento de la población, la sequía, la deforestación, y la desconexión –por la operación de la mina- de dos fuentes que abastecían al pueblo desde 1957. Torres precisó que las fuentes Montezuma I y II fueron desconectadas ante el riesgo de que la mina Bellavista las contaminara con cianuro; estas últimas eran muy estables, ya fuera en la época de lluvias o en el verano.
En su lugar, la empresa minera construyó una tubería desde la fuente bajo su concesión La Vega, que en teoría iba a aportar 20 litros por segundo y que al final solo surtió 2 litros por segundo.
“Ese es uno de los malos negocios que hizo el Alcalde y el Concejo Municipal, porque no fueron vigilantes de que los acuerdos tomados con la empresa minera se respetaran”, cuestionó Torres.
Otro factor que en su opinión incide en la carestía del agua y que es respaldado por Julio Müller, es la aprobación de diversos proyectos habitacionales, tanto de interés social como desarrollos inmobiliarios.
Según lo expone Müller en un volante de Miramar al Grano: “Me preocupa que alrededor de Miramar se ofrecen más de 1500 propiedades en el mercado inmobiliario. Son fincas filiales en lujosos proyectos turístico-habitacionales”.
Para él, a la fuente La Vega se le atribuyó un alto caudal, con el fin de justificar la desconexión de las fuentes Montezuma I y II, y en la actualidad se usa ese supuesto alto volumen de agua para darle viabilidad a la conexión de las nuevas urbanizaciones.
Con miras a enfrentar mejor los problemas de abastecimiento, Müller propone encargar a ingenieros de universidades estatales que midan los caudales de las fuentes, decretar una moratoria en el suministro a nuevos proyectos, y someter a consideración de la comunidad un plan regulador.
Sonia Torres avaló la necesidad de que instancias externas de la comunidad les ayuden a determinar no solo la cantidad de agua disponible con miras a una mejor planificación de su uso, sino también la calidad, dado que no se sabe si está contaminada por elementos químicos provenientes de la mina.
En este sentido, la coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Yamileth Astorga, dijo que el pasado 10 de abril recibió una solicitud planteada por vecinos de Miramar, en la cual solicitaban colaboración para hacer un aforo de las fuentes de agua.
Astorga se comprometió a gestionar la ayuda técnica que permita atender la necesidad de dicha población y alegó que no disponen de recursos humanos ni materiales para hacer una evaluación de la calidad de esas aguas.

“SEQUÍA MUNDIAL”

Al referirse a la problemática del agua en su comunidad, el alcalde Álvaro Jiménez aseveró que “la crisis se nos vino justamente por la sequía mundial, nosotros no nos escapamos de la situación que vive el mundo en materia de abastecimiento de este preciado líquido”.
De acuerdo con Jiménez, “lo que hemos hecho en estos días es sectorear el agua, especialmente en los días más críticos –después de semana santa y hasta finales de abril-pedimos que no regaran las plazas de deportes, y fuimos a hacer conciencia en las escuelas y colegios, para que no hubiera desperdicio”.
Desde el año 2003 que ocupa el cargo de alcalde, nunca habían tenido una crisis de agua como la de este año, que duró no más que unos 22 días, aseguró.
Para que no se repita la situación el próximo año, anunció que construyeron un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos para Miramar y dos más para otras comunidades.
Sumado a lo anterior, hacen gestiones ante los organismos respectivos, para que le den a la Municipalidad algunas concesiones más de agua, tendientes a atender la demanda.
Jiménez negó que el ayuntamiento haya dado más permisos para nuevos desarrollos inmobiliarios. “Más bien hemos sido vigilantes, cuidadosos, de que cuando llega un empresario, lo primero que le hemos dicho es aquí hay problemas con el agua y la municipalidad es la que la administra. Vamos a continuar siendo absolutamente celosos y vigilantes en este sentido”.
El funcionario descartó tajantemente que la mina Bellavista haya provocado impactos sobre las fuentes de agua que abastecen a Miramar, en vista de que “toda la actividad minera estaba muy por debajo de las nacientes. Entonces, lo que nos dicen los técnicos es que no es posible que la actividad minera afectara el abastecimiento”.
**Respecto de la fuente La Vega, sostiene que la empresa minera aporta la totalidad de los 20 litros por segundo que produce al acueducto municipal y no se deja nada para su uso.
De igual manera, garantizó que hay “permanentes” evaluaciones de la calidad del agua, por parte de esa municipalidad, de la empresa minera, de Acueductos y Alcantarillas, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Académicos concuerdan en que los medios de comunicación tradicionales y sectores de derecha exacerbaron las opiniones en contra de la Universidad.

Las reacciones en contra de la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 12 de abril en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, son en parte impulsadas por sectores de poder que pretenden desprestigiarla por sus posiciones críticas y contundentes hacia temas de interés social, coincidieron varios especialistas.

Las posiciones en contra de la autonomía de la UCR llevaron incluso a calificar al alumnado como “delincuente”, al criminalizar la protesta social.

El OIJ y la Fiscalía General insistieron en que pueden ingresar a la UCR sin previa coordinación con las autoridades universitarias y cuando lo crean pertinente, pues esta no es una nación aparte.
En tanto, la rectora Yamileth González García aseveró que existen voces en contra de la institución que siempre aguardan el momento para atacar, y aprovecharon esta circunstancia (Ver cuadro aparte: “La UCR no es incondicional de nadie”).

CONTRAPESO

El psicólogo e investigador Marco Fournier explicó que en la segunda administración de Óscar Arias, se dio una concentración de poder que llevó a la Universidad a emitir criterios sobre distintas temáticas, muchas veces en contra de lo que el Gobierno promovía.
“La intervención del OIJ se da en momentos en que la UCR se constituye como el principal contrapeso de la política centralizadora y amenazante de determinada clase gobernante”.
Comentó que los principales medios de comunicación se mostraron parcializados y tomaron partido, lo que afectó la opinión de la ciudadanía.
Por ende, se aumenta el autoritarismo, por lo que se debe comprender que la posición de la UCR no es un capricho, pues el arte y la ciencia deben crecer libres.
Montserrat Sagot, socióloga, mencionó que desde la lucha en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) hay grupos poderosos disconformes con las posiciones claras del centro de educación superior y esas discordancias surgieron por la incursión del OIJ.
Además, su posición sobre Crucitas, Sardinal, las piñeras y la concesión de muelles son circunstancias que la enfrentan con esos grupos.
Esto se da en medio de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), donde no hubo acuerdo con la pasada administración. Las opiniones en contra, prosiguió Sagot, tratan de que la UCR no sea meritoria de ese presupuesto.
“La Universidad no es solo un adversario muy poderoso en términos ideológicos, sino también que muchas personas creen que no se merece los fondos públicos, al pensar que el estudiantado y profesorado son ‘vagos’ y que fomentan la violencia”.
Las expresiones de odio surgidas en redes sociales y blogs también muestran resentimiento de quienes no le perdonan que sea una de las mejores 500 universidades del mundo, aseguró.
Grupos en la red virtual Facebook como “Los chancletudos no me representan, yo si voy a la UCR a sacar una carrera”, “Yo también odio a los chancletudos de las universidades”, “Prefiero ser llamado PIPI de universidad privada que CHANCLETUDO de la ucr” (sic), y calificativos como “República Bolivariana de la UCR” calaron en parte de la comunidad inmersa en estas plataformas.

MODELO DE INSTITUCIONALIDAD

Ignacio Dobles, docente de la Escuela de Psicología de la UCR, afirmó que la campaña en contra de la universidad se ha acentuado, buscando aislarla y desacreditarla.
“Se le cobra la posibilidad de pronunciarse y estar contracorriente. En el país hay sectores de poder recalcitrantes que tratan de perjudicarla”. Estos, continuó, pertenecen a una extrema derecha autoritaria e intolerante.
Los mecanismos se basan en estereotipos como que es un nido de terroristas y mal adaptados y toman hechos aislados y se desenfocan, como los incidentes acontecidos en Limón durante las marchas del 29 de abril. 
“Hay crispaciones, la gente está más enojada y opera una lógica de chivo expiatorio”.
Opinó que si la llegada de los policías al campus no fue montada, se aprovechó muy bien, y el efecto fue el mismo. “Es un intento de minarla y quitarle peso social. Debe seguir siendo consistente y no dar concesiones”, concluyó.
El comunicador Carlos Sandoval criticó el modo en que los medios tradicionales dieron cuenta de la intervención del OIJ, que le otorga una característica criminalizante a la protesta social, colocando la noticia en la sección de sucesos y exponiendo una visión que asocia la autonomía con “alcahuetería”.
“Esto se debe a un conjunto de cambios institucionales en el país. La condición de autonomía comienza a ser vista con suspicacia porque la UCR sería una de las pocas entidades sin alinearse a este modelo de institucionalidad”.
Sandoval está de acuerdo con que la situación puede afectar las negociaciones del FEES, puesto que se promueve la idea de que no merece dinero de fondos públicos por no aceptar la intervención policial.
Respecto de las críticas de personas que forman parte del mismo centro de estudios, mencionó que debería ser objeto de mayor reflexión. “Da la impresión que cada vez que el estudiantado se pronuncia, tiene poco peso y no genera identificación, y que las iniciativas del movimiento social no calan”.
Exhortó a que se siga incentivando la idea de que el debate, disenso y discrepancia son saludables para cualquier sociedad democrática.

Yamileth González: “La UCR no es incondicional de nadie”

La rectora de la UCR, Yamileth González, señaló que a pesar de los sucesos acontecidos debido a la intervención del OIJ y las críticas posteriores, la institución es una voz crítica y analítica que no es incondicional de nadie.
Aseguró que la universidad no siempre quiere ser escuchada, y que los grupos en contra siempre han estado ahí y aprovechan estos casos para atacar.
No obstante, comentó que este tipo de sucesos son cíclicos y ya se han dado desde décadas atrás, tratando de perjudicar a los sectores sociales. “Antes se les llamaba comunistas, ahora hasta delincuentes”. 
Añadió que las críticas son “un proyecto para desprestigiarla, la UCR dice lo que tiene que decir y no siempre coincidimos, pero ningún gobierno puede emprender una propuesta de desarrollo si no cuenta con el apoyo de las universidades públicas”.
Sobre FEES, subrayó que el tiempo dirá cómo será la dinámica de negociación.

Fiscalía General: Autonomía no exime a universidades de leyes

El Consejo Fiscal emitió un informe el 27 de abril en el que recomienda que el Ministerio Público y la policía deben investigar cualquier delito cometido en todo el territorio nacional; incluidas las universidades estatales, las cuales no están exentas de las leyes procesales penales.
“Cuando sea posible y no se afecte la investigación, el Ministerio Público y la policía comunicarán previamente a las autoridades universitarias, de las diligencias y operativos que deban realizar en el campus. En casos urgentes bastará la identificación de la autoridad actuante”, señala el documento.
También indica que la autonomía universitaria abarca la independencia administrativa, docente y económica, “para evitar que el Poder Ejecutivo o Legislativo pretendan presionar, limitar o condicionar la formación profesional del país, el desarrollo de las ideas, la libertad de pensamiento político, el progreso artístico y cultural, y la investigación científica y social. A eso se refiere el texto del artículo 84 de la Constitución Política”.
Añadió que “pretender que la universidad constituye un territorio donde no rigen las citadas leyes, tendría como efecto crear un espacio de impunidad en perjuicio de los derechos de las víctimas de delitos”.

Defensoría de los Habitantes solicitó a la Junta Directiva de la ARESEP el sustento legal detrás de la conformación de ese órgano inédito.

Tanto diputados de la nueva Asamblea Legislativa, como la Defensoría de los Habitantes, tienen serias dudas sobre la legalidad de los actos de un Consejo Regulador, nombrado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para que supla al Regulador General mientras se hace un nombramiento formal.

Se trata de un grupo de tres personas que asumirán las competencias regulatorias mientras asume funciones un nuevo Regulador. Cabe recordar que se trata de la institución que, entre otras cosas, fija las tarifas que se cobran por los servicios públicos y una vez que el Poder Ejecutivo nombra a una persona para ese puesto, ese nombramiento está sujeto a ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, donde la discusión al respecto puede durar máximo un mes.

Víctor Emilio Granados, coordinador de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), calificó la institución del Consejo Regulador como “una atribución exacerbada que podría ser hasta ilegal, lo que busca es evadir el control político que necesariamente se debe dar en la Asamblea Legislativa”.

Por otra parte, Luis Gerardo Villanueva, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Directorio Legislativo, consideró que “de conformidad con los principios de la administración, de la continuidad del servicio, sí hay que generar una solución integrando las normas existentes. En este momento el procedimiento de nombrar un trío sustituto podría estar riñendo con la ley. Lo que pasa es que como hay una Junta Directiva  superior, puede tratarse de un problema que se puede solventar por ella, podría no ser tan grave porque hay una autoridad”.
UNIVERSIDAD buscó sobre el tema el criterio de Fernando Herrero, quien fungió como Regulador General durante estos cuatro años y con el cambio de gobierno dejó la ARESEP para asumir el cargo de Ministro de Hacienda. Sin embargo, en la Oficina de Prensa de esa institución se informó que estaba fuera del país en vacaciones, durante los días previos al traspaso de poder.
Sin embargo, se facilitó el texto de un correo electrónico escrito por Herrero en el cual afirma que “con las reformas que se hicieron a la ley 7593 en esta administración, las competencias regulatorias se trasladaron del Regulador a la institución, por lo que corresponde a la Junta Directiva organizar quién ejerce las competencias. (…) La distribución de competencias se precisa en el Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF), ese es el marco que permite crear las superintendencias a través de reglamentos”.
Además, esa misma Oficina indicó que el acuerdo de Junta Directiva para crear este consejo regulador fue publicado en La Gaceta del 3 de mayo.
En el sitio web de la institución se puede descargar el texto actualizado de esa ley, cuyo artículo 53, sobre los deberes y atribuciones de la Junta Directiva, no especifica caso alguno en que pueda nombrar un grupo de personas para que realice las labores que por ley se le otorgan al  Regulador General, quien es designado por la Asamblea Legislativa.
El texto del correo de Herrero también indica que quienes integran ese cuerpo colegiado son  Laura Suárez, economista, exmiembro de la Junta Directiva y actual Directora General de Participación Ciudadana; Luis Cubillo, también economista, asesor del Regulador General, exdirector de Regulación y exdirector de Servicios de Agua y de Energía; y Carlos Solano, contador público, asesor del Regulador General y exdirector de Servicios de Transporte. “Su nombramiento regirá a partir del 8 de mayo, cuando venza el mío, y luego de que se publique el acuerdo que crea el Comité”, añade.
    
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
    
El pasado 30 de abril, la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, envió un oficio a Herrero, en el cual inquirió sobre el sustento legal a la conformación del Consejo Regulador. En esa carta, apunta que “le concierne a esta Defensoría  comprobar el fundamento jurídico de la decisión tomada. Esto por cuanto, los actos administrativos que el nombrado comité emita producirán efectos jurídicos cuya validez, eventualmente, podría ser cuestionada por quien se sienta afectado por tales actos”.
Así, la Defensoría le solicitó al término de cinco días hábiles el acuerdo de la Junta Directiva en que se decide nombrar al comité que suplirá al regulador, así como las actas de las sesiones en que se haya discutido el tema. Pide además conocer puntualmente las consultas jurídicas que se hayan hecho al respecto, una descripción de las competencias del comité y las “implicaciones en materia salarial de la atribución de estas nuevas funciones a la y los funcionarios designados”.
Al cierre de edición la Oficina de Prensa de la Defensoría de los Habitantes confirmó que se recibió un oficio de la ARESEP, el cual, sin embargo,  no puntualiza las respuestas solicitadas, sino que refiere a un acuerdo de junta directiva, además de tres actas de sesiones de esa instancia y tres oficios que fueron adjuntados, sin procesamiento alguno de la información.
Esa respuesta fue firmada por Luis Alberto Cascante, secretario de la junta directiva de la ARESEP.
Sobre el tema, el exregulador Leonel Fonseca, llamó la atención al hecho de que desde el 2008 existe la figura de Regulador Adjunto, que actuaría en ausencia del Regulador, pero que nunca se nombró. Subrayó además que al salir Herrero, la institución queda acéfala pues por ley el Regulador preside la Junta Directiva.
Fonseca añadió que no es procedente otorgar a funcionarios distintos del Regulador una facultad que la ley no estableció. “Un funcionario público sólo puede hacer lo que la ley le permite, en este caso quedó la grave omisión de no especificar a quién le corresponde fijar tarifas y por eso con facultad legal y técnica lo ha hecho el Regulador”.

“ABUSO DE PODER”
    
Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionó la capacidad del Consejo Regulador para asumir la resposabilidad del tipo de decisiones que pueda tomar.
 “Además de la junta directiva y el regulador, se está creando un tercer cuerpo, el consejo, una ficción de Herrero. No es la primera vez que hace cosas de este tipo, él creó las superintendencias de Energía, Agua y Transportes sin que existiera una ley que lo facultara para ello”.
“Durante ese mes que funcionará el consejo podría definir aumentos o disminuciones tarifarias, contratos para temas administrativos, me imagino que podrían contratar  consultorías o un nuevo edificio y después, ¿quién tiene la responsabilidad? Se entra en una zona gris no establecida por la ley, que tiene que ver con la legitimidad de los nombramientos”, indicó.
Por su parte, el liberacionista Villanueva consideró que este tipo de procedimetnos “no es lo más sano, pues no tiene el carácter rerpresentativo que define no sólo la propuesta del Ejecutivo, sino que no cuenta con la ratificación de la Asamblea Legislativa”.
“El órgano constituido podría estar riñendo con la ley”, concluyó.
José María Villalta, del Frente Amplio, consideró que la constitución del Consejo Regulador “estaría buscando burlar el espíritu del legislador al establecer que la ratificación del nombramiento del Regulador tiene que pasar por la Asamblea Legislativa”.
Añadió que si no se logra justificar bien esta medida, “podría implicar la nulidad absoluta de todo lo que resuelva la ARESEP, pues estaría actuando de manera espuria”.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, opinó que “sacarse de la manga este tipo de nombramientos, así sea un órgano colegiado, es más que inaceptable”.
“Los costarricenses merecemos respeto. Es cierto que se trata de un tema que requiere premura, pero no podemos correr tanto que caigamos en ilegalidades. De repente este órgano que Herrero quiere nombrar, arrogándose derechos cuya sustentación legal me gustaría conocer, tomará decisiones ilegales”, indicó.
“Las normas del Estado de derecho no fueron hechas para interpretarlas de manera caprichosa. Esto es inaceptable y él (Herrero), como miembro del Poder Ejecutivo, está enviando un pésimo mensaje a los grupos políticos legislativos y a la ciudadanía en general”, señaló.
Consultado sobre las consecuencias que podría tener el hecho de que el Consejo Regulador asuma las competencias reguladoras, señaló la recurrencia ante la Sala Constitucional de la legalidad del acto para todo lo resuelto por este órgano, “pues podría ser nulo”. “Es una señal muy negativa a la democracia, esto es un abuso de poder y es muy delicado, porque los sistemas democráticos se caracterizan por los frenos y contrapesos y por el Estado de derecho, contra el cual no se puede atentar con ese tipo de actuaciones”.
Por su parte, Granados, el coordinador del PASE, dijo que incluso si existiera una disposición legal que fundamente la creación de esa instancia, “sería evidentemente inconstitucional, pues violenta el espíritu de control de que esos nombramientos deben ser ratificados en la Asamblea Legislativa”.
El legislador indicó que “perfectamente alguien podría alegar que las decisiones tomadas por ese consejo están viciadas de nulidad. Incluso podría tener implicaciones que acarreen responsabilidades civiles para el Estado, pues se trataría de acciones y decisiones tomadas por un triunvirato cuyo fundamento legal no conocemos. ¿Qué garantiza que en ese mes no se tomen ciertas decisiones de mayor interés?”

Más de ¢100 millones gastó solo en abril el Gobierno, en hacer propaganda de sus logros.

Incapacidad para el diálogo, gran secretismo en sus acciones, intolerancia hacia sus opositores, interés desmedido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, doble discurso en materia ambiental y numerosos casos de funcionarios vinculados con hechos de aparente corrupción, forman parte del balance negativo que perciben analistas sobre el Gobierno del mandatario Óscar Arias Sánchez.

De acuerdo con la opinión de los analistas políticos Víctor Ramírez, Francisco Barahona y José Luis Vega, tras sopesar la labor del presidente Arias en sus cuatro años de Gobierno, el fiel de la balanza se inclina hacia el lado negativo; es decir, hay un desfase entre lo que él dice que hizo y lo que realmente logró.

Esto quedó en evidencia el pasado 1 de mayo, cuando en el último discurso sobre su gestión hubo cero autocrítica y sí una larga lista de beneficios para el país, hasta el punto de insinuar que a la presidenta entrante, Laura Chinchilla, le tocará nada más administrar los abundantes recursos y darle seguimiento a los útiles proyectos.

Arias, por su parte, presentó como su principal contribución al país en este cuatrienio, haberle devuelto a la población la fe en la política y en el Estado como un aliado natural.

Una de las grandes deudas que se le señalan a este Gobierno, es la ausencia de un proyecto de reforma fiscal, pues mientras que recibió las arcas llenas de la anterior Administración, ahora sale dejando escasos fondos a su sucesora.
 
Otra fuerte crítica que le hicieron al gobernante saliente, fue el inusual despliegue propagandístico que hizo en el último mes de su gestión, cuando el Ministerio de la Presidencia gastó solo en abril más de ¢100 millones en destacar los supuestos logros alcanzados, según datos de la empresa Media Gurú-Ibopetime (véase recuadro “Culto a la personalidad”).

MUDO E INTOLERANTE

Para el analista Víctor Ramírez, la Administración Arias destacó por su incapacidad para establecer un diálogo fluido y eficaz  con los grupos de oposición, por su intolerancia y secretismo, e incluso en algunos casos por su desprecio por el Estado de derecho.

Respecto a lo que afirmó el mandatario hace algunas semanas en una entrevista, de que le dejaba prácticamente la “mesa servida” a Laura Chinchilla, lo calificó como “una falacia enorme, del tamaño del ego de don Óscar Arias”.

En su opinión, “ningún presidente del mundo, ni aun en los países más avanzados y de mayor desarrollo humano, le deja la mesa servida a su sucesor, porque cada sociedad está llena de complejidades y de problemas de muy diversa naturaleza. En una nación como la nuestra, con serios problemas de toda índole: de pobreza, de seguridad, de desarrollo vial, educativos, de salud, decir algo así no tiene ningún sentido. Es un ejemplo no solo de una enorme arrogancia de parte de él, sino un irrespeto a su sucesora, haciéndole creer a la gente –por supuesto que nadie le va a creer- que dejó un país en Jauja, sin  problemas, y que todo lo que tiene que hacer ella antes que gobernar, es administrar la maravilla de país que le legó”.

Como una muestra de que lo anterior no es cierto, Ramírez puso como ejemplo de las carencias que Arias deja, el muy alto déficit fiscal que le hereda a Chinchilla (casi 5% del producto interno bruto). Solo este problema “rebate los hechos totalmente, en una afirmación como la que él hizo”, acotó.

En cuanto a otra aseveración que ha hecho el mandatario, de que deja un país con rumbo definido, el analista comentó que “él deja una cierta visión de país, más vinculada con los grupos financieros y exportadores, que se han visto beneficiado durante estos cuatro años con sus políticas. Obviamente que hay otros grupos: ecologistas, sociales, etc. que discrepan de la visión de país que ha tenido este Gobierno”.

Aparte de recibir las arcas llenas al asumir, recordó que la Administración Arias durante sus dos primeros años tuvo –como ninguna otra- grandes ingresos tributarios, producto de la expansión económica mundial. Sin embargo, con la crisis internacional y el crecimiento de un 40% de la deuda interna, en el 2009 la bonanza se vino al suelo y con rapidez se “evaporaron” los ingresos obtenidos, luego de que no se tomaron a tiempo las debidas medidas económicas.
 
“En su discurso de hace cuatro años, expresó que iba a acabar para siempre con el perenne problema fiscal del país. No solo no lo acabó, sino que lo agravó y ni siquiera presentó a la Asamblea Legislativa algún proyecto de reforma fiscal. Aquí quedó debiendo un 100%, en un tema central en la vida de cualquier nación”.

El GOBIERNO DEL TLC

Mientras tanto, para el catedrático y politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Francisco Barahona, el Gobierno de Arias Sánchez será recordado esencialmente por haber aprobado el TLC con Estados Unidos y por todo el “aparataje jurídico de comercio, como las leyes complementarias”.

Entre los aspectos que estima como positivos, citó la política exterior, que incluye el establecimiento de relaciones con China, con países árabes, India y otros. A esta lista agregó su lucha por el desarme en general, y conseguir un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por el contrario, en el ámbito internacional cuestionó el doble discurso presidencial en su programa de “Paz con la naturaleza”, al “exportar” el mensaje de que Costa Rica es un país riguroso en la defensa de los recursos naturales, en tanto que a lo interno se ve la hipocresía del lenguaje, con el decreto de interés nacional a un proyecto de minería a cielo abierto.

Otros logros que le reconoció Barahona al presidente Arias, es que la crisis económica no tuvo consecuencias tan nefastas como en otros países, y los beneficios del programa Avancemos, dirigido a ayudar económicamente a los estudiantes.

Por otro lado, coincidió con Víctor Ramírez en que “es una jactancia poco humilde del Presidente”, un error político y una falta de respeto para la próxima presidenta, al decir que le deja la mesa servida.

El politólogo fustigó también la opacidad, pasividad o inactividad de la Administración Arias, para establecer diálogos reales con la oposición o con la sociedad civil. “En realidad la administración de los Arias se caracterizó por lo que ellos quisieron y no por llegar a acuerdos con la oposición, entendiendo esta como grupos políticos o sociales. Lo que hubo fue un diálogo de sordos, un diálogo refractario”.

Acerca del rumbo uniforme del país que esboza Arias, sostiene que lo que hay es un país dividido en cuanto a cuál modelo desarrollo se debe seguir y este tema ni siquiera fue tema de discusión en la reciente campaña electoral.

En comparación con el primer Gobierno de Arias hace 20 años, el politólogo cree que “fue más de lo mismo”, a pesar de que había muchas expectativas de que iban a cambiar mucho las cosas, al llegar “una mente lúcida, con una gran formación y experiencia; y resultó que no, que es una administración nada brillante, manejada por intereses muy concretos y en la aplicación de un modelo neoliberal, que fue lo que don Óscar inauguró en su primera administración (…). Lo que ha hecho ahora es concluirlo”.

Por su labor en dos administraciones, Barahona es de la tesis que Arias no puede ser catalogado como un estadista, sino como un simple presidente.

En relación con los beneficios que le deja al país el Gobierno de Óscar Arias, el sociólogo José Luis Vega Carballo
–catedrático de la UCR-, reclamó en este sentido que las ganancias son para todas aquellas personas que han hecho grandes negocios desde el Estado.

Para Vega, nunca como en este Gobierno el país se había enfrentado a un saqueo del patrimonio estatal, en consonancia con la política llamada neoinstitucionalismo,  impulsada por el Banco Mundial y que consiste en poner el aparato del Estado y sus funcionarios superiores, totalmente al servicio de los negocios privados, como lo promueve la ley de concesiones.

En su criterio, en el Gobierno de Arias los capitales transnacionales han tenido su mejor momento, “porque prácticamente están trabajando en un protectorado norteamericano”.

Asimismo, reprochó que durante el cuatrienio de este gobernante se acabó la democracia, “en la medida en que no se cumplen los requisitos mínimos de la división de poderes y por eso no hay seguridad jurídica. Poderes que deberían tener independencia, como la Contraloría General de la República, como la Defensoría de los Habitantes, han sido prácticamente instrumentalizados para ser parte de todo el aparato de poder de los hermanos Arias, y por supuesto sujetos a toda la normativo del protectorado, que se garantizó con la aprobación del TLC, que es la verdadera constitución política del país”.

“Culto a la personalidad”

La enorme campaña publicitaria sobre sus supuestos logros, “no se estila en ninguna democracia madura y seria, y esto más se asemeja a las campañas de los regímenes dictatoriales, en donde se le hace un culto a la personalidad de sus dirigentes”, lamentó el analista Víctor Ramírez, al referirse a la propaganda por más de ¢100 millones realizada por el Gobierno de Óscar Arias durante su último mes de gestión.

Por su parte, el politólogo Francisco Barahona, calificó de “empalagosa y absolutamente innecesaria” la campaña de propaganda de la gestión del mandatario Arias, en un momento en que por la crisis debería ser más ahorrativo y reposado. 

Analistas consideran “natural” unión de ambos partidos, y afirman que la alianza se gestó desde antes de las elecciones.

El acuerdo que echaron a andar el Partido Movimiento Libertario (ML) y el Partido Liberación Nacional (PLN) el 1 de mayo para la conformación del directorio legislativo, abrió las puertas para el “cogobierno” de un nuevo bipartidismo en que se juntó la derecha con la extrema derecha.

Así lo consideran los analistas consultados por UNIVERSIDAD, para quienes queda más que claro que el fuerte antagonismo que mostraron libertarios y liberacionistas durante la campaña electoral no fue más que una pose.

Ambos partidos defienden la transparencia de su acuerdo, pero los sectores opositores al gobierno califican de “peligrosa” esta unión alrededor de proyectos estratégicos como la Ley General de Electricidad y la titulación de tierras en la milla fronteriza.

ACUERDO DE RELLENO

Para el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli, el acuerdo entre el PLN y el ML era algo previsible, y consolida una alianza de la “extrema derecha, con la derecha extrema” que se quiso despistar durante la pasada campaña electoral.
Para Aguilar, el crecimiento sospechoso del Movimiento Libertario en las encuestas, y la gran cobertura periodística y su sorprendente financiamiento, ahora revelan cuál era la verdadera estrategia.

“Lo importante no era que el ML ganara las elecciones, sino restarle votos a los que le podían hacer competencia a doña Laura. ¿No le parece extraño que después de que Otto Guevara habló pestes de (José) Figueres, cuestionó lo de la casa de Laura, habló de parar a los Arias, ahora llegue tan fácil a negociar un acuerdo?”, cuestionó Aguilar.

Para Aguilar, dentro de los 27 proyectos de ley que aparecen en el acuerdo, la gran mayoría es “puro relleno” y no tendrían mayor oposición de las otras fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

“Ahí el verdadero acuerdo es por las escrituras en los territorios fronterizos y en la milla marítima, la apertura del sector electricidad y la ley sobre marinas; donde ambos partidos tienen muchos intereses”, aseveró Aguilar.

Este analista político asegura que la solicitud libertaria de tener representantes en instituciones como el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, RECOPE y el COVAO (Colegio Vocacional de Artes y Oficios) también tiene su trampa.

“¿De verdad alguien cree que a los libertarios les interesa estar en el COVAO? Es lo mismo, puro disimulo. Lo que les interesa son las instrucciones que desde siempre han estado en la mira de destrucción de los libertarios”, manifestó.
Para Aguilar es más que claro que tras pasar los dos años del acuerdo, el ML volverá a “jugar de tureca” mostrándose como un partido de oposición, distinto al gobierno de turno; y considera que probablemente la gente se olvide entonces de este pacto.

“La gente no vio que la extrema derecha está unida en este país. Se dio un giro a la derecha, no porque la gente lo quisiera, sino porque muchos votaron por Otto Guevara creyendo el cuento del “cambio”, lo que finalmente es un engaño”, expresó Aguilar.

“Este es el gobierno de la derecha extrema con la extrema derecha. El “PLUSC” (unión del PLN con Unidad Social Cristiana) se acabó y Liberación solo cambió de socio para cogobernar”, acotó Aguilar.

UNIÓN NATURAL

Para el politólogo Francisco Barahona, la alianza entre libertarios y liberacionistas no es una sorpresa y es hasta “natural”, considerando los puntos de vista ideológicos que han manejado estas agrupaciones.

Para Barahona, el acuerdo entre ambas fuerzas se gestó mucho antes del proceso electoral de febrero, y coincidió con Aguilar en cuanto a que el crecimiento del Movimiento Libertario se dio para anular a cualquier otra fuerza con opciones de alcanzar a Laura Chinchilla.

“Aunque se confrontaron de palabra en la campaña, es claro que ambos defienden los intereses del pensamiento neoliberal. Llama la atención que en Costa Rica se siga avanzando a la derecha, cuando en el mundo más bien se retrocede”, comentó Barahona.

El analista indicó que no habrá una fusión de partidos, pues la estructura actual ha sido muy útil para ambos, y les permitirá “cogobernar” por los próximos dos años.

El politólogo considera que el PLN se está arriesgando a que el ML pueda fortalecerse en esta alianza, e inclusive, restarle votos en el futuro.

Barahona aseguró que si tras los dos años de acuerdo los libertarios vuelven a tomar pose de oposición, el elector debe haber aprendido ya la lección; y sabrá ya que la supuesta oposición no es real.

OPOSICIÓN PREOCUPADA

El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza, aseguró que lo más conveniente era integrar un directorio legislativo de oposición, y recordó que esta unión entre el PLN y el ML se dio también hace cuatro años.

“El acuerdo como un todo nos preocupa, nos parece un acuerdo que apunta a la exclusión social y a la concentración de poder,  política y económica en un grupo y eso no es conveniente”, acotó el legislador.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que su preocupación por el acuerdo entre los grupos de la derecha radica en la ausencia de proyectos de la agenda social y ambiental del país.

“Por ningún lado se ven los temas sociales, no vemos por ningún lado los problemas de la CCSS, de violencia contra la mujer, los problemas ambientales, del agua, del deterioro de los derechos laborales, los problemas de cómo en este país ni siquiera se paga el salario mínimo”, apuntó Villalta.

Para el legislador, es particularmente “peligroso” que los libertarios pretendan entrar en instituciones autónomas que tradicionalmente han tratado de debilitar y que ahora entren como “caballos de Troya” para favorece los negocios de ciertas empresas.

Otto Guevara:

“No hay absorción política del PLN al ML, es al revés”

¿Cuál es el interés del ML en este acuerdo?

-Pretendemos llevar a la práctica nuestras propuestas de campaña. Con nuestros nueve votos estamos negociando la posibilidad de que esas propuestas se conviertan en una realidad.
Darle una computadora a cada niño, hacer de Costa Rica una sociedad más segura, hacer de Costa Rica una sociedad de emprendedores, abaratar el costo de la vida, abrir el monopolio de Riteve, hacer más transparentes las ayudas sociales, darle más músculo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que la oposición ejerza un mejor control sobre quienes están gobernando.

¿Contradice este acuerdo las palabras de “cambio” y crítica al PLN que usted lanzó en la campaña?

-En campaña dije que había que abrir el monopolio de Riteve, y con esto estamos logrando que PLN avale nuestra tesis.  Hablamos de darle una computadora a cada niño, y estamos logrando. En campaña hablamos de la ley general de electricidad, el  PLN también, pero para que no se me salgan por otro lado, estamos diciendo: una ley de electricidad que abra el mercado eléctrico, que el sector privado participe abiertamente de ella y que haya un agente externo, independiente, administrando el mercado energético.
Así que si se pone a hilar delgado, con nueve votos, y sin haber ganado las elecciones, estamos llevando  adelante nuestro plan de gobierno.

Analistas han dicho que esto es una especie de “absorción política” del PLN sobre ML, ¿usted qué piensa?

-Que es al revés.

Guillermo Zúñiga, diputado PLN:

“Se abrieron las puertas del acuerdo a otras fracciones”

¿Por qué buscó el PLN un acuerdo con el ML solo para ganar el directorio legislativo?
-El acuerdo que se hizo con el partido Movimiento Libertario va mucho más allá de la elección de directorio, plantea una serie temas de interés nacional, los temas de seguridad, agilización de trámites del estado.
Siempre entendimos que por el resultado electoral, por el mandato que le dio el pueblo en la composición de esta Asamblea que la opción era formar un directorio compartido.
Se les abrieron las puertas a las otras fracciones legislativas, al final llegamos a estos acuerdos con los libertarios, pero también participan del directorio otras fracciones.

¿Es costoso este acuerdo, en cuanto a que se da una cuota importante de poder a un partido que obtuvo una representación  mucho menor?
-Lo que pasa es que el acuerdo lo hicimos con ellos,  si se hubiese alcanzado acuerdo con otros, se hubiesen acordado otros temas con otros énfasis. Por eso insisto que es una agenda de más largo plazo, y esperaría que esto lo podamos lograr esto con otras fracciones en otros temas.

¿Es esto un voto irrestricto a las posturas libertarias?
-No, para nada. Lo que se está refrendando es lo que está ahí firmados. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer acuerdos con otras fracciones en otros temas.

Mientras el movimiento ambientalista no se reserva críticas a la labor ambiental del Gobierno de Óscar Arias, el mandatario destacó la siembra de árboles y las iniciativas Paz Con la Naturaleza y Costa Rica Por Siempre.

El impulso a la minería química de oro a cielo abierto, así como al desarrollo inmobiliario en Guanacaste, las múltiples objeciones al trabajo de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), el exacerbado crecimiento del monocultivo de la piña y los conflictos de ciertas comunidades rurales por mantener su acceso al agua, son algunos de los problemas ambientales por los que será recordada la segunda administración de Óscar Arias.   

Así lo manifestaron voceros de diversas organizaciones ambientales consultados por UNIVERSIDAD. El exdiputado del Frente Amplio, José Merino, opinó que se trató del “Gobierno más depredador de los últimos 20 años”; mientras que Luis Diego Marín, coordinador regional de la organización no gubernamental (ONG) Preserve the Planet, apuntó que “nunca hubo paz con la naturaleza, sino guerra directa”.

Por su parte Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR  y miembro de Llamado Urgente por la Patria, calificó la gestión del mandatario saliente como “una arremetida inaudita contra el ambiente”. Heidy Murillo, vicepresidenta de la Federación  Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON), señaló que el balance ambiental de los últimos cuatro años es “negativo, macabro”.

Por su parte, el presidente Arias destacó en su discurso de Estado de la Nación el pasado 1 de mayo, que su Gobierno “fijó la meta de alcanzar el año 2021 como un país neutral en emisiones de carbono (…), plantó casi 19 millones de árboles en el transcurso de cuatro años, consiguiendo que Costa Rica se convirtiera en el país con más árboles per cápita y por kilómetro cuadrado en el mundo”.

Añadió que “logró que Costa Rica avanzara 27 puestos en el ranquin de Sostenibilidad Ambiental, del Foro Económico Mundial, y que alcanzara el puesto número 3 en el orbe en Desempeño Ambiental”.

CUESTIONAMIENTOS

Desde el inicio del Gobierno de Óscar Arias se anunció la creación de la “Iniciativa Paz con la Naturaleza” (IPN),  la cual lideró el esfuerzo por que el país llegue a ser declarado un país neutral en emisiones de carbono.

Otra inicativa del presidente, pero de la cual existe bastante menos información, es “Costa Rica por Siempre”, la cual habría pasado totalmente desapercibida al público costarricense si no fuera porque una diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Charpentier, en setiembre del 2008 renunció a su curul para trabajar en este proyecto.

Así la administración Arias creó un mecanismo de promoción internacional de su Gobierno como campeón de la causa verde, el cual le facilitó acceso a un torrente de donaciones del extranjero que crearon una estructura paralela dentro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al que luego añadió un Viceministerio en Telecomunicaciones.

El señalamiento de una estructura paralela lo indica el auditor de la institución, Rodrigo Bonilla, en un informe que se conoció entre diciembre del 2008 y enero del 2009 en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.

El funcionario dijo que “la toma de decisiones a nivel gerencial (en el MINAET) es permisiva con los entes externos, como las fundaciones y ONG, quienes participan en decisiones que le atañen a la administración”, lo cual “ha provocado una administración privada paralela a la administración pública, manejando miles de millones de colones públicos, sin ningún control por parte del nivel superior y mandos medios del MINAET”. El funcionario manifestó que esos fondos alcanzaron los ¢90.000 millones (Ver UNIVERSIDAD del 4 de febrero del 2009)

Un acontecimietno notorio fue la intempestiva salida del jerarca del MINAET Roberto Dobles, quien a inicios del 2009 debió abandonar su puesto ante una denuncia por corrupción, pues junto con Arias autorizó a la sociedad Agricultura Mecanizada Chapernal para extraer materiales del río Aranjuez, en la provincia de Puntarenas. Como vicepresidente de esa empresa fungía Jorge Dobles Sánchez, tío de Dobles y primo hermano de Arias.

Luego de la salida de Dobles, el viceministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, asumió el puesto de ministro. Sin embargo, el trabajo de Dobles continuó pues luego se desempeñó como “embajador de cambio climático” y viajó a Groenlandia, Dinamarca, para participar oficialmente en una reunión ministerial sobre ese tema. (Ver UNIVERSIDAD del 15 de julio del 2009).

“VERGÜENZA”

Merino, consultado sobre el tema cuando aún fungía como diputado, señaló que “hay una larga lista de agresiones de este Gobierno. Ha sido el presidente más hipócrita en el sentido de cómo ha manejado su discurso internacional y cómo ha actuado en Costa Rica”.

Consultado sobre estas denuncias en particular sobre el tema del agua, el legislador señaló que “da vergüenza cómo le están robando a las comunidades ese recurso, no solamente el caso emblemático de Sardinal de Carrillo, sino lo que hacen en el macizo del Barva o la contaminación del agua en toda la zona atlántica de las piñeras”.

El exlegislador también recordó el tema de la construcción de marinas, “hay 25 concesiones de marina esperando sobre los litorales frágiles de Costa Rica, hasta ahora las hemos podido detener, pero este Gobierno quería incluso que se dieran permisos a marinas sin cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental”.

Nicolás Boeglin, de Llamado Urgente por la Patria, lamentó durante estos cuatro años “hemos asistido a una arremetida inaudita contra el ambiente a través de una serie de decretos ejecutivos, tomados desde los despachos de las entidades que en teoría están a cargo del ambiente, intentando evadir la legislación ambiental”.

Otra de las críticas hechas por Boeglin fue lo que él llama intervención de la SETENA desde el Ministerio de la Competitividad, bajo el lema de que no se puede frenar la inversión extranjera. El jerarca de ese ministerio es Jorge Woodbridge.

“Es decir, cada vez que hay un proyecto que implica daño ambiental pero que se relaciona con inversión extranjera, de pronto SETENA se olvida completamente de las regulaciones en materia ambiental”.

Por su parte, Heidy Murillo recordó que persiste “en una magnitud muy preocupante”, la expansión piñera. “Muy pocas de esas empresas cuentan con estudios de impacto ambiental, ni siquera permisos para cambio de suelo”.

Murillo además subrayó que la institucionalidad “está cooptada por intereses económicos, vemos que tanto el MINAET como la SETENA tienen una visión clara de favorecer los desarrollos en detrimento del bien común”.

Recientemente varias organizaciones, como Llamado Urgente por la Patria,  el Programa de Rescate de la Tortuga Marina (PRETOMA) o el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), presentaron un documento titulado Graves Desaciertos Ambientales de la Administración Arias 2001-2010, en el cual se refieren puntualmente a los temas de minería, expansión piñera, desarrollo inmobiliario costero, el agua y el conflicto en Sardinal de Carrillo, SETENA y cambios en la Ley de Biodiversidad, entre otros.

El documento apunta que “el discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país,  provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras”.

“Los costarricenses deben tener confianza”

UNIVERSIDAD tuvo oportunidad de abordar de manera breve al jerarca del MINAET, Jorge Rodríguez, para buscar su posición sobre  la labor en materia ambiental de estos cuatro años.

¿Qué rescata de la labor que ha hecho la administración Arias?

– Lo más importante es haber retomado la agenda café y la agenda azul, que fueron relegadas en administraciones anteriores. Durante muchos años nos dedicamos más a la agenda verde, es decir, se dedicaron más a vender el país por la parte forestal y de áreas protegidas;  con la agenda café se trató de retomar el tema de desechos sólidos, no hemos resuelto el problema y hay mucho qué hacer, pero ya se dejó encauzado; la institución quedó fortalecida y cuenta con préstamos con los cuales se podrá avanzar. La agenda azul tiene que ver con la parte marina y al definirse la estrategia nacional marino costera implica toda una serie de acciones. Son temas que dejamos bien encaminados.

También destaco el trabajo con la agenda internacional, el hecho de que Costa Rica llegue a un tercer lugar en la parte de manejo ambiental.

¿Tiene plena confianza en que la posición del Gobierno respecto a Crucitas ha sido acertada?

– Esta administración no otorgó ningún permiso minero, eso (Crucitas) fue consecuencia de un mal manejo que se dio en administraciones anteriores. Nosotros llegamos a resolver el problema. 

Me llena de satisfacción que la Sala Constitucional haya dicho que todo el trabajo en lo técnico y en lo legal se hizo adecuadamente, a nivel nacional eso se debe traducir en la confianza que deben tener los costarricenses que en un país en el que la agenda de desarrollo y la agenda ambiental se tocan constatemente, haya instituciones como SETENA, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Aguas o el Tribunal Administrativo, que velan por  que se hagan bien las cosas.

Precisamente el trabajo de la SETENA es muy criticado, se dice que el Ministro de Competitividad  “metió mano” en la institución. ¿Cuál es su opinión?

– A SETENA se le dedicó mucho tiempo para orientarlo y llevarlo adecuadamente a un nivel que preste servicio. Desafortunadamente, la Sala Constitucional dijo que SETENA tenía que verlo todo, desde un gallinero hasta un edificio de 20 pisos y cambiar eso no fue fácil, pero ya trabajamos mucho en los umbrales que definirán cuáles proyectos requieren un Estudio de Impacto Ambiental.

Analistas creen que el código de ética en la función pública no lo aplicó parejo el Gobierno.

“La presente Administración observará los más altos valores éticos en sus acciones políticas y en el ejercicio de la función pública, y combatirá decidida y permanentemente la corrupción política y administrativa. El Gobierno tiene como uno de sus objetivos fundamentales asegurar el afán de servicio, la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, la honestidad y la racionalidad”.

¿Cumplió el gobierno del mandatario Óscar Arias Sánchez con las promesas que incorporó al decreto ejecutivo que emitió al asumir el poder el 8 de mayo del 2006?, es la interrogante que queda entre la ciudadanía al concluir su gestión cuatro años después.

Los principios éticos de servicio, integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez, racionalidad y liderazgo, algunas veces las aplicó el Gobierno y en otras no, como fue el último caso del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad –Pedro Pablo Quirós-, a quien el Ministerio Público le sigue un proceso por mal uso de fondos públicos.

El mandatario en este caso alegó que no le aplicaba este código de ética para el ejercicio de la función pública, porque faltaba menos de un mes para que concluyera su nombramiento y eso le podría provocar problemas de operación a la institución. Todo ello, a pesar de que dicho código estipulaba que debían separarse de su cargo, “en el evento de que un tribunal penal dicte auto de enjuiciamiento o elevación a juicio en su contra, por la supuesta comisión de cualquiera de los delitos contra los deberes de la función pública”.

Para algunos, como el sociólogo José Luis Vega Carballo, nunca como en este gobierno se cometieron tantas acciones que riñen con la ética y la legalidad, especialmente cuando las políticas económicas neoliberales sirven para que los funcionarios públicos y privados mezclen sin limitaciones ni control, sus intereses empresariales.

Algo similar opina el abogado y especialista en temas de corrupción, Pablo Barahona, cuyo balance de la Administración Arias en materia de hechos irregulares, se inclina hacia el lado negativo.

“Los casos son elocuentes y numerosos. Tenemos desde concesiones a familiares de ministros, hasta viajes diplomáticos con familiares de funcionarios públicos, con todo pagado, convirtiendo al Estado costarricense en casi una agencia o club de viajes, y esto solo para hablar de pequeña corrupción, porque se han denunciado casos muy serios de conflictos de intereses en instituciones”.

En coincidencia con Barahona y Vega, el sociólogo de la UCR –Roberto Salom- reconoció que en el gobierno de Arias “hubo hechos claramente lamentables de corrupción. No creo que sean imputables al gobierno en sí, pero sí a altos personeros de la Administración, que fueron conocidos por la ciudadanía”.

¿TRANSPARENCIA?

Para Pablo Barahona, las irregularidades en el gobierno de Óscar Arias son una contradicción con su política exterior, ya que hacia afuera su discurso fue de transparencia, de pureza. Sin embargo, “el comportamiento de este gobierno sabemos que es completamente otra realidad”.

Cuestionó el hecho de que Arias se haya mantenido a cierta distancia de lo que ha sido su manejo. “Creo que no fue prioritaria para él la lucha contra la corrupción y mucho menos la ética pública. Vea que todavía hace unos días salió el exministro (de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) Roberto Dobles defendido por el hermano del Presidente (Rodrigo), que ha hecho las veces de primer ministro”.

Criticó que algunos hechos no se han esclarecido y otros graves quedaron impunes, “como el famoso caso del memorando (Kevin Casas-Fernando Sánchez), en donde en realidad no hubo ningún juzgamiento para ninguno de esos funcionarios públicos”.

Según Barahona, el mencionado código de ética para el ejercicio de la función pública no sirvió para nada. “Lo he repetido en varias ocasiones: debemos tener claro que las normas y los códigos por sí solos no cambian nada y todo esto que ha pasado es una buena demostración de ello”.

Aunque no le atribuye la responsabilidad directa por los casos de eventual corrupción a los Arias, sí estima que “es un gobierno que se olvidó de mantener parámetros éticos elevados y la verdad es que ha dado un pésimo ejemplo a las futuras generaciones”.

Su conclusión es que “este gobierno es el ejemplo a no seguir, el peor de los ejemplos en términos de ética y legalidad; creo que la arbitrariedad ha estado presente; la violación al principio de legalidad ha sido constante, y eso tanto en altas como en bajas esferas”.

En relación con el papel de órganos de control y fiscalización, Barahona lo percibe como “tímido y refractario. Creo que hay un miedo tremendo de las autoridades públicas de este país, sobre todo de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de la Ética, y de la Contraloría General de la República”.

Considera que si bien los costarricenses pueden denunciar, si la respuesta es siempre negativa, huidiza, el denunciante no va a volver a hacerlo, pues no pasa nada”.

Mientras tanto, el sociólogo Roberto Salom asegura que situaciones de corrupción como las ocurridas durante la Administración Arias, “responden a una dinámica en la que cada vez más se confunde la gestión pública, con las ambiciones y los negocios personales”.

Al preguntársele si en este Gobierno hubo complacencia con los hechos de corrupción o los combatió con mano dura, expresó que “para mi gusto habría hecho falta una actitud muchísimo más severa, ante quienes de alguna manera transgredieron las normas del comportamiento ético en su debido momento”.

Citó como ejemplo el caso del memorando Casas-Sánchez, en el que “nos quedaron debiendo las altas autoridades”, al igual que en otros.

Salom opina que las tendencias que buscan vulnerar el Estado de bienestar de las instituciones, mediante la apertura, privatización y desregulación de los entes estatales, sumadas a la participación en este proceso de empresas multinacionales que promueven la corrupción, son factores que inciden en esa mezcla donde se confunden los intereses públicos y los privados.

Sin que implique una acusación por actos de corrupción, el sociólogo es del criterio que no toda la gestión  de Arias fue transparente, dado que hubo muchas cartas debajo de la mesa que no se ventilaron en público.

Lunares de un gobierno

Tráfico de influencias, desvío de fondos públicos a manos privadas, negligencia en el cargo, despilfarro de recursos públicos o beneficio propio, son algunas de las modalidades que exhibieron diversos funcionarios durante la Administración del presidente Óscar Arias.
A continuación se enumeran algunos casos que fueron noticia en los cuatro años y que pudieron irrespetar el código de ética en la función pública, instituido por el mandatario Arias al asumir el poder.

-Renuncia del exministro de Vivienda, Fernando Zumbado, por usar fondos de cooperación de Taiwán mediante una fundación a la que pertenecía.

-Uso de fondos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar asesorías contratadas a exfuncionarios cuestionados y a conocidas personas ligadas al Gobierno.

-El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, dio una concesión minera a un familiar, y lo mismo hizo el viceministro de Transportes, Pedro Castro.

-El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, dio contratos a empresas que figuraban como clientas de su bufete.

-Estrategia gubernamental para manejar de manera discrecional y secreta
recursos dados por el BCIE al país.

-Manejo con secretismo de las relaciones con China y la venta multimillonaria de bonos a ese país.

-Mal uso de los recursos públicos, como pago de cuentas en restaurantes, viajes en las avionetas estatales con fines no oficiales.

-Empleo de recursos públicos para promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el referendo al respecto.

-Decretos de interés nacional para favorecer a determinados grupos o empresas.

-Ofrecimiento de motos BMW y automóviles Mercedes Benz para quienes apoyaran el TLC con Estados Unidos.

Las promesas de Óscar Arias para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, quedaron rezagadas.

Las metas a las que el presidente Óscar Arias prometió llegar en el área social en su plan de gobierno se incumplieron o se hicieron realidad a medias, pues la pobreza, desempleo y falta de vivienda no disminuyeron en su segundo mandato.

El gobernante saliente indicó en su propuesta publicada en el 2005 que impulsaría “una política social renovada y socialdemócrata, incluyente y orientada al logro del desarrollo del ser humano”, y que era uno de los ejes de acción de su programa.

No obstante, según informes recientes, dichos rubros aumentaron en los últimos cuatro años. Según el último Informe Estado de la Nación, 600.000 personas reciben menos del salario mínimo, el desempleo abierto creció en 0,3% y el nivel de pobreza y pobreza extrema aumentaron 1 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente.

FALTA DE ARTICULACIÓN

Para Isabel Román, investigadora del Estado de la Nación, resulta fundamental la coordinación entre los programas dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. Comentó que en este gobierno hubo mucha desarticulación entre los esfuerzos para fortalecer dichos sectores, pues no se conformó una política de ataque a la pobreza con una visión de largo plazo, quedando como un desafío pendiente para el país.

“En el combate a la pobreza se hicieron esfuerzos importantes como el programa Avancemos y el Régimen no contributivo de pensiones, que tuvieron un impacto positivo, pero en el contexto de la crisis económica esto se revirtió al final de la administración”.

La socióloga comentó que a pesar de estos esfuerzos, la lucha contra la pobreza debió implementarse de forma paralela al impulso de políticas universales en salud y educación, y la generación de una política de empleo. Afirmó que el Estado fue incapaz de articular ese último rubro, lo que tuvo como consecuencia que más de un tercio de la mano de obra ocupada gana menos del salario mínimo.

“Si a esas personas se les diera el salario mínimo, la pobreza se reduciría en 6%, es un tema de apostar a políticas universales y focalizadas que se articulen bajo una rectoría y visión de largo plazo que apueste al crecimiento económico. En un contexto de crisis es mucho más necesaria una política de empleo”.

Citó que resulta esencial la construcción de un mecanismo donde funcione un ente rector que promueva ese trabajo conjunto entre los distintos programas sociales y que evite su dispersión. Una de las propuestas que no se hizo realidad fue la creación de un ministerio de desarrollo humano y de combate a la pobreza.

Durante los últimos 20 años no se ha logrado armar una política de combate a la pobreza aunque existen bastantes programas para atender a la población con mayores necesidades, por lo que urge colocarlos en una sola vía para potenciar los recursos con los que se cuentan, y que se conviertan en objetivos que trasciendan las administraciones, comentó.

Destacó que otorgar subsidios no es suficiente, sino que se requiere de la fusión entre la política social y económica.
Añadió que la inserción de las mujeres en el mercado no es de la mejor calidad, ya que muchas se incorporan en jornadas parciales porque deben cuidar a sus hijos e hijas, además de que son jefas de hogar en su mayoría.

Pese a las circunstancias, en su informe de labores presentado el pasado 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, el presidente Arias aseveró que por primera vez en la historia del país, el Gobierno dedicó gran cantidad de recursos a las políticas sociales.

“No soy yo quien dice que la prioridad de este Gobierno ha sido ayudar a las personas más pobres de nuestra sociedad. Lo dice el Presupuesto de la República y cada uno de los programas que mantuvimos, aún en medio de una devastadora crisis económica internacional”. Manifestó que logros como disminuir la pobreza en 3,5% a la mitad de su mandato demostraron que el Gobierno estaba a favor de los más humildes y vulnerables.

Indicó que la crisis detuvo parte del avance realizado, pero que con el Plan Escudo se solventaron muchas necesidades.

POCO SEGUIMIENTO

El economista y exministro de Vivienda Helio Fallas mencionó que en el programa de gobierno de Arias se proponían acciones muy concretas, tal es el caso del reestablecimiento del papel del ministerio del ramo como ente rector y encargado de velar por la buena marcha de los programas.

No obstante, estas promesas eran extrañas porque la institución ya venía cumpliendo con esas funciones desde gobiernos anteriores. Agregó que queda debiendo en la parte de asegurar la buena marcha de los programas.

Explicó que la propuesta de movilización social y de brindar hogares a las personas que habitan en los precarios no se cumplió. De las 16.000 casas nuevas que se construirían por año, en el momento más alto se llegó a 13.000, por lo que la meta se logró parcialmente.

“El comprometerse a erradicar los precarios y tugurios parecía una cuestión muy ambiciosa, mal planificada y sin recursos, y se necesitan dos o tres gobiernos para establecer políticas de Estado”, dijo.

Este objetivo no cumplido aumenta ahora la debilidad de las personas con más necesidades, porque además de no contar con una vivienda, carecen de otros recursos como la educación, salud y empleo, al no darse una unión efectiva de todos los esfuerzos por mejorar su situación.

Explicó que el mandatario también colocaba énfasis en la expansión sistemática de la clase media, aunque consideró que tampoco se logró mucho en este punto, por diversos factores que obstaculizaron su avance, como los cambios de los líderes en el ministerio.

“El hecho de que hubiera cambios en los jerarcas de las distintas instituciones del área hace que a veces se empiecen planes pero que no se terminen. Ello porque mientras la persona conoce las prioridades se le va el tiempo rápidamente; esa inestabilidad en los cargos principales le afectó y la planificación fue muy débil”.

Recordó que hubo varias permutas en los jerarcas. El ministro de vivienda cambió dos veces y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) tuvo tres gerentes, provocando que los resultados no fueran los mejores y ello afectó el desarrollo de las acciones.

La última renuncia fue la del hoy diputado por el Partido Liberación Nacional Guillermo Zúñiga, quien dimitió del cargo de ministro para lanzarse a la candidatura para una curul.

Igualmente, expresó que la planificación se combina con el tema de los recursos y financiamiento para lograr sus planes, elementos que fueron insuficientes. Aseguró que se dio una falla seria en la organización de las acciones por ejecutar y que la proyección fue  muy débil, además del poco seguimiento y supervisión de las obras.

“Es un tema complejo porque participan muchos actores. En la administración Arias se abandonó la supervisión por medio de auditorías de calidad”.

Aunque surgen críticas por las acciones del Gobierno saliente en el área de vivienda, Arias destacó en su último discurso como presidente que la mitad de las personas que habitaban en tugurios (19.000 familias) recibieron atención por medio de bonos de vivienda y bonos comunales.

Promesas sin cumplir

Estas son algunas de las propuestas que el presidente saliente Óscar Arias planteó en su plan de gobierno, muchas de las cuales cumplió de manera parcial.

* Compromiso con la reducción sostenible de la pobreza y expansión sistemática de la     clase media.

* Compromiso con niveles crecientes de coordinación, seguimiento y evaluación de la política social.

* Reducir la brecha de oportunidades y bienestar que hoy separa a los costarricenses por razones económicas, geográficas, étnicas, raciales y de género y, en particular, reducir las tasas actuales de pobreza en, al menos, un 4% en los próximos cuatro años.

* Es preciso asignar recursos de manera prioritaria a las zonas más empobrecidas del país o en mayor riesgo social. Esta tarea debe ser ejecutada en coordinación permanente con los ministerios e instituciones que poseen una alta incidencia en el desarrollo social, especialmente en el ámbito rural.

* Asignar recursos anuales del BANHVI en el programa Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOVUSI) por ¢60.000 millones. Con esta asignación, a través del BANHVI y utilizando mecanismos de subsidio, se estarían construyendo 16.000 unidades nuevas y reparando 4000 viviendas anualmente.

Fuente: Programa de Gobierno 2006-2010. Partido Liberación Nacional.