El Frente Amplio y el aquelarre

Cuando una de las empresas encuestadoras reveló que al Frente Amplio lo separaban unos cuantos puntos del candidato del PLN, La Nación (6/12/13) entró en pánico y convocó a las estrellas democráticas para que se alinearan en el cielo e hicieran su trabajo en el aquelarre de las elecciones.

El caso no es nada nuevo para un medio periodístico que es una alfombra para los intereses de la clase dominante local y transnacional. Eso sí, las líneas periodísticas deben ser circunspectas, con el decoro de la divisa democrática en la solapa. La cruzada es muy sencilla: hay que ligar a José María Villalta con la izquierda latinoamericana para descalificarlo (Chávez, Ortega…), es decir, hay que asustar a la gente con el socialismo Bolivariano, con el sandinismo, con la izquierda latinoamericana…

El discurso ideológico debe ser mesurado y convincente para asociar al joven candidato del Frente Amplio con la inexperiencia, con esas ideas etéreas de los jóvenes rebeldes. Eso sí, hay que excluirlo discretamente con mitos y estereotipos electorales. Como usted sabe, el estereotipo generaliza y distorsiona la realidad, los hechos, los grupos sociales y los individuos. El mito cumple una función social, es la enunciación de una verdad −por supuesto, no se hace referencia a nuestra abuela la Esfinge, que ya está harta de calumnias y difamaciones que la implican en el destino incestuoso de Edipo−. Pero volvamos, en el siguiente párrafo, a ejemplos del mito electoral que no es cosmogónico sino trivial y explica verdades irrefutables en una Costa Rica escéptica y desencantada por las promesas electorales, el arribismo, la corrupción y el continuismo político del Partido Liberación Nacional.

Un inteligente y consumado jurista aduce que las expropiaciones son irreversibles en el gobierno del Frente Amplio, la reforma agraria es inminente, la Constitución Política será objeto de cambios sustanciales y la estructura jurídica sucumbirá. Un galeno, hombre sabio y respetuoso de la vida, se golpea el pecho, henchido de patriotismo, llama a combatir a muerte a todo aquel o aquella que sea parte del montaje comunista del Frente Amplio. Un economista y columnista del diario señalado da su adhesión al partido, campeón del libre comercio, reflexiona y decide ser portavoz de los más necesitados: un acto filantrópico que conmueve al más humilde ciudadano. Un grupo de yupis nacionalistas (un anglicismo a la medida de los jóvenes ejecutivos), innovan las redes sociales con anuncios creativos como la colaboración de las once mil vírgenes, las devotas de María, con inclusión de la ídem. Un grupo de evangélicos (la fuente científica y bibliográfica de CNN no especifica la militancia: mormones, bautistas, pentecostales, cuadrangulares,…) ayunan y oran para exorcizar los demonios del Frente Amplio. Por dicha, Fernando Sánchez es un hombre converso, lleno de fe en la Santa Sede y alejado de toda sospecha política.

En fin, en el paroxismo del discurso ideológico, el editorial de La Nación (7/12/13) somete a un análisis semántico y lingüístico la nota de condolencia, por la muerte del Comandante Hugo Chávez, enviada al Gobierno de Venezuela por el Frente Amplio. Y el editorialista concluye que “La carta… va más allá de la cortesía…”, es decir, la sentencia es inobjetable y no admite recurso alguno: El Frente Amplio es chavista. El aquelarre ha sido convocado desde Tibás y el arsenal ideológico (ese tejido de ideas que le dan coherencia a los estereotipos y mitos) sigue siendo el mismo discurso de los inquisidores.

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Aún hay tiempo para enviar ponencias para el VII Congreso de la UCR

U-2023-CONGRESO

En cada congreso universitario, representantes del sector docente, estudiantil y administrativo  discuten y votan las ponencias presentadas. (Archivo).

El plazo para enviar las ponencias que serán discutidas en el VII Congreso Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) finaliza el próximo lunes 27 de enero.

Cada diez años, la comunidad universitaria tiene la oportunidad de participar en la creación de las políticas que rigen la Institución. El VII Congreso Universitario es el espacio para poner estos temas sobre la mesa a través de las ponencias que todos los funcionarios administrativos, docentes y estudiantes de la Institución pueden enviar.

A pesar de que la etapa final del Congreso -cuando se realizará una sesión plenaria para discutir las propuestas- es en junio, estas deben pasar por un proceso de revisión a cargo de la Comisión Organizadora, por lo que es necesario que las primeras versiones sean entregadas en estos días.

Las ponencias se pueden presentar individualmente o en grupos; incluso, distintas unidades académicas o asociaciones de estudiantes pueden enviar una propuesta en conjunto.

Para participar, las propuestas deben tener relación con alguno de los cuatro subtemas que fueron determinados desde el año pasado: el quehacer académico, estructura y gestión institucional, vínculo universidad-sociedad o vida universitaria.

U-2023-7CongresoOtros requisitos de la Comisión Organizadora establecen que la ponencia debe tener una extensión máxima de 3500 palabras, estar escrita en letra arial 12 y a doble espacio. Además, se espera que el documento contenga un resumen ejecutivo, fundamentación y propuesta de resolución.

Según Laura Soto, vocera de la Comisión, fue necesario ampliar el plazo de recepción de las ponencias debido a que no habían recibido suficientes. Las ya recibidas se encuentran en periodo de revisión, cuando pasen esta etapa, serán publicadas en la página en Internet del Congreso.

Las propuestas escogidas, serán discutidas en un plenario conformado por autoridades -como el Rector, sus Vicerrectores y los decanos-, aunque también pueden participar los profesores, estudiantes y jefaturas de oficinas administrativas.

Para el este VII Congreso Universitario se inscribieron 597 docentes, 34 administrativos, 32 representantes de colegios profesionales y 149 estudiantes, ésto último dado que el Estatuto del Congreso especifica que la representación estudiantil debe corresponder al 25% de los docentes que vayan a participar.

Las personas que queden inscritas tendrán voz y voto en las sesiones de las comisiones de trabajo que analizan las ponencias, así como en la etapa final del plenario. Por su parte, quienes presenten ponencias y no estén inscritos podrán sustentar sus propuestas en las comisiones más no podrán votar.

En la página http://setimocongreso.ucr.ac.cr las personas interesadas pueden buscar más información sobre el envío de ponencias y demás detalles del Congreso Universitario o, bien, al número de teléfono 2511-1316 que corresponde a las oficinas de la Comisión Organizadora.

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Aumento en costos de matrícula preocupa a estudiantes del TEC

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El costo del crédito para este 2014 corresponde a ¢16.385, ¢2.235 más que en el 2013. (Foto: archivo)

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) abre sus puertas este año con un aumento de ¢27 290 en el costo del semestre para aquellos estudiantes que cursan 12 o más créditos.

En total, cualquier estudiante de pregrado sin beca que matricule regularmente su plan de estudios deberá desembolsar ¢202.425 para el primer semestre de lecciones, que comenzará el lunes 10 de febrero. La cifra es un 13% mayor a la del segundo semestre del 2013, cuando el costo total correspondía a ¢175.135.

La medida de aumento mantiene disgustados a más de una centena de estudiantes, quienes desde este momento planean organizarse en contra del alza en los montos de matrícula.

“No nos avisaron. Nosotros nos dimos cuenta porque tenemos una página en Facebook. Un estudiante, de “chiripa”, se metió a revisar los costos y se dio cuenta del aumento”, aseguró Francisco Herrera, estudiante de Mantenimiento Industrial.

Para Herrera, el aumento de costos no se ha traducido en mejoras en servicios de comedores, cupos en materias básicas, en el costo de los servicios que brindan las fotocopiadoras ni en el servicio de buses.

“Ciertamente, los servicios del TEC no han mejorado en el último año. Para este año, creo que la matrícula va a aumentar, y eso puede ser un problema”, expresó James Carazo, también estudiante de Mantenimiento Industrial.

Luis Paulino Méndez, vicerrector de Docencia del TEC, justificó que el aumento se realiza como parte de un acuerdo que se tomó en el 2010 con la Federación de Estudiantes.

Antes de este año, el Instituto costeaba un 80% del monto real de los estudios de los alumnos pero se decidió disminuirlo paulatinamente, integrar el dinero al Fondo de Becas.

 

ACUERDO DEL 2010

 

El acuerdo pretendía solucionar algunos de los problemas que causaba −en el sistema de becas− la falta de recursos tras la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

“Se llegó a un consenso: elevar el costo del crédito un 5%, que el estudiante pagara un 25% del costo real de estudios y la Universidad pagara un 75% (…). El monto cobrado a la población que puede pagar se invierte en becas para los muchachos”, detalló Méndez.

Los cambios en los cobros son significativos, si se comparan con la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional. Ambas Universidades registran aumentos de ¢20.000 en el costo total de créditos, pero en periodos de cuatro o cinco años.

Sin embargo, el aumento progresivo hacia el pago del 25% del costo real de los estudios, finaliza en este 2014.

“Ya llegamos a la escalerilla que queríamos llegar”, afirmó Méndez, quien estima que cerca del 60% de los estudiantes del TEC tienen algún tipo de beca y no pagan buena parte de estos costos.

“Es una distribución más solidaria. Si le podemos cobrar un poco más a los que pueden pagarlo y repartirlo en becas. Usémoslo en más becas, en eso la Federación de Estudiantes no tuvo problemas hace cuatro años”, dijo respecto a los nuevas tarifas.

Por su parte, Esteban Chacón, actual presidente de la Federación de Estudiantes del TEC, confirmó lo acordado hace cuatro años, aunque también se mostró preocupado ante el alza importante en los costos de la matrícula.

En relación con el tema, la Federación trabaja desde finales del año pasado en una reforma que modifica parte del acuerdo del 2010 sobre cómo se establece el costo real de los estudios en esa Universidad.

Con dicha propuesta, se busca disminuir el aumento en los cobros de créditos por medio de un nuevo cálculo sobre el costo real de los estudios, estimado actualmente por medio de porcentaje de inflación fijo. La reforma se encuentra aún en discusión en la Federación de Estudiantes pero espera plantearse lo antes posible ante el Consejo Institucional.

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Autoridades de la UCR piden aclarar trámites y reglamentos de viáticos al exterior

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Henning Jensen y Rita Meoño esperan que se aclaren los vacíos que tienen en cuanto a la aprobación de viajes al exterior. (Fotos: Katya Alvarado)

El Consejo Universitario (CU) y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordaron solicitar a la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) una auditoría para aclarar los vacíos y dudas en el Reglamento para la asignación de recursos al personal universitario que participe en eventos internacionales.

La solicitud se hizo el pasado 12 de diciembre, surgió a raíz del descontento de varios funcionarios que han solicitado el apoyo financiero para representar a la Universidad en el exterior, por cuanto el tiempo de aprobación de la solicitud ha resultado muy largo o porque se han aprobado montos más bajos al necesario para realizar el viaje.

El apoyo financiero se refiere al aporte económico que brinda la UCR para transporte, gastos de salida en cada país, viáticos, derechos de inscripción y otros relacionados con el evento, si la actividad es en otro país.

Rita Meoño, miembro del CU y coordinadora de la Comisión de Política Académica, explicó que el Reglamento y la organización actual presentan muchos vacíos que provocan que algunas solicitudes duren mucho en ser aprobadas mientras otras, por el contrario, son avaladas rápidamente, así como confusiones sobre las potestades tanto del CU como de la Rectoría a la hora de aprobar el dinero.

Por su parte, el rector Henning Jensen espera que tras esta auditoría se dé una definición clara y definitiva de los ámbitos de competencia que le corresponden a cada instancia en el proceso de aprobación de viáticos y apoyos financieros, el alcance de cada nivel de aprobación, así como aclaraciones de probables contradicciones entre los reglamentos emitidos por la Contraloría General de la República y los de la UCR.

 Punto de discordia

De acuerdo con el Reglamento mencionado, las solicitudes se presentan ante el superior jerárquico para su visto bueno, quien las valora según el Reglamento y las remite a la Rectoría.

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Uno de los puntos que más genera diferencia entre la Rectoría y el CU es el artículo 3, que dice: “Corresponderá a la Rectoría como autoridad superior administrativa aprobar las solicitudes de apoyo financiero iguales o menores al monto máximo establecido […] y deberá elevar al Consejo Universitario para su ratificación, aquellas que requieran levamiento de requisitos o cuyo monto sea superior al máximo fijado institucionalmente”.

El monto de que habla el artículo en la actualidad es de $1000 (¢500.000). En este momento, si una solicitud es igual o menor a esa cantidad, la Rectoría puede aprobarla sin que sea vista en el CU, a menos que el funcionario tenga menos de dos años de nombramiento, trabaje menos de medio tiempo, haya disfrutado del aporte durante el año calendario anterior la actividad solicitada, entre otras circunstancias.

Meoño argumenta que todas las solicitudes cuyo valor es mayor a $1000 deben ser vistas y aprobadas por el CU y no solamente si el equipo encargado de la Rectoría considera que debe ser elevado.

No obstante, Jensen alega que realizó una consulta sobre este aspecto a la OCU y este órgano le respondió que «… la potestad de ratificación que tiene el CU consiste en avalar o no las solicitudes previamente aprobadas por la Rectoría y, aquellos casos en donde no esté de acuerdo con lo resuelto por la Rectoría, deberá devolverse para su corrección, pudiéndosele agregar algunas recomendaciones o sugerencias para su mejor resolver, pero no podría realizar aprobaciones paralelas y por ende aprobar algo distinto a los previamente aprobado por la Rectoría, y mucho menos aún, aprobar viáticos que no pasaron previamente por la Rectoría».

La integrante del CU considera que a pesar de que han realizado un esfuerzo para agilizar los trámites, han identificado que en algunos casos la solicitudes están durando más tiempo en ser aprobadas en la Rectoría, aunque también hay atrasos en las decanaturas y otras jefaturas, razón por la cual llama la atención.

En este aspecto, Jensen indica que el tiempo que una solicitud permanece en la Rectoría es relativo, dado que influye mucho la época en que ingresa para su trámite (no es igual enero y marzo que entre mayo y setiembre), o si ingresa con los requisitos completos o no; algunas veces, por ejemplo, los funcionarios compran el boleto aéreo sin la aprobación de los viáticos y lo que requieren es un reembolso, lo cual implica trámites adicionales. Asimismo, a pesar de que el Reglamento es claro en que las solicitudes y la documentación pertinente deben ingresar a la Rectoría con, al menos, 10 días hábiles de antelación a la fecha prevista de salida para el trámite respectivo, esto no ocurre en muchos casos.

La OCU tiene tiempo hasta el próximo 15 de marzo para resolver las dudas planteadas por ambas instancias.

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Usuarios de gas dejan de lado la seguridad

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Datos recabados por la Encuesta Actualidades 2013 de la UCR indican que del total de viviendas del país, 615.357 (44.3%) utilizan gas GLP para alguna actividad. (Foto: Laura Rodríguez)

Aunque en el 85.5 % de las viviendas del país reside, al menos, una persona que conoce sobre las medidas de seguridad en el uso del gas licuado de petróleo (GLP), en el 79.4 % de los casos, el cilindro que se utiliza −principalmente para cocinar− sigue ubicándose en el interior de las casas, lo que conlleva un gran riesgo en caso de fugas.

Así lo determinó un estudio realizado por el estudiante Óscar Mario Carmona Arguedas, de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte de la Encuesta Actualidades 2013, del curso Diseño de Encuestas por Muestreo.

Según dicha encuesta, aplicada en el país del 19 de octubre al 16 de noviembre de 2013, los datos obtenidos son una importante señal de alerta, sobre todo si se considera que en 176.942 viviendas se reportó, al menos, un cilindro con fuga de gas dentro de la casa, situación que incrementa las probabilidades de accidentes por su ubicación.

A juicio de Carmona, estos resultados invitan a reflexionar acerca de la calidad de la información preventiva que se está proporcionando a los usuarios de gas, particularmente en lo que respecta a la manipulación del producto y a los lugares idóneos para la ubicación de los cilindros.

Las personas consultadas dijeron haberse enterado sobre las medidas de seguridad por medio de la televisión (74%), la radio (3.4%), el periódico (3.2%) y otros canales (4.9%).

Del total de viviendas del país, 615.357 (44.3%) utilizan gas para alguna actividad, especialmente en sectores con limitaciones económicas (48.9%) o que residen en la zona rural (47.7%).

Según el mismo estudio, en 581.676 viviendas este combustible es utilizado primordialmente para la cocción de los alimentos, lo que equivale a un 41.9% de las viviendas, estimación que coincide con la proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, en el 2012 (37.5%).

Se consideró prioritario incluir este tema en la encuesta, debido a las características inflamables del gas y al aumento de las emergencias por fugas atendidas en el 2013 por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La consulta reveló que, durante el 2013, el 61.7% de los consumidores de gas tuvo en su hogar un cilindro con alguna anomalía: carencia de etiqueta (38.2%), golpes o abolladuras (34.2%), corrosión (34.1%) o fugas (31.5%).

Datos aportados por el Cuerpo de Bomberos indican que el año pasado se dio un incremento del 133% en el número de emergencias reportadas por fugas de gas licuado de petróleo, con respecto al 2012. Del total de emergencias atendidas por los bomberos en el 2013 (51.491), el 13.28% (6839) se relacionó con fugas de gas, tanto en casas de habitación como en locales comerciales.

 

Cooperación interinstitucional

 

Con miras a evitar este tipo de emergencias, entre octubre y noviembre pasados, representantes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y del Cuerpo de Bomberos iniciaron visitas a las plantas envasadoras para verificar que los cilindros no presenten corrosión, abolladuras o posibles fugas; además, saber si cuentan con marcas troqueladas con los datos de la compañía y verificar si las instalaciones cuentan con suficientes medidas de seguridad y sistema de alerta de incendios.

Asimismo, la ARESEP, la Fundación de la UCR para la Investigación (FUNDEVI) y la UCR suscribieron un convenio por cinco años, con el fin de que el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ), la Escuela de Ingeniería Química y la Escuela de Ingeniería Mecánica realicen pruebas técnicas que garanticen la calidad del producto que expenden las distribuidoras de gas del país y la seguridad de los cilindros que adquieren las personas.

Carlos León, director del CELEQ, explicó que con este fin los especialistas del Centro harán pruebas dos veces al mes en cada planta distribuidora de gas. Aunque en total existen 14 plantas distribuidoras en el país, en la actualidad funcionan 7.

Las otras unidades académicas, dijo León, trabajarán en aspectos relacionados con la seguridad, certificarán que los cilindros reúnan los requisitos solicitados por la ley en cuanto a válvulas de seguridad y que no tengan abolladuras, herrumbre o fugas.

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La actividad se llevará a cabo en el salón multiusos del edificio de Estudios Generales; será transmitida por el Canal UCR, las tres radioemisoras universitarias y la plataforma electoral web del Semanario Universidad “Ojo al Voto”.

 

En el Foro Presidencial UCR 2014, participarán Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, José María Villalta, del Frente Amplio, Oscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Justo Orozco, de Renovación Costarricense, y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional. El aspirante del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, declinó asistir por tener programada otra actividad y el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza, no había confirmado su asistencia al cierre de esta edición.

 

El martes 21 de enero se efectuó la primera parte del foro, con la participación de los candidatos de partidos sin representación legislativa.

 

Según explicó la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, Juany Guzmán, la metodología de los debates consistirá en tres bloques con mecánicas distintas, en los cuales los candidatos responderán preguntas de profesores, estudiantes y público en general. Las interrogantes procurarán conocer cómo cada candidato alcanzará sus objetivos de campaña. El moderador será el rector de la UCR, Henning Jensen.

 

También se discutirán políticas agropecuarias y de estructura vial, seguridad social, gobernabilidad, política económica y salud.

 

Guzmán señaló que los aspirantes a la presidencia, al dirigirse a sectores jóvenes, se enfrentan a un grupo formado en su mayoría por votantes decididos; “la comunidad universitaria, sobre todo en las universidades públicas, está más comprometida con alguna bandera”.

 

Guzmán también apunta que la voz del estudiante universitario en el proceso electoral ejerce liderazgo, sobre todo entre la población joven. “El estudiante universitario exige un voto mucho más informado, crítico y reflexivo, cualquiera que sea su acercamiento al proceso electoral”.

 

Para Gustavo Araya, politólogo y analista, los candidatos ahora están en una espiral donde pasarán de un debate político hacia uno jurídico; “probablemente [en futuros debates] los veamos atacándose sobre casos de corrupción, de quién tiene las pruebas ante el OIJ”.

 

Más que sobre las acciones, Araya comentó que en los próximos debates a los candidatos les preocupará el tema de la corrupción, porque una vez que un tema de ese tipo mancha su imagen, es muy difícil revertir el proceso.

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Documentalista Pablo Ortega: “El gran mito es que la crisis de la Caja es financiera”

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Además de analizar la crisis actual de la CCSS, el documental se remonta a los orígenes de la Institución y la importancia que ha tenido para los costarricenses. (Foto: Archivo)

La “Caja de Pandora” fue el nombre más acertado que un grupo de productores audiovisuales de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontró para caracterizar lo que ha ocurrido en la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El documental de casi dos horas, dirigido por Pablo Ortega, es el primer largometraje que se produce en la Universidad y pretende recopilar y analizar la información de las problemáticas que han desgastado a una de las instituciones más emblemáticas del país.

El audiovisual fue realizado por un equipo de tres personas que conforman el Laboratorio Audiovisual de Documentalismo Investigativo (LAUDI) de la Escuela de la Filosofía. Sin embargo, el Director aclaró que, aproximadamente, el 40% de las horas de trabajo fue donado por personas externas a la Universidad, del mundo cultural y artístico del país.

Ortega, quien ha dirigido otros documentales como «Costa Rica, S.A.», «El Oro de los Tontos» o «Las Trampas del Gas”, conversó con UNIVERSIDAD acerca de algunos de los ejes más importantes de este trabajo que será presentado en los próximos días.

La crisis de la CCSS es un tema muy amplio. Específicamente, ¿qué investigaron y de dónde partieron?

¾ Se planteó hacer un documental que cubriera, lo más ampliamente, todo el espectro de problemas, así que en realidad se habla un poquito de todo. Se ven aspectos como de dónde surge la crisis, cuáles son sus facetas. Pero también hay otro eje importante, más allá de la crisis, que es explicarle a la gente porqué el Seguro Social es un sistema preferible bajo cualquier punto de vista para la cobertura de la salud de la población: este tiene la característica de ser universal, de ser solidario.

Entonces hay otro eje que se dedica a explicarle a la gente las ventajas que tiene este sistema, cuáles son los problemas si cambiamos, si lo perdemos y pasamos a un sistema basado en capacidad adquisitiva.

Entiendo que se hicieron más de veinte entrevistas, ¿a quiénes se consultó? ¿Funcionarios de la CCSS?, ¿investigadores?

¾ Un poco de todo. Autoridades, personas que trabajaron antes, gente de sindicatos, doctores, gente de la Unión Médica. Todos los gremios de alguna manera están representados pero no tenemos la posición de ninguno de ellos. Este documental mantiene la independencia que garantiza trabajar desde la Universidad.

 

Al ser un problema tan complejo, ¿es posible encontrar un “culpable”?

¾ Por supuesto que es complejo pero sí identificamos, aproximadamente, cuatro actores principales, cada uno con su grado de culpa. Si la Caja fuera autónoma y respondiera a los asegurados, y no a las autoridades políticas, gran parte de este entramado no ocurriría porque el núcleo del documental –digamos, “El Juego Oculto Contra el Seguro” [el subtítulo del documental]- es cómo se articulan estos protagonistas y cómo cada uno contribuye a afectarlo.

Luego del trabajo que realizaron, ¿en qué momento podría decir que da inicio la crisis de la CCSS?

¾ Bueno, adonde más se remonta críticamente el documental es a mediados de los setentas. Es ahí donde se promulga la Ley de Presidencias Ejecutivas que, básicamente, establece una subordinación completa. La Ley terminó de quitarle la autonomía gerencial a la Caja, la convirtió en una actividad semi-autónoma en donde el presidente ejecutivo es casi parte del gabinete del gobierno. Cuando realmente hubo una presión para comenzar a desfinanciar el seguro fue a mediados de los ochentas con los PAES (Programas de Ajuste Estructural).

Es un tema que puede agradar más a algunos sectores que a otros, sobre todo tomando en cuenta el contexto en el que estamos (campaña electoral). ¿Piensan publicarlo antes de las elecciones?

¾ Nosotros esperamos que salga antes, para formar parte de un debate pero no para beneficiar necesariamente un partido sobre otro. Es normal que esto, de alguna manera, sea visto con mejores ojos por grupos progresistas; obviamente, los grupos que han tendido al neoliberalismo de alguna manera van a verse un poquito más aludidos.

No obstante, el documental no menciona partidos políticos y, sencillamente, identifica y diagnostica qué se ha hecho mal. Aquí se trata de emplazar a todos los candidatos a que tomen decisiones, todos han mostrado disposición —por lo menos verbal— de hacer algunos ajustes importantes.

Parece que el asunto de la crisis se ha apagado un poco en la discusión pública. Incluso parece existir una percepción recientemente de que las cosas se han ido solucionando…

¾ Sí, yo tengo esa misma sensación. Creo que la gente se preocupó mucho y después le dijeron que ya se había resuelto, porque el gran mito es que la crisis de la Caja es financiera. Lo financiero es la punta del iceberg, se puede resolver con unos cuántos millones; en realidad, el problema es un problema de gestión y de intereses encontrados. Pero si, a fin de cuentas, el servicio no llega al asegurado ahí, realmente, es donde uno puede decir que la Caja va a terminar de perder la confianza de la ciudadanía.

Por lo que se puede ver en el avance del documental, sigue una línea similar a la de otros trabajos que usted ha realizado, con un humor crítico…

¾ Sí. Es la misma tónica, quizás todavía más ácido. El problema es más delicado, los actores [de la crisis] han sido más irresponsables; por lo tanto, el nivel de sarcasmo es superior. Este es, probablemente, el trabajo más fuerte, más sarcástico y de denuncia que he hecho. No me quedo a medias tintas, está sin anestesia porque la gente no ha interiorizado la responsabilidad al punto ético que ha conllevado haber tocado a la Caja. Son consecuencias que se miden ya en vidas humanas por malas decisiones administrativas que aparentan no ser por negligencia sino por mala voluntad.

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Estudios revelan desastre tras 20 años del NAFTA en Norteamérica

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Mientras lo pagado a los productos de maíz mexicano se desplomaba, el precio de las tortillas aumentó casi tres veces en los 10 primeros años del Tratado. (Foto: UNAM)

México prefiere exportar sus productos en lugar de sus ciudadanos, decía, hace 20 años, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari poco antes de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que él había firmado. Para Estados Unidos, agregó, la opción era recibir los tomates mexicanos o a los braceros ilegales, que los irían a cultivar allá si no encontraban trabajo en su país.

¡Pura fantasía! Los 370.000 inmigrantes mexicanos que buscaron mejor vida en Estados Unidos en 1993 (el año anterior a la entrada en vigencia del tratado) se duplicaron con rapidez. En el 2000 llegaron a ser 770.000.

Estaba consumada una de las mayores estafas políticas modernas. En 20 años, cada una de las promesas de los defensores del NAFTA se derrumbó, como lo muestra el trabajo titulado “Nafta at 20”, publicado en enero de este año por Public Citizen (PC), una organización no gubernamental estadounidense orientada al estudio del comercio mundial.

Dedicado principalmente a analizar las consecuencias del NAFTA para la economía de Estados Unidos, el informe aporta luz también sobre sus efectos en la economía mexicana.

Una a una, son desmitificadas las promesas del NAFTA que ofrecían llevar a México al Primer Mundo y a su población a disfrutar de mejor calidad de vida. El mismo ofrecimiento hicieron aquí los promotores del CAFTA.

Caída de salarios 

Unas 60.000 empresas manufactureras cerraron en Estados Unidos desde la implementación del NAFTA y, aunque no todos esos cierres se pueden atribuir al tratado −como advierte PC en su estudio−, millones de empleos industriales se perdieron cuando esas empresas fueron a buscar mano de obra barata en México.

El documento aporta una detallada explicación del mecanismo utilizado para lograr la reducción de los salarios. Según la Brookings Institution, “el promedio de trabajadores desplazados de la manufactura pasaron de ganar $40.154 anuales, a ganar $32.123 al ser recontratados, una caída de 20% en sus ingresos”.

Trabajadores de sectores no calificados, como hotelería o servicios de comida rápida, también vieron cómo sus ingresos se deterioraban. Para algunos analistas, esto era uno de los objetivos de los Tratados y no el aumento de ingresos, como prometían quienes lo promovían.

Esta transferencia de empleo desde los bien pagados en el sector manufacturero, hacia los mal pagados en el sector de servicios, contribuyó a empujar hacia la baja todos los salarios. “El promedio de los salarios en Estados Unidos crecieron menos del 1% anualmente, en términos reales desde la entrada en vigencia del NAFTA, a pesar de que la productividad de los trabajadores creció a un ritmo tres veces mayor”. El salario promedio “permanece al mismo nivel de 1979”.

El Washington Post afirma que cuando se cumplieron 10 años de los tratados ya “19 millones más de mexicanos vivían en la pobreza”.

“Antes del NAFTA, 36% de la población rural mexicana ganaba menos del mínimo necesario para alimentarse, porcentaje que aumentó a cerca del 50% en los primeros tres años de vigencia del acuerdo”, señalan. Hoy, más de la mitad de la población sigue bajo la línea de pobreza, “a pesar de las promesas hechas por los propulsores del NAFTA”.

Transcurridos 20 años del NAFTA, la realidad es muy distinta. El crecimiento anual promedio per cápita de la economía mexicana apenas alcanzó un 1,1% en este lapso. Un crecimiento acumulativo de 24%, que contrasta con el 102% alcanzado entre 1960 y 1980, destaca en el informe.

El sueño de los precios bajos también se esfumó. El ingreso de maíz barato y subsidiado desde Estados Unidos (como el arroz ahora en Costa Rica) hizo caer 66% el precio pagado a los campesinos mexicanos, obligándolos a dejar el cultivo y las tierras. Esto facilitó la pérdida de tierras de los agricultores, compradas por grandes corporaciones. 1,1 millón de campesinos, y otro 1,4 millón de personas que dependían del sector, quedaron sin trabajo entre 1993 y 2005.

Mientras lo pagado a los productos de maíz mexicano se desplomaba, el precio de las tortillas aumentó casi tres veces en los 10 primeros años del Tratado.

El secreto es simple: el NAFTA incluye reglas que facilitan la consolidación de toda la red de producción y comercialización de tortillas en manos de pocas y grandes empresas, “capaces de aumentar el precio a los consumidores y hacer enormes ganancias, mientras el precio del maíz declina”, indica el mismo documento.

El NAFTA creó, además, nuevos privilegios para las empresas transnacionales, les otorgó el derecho de demandar a los Estados en tribunales internacionales, especialmente inclinados a favorecer sus intereses. Las corporaciones extranjeras atacaron los Estados “en una amplia gama de políticas de protección al consumidor en materia de salud, ambiente y uso de la tierra, permisos regulatorios, regulaciones financieras y otras políticas de interés público que, según ellas, amenazaban sus expectativas de ganancias futuras”.

Actualmente, hay once demandas pendientes en estas materias, por un total de $12.400 millones, similares a las que la minera canadiense Infinito Gold amenaza con interponer contra Costa Rica por más de $1.000 millones por no habérsele permitido explotar oro en la mina de Las Crucitas y frustrar sus expectativas de ganancias multimillonarias.

 

Desigualdad alcanza nuevos extremos

 

El estudio de Public Citizen explica así el crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos, como consecuencia del NAFTA: el Tratado presionó hacia la baja los ingresos de los sectores medios y bajos y obligó a los trabajadores, hasta entonces mejor pagados, de la industria manufacturera a competir con las importaciones de productos hechos por mano de obra más barata en el extranjero. El desplazamiento de estos trabajadores mejor pagados redujo aun más los ingresos de la clase media y aumentó el número de quienes buscaban trabajo en el sector peor pagado de los servicios.

El NAFTA, agrega el estudio, contribuyó a elevar la desigualdad al permitir que los empleadores amenazaran con llevar sus empresas al exterior, como herramienta de presión sobre los trabajadores al negociar los salarios.

El resultado es que el 10% más rico en Estados Unidos se quedó con más de la mitad del pastel. Desde la implementación del NAFTA, ese porcentaje aumentó un 24%. En el tope de la pirámide, el 1% más rico se quedó con más del 20% de la riqueza producida en el país.

En México, “a pesar de las promesas de que el NAFTA beneficiaría a los consumidores al garantizarles el acceso a productos importados más baratos, el costo de los artículos de consumo básico aumentaron siete veces comparados con el nivel anterior al NAFTA, mientras el salario mínimo aumentó solo cuatro veces”.

Como resultado, “el salario mínimo en México alcanza para comprar un 38% menos de productos que antes de la entrada en vigencia del NAFTA”. Creció el trabajo informal y el empleo temporal mal pagado.

El 20% más rico de la población se quedó con más del 50% de los ingresos, mientras el 20% más pobre se tuvo que contentar con menos del 5%.

 

Más violencia e inmigración

 

Las consecuencias de este proceso no podrían ser otras que una creciente inmigración y violencia. La promesa del presidente Salinas de Gortari, de que México exportaría tomates a Estados Unidos en vez de mexicanos, quedó desnuda. “El número de inmigrantes indocumentados (principalmente mexicanos) en Estados Unidos aumentó 144% desde que el NAFTA entró en vigencia, subió de 4.8 millones en 1993 a 11.7 millones en el 2012”.

El año pasado, según datos del Banco de México, las remesas familiares provenientes del exterior sumaron $22.446 millones, cifra ligeramente inferior a la del 2011, cuando alcanzaron los $22.803 millones.

El abogado Marcos Marín, catedrático universitario en México y colaborador de la revista DATAMEX −de la Fundación Ortega y Gasset−, se preguntaba si el NAFTA es un “esquema agotado”.

Dos décadas parecen adecuadas para mirar al NAFTA sin estereotipos; “… la realidad se ha encargado de poner en el terreno del embuste a quienes en México lo vendieron como lo que aún no acaba de ser: un instrumento que pusiera bienes y oportunidades al alcance de todos y garantizara de forma equitativa el crecimiento de todos sus firmantes. Pasaron 20 años. ¿Cuántos más necesitaremos?”, se preguntó Marín en un artículo para la revista indicada arriba.

En el mismo tono escribió Alejandro Díaz Bautista, en Marco Trade News. Aunque valoró el crecimiento de las exportaciones mexicanas en estos 20 años, estimó que “la entrada en vigor del TLCAN —NAFTA, por sus siglas en inglés— hace dos décadas fue la plataforma para convertir a la economía de México en la decimosexta potencia exportadora del mundo, pero no ayudó a abatir la pobreza que se vive actualmente en el país”.

Por otra parte, Robert A. Blecker y Gerardo Esquivel escribieron en su libro Mexico and the United States: The Politics of Partnership:

“Cuando México, Estados Unidos y Canadá se reunieron para conformar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en 1994, muchos observadores esperaban que esto condujera a una época de mayor integración continental, que podría impulsar el crecimiento de la economía mexicana y conducirla a una convergencia con sus ricos vecinos del norte. En ese momento pocos hubiesen imaginado que, solo dos décadas después, China habría desplazado tanto a Canadá como a México como el mayor exportador de bienes al mercado de Estados Unidos, o que la economía mexicana podría haber crecido tan débilmente en esos años, que nunca convergería a los niveles de ingresos per cápita o salarios reales de Estados Unidos o Canadá”.

No importa, ¡la estafa estaba consumada!

 

 

 

TLC con Estados Unidos:

De BMW y Mercedes al “Memorando del miedo”

 

¿Serán los resultados del NAFTA el espejo donde tendremos que mirarnos dentro de 15 años, cuando se cumplan también los 20 de vigencia del CAFTA?

Nos prometieron empleos de calidad, bienestar para la mayoría y crecimiento económico. El Presidente de la República sugirió que íbamos a cambiar nuestros carros por BMW y Mercedes.

La campaña a favor del TLC dio pie a uno de los documentos más infames de la política en el país. El “Memorando del miedo”, publicado por este Semanario, dejó en evidencia la estrategia de sembrar el miedo entre los costarricenses, la misma que vuelve a resurgir en la actual campaña electoral.

Si, bien, el balance es todavía preliminar, se puede ya intentar un balance de la situación del país a cinco años de vigencia del TLC y señalar algunas tendencias.

Para eso acudiremos a algunas citas del informe sobre el “Estado de la Nación”, divulgado este año. Visto en su conjunto, fue un período gris, similar a los últimos años.

El 2012 no se apartó de las tendencias que han predominado en Costa Rica en el siglo XXI: mejoras inerciales en las condiciones de vida para el promedio de la población, resultados redistributivos negativos en ingresos y empleo, así como serios problemas en la gestión de la equidad social y en el mercado laboral, debido al incumplimiento de garantías laborales y del pago del salario mínimo de ley.

Costa Rica es un país modernizado a partir del impulso exportador, un crecimiento económico moderado y una reciente −aunque vulnerable− estabilidad monetaria. Es también una sociedad a la que cada vez le resulta más difícil generar oportunidades de empleo decente para vastos segmentos de su población, en la que se observa una ampliación de las brechas sociales, el debilitamiento de la gestión ambiental y el deterioro de la gestión política.

Un 38,8% de los asalariados costarricenses goza de todas las garantías laborales. Lejos de las mejoras prometidas, el mercado de trabajo se ha convertido en una fuente de presiones a favor de la desigualdad y el estancamiento de la pobreza.

Cerca de 280.000 hogares están en condiciones de pobreza, un 20,6% del total de hogares del país.

En el 2012, el valor del coeficiente de Gini —que mide la desigualdad de ingresos— fue de 0,518 (la segunda cifra más alta del período 1987-2012, sólo superada por el 0,519 de 2001), una de las más altas de América Latina.

La desigualdad se ha reducido en la región en este período. Sin embargo, Costa Rica camina en sentido inverso. En el período 2001-2011 fue el único país cuyo coeficiente de Gini aumentó.

No es cualquier política económica la que genera capacidades, igualdad de oportunidades y bienestar para toda la población; hasta ahora esa política ha premiado a ciertos sectores, lo que propicia la desigualdad.

 

Resultados comerciales

 

El TLC prometía transformar el comercio exterior en la estrategia de crecimiento de Costa Rica y de bienestar para sus habitantes. Una revisión de los resultados de la balanza comercial muestra los resultados reales.

Si analizamos los resultados de la balanza comercial, los cinco años antes del TLC (2004 y 2008) y los cinco años posteriores (2009-2013), vemos que las importaciones de Norteamérica pasaron de cerca de $4,3 mil millones en el 2004 a $10,1 mil millones en el 2012 (no hay datos aún para 2013); o sea, un aumento de casi $6.000 millones que representa un 135%.

En cambio, las exportaciones que el TLC pretendía promover pasaron de $3,1 mil millones en el 2004 a $4,8 mil millones en el 2012. Un aumento de $1,7 mil millones, es decir un 54%.

 

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Seguro de la CCSS subvenciona a mercado de seguros obligatorios

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El INS confirmó que cumple con su obligación de pagar los montos que cubren las pólizas. (Foto: Katya Alvarado)

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que todos los costarricenses pagan mes a mes, subvenciona al mercado de los seguros obligatorios, específicamente al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y al de Riesgos del Trabajo.

Lo anterior se debe a que la atención inmediata de las emergencias cubiertas por estos seguros, por ejemplo los accidentes de tránsito, es ejecutada por los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y el monto de las coberturas por lo general  está muy por debajo de lo que en realidad la institución invierte en estos pacientes.

En el caso del SOA, la cobertura establecida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) es de ¢6 millones para los automóviles y de ¢3,5 millones de colones para motocicletas y bicimotos.

Dependiendo del tipo de lesiones que sufra una persona en un accidente de tránsito, los costos podrían exceder esas cifras, pero la aseguradora pagará únicamente el monto establecido en la póliza.

Las cifras de la Caja son muy claras. Entre enero y noviembre del 2013 la entidad facturó al INS por concepto de Riesgos del Trabajo más de ¢5.503 millones, pero la aseguradora pagó poco más de ¢5.147 millones, según datos de la Unidad Gestión de Riesgos Excluidos de la CCSS.

Para el mismo período la Institución facturó por el Seguro Obligatorio de Automóviles un monto superior a los ¢12.675 millones y recibió un pago del INS por ¢5.856 millones.

Al parecer, las largas listas de espera tienen al SOA como uno de sus componentes esenciales, pues se posponen las intervenciones médicas de muchos usuarios de la Caja −que tienen meses a la espera−, por atender a quienes sufren accidentes de tránsito, que son los clientes del Seguro Obligatorio de Automóviles, cuyas emergencias tienen prioridad en todos los hospitales del país.

Adicionalmente, con la apertura del mercado de Seguros, establecida en la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, estos seguros obligatorios se abrieron a la competencia y cualquier aseguradora puede ofrecer dichos servicios, aunque el monto que pagarán a la Caja será el que establezca el contrato.

Hasta la fecha, ninguna otra aseguradora ha entrado en la oferta de estos seguros, pues el diputado José María Villalta había presentado en el 2010 una acción de inconstitucionalidad contra la iniciativa, que fue resuelta en noviembre pasado por la Sala IV.

Dicho fallo determinó que las aseguradoras privadas podían vender no solo pólizas comerciales, sino incursionar en la oferta del SOA y Riesgos del Trabajo, pero hasta la fecha ninguna lo ha hecho. Y a la Caja le dijo: use su potestad, reglamente, defiéndase y cobre.

No solo es facturar

La denuncia de estas diferencias fue dada a conocer por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) a finales del año pasado.

“Se debe recordar que la CCSS atiende a los pacientes que sufren accidentes cubiertos por ambos seguros y está constitucionalmente obligada a hacerlo, pero además, está o obligada a recuperar el costo de la atención”, manifestó Luis Chavarría, secretario general de la Undeca.

Chavarría enfatizó que las autoridades se rasgan las vestiduras por la inversión que deben hacer en salarios a los trabajadores, pero no recaudan adecuadamente los montos de las mencionadas deudas.

“Esto se une a la omisión de algunas facturaciones por falta de capacidad instalada y en los atrasos de los cobros administrativos y judiciales, pues hasta hace poco –antes de la apertura del mercado− estos trámites no se realizaban”, agregó el dirigente de Undeca.

En este sentido, Wven Porras, jefe de Gestión de Riesgos Excluidos de la CCSS, confirmó que la facturación no es el único elemento para lograr que la aseguradora pague los montos invertidos en un paciente cubierto con el SOA o Riesgos del Trabajo.

“La cobertura para automóviles es de ¢6 millones y eso si tenemos suerte de que la persona presente el caso ante la aseguradora, pues para hacer efectiva la póliza es necesario realizar el trámite; podemos facturar y enviarla para su cobro, pero si la atención del paciente tuvo un costo de ¢27 millones, el seguro solamente cubrirá los ¢6 millones; el resto lo estamos cubriendo todos los costarricenses solidariamente, lo cual está mal”, reprochó Porras.

Aunado a esto, la factura podría no ser pagada, si demuestra la aseguradora que la persona no es cubierta por el seguro, ya sea porque no tenía licencia, manejaba bajo efectos del licor o no cumplía con alguna de las normativas de la ley de tránsito. Es decir, que es probable que en muchos casos la Caja ni siquiera pueda recuperar el costo de las pólizas.

En este caso, le tocará al Seguro de Salud cubrir todos los costos de la emergencia, internamiento y rehabilitación que tenga el paciente, como consecuencia del accidente.

Antes del 2013, la CCSS no cuenta con datos sobre cuál era el subsidio que se daba a estos seguros, pero en razón de la apertura del mercado de seguros, la Junta Directiva creó la unidad de Gestión de Riesgos Excluidos, para establecer los costos y defender los intereses de la entidad frente a las aseguradoras.

“A partir de noviembre, luego del fallo de la Sala IV, apresuramos el paso para mejorar los procesos de gestión; entonces, tratamos de demostrar la diferencia entre lo facturado y lo pagado. Es por ello que pedimos a la Superintendencia de Seguros (Sugese) que debe haber un aumento de la cobertura, pero estamos ante una nueva situación en un país donde no hay cultura de seguros”, añadió Porras.

No obstante, al consultar a la Sugese aseguraron que a la entidad solo le corresponde autorizar las propuestas que realizan las aseguradoras, en este caso el INS, que hasta la fecha es el único oferente, y basados en estudios de costos se da el visto bueno al monto.

Es decir, la entidad no realiza aumentos de pólizas si no es a petición de la aseguradora.

Por su parte, Eduardo Fernández Figueroa, jefe de la Dirección de Seguros Solidarios del INS, indicó a UNIVERSIDAD que la ley establece que la responsabilidad de ese ente −como asegurador− se limita a la cobertura definida, pues el artículo 66 de la Ley de Tránsito señala que si el excedente de la atención supera el monto, el remanente se trasladará a título de contribución especial de la Caja, para mitigar el costo por la atención de personas lesionadas, cuando se agote la cobertura del seguro obligatorio.

“Desde el punto de vista de la responsabilidad de pago, el INS paga en forma continua las facturas; por ejemplo, durante el 2013 se pagó a la CCSS un monto de ¢6.132,5 millones, y el pendiente a esa fecha es de ¢4.475 millones, los cuales están en proceso de revisión de facturas, para el pago correspondiente”, detalló Fernández.

Respecto al seguro de Riesgos del Trabajo, hizo ver que no tiene tope de cobertura; por lo tanto, las facturas que emite la Caja en este tipo de atención se pagan de manera completa.

Wven Porras, de la CCSS, confirmó que el INS no está obligado a pagar más, pero es claro que los costos son superiores; el problema va más allá, pues se trata de política pública, de tomar decisiones que no son tan populares y de aumentar los montos de los seguros obligatorios.

“Hay que mejorar el proceso de la gestión cobratoria y para cuando entren otras empresas de seguros a competir en esta materia, contamos con un contrato marco para definir la forma en que se pasarán los cobros”, añadió el funcionario de la Caja.

RECUADRO

Los seguros en números

La Unidad de Gestión de Riesgos Excluidos de la CCSS lleva un registro de los montos que son facturados al INS por los seguros obligatorios del SOA y Riesgos del Trabajo y la diferencia de cuánto  ha pagado la aseguradora.

Montos Facturados al Instituto Nacional de Seguros

Año 2013

Mes

Seguro Riesgos del Trabajo

Seguro Obligatorio Automotor

Suma

Enero

427.450.928,82

934.955.459,41

1.362.406.388,23

Febrero

362.297.028,00

637.338.179,00

999.635.207,00

Marzo

356.094.569,67

955.488.704,81

1.311.583.274,48

Abril

466.162.414,85

2.045.288.530,98

2.511.450.945,83

Mayo

453.538.878,39

936.861.203,51

1.390.400.081,90

Junio

592.946.274,00

1.008.468.529,00

1.601.414.803,00

Julio

453.946.357,00

1.101.785.373,00

1.555.731.730,00

Agosto

468.705.955,00

830.954.424,00

1.299.660.379,00

Setiembre

520.147.447,00

952.963.187,00

1.473.110.634,00

Octubre

496.211.944,00

1.041.161.640,00

1.537.373.584,00

Noviembre

464.405.464,00

1.074.657.267,00

153.9062.731,00

Diciembre

441.246.707,00

1.156.059.371,00

1.597.306.078,00

Totales

5.503.153.967,73

12.675.981.868,71

18.179.135.836,44

Montos Cancelados por el Instituto Nacional de Seguros

Año 2013

Mes

Seguro Riesgos del Trabajo

Seguro Obligatorio Automotor

Suma

Enero

333.096.179,97

170.554.591,88

503.650.771,85

Febrero

251.206.432,78

92.790.661,70

343.997.094,48

Marzo

160.847.403,80

140.403.492,52

301.250.896,32

Abril

208.398.786,00

524.902.252,03

733.301.038,03

Mayo

478.313.588,01

990.220.758,56

1.468.534.346,57

Junio

591.255.415,26

699.981.865,48

1.291.237.280,74

Julio

553.276.800,97

724.024.629,04

1.277.301.430,01

Agosto

574.858.024,58

627.557.163,32

1.202.415.187,90

Setiembre

410.706.764,81

529.118.822,40

939.825.587,21

Octubre

427.623.482,05

391.173.835,00

818.797.317,05

Noviembre

439.340.916,88

467.336.486,00

906.677.402,88

Diciembre

718.666.755,98

498.835.244,00

1.217.501.999,98

Totales

5.147.590.551,09

5.856.899.801,93

11.004.490.353,02

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Esfuerzo medido en cajuelas

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(Foto: David Bolaños)

Crisis golpea más a pequeños productores y cogedores

Cientos de personas de nuevo llenaron en el fin y principio de año la finca Las Colinas, en Sarchí de Valverde Vega, y con sus manos desnudaron al cafetal.

 

Hombres y mujeres de todas las edades esperaban obtener 850 colones por cada cajuela de grano maduro recolectado, en una faena de rapidez y atención.

 

Las conversaciones pululaban entre los callejones; la cajuela se paga 150 colones más barata que el año anterior. Los cafetos poco cargados de fruto entusiasmaban a pocos. Muchos esperaban sentados bajo una sombra, a la espera de los “cortes” buenos. Llenar el canasto no era fácil.

En el país, según la cuenta que lleva el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) hasta la fecha se han recolectado unas 900.000 fanegas, es decir, más de 41 millones de kilogramos de café.

 

Sin embargo, Jorge Ramírez,  Gerente Técnico del Icafé, señala que, para el periodo anterior, en estos días ya se habían registrado 1.300.000 fanegas.

 

La causa principal de este golpe es el hongo de la roya.

 

Se estima que los pequeños productores son los más afectados. “Esta es una de las cosechas más bajas”, comenta Marcelo Herrera, propietario de un cafetal de apenas cuatro hectáreas en la zona de Naranjo, en Alajuela.

 

Él podía cosechar más de 30 fanegas de café por temporada. Este año con costos llegará a las 20.  “Yo no sé qué pasará; las matas parecen meneítos”, añade, refiriéndose a la tonalidad amarillenta que toman las hojas de los cafetos enfermos.

 

Fincas grandes que superan las 240 hectáreas, como La Luisa y Las Colinas, en el cantón vecino de Valverde Vega, lograron salvar una parte considerable de sus cultivos, sobre todo en las zonas más altas.

 

Ramírez calcula que el problema no afectará los estándares de exportación, pero la cantidad mermará. El café que no cumpla con las exigencias internacionales se colocará en el mercado interno. Al aumentar la demanda dentro de este sector, los precios bajarán: “el impacto será para el productor”, auguró él.

 

Para reducir el impacto de la roya en las próximas cosechas, el Icafé impulsa el seguimiento de controles de poda, fertilización y uso de fungicidas en las plantaciones cafetaleras, así como la introducción de variedades más resistentes al hongo.

 

Ya sean temporadas buenas o malas, las vacaciones  deben aprovecharse a cajuela por cajuela, para miles de trabajadores de construcción, peones agrícolas, amas de casa y estudiantes, costarricenses y extranjeros.

 

Para Miguel Angelo, un niño de 8 años de edad y cara avispada que desgranaba una hilera de cafetos en Las Colinas, el fruto significa útiles escolares y un uniforme. “¿A usted le gusta la plata?”, le pregunta a su prima, que está en la calle contigua. Ella asiente. “Ah, ve. Para tener plata hay que trabajar”, concluye el niño, y continúa con su trabajo.

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