Mayoría de empleados de la ARESEP se oponen a régimen de salarios que eliminó anualidades y otros incentivos.

Por no realizar los estudios salariales indispensables para la  aplicación de una adecuada escala de remuneración para sus empleados, un grupo de 114 funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) presentó el 9 de abril pasado una demanda contenciosa administrativa contra la entidad.
El juicio ordinario abarca a la Contraloría General de la República (CGR) por no cumplir con su papel fiscalizador y solidariamente al Estado.

La demanda de este grupo mayoritario (114 de 174 personas trabajadoras) de la ARESEP, alega que la institución ha violentado la normativa que la rige y con ello ha incumplido con su obligación de velar porque los salarios de cada puesto sean competitivos en el mercado laboral.
Según el texto de la demanda, al no acatar lo que dicta la ley y no realizar el estudio de puestos y revaloraciones que corresponde, “ha permitido a la ARESEP congelar los salarios y revaloraciones, a los que con base en los mismos artículos quebrantados tienen derecho esos empleados”.
Miguel Badilla Castro, secretario general de la Asociación de Funcionarios de la ARESEP (AFAR), aseguró que durante la administración del hasta hace poco jerarca del ente regulador –Fernando Herrero-, se instauró un modelo salarial que no se sustentó en los estudios técnicos que demanda la legislación institucional y, por lo tanto, no propicia  remuneraciones justas ni que compitan con las del sector privado.
El economista Badilla Castro explicó que el reclamo no es de tipo laboral, pues no incluye ningún reclamo de índole salarial, sino que más bien piden al Tribunal Contencioso Administrativo que obligue a la ARESEP a efectuar un estudio que compare los ingresos de otras instancias fiscalizadas por la Autoridad Reguladora y así se fije una nueva escala de salarios.
Se intentó conocer el criterio de Fernando Herrero -anterior titular de la ARESEP y ahora jerarca del Ministerio de Hacienda-; pero por medio de su encargada de prensa prefirió no dar declaraciones por no estar ya en ese puesto.
Mientras tanto, la Dirección Jurídica y Regulatoria de la ARESEP dijo por medio de la vocera de prensa –Carolina Mora- que la demanda era analizada por el juez contencioso administrativo, con el fin de determinar si la causa se quedaba en ese tribunal o era enviado a uno de carácter laboral.
En la oficina de prensa de la Contraloría se informó que aún no saben nada de la demanda.

DOS REGÍMENES

El secretario de la AFAR, Miguel Badilla, recordó que en la ARESEP se ha manejado un doble discurso en materia salarial, en vista de que cuando  recién asumió su cargo en el 2006, el exregulador Herrero dijo a los medios de comunicación que los salarios de la institución eran muy bajos frente a los del sector privado, y por otro lado implantó un sistema que solo es atractivo para profesionales recién graduados y con poca experiencia.
En una sesión de la junta directiva de marzo del 2008, esta concluyó que “es necesario que los funcionarios de la ARESEP cuenten con una adecuada remuneración que permita evitar la fuga constante de personal, situación que la institución está enfrentando actualmente por el hecho de no ser competitivos con los salarios que ofrece el mercado laboral”.
A pesar de que los directivos acogieron una propuesta para homologar para el 2009 los salarios con los del Banco Central, posteriormente aceptaron una revisión planteada por Herrero y acogieron su idea de aplicar otro sistema de clasificación y valoración de puestos.
De acuerdo con Badilla, el régimen salarial más reciente y que ha sido promovido para que se convierta en el único para todo el personal, se le conoce como global, mientras que el anterior se le llama de componentes.
Para fijar este monto global, se tomó el salario base que había y se le sumó un 65% por concepto de dedicación exclusiva, el equivalente a 17 anualidades y los puntos a que equivale una licenciatura. Las personas que se acogen a este régimen, en adelante ya no pueden recibir más anualidades y el reajuste se hace una vez por año si las condiciones del mercado laboral lo justifican.
En el caso de los salarios por componentes, estos sí acumulan las anualidades, los aumentos por inflación y los puntos ganados por carrera profesional.
Bajo las reglas del salario global, un profesional 2 entraría con un sueldo de ¢1.060.000, que para alguien con poca experiencia y en el corto plazo podría ser atractivo. El problema es que si piensa hacer carrera en la institución, no podrá acumular los beneficios del otro sistema y a largo plazo la ventaja salarial inicial se perderá paulatinamente, puntualizó Badilla Castro.
Afirmó que cuando miembros de la AFAR le han preguntado sobre las ventajas de uno y otro régimen, les ha dicho: “si su expectativa es quedarse poco tiempo en la ARESEP y buscar mejores horizontes laborales, pásese al salario global”.

QUE SE CUMPLA LA LEY

Por otro lado, Badilla indicó que en el 2008 la Junta Directiva presentó un presupuesto de cánones a la Contraloría General, en el que se alegaba que los salarios de la ARESEP estaban entre el 15% y el 20% por debajo de los del mercado y que eso hacía que se fueran profesionales; por eso, era indispensable aumentar en un 50% la partida de remuneraciones.
Dicho presupuesto fue aprobado, y para el 2009 se hizo algo similar. “Una vez que tuvieron la plata, que eran más de ¢1.500 millones para aumentos salariales, si te vi no me acuerdo, pues esa plata fue a parar a otras cosas, como contrataciones y la compra de un edificio”.
Todos esos incrementos aprobados por la Contraloría  se les cobran a todos los costarricenses y por eso es que la demanda la han hecho extensiva los funcionarios al órgano contralor.
“Al haber fallas en el proceso de fiscalización, porque se aprobaron fondos para un determinado fin, y no se aplican para ese propósito, obviamente hay un mal uso y la Contraloría debería de llamar la atención, abrir un proceso de investigación, y no aprobar el siguiente presupuesto; pero, no hizo absolutamente nada de esto y más bien sentimos –para decirlo de una forma elegante- que fue tolerante y flexible”, reclamó.
En cuanto a la demanda planteada, los 114 reclamantes le piden al Tribunal Contencioso Administrativo, que obliguen a la ARESEP a cumplir con su ley, que en el artículo 54 dice: “La remuneración del Regulador General, el Regulador General Adjunto, así como la de los funcionarios de nivel profesional y técnico de la Autoridad Reguladora se determinará tomando en cuenta las remuneraciones prevalecientes en los servicios bajo su regulación en su conjunto, de manera que se garanticen la calidad e idoneidad del personal (…)”.
También exigen que se ordene a la Junta Directiva de la ARESEP elaborar -por medio de su Departamento de Recursos Humanos y con funcionarios debidamente calificados en la materia- un estudio de valoración de puestos afines o similares a los del personal de la ARESEP en  instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo, y el Instituto Nacional de Seguros.
Los estudios deberán ser presentados a la Junta Directiva en un plazo no mayor a dos meses, para su respectiva aplicación a todos los funcionarios y técnicos de la ARESEP.

La Casona de San Lorenzo tenía un alto valor histórico, arquitectónico, documental y simbólico para la comunidad.

Tras la demolición el mes pasado de la “Casona de San Lorenzo”, diversas organizaciones y grupos han manifestado su malestar, e incluso alistan procesos civiles y penales para que se culpe a los responsables del hecho.

La directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud fue enfática al señalar que es necesario “sentar responsabilidades por la pérdida de la casa de adobe más valiosa de la zona”.

La “Casona de San Lorenzo”, así llamada por los vecinos, estaba ubicada en el cantón de Flores, en Heredia. La casa de adobe, construida hace más de 100 años y declarada patrimonio histórico-arquitectónico en octubre pasado, fue demolida el pasado 26 de abril, días después de que la exministra de cultura, María Elena Carballo firmara una nulidad del decreto que la incorporaba al patrimonio nacional.

Rándall Ramírez, vecino y Presidente de la Comisión Pro-Rescate de la casona, comentó que ésta fue construida en 1844 por Buenaventura Espinach. Según relata, en el sitio se formó el beneficio de café en húmedo más grande de Costa Rica, por lo que era parte del centro socio económico más importante de la región.

Ramírez dijo que como el propietario era de clase alta, la casa se construyó con todas las características típicas y con todas las comodidades de la época. “Tenía el 95% de todos los elementos típicos de una casa de adobe. La cocina estaba intacta con el fogón y la plancha que usaban para cocinar, el patio central típico, los pisos y las vigas de madera del techo estaban intactas.  Incluso tenía un cuarto secreto”, recordó.

El arquitecto José Enrique Garnier, especialista en restauración y centros históricos, explicó que la casona estaba hecha usando un sistema constructivo de adobes y arquitectura de tierra mixta. Añadió que era una de las pocas casas de hacienda cafetalera que quedaba y la única de su tamaño que tenía la particularidad de estar emplazada en su propia finca. Su  valor radicaba en ser la más grande de la zona y de las más antiguas que quedaban.

La directora del Centro de Patrimonio reiteró que “la casa era única, con un altísimo valor histórico, arquitectónico, documental y simbólico para la comunidad”.

¿DECLARATORIA ANULADA?

En el 2008, varios vecinos en conjunto con la Municipalidad de Flores, presentaron una solicitud al Ministerio para que se iniciaran los trámites de declaración de patrimonio.

Según Sandra Quirós, en casi todos los criterios considerados en el proceso – antigüedad, representatividad, valor arquitectónico, artístico, científico, contextual, cultural, documental o testimonial, excepcional, histórico, significativo, simbólico y urbanístico – la casa obtuvo una alta evaluación, por lo que se recomendó la declaratoria.

Sin embargo, desde que el trámite pasó a la Oficina Jurídica del MCJ, los dueños de la propiedad , Servicio Casa Blanca S.A., se opusieron. “Pidieron todo tipo de cosas, procedentes e improcedentes, y se les dio todo. Finalmente, el departamento legal llegó a la conclusión de que no tenían bases suficientes para deslegitimar los argumentos de la recomendación y se hizo la declaratoria”.

El 14 de agosto de 2009 la exministra Carballo y el expresidente Óscar Arias firmaron el decreto que incorporaba la casona al patrimonio nacional y éste se publicó en La Gaceta del 6 de octubre del mismo año.

En setiembre pasado -ya firmado pero no publicado el decreto- la empresa propietaria había interpuesto una apelación, que durante el proceso no se respondió.

Cabe señalar que de acuerdo con la Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y su respectivo reglamento, si dos meses después de interpuesta una apelación a la declaratoria, el Ministerio no responde, se da por sentado que se niega la solicitud y el inmueble queda declarado. “Es decir, no sólo la casa estaba declarada, sino que la apelación de los dueños estaba denegada”, dijo la jerarca del Centro de Patrimonio.

Ocho meses después de firmado el decreto y seis después de publicado en el Diario Oficial, la ministra acogió la solicitud de los propietarios y presentó, el pasado 22 de abril, ante asesoría legal la nulidad de la declaratoria (con fecha del 22 de febrero) por tener “vicios absolutos”. El 23 de abril se notifica al Centro de Patrimonio y a los propietarios.

Tres días más tarde, la Casona de San Lorenzo fue demolida por sus dueños, Servicios Casa Blanca S.A., cuyos socios son Eric Thompson y Marcela Sánchez, esta última prima hermana del expresidente Arias.

Randall Ramírez dijo que no está claro –legalmente– si la nota de la ministra bastaba para anular la declaratoria. Sandra Quirós, por su parte explicó que la nota era sólo la primera parte del proceso, pues a partir de ella el Centro de Patrimonio debía formular un Proyecto de Ley y enviarlo a la Asamblea Legislativa para que al ser aprobado, anulara la declaración. “Aunque hubiera habido vicios absolutos, que no los había, sólo la Asamblea Legislativa puede anular una declaración de patrimonio histórico-arquitectónico y los dueños lo sabían”, dijo.

BUSCAR RESPONSABLES

“Se hizo el proceso y la casa fue declarada patrimonio. A partir de ahí, ninguna casa podía ser alterada sin autorización de Patrimonio”, declaró el arquitecto José Enrique Garnier, quien además opinó que se deben seguir los procesos que establece la ley para encontrar a los culpables y que reconstruyan la casa.

En ese sentido, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés), la Municipalidad de Flores, la Comisión Pro-Rescate de la Casona de San Lorenzo y otras agrupaciones interesadas están promoviendo el inicio de procesos penales y civiles contra los responsables de la demolición.

La misma jerarca del Centro dijo que prepara una denuncia que presentará ante el Ministerio Público contra los propietarios del inmueble, esperando que se les condene por la vía penal , tal y como lo establece la Ley de Patrimonio en su Artículo 20: “Será sancionado con prisión de uno a tres años, quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico”.

Por otra parte, Randall Ramírez afirmó que la Municipalidad planteará un proceso contencioso-administrativo contra la exministra Carballo, al tiempo que los vecinos están recogiendo firmas para presentarlas a la Defensoría de los Habitantes.

Además, el pasado 7 de mayo varias organizaciones se reunieron para definir qué acciones civiles, legales y de otro tipo se tomarán al respecto. Erick Chaves, presidente de ICOMOS, explicó que por recomendación de sus asesores legales, aun no divulgarían las acciones a tomar “para no entorpecer el planteamiento que se va a hacer grupalmente”. Agregó que su organización “condena los atropellos al patrimonio cultural que están sucediendo en el país, las demoliciones que empresas privadas realizan con alevosía y premeditación, al Gobierno por no investigar a fondo esos lamentables hechos y su incapacidad para proteger el patrimonio cultural de los habitantes”.

Se consultó el parecer de la exministra de Cultura pero según informó una de las encargadas de prensa del MCJ “por cuestiones de agenda” ella no podía atender nuestras consultas en torno al tema.

Con “Casa rodante” Danza Universitaria se adentra en el tiempo intimista que todo lo cambia, lo corroe y lo renombra.

El tiempo como elemento esencial de la existencia humana aparece como una preocupación milenaria en un sinnúmero de autores que lo indagan desde posiciones metafísicas hasta otras estrictamente ficticias.

Y ahora le tocó el turno a la coreógrafa Gloriana Retana, de Danza Universitaria, quien lo evoca suyo, ajeno, lejano y de todos en Casa rodante, un espectáculo que será presentado en el Teatro Montes de Oca  del 14 al 16 de mayo y del 21 al 23 de dicho mes, a las 8 p.m.

Este tiempo al que ahora acude la autora se escribe con mayúscula porque poco a poco va abarcando todo. Es, por ende, un tiempo infinito e intimista, porque es un tiempo cuyo reloj de arena cada cual lleva dentro de sí.

“Posiblemente hasta ahora me topo con el factor tiempo.  Mi época, lo que siento, lo que me espera, lo que he construido, los recuerdos, las añoranzas, lo que olvidé , lo que he ganado, todo parece volver en este momento”.

El tiempo de Casa rodante no es tampoco un tiempo lineal, sino que va al pasado y hurga en lo que fue, retorna al presente y mira en derredor y se adelanta al futuro.
“Lo que se hace en la obra es un recorrido. Hay un momento en que una se detiene y piensa qué ha pasado y qué falta por recorrer”.

VIVENCIAS

La pieza parte de un existencialismo muy circunstancial y se nutre, tras la debida transposición poética, de las vivencias de su autora, que está en una edad en la que hizo un alto en su caminar para ver hacia los tiempos idos y hacia los venideros.

Retana, que se ubica en un rango de edad entre 35 y 40 años, piensa así de su recorrido, que, como se apuntaba, se vuelca en elementos que enriquecen a Casa rodante: “Me ubico en una edad deliciosa porque mis golpes y  mis felicidades  empiezan a tener sentido”.

“La danza ya de por sí es abstracta, pero en la coreografía se abordan subtemas como la pérdida de la belleza física y la ganancia en otro tipo de belleza, la experiencia y la vanidad”.

El tiempo evocado en la obra podría ser paralelo al que repite el personaje anónimo, que tras el abrazo con su amada, 20 años después de su separación, exclamó: “En un instante me vi a la sombra de aquel amor joven y lleno de augurios, y mientras eso sucedía, sentí una conmoción y supe, de una vez y para siempre, que el tiempo se había detenido en un recodo del camino”.

Casa rodante, destaca Retana, invoca un tema que “nos involucra a todos” y que invita a reflexionar, y que gracias a su corte intimista pretende lograr la empatía con el público.

La luz, la parte gráfica, el vestuario y los espejos desempeñan, más que en otros montajes, una función muy importante en el contexto de lo que se busca transmitir.

A su trayectoria con Danza U, Retana la complementa con su destacada labor como directora del grupo Los que somos, que el año pasado fue galardonado como el mejor grupo y recibió el Premio Nacional de Danza.

“Esta es la primera vez que como coreógrafa monto un espectáculo en grande con Danza Universitaria y el trabajo de los siete compañeros que participan en la pieza ha sido excelente. Estoy muy satisfecha”.

Para Casa rodante, Retana contó con el aporte de Gustavo Vargas en el diseño de luces y espacio, mientras que Rebeca Woodbridge tuvo a su cargo la escenografía.

El vestuario le correspondió a Carolina Aguilar mientras que la utilería y el diseño gráfico fue encargado a Natalie Guillemard.

Dirección General de Cultura emitió una disculpa pública y reconoció el error.

A pesar de que el jurado del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría reconoció con una mención de honor en la rama de ensayo el libro Memorias del Dolor, su autor Ignacio Dobles nunca recibió comunicación oficial de ello.  El día de la ceremonia de entrega de los premios, fue omitido del programa oficial.

Ello provocó la queja formal de Dobles, quien es docente de la Escuela de Sicología de la UCR, ante funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) mientras se realizaba esa ceremonia el 12 de abril en el Teatro Nacional. Posteriormente, la entonces Directora General de Cultura, Adriana Collado, cuya dependencia es la encargada de gestionar el Programa de Premios Nacionales de Cultura se disculpó con Dobles de forma personal y pública a través de un comunicado de prensa.

Memorias del Dolor: Consideraciones acerca de las Comisiones de la Verdad en América Latina es un ensayo que “estudia la construcción de la memoria social sobre situaciones de represión y guerra en América Latina”, según explicó Dobles. Detalló que en lo referido al desaire que sufrió se dieron tres errores: “en primer lugar, nunca recibí comunicación oficial del reconocimiento, nunca me invitaron a la ceremonia y me sacaron del programa”.

A través de un  ese comunicado de prensa, Collado señaló que en enero, cuando el MCJ dio a conocer a los nombres de las personas galardonadas con los Premios Nacionales de Cultura 2009, la Dirección de Cultura preparó un documento resumen de los fallos de los jurados, al mismo tiempo que se hicieron circular copias escaneadas de esas actas.

Fue entonces cuando “se cometió el error material de omitir la mención de honor al Sr. Dobles Oropeza. (…)
Lamentablemente, para la producción de la gala de entrega de los Premios Nacionales de Cultura en el Teatro Nacional, el equipo de trabajo de la Dirección de Cultura se basó en el documento resumen ya generado, arrastrando con ello la falta cometida en enero”.

Collado, quien no fungirá más como Directora General de Cultura en la administración Chinchilla, reiteró a UNIVERSIDAD que “no hubo dolo, no fue nada intencional, ni premeditado”, sino que “fue resulado de un error de base en la abreviación de todo el conjunto de actas, que lamentablemente se arrastró en el proceso subsiguiente de producción de la ceremonia”.

La exfuncionaria enfatizó que para la Dirección General de Cultura la responsabilidad sobre lo ocurrido va más allá de admitir públicamente lo ocurrido, sino que “se deben generar las acciones correctivas para que algo así no vuelva a ocurrir y luego acciones concretas para enmendar la falta, el Sr. Dobles tiene una carta firmada por mí que ratifica ese compromiso y no importa que haya cambio de gobierno, el Estado es el Estado y debe cumplir”.

Collado señaló que se estableció un control cruzado sobre los resúmenes de las actas de los Premios Nacionales, para evitar que se repita el error.

“NEBULOSA”

El psicólogo social relató que “por casualidad revisé el sitio en Internet del MCJ y me di cuenta de la mención honorífica, pero nunca recibí ninguna comunicación al respecto ni invitación a la ceremonia”.
Aún así se hizo presente al acto oficial en el Teatro Nacional y se percató de que su nombre no aparecía en el programa de la actividad.

“Lo que sucedió fue fuera de serie, un funcionario me dijo que si mi nombre aparecía en la web, podría ser por la acción de un hacker”.

“Finalmente me dijeron que fuera al día siguiente a hablar con la Directora General de Cultura. Sin embargo por la mañana me llamaron para darme la razón y luego Collado fue a mi casa a ofrecerme disculpas.  Se portó bien y muy decente”, indicó.

El relato completo de lo acontecido se puede leer en un artículo de Dobles en la sección Opinión, titulado Una Noche en el Teatro. A pesar de contar con el comunicado de prensa, UNIVERSIDAD intentó comunicarse con Collado para de obtener información acerca de cómo fue posible que la omisión por error desde enero se mantuvo casi dos meses hasta el día de la ceremonia oficial, sin embargo no se logró contactar a la funcionaria por correo electrónico ni por teléfono.
 
Al respecto, Dobles puntualizó que “cada quien puede sacar sus conclusiones de lo sucedido, pero estoy satisfecho con las acciones reparadoras. Todo esto sigue siendo una nebulosa , pero tengo que ver todo esto con cierto humor, no hay muchas disculpas públicas de parte de este gobierno, de la misma manera que no hay muchos funcionarios públicos que enfrenten la responsabilidad por algo negativo”, concluyó.

Memoria dolorosa

Ignacio Dobles en su libro no sólo parte del ángulo de la sicología social, sino que “se mete en la discusión de la teoría conceptual de la memoria, así que también toma en cuenta criterios de la filosofía y la historia”, explicó.

El texto estudia los procesos de las comisiones de la verdad en América Latina, como son los casos de Argentina, Chile, Perú, El Salvador y Guatemala.  Se trata de las comisiones que se establecen con el fin de sentar responsabilidades por los crímenes cometidos durante regímenes totalitarios o guerras civiles.

“En Brasil hay una gran discusión sobre una propuesta para establecer una Comisión de la Verdad, que ha causado disgusto entre los militares, pero en ese contexto el Ministerio de Justicia de ese país me pidió el libro como insumo”, informó.

Detalló que “el libro retoma la visión del filósofo alemán Walter Benjamin, hacer la memoria como una regresión, es decir no se trata de un ritual para contar lo sucedido, sino de articular los dolores del presente con las víctimas del ayer”.

Dobles destacó que Benjamin acuñó el concepto de la empatía con los poderosos, un funcionamiento que reafirma “el desfile triunfal de los poderosos de todos los tiempos”. “Se trata de una mentalidad que reafirma el status quo, porque en lo referido a la memoria, el tiempo no corre a favor de las víctimas”, explicó.

“La ópera de tres centavos” de Brecht, inauguró nueva sede de la Compañía Nacional de Teatro.

Los largos años de espera de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) por contar con una sala propia terminaron el 6 de mayo cuando se inauguró su nueva sede en el complejo cultural La Aduana, con la obra La ópera de tres centavos, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht.

Con ese montaje, dirigido por Juan Fernando Cerdas, se inició una fase en la vida de la CNT, que durante gran parte de la actual administración permaneció acéfala y sin presupuesto.  La inversión realizada en el inmueble asciende a los ¢1.100 millones, y dotó a la compañía de una sala de teatro de caja negra, oficinas administrativas, espacio para ensayo simultáneos durante los tiempos de temporadas con cartelera y bodegas.

En las últimas dos administraciones la CNT ha vivido una de sus más largas crisis.  En ese lapso ha tenido varios directores y ha permanecido en los escenarios mediante montajes coproducidos.  En muy pocas ocasiones presentó obras de su propio repertorio.

Con el estreno de esta pieza, la CNT reapareció ante el público con una obra de la dramaturgia mundial.  Este espectáculo resultó ganador del Concurso de Puesta en Escena 2009. 

El elenco está integrado por artistas de reconocida trayectoria, entre ellos Gerardo Arce, María Chaves, Adriana Víquez, Eduardo Carrillo y Sergio Masís.

Los acompañan en escena Erick Córdoba, Raúl Arias, Erick Israel Gómez, Rodrigo Alvarado, Luisa Echandi, Carlos Alvarado, Rosibel Carvajal, Andrea Oriza, Grace López, Marcela Chavarría, Amanda Rodríguez, Vera Patricia Acuña y Bernardo Barquero.

Entre el personal técnico, la CNT contrató al experimentado escenógrafo Fernando Castro y a Ana María Barrionuevo en el diseño de vestuario.  Se une a este equipo, entre otros, Carlos Castro en la dirección musical.
Las funciones son del 6 de mayo al 20 de junio a las 7:30 p.m., los domingos a las 5 p.m.  Los precios de las entradas ¢3000 general y ¢1500 estudiantes y ciudadanos de oro. El teléfono para reservaciones es el 2221-6325.

LA COMPLEJIDAD EXPRESIVA

Según Juan Fernando Cerdas, “la combinación de niveles expresivos del espectáculo lo convierte en un trabajo complejo, y en una fiesta de disfrute escénico múltiple.  Y ya que de fiesta se trata, con este hermoso equipo de músicos, teatristas y diseñadores he encontrado la mejor manera de celebrar mis “primeros” cincuenta años de dedicarme al teatro, que los cumplo en estos días, y el regalo es para ustedes, publico.  Espero que lo disfruten”.

Cerdas recordó que esta obra surgió tras una revisión del texto La ópera del mendigo, de John Gay.  Al cumplir los 200 años, Bertolt Brecht y el músico Kurt Weill, ambos jóvenes artistas, terminaron creando una obra totalmente distinta.  En poco tiempo, La ópera de tres centavos tuvo una gran acogida y se convirtió en un clásico del siglo XX, apuntó Cerdas.

“Fue una creación de ruptura, provocadora, irreverente, y el punto de partida para lo que Brecht llamó teatro épico, que iba a desarrollar en los años siguientes, tanto teórica como prácticamente.  Eran días complicados; no hacía mucho Europa había vivido la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique; se avecinaba la Gran Depresión, e iniciaba su ascenso el fascismo.  Por esa época Brecht comenzó a acercarse al marxismo”, explicó el director teatral.

Brecht hizo las canciones para esta obra basado en poemas y baladas del poeta francés del siglo XV François Villon, y en poemas de Rudyard Kipling, reescribió algunas estrofas, y en el montaje de la CNT se recogieron algunas de ellas.

Esta fue una pieza de una naturaleza tan revolucionaria que acabó por convertirse en una de las mayores influencias del teatro del siglo XX. Su autor elaboró seis obras musicales, de las cuales cuatro fueron escritas en colaboración con su compatriota Weill: Apogeo y caída de la ciudad de Mahagonny (1928), Happy end (1929), Los siete pecados (1929) -conocida también como Los siete pecados de los pequeños burgueses- y La ópera de  tres centavos, estrenada en Berlín en 1928.  Esta no sólo fue el mayor éxito teatral de Bertolt Brecht, sino que implicó una ruptura definitiva con la estética tradicional y representó el inicio de un teatro alternativo que, en lo musical, inició el camino hacia la actual comedia musical de Broadway, detalló Cerdas.

El primer aniversario de la radioemisora 870 UCR fue celebrado con una feria el viernes 7 de mayo frente a la biblioteca Carlos Monge Alfaro, en la Sede Rodrigo Facio.

Dicha emisora inició su transmisión en directo el 4 de mayo de 2009 y desde ese día se convirtió en la propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada, dirigiendo su mirada hacia las familias y las comunidades.

Durante la feria se ofrecieron servicios e información nutricional, legal, migratoria y de salud, que son las temáticas incluidas en la programación de la 870 AM.  Además hubo puestos de consulta, y actividades recreativas como bailes populares y cuenta cuentos, venta de comidas y artesanías.

Amas de casa, estudiantes, profesores, papás, personas adultas mayores y familias participaron de las actividades.

Gioconda Solano Mora, encargada de producción de la 870 UCR,  manifestó que el propósito era proyectar el trabajo realizado en cada uno de los espacios. “Sentíamos la gran necesidad de acercarnos a nuestra audiencia, el cara a cara es vital para tener presente cómo nuestro trabajo repercute en los hogares y a la vez conocer sobre sus necesidades y los temas que les interesa”, aseveró Solano Mora.
Esta feria sirvió para enriquecer el aprendizaje de los productores, audiencia, conductores de los programas y así mejorar cada espacio, según lo manifestaron los productores que laboran para la 870 UCR.

UNA RADIO DE SERVICIO

La Directora del Sistema Radiofónico, Guiselle Boza Solano, aseguró que la 870 UCR es una radio de servicio y con ello atiende la obligación de la Universidad de Costa Rica de velar por el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense.

Con ella se promueve la vinculación de la Universidad con las comunidades, y la regionalización de los procesos de producción radiofónica.  Comunidad 870, Saber vivir, Vamos a movernos y Consultorios con especialistas,  son algunos de los programas que forman parte de la emisora.

Estos espacios se acompañan de música popular interpretada por las grandes voces de antaño, entre las que destacan Julio Jaramillo y la Orquesta de Lubín Barahona.

Por ejemplo, Comunidad 870 es un programa enfocado a rescatar los valores de las comunidades de nuestros país, tradiciones de los pueblos y sus necesidades.  Saber vivir se transmite a las 8 a.m. Se trata de una radiorrevista donde se profundiza  en temas para reforzar la educación de toda la familia, ayuda psicológica,

El programa Consultorios, con la colaboración de las escuelas de Nutrición, Enfermería. Salud Pública y el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer ofrece un espacio para que el público radioescucha externe sus inquietudes sobre diversas  temáticas.  Se transmite a las 10 a.m. de lunes a jueves.

Los viernes a las 10 a m se puede sintonizar el programa Casa Abierta,  donde se ofrece el servicio jesuita a  personas migrantes. La programación se completa con informaciones y programas elaborados de las comunidades cercanas a las sedes universitarias.  Se ofrecen además nociones básicas de francés e inglés, gracias al aporte de la  Escuela de Lenguas Modernas.

La UCR cuenta con las emisoras  96.7 FM Radio Universidad Clásica, inaugurada el 26 de noviembre de 1949. La emisora juvenil 101.9 FM  Radio U y la 870 UCR en AM.

Todas estas frecuencias están adscritas a la Vicerrectoría de Acción Social.

Fundador de asociación ambientalista Pretoma habló con Obama sobre apoyo a programas contra el aleteo de tiburón.

Más de diez años de lucha contra el aleteo de tiburones y presiones políticas derivadas de ello le valieron al biólogo y ambientalista Randall Arauz el Premio Medioambiental Goldman, uno de los galardones más importantes en esta área.

Arauz, quien es presidente y fundador de la Asociación Civil Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), recibió el galardón en un contexto de luchas ambientales que han amenazado con alterar el equilibrio ambiental de nuestro país, como el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas y el proyecto de ley que pretende reducir los límites del Parque Nacional Marino Silvestre Las Baulas.

“Creo que este premio viene por la aplicación de la ley que se ha hecho en Costa Rica tras una lucha contra el aleteo y malas prácticas ambientales. Hemos tratado de darle autoridad moral a Costa Rica para que se proyecte hacia el exterior como el país ambientalista por excelencia”, indicó Arauz en una entrevista con UNIVERSIDAD.

El premio Goldman para el medio ambiente fue creado por el matrimonio de Richard y Rhoda Goldman en 1990, como una manera de premiar los esfuerzos de “héroes del medio ambiente” que muchas veces pasan desapercibidos.
Junto con Arauz, otras cinco personas recibieron este galardón.

ALETEO VISIBILIZADO

Pretoma fue uno de los primeros grupos en el mundo en obtener un video crudo del aleteo, en setiembre de 1997. “Un día logramos que un compañero tomara el video desde un barco de cómo maltrataban a las tortugas y a los tiburones, y así empezó nuestra lucha”, recordó Arauz.

El aleteo es la práctica de cortar las aletas de los tiburones y volver a echar sus cuerpos al agua, dejándolos indefensos y desaprovechando casi el 95% de sus cuerpos. “El consumo de la aleta de tiburón se remonta hace siglos en Asia, cuando la sopa hecha con este cartílago era un alimento de la realeza. Hace unos veinte años se popularizó, por lo que hoy muchos asiáticos la consumen para mostrar su bienestar”, explicó Arauz.

De acuerdo con el ambientalista, es por esto que su lucha con Pretoma se ha dedicado a hacer un cambio en la pesca del tiburón. A lo largo de los años, Arauz ha logrado que se dieran varios acuerdos de la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), pero éstos no siempre se cumplieron.

“Tenemos un acuerdo del 2001 en donde se obliga a que las naves descarguen los tiburones con la aleta adherida al cuerpo, para garantizar que no hubiera aleteo. Sin embargo en el 2003 y 2004 hicimos una campaña fuerte porque esto no se respetaba.  Otro decreto anuló lo anterior y se permitió la entrada de las aletas separadas de los cuerpos.

Finalmente en el 2005 logramos que se promulgara la actual Ley de Pesca, pero aún luego de eso tuvimos que esperar dos fallos más de la Procuraduría para que se respetara esta ley, tras varias apelaciones del Incopesca”, aseguró el funcionario de PRETOMA. “Estas son las presiones a los cuales debemos enfrentarnos”, agregó.

Parte de sus méritos se deben a talleres de educación a las comunidades de pescadores de Playas del Coco, Golfito y próximamente en Quepos. Allí han implementado nuevas técnicas de pesca que evitan que tortugas y tiburones sean maltratados.

En palabras de Arauz, parte de los ¢80 millones de colones que ganó por el premio Goldman serán donados a la fundación. “Quiero que PRETOMA pueda continuar sus estudios y su lucha en la incidencia política, la investigación marina y la protección de la tortuga marina”, puntualizó.

Durante su viaje a Estados Unidos, donde recibió el galardón, tuvo la oportunidad de conocer y conversar unos minutos con el presidente Barack Obama, a quien le comunicó la dimensión de la problemática del aleteo. El mandatario le manifestó el interés de que su país se involucre en estas luchas, como así lo han hecho ya Colombia, Ecuador, El Salvador y Panamá al adoptar políticas contra este problema.

Consultado sobre la reciente resolución de la Sala Constitucional que avaló la extracción de oro en el proyecto minero Crucitas, Arauz afirmó que estos temas son “un desacierto total”. “Por ejemplo, con el tema de Crucitas, me parece que el nuevo gobierno debe decidir qué rumbo seguir, ya que el anterior hizo de interés público una situación que (el gobierno de Abel) Pacheco había declarado como moratoria. Aquí queremos ser el líder mundial en conservación, pero necesitamos acciones que no afecten la biodiversidad”, explicó el ambientalista.

Artista identificaría su gestión por equidad de género y enfoque humanista frente a proyectos de planificación universitaria.

La pianista Carmen Méndez, aspirante a la rectoría de la Universidad Nacional (UNA) por parte del movimiento Tod@s somos UNA pretende darle a su mandato como rectora un enfoque humanista, en donde haya una cultura de diálogo y se propicie la equidad de género.

Méndez es profesora catedrática y exdirectora de la Escuela de Música de este centro de estudios superiores, y también forma parte del actual Consejo Universitario.

Méndez recalcó en una entrevista con UNIVERSIDAD que la UNA debe cambiar el enfoque que tiene, y propone promover el acceso, la calidad y la frecuencia de proyectos que acerquen la comunidad universitaria al arte. A continuación un extracto de esta entrevista, que UNIVERSIDAD hará a los cuatro aspirantes por el cargo, previas a la elección del 4 de junio.

¿Cuál es la situación de interinazgo en la UNA y qué pretende hacer al respecto?

– Un gran porcentaje de administrativos pero especialmente académicos tiene la categoría laboral de interinos, algunos desde más de diez años. Esto los pone en desventaja, ya que existe incertidumbre por saber si serán recontratados.  Hay atrasos en el pago de salarios, no tienen derecho a voto en ciertas decisiones y se les recargan las tareas.
Desde ahora, en el Consejo Universitario está en trámite un reglamento que específica que estos funcionarios estén nombrados desde el 1° de enero al 31 de diciembre. A esto, nosotros proponemos que cada escuela elabore un diagnóstico con la situación de cada funcionario interino, y que un grupo de análisis integrado por representantes sindicales, del Consejo Universitario, de los interinos, los decanos y con la asesoría de abogados laboristas, elabore una propuesta para solucionar el problema de estos profesores, quienes son los que más sufren en silencio.

¿Cuáles son algunas debilidades de la UNA? ¿Cómo pretende fortalecerlas?

– Un problema es la falta del sentido de pertenencia. Queremos promover que tanto profesores como estudiantes tengan visitas a las distintas unidades académicas, conocer proyectos y sus protagonistas; que haya un intercambio.
Otro aspecto importante es el de la planificación universitaria. Es necesaria una planificación continua que cuente con planes de trabajo, porque la Universidad se debe simplificar. Ahora la situación está a la inversa.
Como parte de la dignificación al estudiantado, queremos apoyarlo en su inserción laboral. Una acción es la activación de un observatorio laboral, pero queremos también mejorar los planes de becas para apoyar especialmente a quienes provienen de sectores sociales más desfavorecidos.

¿A qué se refiere con “internacionalizar” la Universidad?

– Es abrir las perspectivas hacia el mundo, especialmente a Centroamérica. Queremos rescatar los convenios que se han firmado con otras universidades y al momento no están activos. La idea es que se despierte el dinamismo, se promuevan líneas de investigación a través de redes, proyectos simultáneos en otras latitudes, y se amplíe la visión de estudiantes y profesores.

¿Cuáles serán sus acciones en cuanto a extensión (acción social)?

– Es necesario promover y articular entre proyectos que ya existen con puntos de convergencia en extensión (…) que hay que fortalecer. A principios de los noventa, la Universidad tenía un papel protagónico en extensión, que creemos que ha disminuido y queremos retomar.

¿Cómo apoyará a las sedes regionales?

– Queremos fortalecer la representación universitaria en las regiones en los cinco campus que existen, y no necesariamente con la apertura de nuevos. Esto con capacitaciones, aulas móviles, fortalecimiento de becas y residencias.
Necesitamos mayor vinculación entre los campus regionales y el central, que sea un abordaje descentralizado. Queremos que tengan más presencia, más intercambios, y para esto requeriremos más plazas, apoyo en infraestructura y bibliotecas, entre otros.

¿Cuál es su perspectiva de la actual negociación del FEES (Fondo Especial de Educación Superior)?

– Estoy al tanto de este tema desde las discusiones en el Consejo Universitario. Creo que es una lástima que la negociación haya tomado tanto tiempo. Debería ser más ágil y rápida, para darle a la comunidad una respuesta segura de que las universidades contarán con un presupuesto para sus labores.
Si resulto electa, yo llegaría a negociar el próximo presupuesto. Pienso que debe haber receptividad para llegar a acuerdos.

¿Cómo valora el actual acercamiento del rector de la UNA, Olman Segura, con el gobierno, al aceptar la dirección del Instituto Nacional del Aprendizaje (INA)?

– Creo que las personas como ciudadanos pueden tener inclinaciones políticas, pero al estar en un cargo de representación universitaria, hay que tener prudencia de no asumir posiciones personales en nombre de los demás.
Segura debería haber resguardado los intereses de la UNA. Debe ser difícil para él, pero si yo hubiera estado en su lugar, preferiría haber renunciado.
A pesar de estar en el Consejo Universitario, no tengo total claridad para satanizar o criticar a don Olman. Pero considero que los cuatro rectores deben ser garantía de la defensa del FEES y no otros intereses, aunque debe haber en todo apertura.

Universidades aspiran a cerrar acuerdo antes de que finalice el primer semestre, pues deben presentar su plan de desarrollo para los próximos cinco años.

Para evitar todo tipo de “especulaciones”, el rector de la Universidad Nacional, Olman Segura, no participará más de la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y dejará su lugar a la Vicerrectora Académica de esa institución, Sandra León.

Así lo confirmó Segura a UNIVERSIDAD tras el traspaso de poderes en el que inició funciones el nuevo gobierno, y del cual el rector formará parte como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje.

EVITAR ESPECULACIONES

El rector Segura, afirmó que tras no poder concluir la negociación del FEES en el gobierno de Oscar Arias, mantiene la esperanza de que se pueda lograr un acuerdo con la nueva administración.
“Le adelanto que en mi caso he decidido no participar más en las negociaciones del FEES en la Comisión de Enlace. Continúo siendo rector hasta que sea elegida o elegido un nuevo rector en la UNA, continuaré opinando sobre el FEES a lo interno, pero voy a retirarme”, afirmó Segura a este semanario.
El rector explicó que prefiere separarse del proceso para evitar especulaciones sobre su posición y que se diga que está “sesgado” a favor del Gobierno, por haber recibido un nombramiento en esta administración de Laura Chinchilla.
“Prefiero evitar especulaciones, yo soy muy universitario y voy a defender siempre el presupuesto universitario, pero prefiero para evitar  malos entendidos, retirarme de la negociación, ya se lo comuniqué a los otros compañeros rectores”, expresó Segura.
La representación de la UNA será asumida entonces por la actual Vicerrectora Académica de la institución, Sandra León, quien también es candidata a la rectoría de esa casa de estudios.
Segura indicó que dejará su cargo como rector hasta que se haya definido quién será la nueva cabeza de la universidad, lo cual se decidirá en las elecciones internas de la UNA el próximo 4 de junio.
El rector informó que para esta semana se tiene previsto enviar una nota al Presidente de la Comisión de Enlace y Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, para que se reactiven las conversaciones lo antes posible.

PROPUESTAS DISTANTES

El rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Eugenio Trejos, explicó que las universidades presentaron una propuesta que garantiza su funcionamiento adecuado y su desarrollo en los próximos cinco años, mientras que el gobierno siempre mantuvo el énfasis en la crisis fiscal que atraviesa.
De acuerdo con Trejos, el compromiso de las nuevas autoridades es analizar la propuesta universitaria y reiniciar las negociaciones lo antes posible.
El Gobierno propuso inicialmente mantener un piso de crecimiento del FEES de un 4%; y posteriormente presentó otra propuesta en la que se parte de un financiamiento equivalente al 1,23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que va aumentando progresivamente en estos cinco años, hasta alcanzar el 1,30% del PIB.
“Nosotros el planteamiento que hemos hecho es garantizar para el primer año de al menos un 11% del crecimiento real del FEES y de ahí irlo incrementando progresivamente un punto porcentual durante el quinquenio”, afirmó Trejos.
Trejos aseguró que la idea es tener una salvaguarda en relación con el PIB partiendo del 1,23%, tener un incremento hasta el 1,28% del PIB el primer año, y alcanzar el 1,5 del PIB al final del quinquenio.
Trejos manifestó que es necesario llegar a un acuerdo antes de que se cumpla el primer semestre de este año, pues las universidades están obligadas a entregar su Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, lo que incluye sus requerimientos presupuestarios.

“NOS PONDREMOS DE ACUERDO”

Con la llegada de Laura Chinchilla a la Presidencia, la Comisión de Enlace cambió su integración y ahora tendrá a Fernando Herrero como ministro de Hacienda, Laura Alfaro en el Ministerio de Planificación y Clotilde Fonseca como jerarca de Ciencia y Tecnología.
Estos se sentarán a la mesa de negociación con los rectores de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico, quienes forman el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
El único que se mantiene del gobierno anterior es el ministro de Educación, Leonardo Garnier, para quién el proceso de negociación del FEES ha sido complejo, pero espera alcanzar un acuerdo satisfactorio en las próximas semanas.
“Hemos estado hablando con los rectores y la rectora de la importancia de que las universidades intensifiquen el papel que juegan en el desarrollo del país, por supuesto que eso le compete a las universidades, pero es parte del diálogo con el Gobierno”, afirmó Garnier.
A modo de ejemplo, el Ministro mencionó que por las universidades pasa la formación de los educadores en el país, por lo que es muy importante que esa formación se adecue a las necesidades del país y mejore.
Consultado sobre si hay una nueva fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el FEES, Garnier respondió que nunca hubo una fecha límite, pues la meta era llegar a un buen acuerdo.
“A todos nos hubiese gustado terminar antes del 8 de mayo, porque uno le gusta que los ciclos se cumplan, pero es más importante llegar a un buen acuerdo”, afirmó el ministro.
Garnier señaló que si bien hay acercamiento entre las propuestas del gobierno y las universidades, “en algunas cosas todavía hay mucha distancia, pero siempre nos hemos llegado a poner de acuerdo”.

Fernando Herrero, ministro de Hacienda:

“Universidades no pueden pedir lo que está en el cielo”

El nuevo ministro de Hacienda, Fernando Herrero, llega a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior con un panorama complicado.
La administración Arias le heredó un déficit fiscal que, según él mismo estima, alcanzará un 5% del Producto Interno Bruto al finalizar este año y para el próximo año podría llegar al 5,5%.
El déficit fiscal se produce porque los gastos de la administración son mayores a sus ingresos y esa diferencia se debe cubrir con endeudamiento.
“Ahora sigue identificar bien las prioridades definidas, la parte más complicada no es decir lo que uno quiere hacer, sino lo que no va a hacer.  Tenemos que identificar esas partes y ahí es donde el Gobierno tiene que hacer sacrificios”, comentó Herrero a UNIVERSIDAD.
En ese contexto de definir las prioridades, cumplir con promesas de campaña, buscar incrementos en la recaudación y financiamiento para cubrir el déficit, Herrero asegura que el financiamiento a las universidades es importante.
“El Gobierno considera que financiar las universidades es una de las cosas más importantes. Las universidades juegan un papel crucial en el país, entonces tenemos que hacer que estén bien financiadas”, expresó el ministro.
“Sin embargo, las universidades no están en una nube, son parte del país.  Si tenemos recursos, vamos a asignarles, pero tienen que entender que es dentro de los límites de la realidad, no se puede pedir cosas que están en el cielo”, acotó Herrero.
Para el ministro, un acuerdo satisfactorio tanto para el Poder Ejecutivo como para las universidades es posible en las próximas semanas si se tienen expectativas realistas.

La autonomía universitaria es una conquista de Occidente que tomó siglos en generarse y  que no afecta únicamente a la universidad sino a la sociedad entera.

Es un mecanismo que protege el ámbito de  la educación y el conocimiento de abusos de poder y permite, en un ambiente de tranquilidad, el desarrollo del pensamiento, la discusión abierta,   la propuesta no condicionada por el poderío económico o político,  la transferencia de las innovaciones y   el trabajo  con distintos grupos sociales.  

Los constituyentes de 1949 se sumaron a una corriente de pensamiento universal que defendía la libertad del trabajo intelectual, la transferencia de conocimientos y aceptaron un modelo de universidad para el país  refrendado por el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918.  Legitimaron  así una estrategia  que ya estaba planteada en la Constitución de 1871  y el  modelo propuesto por el chileno Luis Galdámez  (y un grupo progresista de costarricenses ) en su libro La Universidad Autónoma, base de la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica aprobada en 1940.

Durante decenios –  afirma el jurista Walter Antillón- se consolida la idea de la autonomía  del campus.  Son setenta años de respeto, de no incursión policial, de coordinación entre las autoridades y la institucionalización de fuerzas de policía nombradas y controladas por la Universidad que han actuado  de común acuerdo en todos   los pocos conflictos que se han dado históricamente.  Ha existido un convenio entre las autoridades del Estado y las académicas que regula las relaciones  y  los apoyos mutuos y que ahora se ha roto injustificadamente.   Existe una construcción discursiva,  una costumbre institucional que se respeta, se regula y  que va más allá de la letra misma,  que funciona,  como ley consuetudinaria, en la mentalidad colectiva.   

Si la autonomía  dada por la Constitución Política a la  Universidad de Costa Rica en 1949 se ha respetado en 70 años de historia, deberíamos preguntarnos por qué se rompe de manera tan agresiva y violenta en este momento.  ¿Impericia o falta  de comunicación de las autoridades que regulan los cuerpos represivos?  ¿Falta de control,  inexperiencia de una juez y toma de decisiones de efectivos del OIJ que no tienen la potestad para hacerlo?, ¿ Como se dijo irónicamente en una de las informaciones “demasiada televisión”  con malos ejemplos?,   ¿Un cambio más hacia un régimen donde la fuerza puede más que el pensamiento y el diálogo?,  ¿Un irrespeto a la Constitución y a los valores democráticos?
La UCR aprovecha muy bien la inversión del Estado,  la pondera, multiplica,  la redistribuye  y la impulsa.

Rinde cuentas con honestidad y transparencia,  es ética y crítica  y  reconoce un papel histórico  que se vuelve aún más pertinente en un momento en que se lucha por una sociedad del conocimiento, donde se proyecta al infinito la información y donde la comunicación  nos conecta con el mundo al instante.   Hemos formado miles de profesionales  y queremos seguir formándolos integralmente como personas humanistas, con capacidad,  comprometidas y éticas.  Hemos generado el conocimiento y la gestión necesaria para avanzar,  hemos luchado por un país más libre, más justo y más democrático.  Y lo hemos hecho porque hemos defendido  dignamente nuestra independencia de criterio,   nuestra posibilidad de disentir,  de actuar y de compartir con toda la sociedad,  porque hemos defendido nuestra autonomía  y nuestro convencimiento de que la violencia  no es la vía ni para la paz, ni para la justicia, ni para el pensamiento libre y democrático.   

La Universidad de Costa Rica  respeta y defiende la Constitución y las leyes de la República,  lucha por  los valores de democracia, paz, y, por supuesto por la  institucionalidad.  Como lo ha hecho hasta el día de hoy nunca podrá permitir que su campus sea refugio de delincuentes, ni de corruptos.  La UCR conoce perfectamente  cuáles son sus derechos y  sus obligaciones.  Conoce que  la autonomía, como derecho constitucional  no  exime de cumplir la ley, ni lo pretende.

No está ahí el problema en discusión.  La independencia pasa por lo jurídico, pero también por lo cultural, por un derecho histórico occidental que protege al conocimiento  de la fuerza y la violencia de poderes mal entendidos.