La pugna tradicional por el poder institucional al interior de las universidades creció motivada por las reformas educativas que generaron, por un lado, movimientos de resistencia y, por otro, grupos de apoyo a las autoridades universitarias. Dicho panorama condujo a incrementar el poder de la administración central y, en especial, el poder de las rectorías universitarias. El poder institucional y administrativo de las universidades se ha ido personificando en la figura de los rectores, que han actuado como los principales promotores de los cambios y ajustes de las reformas planteadas. Al respecto Acosta Silva, en su minucioso estudio titulado “Estado, políticas y universidades en un período de transición”, aseguró:

“Las reformas incrementaron el poder de la administración central, con el objeto no sólo de promover diversas modificaciones, sino fundamentalmente con el de contar con la capacidad de aplicarlas en cada universidad. Los periodos de crisis y conflicto que ocurrieron en cada caso reflejaron movimientos de resistencia y de apoyos que alteraron la vida institucional, pero que finalmente se resolvieron en el fortalecimiento de las capacidades de los poderes centrales universitarios (…). En esta perspectiva, las reformas observadas mostraron el incremento del poder de las rectorías universitarias, que se convirtieron en los actores centrales de las transformaciones observadas. Los antiguos equilibrios y ‘empates’ políticos entre las distintas fuerzas organizadas de la universidad, fueron rotos por coaliciones y redes de poder que cristalizaron alrededor de la figura de los rectores, dotando a estas figuras de hipercentralidad indiscutible tanto en las iniciativas como en los procesos de instrumentación de los cambios y ajustes” (2000, 326).

Por otro lado, las reformas educativas recientes premian a las facultades, escuelas, a investigadores y docentes que felizmente se sumen a la estandarización global aunque acreciente, así, la brecha de desigualdad entre la comunidad universitaria.

Según Acosta, el más ambicioso de los programas del gobierno federal para el periodo 1995-2000 “significó una profundización de los estímulos a la estandarización cuyos efectos parecen orientarse, sin embargo, a una diferenciación y desigualdad creciente en los cuerpos académicos de las universidades públicas” (2000, 325). Dicha apreciación nos lleva a comprender lo que Slee y Ball denominan ‘capitalismo académico’, el cual se define como el fenómeno “donde la investigación es simplemente un instrumento económico y donde el investigador es exhortado a convertirse en “emprendedor” en alianzas con la industria, para crear agendas de investigación que a su vez demuestren ser económicamente productivas” (2005, 9). Lo que conduce a una mecánica de extinción de ciertas disciplinas.

Al respecto, Muela explica cómo en México algunas universidades S.A. de C.V. asociadas al Estado Empresarial han erradicado algunas disciplinas.

“Los más cuestionables y afrentosos contra el dominio público se dan en el estado de Nuevo León, donde han desmantelado las licenciaturas de filosofía, sociología e historia” (Carrizales, 2005; Galán, 2005). Lo que ocurre en Nuevo León, como en todos los países, no es un hecho aislado, es una política de Estado. En este caso, el estado mexicano a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de su poder ejecutivo, ha iniciado una cruzada oficial para desmantelar las carreras de filosofía, sociología y ciencias políticas en las universidades públicas, para dar preeminencia únicamente a las carreras que se adapten a los intereses neoliberales de su estado empresarial. (Martínez, 2004)” (2005,10). Cuál es la cita?

Lo sucedido en otras universidades latinoamericanas puede que ya esté tomando mucho vuelo en nuestro horizonte, sin que conscientemente nos percatemos de ello. Quizá una mañana nos despertemos y veamos una universidad que no reconozcamos y que ya sea imposible de ser recobrada.

Cuando hoy día leemos una crítica musical, pueden pasar dos cosas con casi absoluta generalidad: que sea una crítica de un disco, o que se compare un concierto con el disco del mismo intérprete: si la calidad técnica es similar o inferior, si la versión es igual, cómo se comunica con el público… Se olvida con frecuencia que el disco es, esencialmente, externo y ajeno a una representación musical como un concierto.

El otro día me encontré en un concierto de aprendices de dirección de orquesta, donde se tocaba algo propio de otros tiempos: uno de los quintetos que J. P. Salomon hizo a partir de las últimas sinfonías de Haydn. La idea de estos arreglos era que la gente que iba a un concierto, o que ni siquiera podía ir, pudiera hacer en casa una versión reducida de la sinfonía con la familia y los amigos. Nos resulta hoy inimaginable un mundo en el que cada representación musical era única. Y cuando decimos única no es que sea diferente sino que, cuando terminaba, venía el silencio. Las adaptaciones caseras como esta, las pianolas, gramolas, carrillones y demás instrumentos mecánicos representaban un intento desesperado de traer una y otra vez, como fuera posible, sonidos escuchados una vez, difícilmente repetibles, a no ser que se pusiera de acuerdo con una orquesta por completo. Cuando en Milán, con motivo de un concierto benéfico del réquiem de Verdi, la orquesta de la Scala cortó una calle en mitad de la noche para dar una serenata sorpresa al compositor, todos los vecinos acudieron curiosos e ilusionados. Hoy en día, tendríamos varios días de noticias de sucesos sobre «gente insolidaria que no respeta el descanso de los vecinos». La música ha pasado de ser un bien escaso y apreciado a convertirse en una plaga. ¡Si hasta en los ascensores ponen música! Por supuesto, en su forma enlatada y muerta.

Pero, ¿qué era la crítica musical en esa época? Los críticos no tenían nada remotamente parecido a un corpus de referencia o novedades discográficas, ni siquiera existía el concepto de «álbum». Precisamente por esta falta de soportes, la crítica era importantísima como la única manera de dejar constancia de una actuación musical. Desde siempre, ha habido comentarios sobre la calidad de la música de este o aquel, pero es en el siglo XIX (por la aparición de las «giras de conciertos», la explotación económica de la música para los burgueses y, sobre todo, por el desarrollo de la prensa) cuando surge la necesidad de la figura del crítico musical. Es importante recordar esto: los críticos musicales de la actualidad aparecen no por propia voluntad (ya que han hecho sus críticas desde siempre en la taberna o el salón, según posibilidades) sino porque hay una publicación que pretende satisfacer los gustos de sus lectores. Estas críticas, a su vez, sí forman un corpus, una biblioteca y, de ahí, el esfuerzo constante desde el siglo XIX por establecer criterios uniformes para poder juzgar las representaciones y las obras. La crítica musical moderna surge, así, con una finalidad eminentemente práctica. Hoy en día sabemos —o creemos saber— qué pasó en el concierto de regreso a París de P. Rode o en el estreno de esta o aquella obra de Beethoven, gracias a los críticos. Claro, quien escribía crónicas sobre lo sucedido en Viena podría tener poca o nula idea de lo que pasaba en Londres y tal vez pensemos que esto fue un éxito y lo otro un desastre, sólo porque dos personas con criterios totalmente diferentes lo dicen. Aun así, estas historias subjetivas y llenas de tópicos estéticos son nuestras únicas «grabaciones» del pasado.

Está la ausencia clamorosa de la música popular: es, precisamente, el disco lo que permitirá la eclosión de muchos géneros «menores» y, por supuesto, a remolque de todos los demás, del interés de los críticos por esta música.

Lleva razón el candidato presidencial del PAC, don Luis Guillermo Solís, al proponer la declaratoria de emergencia nacional para enfrentar el estado terminal de la infraestructura vial. Somos un país colapsado y atrapado en la receta neoliberal, la apatía y la corrupción. La Ley de Concesión Pública es un ejemplo que huele mal, muy mal.

¿Cómo es posible que, luego de tres años y medio, la empresa constructora de la ruta 27 no haya entregado aún la obra por no estar finalizada? ¿Cuánto se ha embolsado desde entonces?, ¿cuánto daño ha causado tanta incapacidad? ¿Y los responsables −el señor Presidente que la “inauguró” a toda prisa, con bombos y platillos, antes de terminar su gestión, en campaña para favorecer a la actual Presidenta− dónde están? ¿Podría procesarse por tremenda barbaridad? No, ¡estamos atrapados!

Somos un país colapsado, no porque se haya hundido un trozo de la circunvalación por la desidia e impericia técnica de sus constructores y por el escaso mantenimiento del MOPT. No, porque somos un país Bailey entregado al negocio de las concesiones corruptas y dilapidadoras: el mejor ejemplo, después de la 27, es la llamada “trocha fronteriza”. Además, no cesa la venta de autos y el deterioro del servicio público para obligar a cada ciudadano a comprar uno. ¿Y la planificación urbanística? ¿Dónde están el PRUGAM o el POTGAM?

A San José ingresa más de 1 millón de personas diariamente. El 80% de ellas lo hace en transporte público, el 20% en autos privados. El 70% del espacio vial lo toman esos autos; es decir, gastamos más de 1,35 horas, en promedio, trasladándonos al trabajo. El 65% de la factura energética de Costa Rica se gasta en transporte. Pero, ¿quién saca los armatostes (¡buses!) y los camiones del casco metropolitano? ¿Quién amplía las vías, diseña pasos a desnivel, viaductos, túneles y otras alternativas como tranvías o trolebuses? ¿Las municipalidades, el MOPT?

Tenemos obras viales urgentes: la finalización del anillo periférico, la radial a Heredia, la ampliación de la General Cañas, la finalización de la Florencio del Castillo en Curridabat (¡somos el único país de América donde la Interamericana, de repente, se acaba!), ampliación de puentes, etc. Pero los complejos trámites, la falta de voluntad política y los “recursos limitados” las posponen indefinidamente. Y el caos vial en aumento con el crecimiento de la flotilla vehicular. ¡Colapso inminente!

Algunos alcaldes toman medidas: el de Cartago ordenó hacer “ciclovías” y angostó las calles de la ciudad con una suerte de alamedas que no sabemos si son para peatones o bicicletas. Recientemente, el de San Pedro de Montes de Oca lo imitó: dividió algunas calles por la mitad con una línea blanca; se supone que el lado derecho es para ciclistas. ¿Ocurrencias o cartagadas? Lo cierto es que en Cartago ya no se puede transitar y en Montes de Oca mucho menos porque, además, día con día, lo topos del AyA hacen hoyos por doquier y los rellenan con tierra y ripio, ¡en pleno invierno!

Nadie discute la necesidad de crear ciclovías y paseos amplios para peatones, como toda ciudad que se respete y que piense más en el ser humano que en la máquina. Pero lo que hicieron estos señores, o el actual candidato presidencial de Liberación Nacional en San José con su malhadado barrio chino, incrementa el problema si no se levantan nuevas vías, se amplían las actuales y se ordena el tránsito pesado para favorecer al auto pequeño y al peatón en el centro de las ciudades de la GAM y de todo el país. Porque el caos es nacional.

Estamos colapsados y atrapados sin salida. No vislumbramos solución. Los problemas aumentan y nadie plantea medidas serias y concretas. Hasta ahora, repito, solamente el señor Solís propuso algo coherente. Pero el gobierno ni se inmutó, siguió con su campaña publicitaria (casi escribo electoral). Estamos condenados al caos y a la anomia si no ordenamos pronto el crecimiento urbano y el transporte masivo de personas. ¿Por quién va a votar?

En esta época en que la comunicación alcanza el mayor nivel de difusión mediante la tecnología que acompaña a las redes sociales y otros canales de comunicación alternativos y emergentes, sorprende conocer que aún muchos candidatos a la Presidencia de la República desprecien invitaciones de los medios rurales y pequeños.

Varios perfiles y páginas de la red social Facebook dan cuenta de cómo en varias ocasiones las preguntas formuladas por esta vía a los candidatos se quedan sin responder o, lo que es peor, cómo un aspirante a Presidente deja “plantado” a un medio, previa cita confirmada.

La gestión de prensa, labor que desempeñan los encargados de comunicación en las diferentes campañas políticas, debe partir de un principio inclusivo, sobre todo si se trata de mostrar a un candidato que sepa escuchar y atender las inquietudes de todo un país.

Es lamentable pero frecuente la selección que se hace adrede de los medios en que se considera conveniente aparecer; dejan de lado, usualmente, los medios rurales o alternativos ya que, de manera errónea, se piensa que no son efectivos.

Un canal de comunicación existe gracias al respaldo de una audiencia. Es su razón de ser: un estilo, un discurso llega a un grupo de personas que se identifican con el contenido y viceversa; este contenido se nutre y modifica con la retroalimentación del público, para ser compatible con sus intereses. Uno no existe sin el otro.

De este modo, una gestión de prensa eficaz debería hacer encajar los diferentes mensajes, de acuerdo con el perfil de cada medio; y nunca, jamás, dejar de lado a nadie.

La realidad indica lo contrario, ofrece la posibilidad al electorado de practicar un simple pero efectivo ejercicio a la hora de decidir por quién votar: un buen líder está siempre pendiente de todos los detalles; con ello no se puede echar toda la culpa a los gestores de prensa. Además, ese buen dirigente no debe nunca excluir. Y, por último, si por alguna extraña razón, fuera del control, se queda mal con algún medio, la excusa o respuesta ha de ser inmediata y apropiada. Creo que el candidato que obtenga puntos positivos de todas estas observaciones podría ser considerado como una persona de buenas intenciones para con Costa Rica.

Ese es el consejo para nosotros los electores. Ahora, el de los políticos es no olvidar que todos los medios importan: desde una pequeña emisora en Talamanca, hasta un canal de televisión. Se trata de emitir mensajes, de contar una historia convincente, se “trata de tratar” con la gente a la que se aspira a gobernar. Nosotros no los conocemos bien, señores, queremos acercarnos, ser parte del cambio, tener un líder diferente, votar, participar por una patria nueva; deseamos contratar a uno de ustedes, pero toda elección de un puesto comienza con entrevistas y evaluaciones. Para este arduo empleo de la presidencia, un requisito indispensable es la habilidad de ser inclusivo. Demuéstrenlo.

Hace pocos meses apareció sobre el escritorio del taller una carta datada de noviembre de 1972, la firmaba Gina Soto. Contaba en ella la noche en que Ariel llegó borracho y todas las que tuvo que hacer para telefonearle a altísimas horas de la noche para que lo fuera a recoger. Gina no lo hizo; lo supe al final. Al final de la carta agregaba dos cosas que impactaron su vida; a continuación las paso a decir para cumplir con el favor que me solicitó y que, por más intentos, no pude rehusarme debido a su persuasión.

Cuando era niña fue saberse mortal; en consecuencia, debía ―irremediablemente― hacerle frente a su propia muerte. Derivado de ello, supo que no era una responsabilidad que pudiera trasladarle a otra persona ―desdichadamente−.

La segunda sucedió de forma progresiva. Conforme creció fue haciéndose responsable de sus nuevas tareas y de las decisiones que implicaban y, en consecuencia, supo de las repercusiones de sus propios actos.

Las otras dos situaciones le sucedieron hasta no hace muchos años: la primera ocurrió al saber que la Virgen de los Ángeles sólo pudo aparecer en tiempos post coloniales y que, en consecuencia, tanto ella (y la figura de Juana Pereira) como su aparición correspondían a producciones culturales, a una sensibilidad católica con epicentro en… (?); en todo caso, fuera del continente americano.

La segunda pasó al enterarse, y luego comprender (vaya esfuerzo), que la propiedad privada ―elemento constituyente de la actual forma moderna de organización humana occidental― no siempre ha existido sino que corresponde, de nuevo, a producciones humanas de auto-constituirse históricamente dentro del moderno proyecto burgués.

Hoy Gina es la presidenta de la Cámara Interamericana pro enseñanza y entendimiento de la propiedad privada como elemento constituyente de la sensibilidad burguesa y acciona el pulsor del control de su vida mientras vive, y mientras vive muere, porque la vida viene con la muerte, y la muerte viene en vida, en ocasiones sin anunciación, y siempre sin reparo.

Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Silvio Rodriguez

Vistas las últimas noticias, encuestas y otros artificios político-electorales promovidos por los grupos de interés, ya sean universidades, empresas u otros, promovidos por medios de (des)información que dicen exponer e interpretar a su manera y gusto las tendencias o, más bien, sus líneas editoriales (cada quien juzgue según su lectura) sobre el escenario electoral. Sin embargo, siempre volvemos a la eterna pregunta ¿qué tienen que ver las comunidades y pueblos de Costa Rica con estos productos electorales?

El primer aspecto por destacar es la parcialidad que muchos de los medios de (des)información demuestran en el uso y abuso de las encuestas, dado que ningún instrumento es neutral o derivado de la voluntad pulcra de algunas personas desinteresadas; la neutralidad es poco objetiva, dicen algunas voces. Son instrumentos que se desarrollan desde la voluntad de lucro; por esta razón, siempre alguien paga por esto, y establece algunos criterios de gusto que deben cumplirse; así, no sólo la empresa encuestadora sino los medios de (des)información juegan a ganar. Por eso, los números frecuentemente (más de lo debido) parecen una especie de ruleta rusa, cada quien tira del gatillo para su beneficio.

Una segunda entrada destaca la complacencia de ciertos sectores académicos, intelectuales e institucionales, entre otros, ante la aparición, difusión y legitimación de estos instrumentos. Cabe la posibilidad de que esta voluntad expresa de aceptación responde a que son utilizados para que interpreten y sean consultados; en otras palabras: figurar en los medios de (des)información y expandir su currículum mediático.

Así, cualquier cuestionamiento a este ejercicio es enterrado ante la legitimidad consensuada de las encuestas, desplazan para otro día la necesidad de crear nuevas formas de manifestación política, más diversas, participativas e inclusivas.

Resulta curioso, una vez expuesto el matrimonio entre los medios de (des)información y la pseudo-elite intelectual/profesional, que para los tiempos electorales las preguntas y demás instrumentos de medición se achaquen a ciudadanos y ciudadanas. Aquellos y aquellas que, desde su posición, buscan alguna elección, así como sus respectivos partidos no son cuestionados, no se les coloca un cuestionario para colocar sus preferencias, planteamientos, su vida y demás cosas de interés o que expongan bajo parámetros medibles sus planes de gobierno. ¡Claro!, se me olvidaba que la encuesta terminaría ahí mismo, dado que ninguno o ninguna posee a la fecha un plan de gobierno con todas las indicaciones respectivas para su medición, sino más bien andan con una lista de ocurrencias y lugares comunes.

Esta democracia representativa, una vez más, muestra cómo se encuentra patas arriba (como diría un amigo latinoamericano muy querido). Hoy, los candidatos pueden darse el lujo de no asistir a debates, no ser increpados, pasar como si no fuera con ellos o ellas; sin embargo, a los ciudadanos se les encasilla en gráficos, tendencias y los pseudo-expertos hablan de la ciudadanía con tal seguridad y complacencia, como si describieran la dirección de su propia casa.

Nosotros y nosotras, la ciudadanía, no deberíamos permitir que esta herramienta heredada de la democracia representativa siga consumiendo la vida política, que la encasille a una elección de gustos; esta actitud sólo refuerza la idea de grupos pasivos que esperan la convocatoria para ejercer su “deber y derecho” al voto. Esta hipocresía histórica de “delegación de poder” responde más a formas de gobierno aristocrático, que hoy riñen directamente con los procesos de autodeterminación de las comunidades y grupos sociales, que por la reivindicación al ejercicio de su existencia y el empoderamiento en la toma de decisiones en aquellos aspectos que los vinculan y afectan desde su perspectiva y experiencia.

Por esta razón, la construcción de una democracia participativa pasa por la desestructuración de este tipo de instrumentos que gestionan la sociedad desde una perspectiva pasiva y destierran el espacio de discusión público, las tendencias enfermizas de “relaciones públicas” y “mercadeo” que la democracia representativa permite y promueve para, así, construir espacios donde la participación horizontal, la toma de decisiones y la rendición de cuentas recaiga en la gestión ciudadana.

Ante el sostenido ascenso del candidato José María Villalta en las encuestas, algunas de las más prominentes figuras políticas han recurrido al poco elegante terrorismo político, mediante incesantes comparaciones entre el candidato frenteamplista y el expresidente venezolano Hugo Chávez.

Es innegable la existencia de similitudes entre los proyectos de ambos; sin embargo, resulta desatinado afirmar que, con Villalta en el poder, Costa Rica copiará al carbón la ruta de Venezuela. Sin intención proselitista, este texto pretende señalar la impertinencia de estas declaraciones, no mediante la comparación de los personajes o de sus programas sino mediante el contraste de los contextos particulares.

Las siguientes no representan todas las diferencias entre ambos, pero son consideraciones mínimas para hacerle frente a las comparaciones.

i) Militarismo: Desde su más tierna juventud, Chávez ingresó al Ejército Nacional de Venezuela; parte importante de su formación política sucedió ahí, combatiendo las guerrillas. Desde entonces, el chavismo ha estado íntimamente ligado al sector militar. Esta alianza cívico-militar ha contribuido de sobremanera a la concentración del poder en Venezuela; incluso ahora, el ejército lleva el sospechoso nombre de Ejército Nacional Bolivariano. Por su parte, nuestro país carece de un ejército y la Fuerza Pública está lejos de asumir esa función.

ii) Petróleo: El amplio apoyo popular chavista se explica en gran medida por los programas específicos de salud y educación dirigidos a las clases bajas, financiados gracias a los altos precios internacionales del crudo exportado por ellos. José María Villalta, o cualquier otro candidato que llegue al poder, tendrá que pensársela dos veces antes de aumentar la inversión de un Estado que no cuenta con producción importante de commodities y atraviesa una grave crisis fiscal.

iii) Estabilidad democrática: El chavismo ha estado en el poder por más de 15 años seguidos y ha ganado ya más de 14 diferentes elecciones populares; por eso, ha logrado profundizar tanto su modelo de desarrollo. Sin embargo, se le critica constantemente por atentar contra la democracia. Sean ciertas estas críticas o no, se debe considerar que la inestabilidad democrática no es un fenómeno nuevo en Venezuela, mientras que Costa Rica se caracteriza por lo contrario. Desde inicios del siglo pasado, Venezuela sobrellevó nueve golpes de Estado (1908, 1945, 1948, 1958, 2 en 1962, 2 en 1992 y 2002), mientras que en Costa Rica, sólo ocurrieron dos (1917 y 1948). Es claro que esto no es garantía de eterna estabilidad en nuestro país, pero sí muestra una tendencia.

iv) Indicadores Sociales: Chávez fue electo presidente en 1999, cuando el 49,4% de los venezolanos vivía bajo la línea de pobreza, el 21,7% vivía en pobreza extrema, el desempleo se situaba 14,9% y la inflación era del 20%. En ese contexto, es más probable que las políticas de redistribución generen profundos traumas. La Costa Rica de hoy enfrenta un panorama más cómodo. Los costarricenses bajo la línea de pobreza representan el 20,6%, en pobreza extrema el 6,3%, el desempleo es de 7,9% y la inflación fue de 4,55% en el 2012.

El potencial éxito o fracaso de un gobierno del Frente Amplio trasciende las intenciones y dimensiones de este texto; está escrito con la modesta intención de contrarrestar, en la medida de lo posible, la conveniente miopía voluntaria de quienes han escogido papas y han pretendido compararlas con chayotes.

Causas provienen fundamentalmente de la naturaleza. Razones provienen fundamentalmente de Dios. ¿De dónde provienen la naturaleza y Dios? No sé.

Con esas ideas inspiradas por San Agustín de Hipona y Viktor Frankl, someteré algunas reflexiones a los lectores del Semanario UNIVERSIDAD para este Año Nuevo.

Digo de una vez, con buena fe y reconociendo la posibilidad de equivocarme, que las presento principalmente por oposición a algunas tesis sobre la vida que ha expresado el pensador doctor Claudio Gutiérrez Carranza, quien fue rector de la Universidad de Costa Rica, prolífico escritor cuya obra admiro. Aclaro que no es mi intención polemizar con don Claudio por vanidad personal, aunque no niego que sería un honor intercambiar pensamientos con él en público.

Busco contribuir a aclarar y corregir ideas que circulan por el mundo en general y en Costa Rica en particular, las cuales contienen sesgos profundos en perjuicio de la humanidad pero que se presentan con ropaje de ciencia y humanismo; no siempre por mala fe de quienes las pregonan o defienden, sino principalmente por ausencia de rigor, descuido o imprudencia. Tampoco sostengo que esas ideas están totalmente equivocadas. Como han dicho distinguidos investigadores y académicos como Roger Penrose, Ilya Prigogine y otros, su contribución al conocimiento mundial es sumamente valiosa, pero sus errores también son grandes y peligrosos.

Cabe decir que tales ideas se han concentrado en causas, pero descuidan razones; han confundido tecnología con ciencia, sustituyen investigación de la realidad mediante formulación de tautologías sobre ella, equiparan verdad con utilidad, sostienen que entender las cosas consiste en descomponerlas, dan prioridad a cantidades de los objetos sobre sus cualidades; suelen describir, abstraer o matematizar los temas, sin ubicarlos en espacio y tiempo.

Respetuosamente, digo que don Claudio Gutiérrez comete esos descuidos —no sólo él, sino muchos otros académicos que piensan, hablan y escriben como él—. Infortunadamente, hay una tendencia a aceptar ese modo de conocer como correcto y, además, definitivo. Uno de sus principales exponentes mundiales, Stephen Hawking, recientemente escribió un libro intitulado The design of the universe, en que plantea esas ideas. Don Claudio escribió otro antes, ensayos sobre un nuevo humanismo: Genes y Memes en el Siglo 21, dentro de la misma línea. Otros científicos de diferentes países cuestionamos las raíces de esas ideas en la colección Emerging colors in science: transdisciplinary essays, de Roger Penrose, Roger Jones, Peter Gärdenfors, Stephen Barr, Róger Churnside, entre otros.

Sería útil plantear una comparación entre esas obras, en la academia y a nivel del público, para que Costa Rica se ubique entre los primeros países del mundo en que sean discutidas ideas tan importantes para el Siglo 21.

Si uno ingresa al mundo de las redes sociales se topará con la impresión –extraña− que, para algunos comentaristas, periodistas y “estrategas”, la campaña electoral se resolverá a puros “seguidores”, gente que comparte “memes” o que, finalmente, creen haber descubierto el éxtasis de convertir un “mensajito” en un “viral”.

Para todos aquellos que consideran que las elecciones se ganan “posteando” o redireccionando mensajes o haciendo escarnio del enemigo “virtual”, conviene recordarles que se trata de la primera campaña electoral costarricense en que las redes sociales van a jugar un papel relativo, que un número significativo de los votantes ni siquiera tiene acceso a una computadora y está lejos de creer que las “campañas virtuales” le involucren directamente. Si no, recuerden las lecciones del triunfalismo que se volvió pesadilla para algunos en el período del referéndum.

No cabe duda que las redes llegarán a jugar un papel significativo en las próximas campañas electorales, como lo ha sido en otros países, y que tanto las ciudadanías como los partidos, los medios de comunicación y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones tendrán que aprender a trabajar con tales redes.

Mientras tanto, para quienes se volvieron apocalípticos soñando con la gran revolución democrática porque su candidato tiene mas “likes”, habrá que recordarles que los “likes” no valen en las campañas electorales.

Que los que valen son los votos, que ya se debería estar resolviendo los problemas del transporte (es probable que el grueso de buses, taxis y “piratas” ya estén contratados desde hace meses), de la alimentación del día de las elecciones, de los fiscales de mesa, del incansable trabajo de garantizar que todos los electores potenciales se vuelvan votos efectivos; esto implica movilizarlos y que voten realmente, no sólo creer que basta con sumar “likes” para ganar las elecciones. Las elecciones se ganan con votos efectivos, no con “intenciones de voto”.

El reciente y rotundo ¡no! del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al recurso de amparo electoral, interpuesto por tres candidatos presidenciales que se consideraron “invisibilizados” por la “democracia”, llama a reflexionar si conceptos como la “proporcionalidad” y “razonabilidad”, traídos de otras ramas del derecho, es válido aplicarlos en el quehacer electoral.

Distintas decisiones del TSE en este campo −me temo− contribuyen poco con la cultura electoral del costarricense, la convierten en un monumental acicate contra el debate de ideas y a favor del abstencionismo. Si el Tribunal obligase a los medios que reciben ingresos por propaganda política (públicos o privados) a promover debates con candidatos a puestos populares, en la misma proporción y razonabilidad con que reciben beneficios por propaganda electoral, quizá la democracia agradecería más allá de lo que hacen de oficio los magistrados cada cuatro años: ¡urnas preparadas, vayan voten!

Evitaríamos, en síntesis, una especie de fraude camuflado por dos razones: a) impulsar a equis candidato en demérito de diez; por ejemplo, es una manera de “globalizar” peligrosamente la razón de ser de sufragar. b) Ya sabemos que por su esencia actual de “trusts” económicos de los partidos políticos, en Costa Rica estos no están obligados a cumplirle a nadie sus programas de gobierno en caso de ganar las elecciones. Por lo tanto, se pierde así la posibilidad de emplazamiento para que las cosas cambien sin maquillajes.

Así como concibe el TSE, la democracia a la tica favorece a que los partidos se alcen con la voluntad de los costarricenses, muchas veces con engaños y falsas promesas; a la vez, los ciudadanos quedan impedidos luego de dar sus derechos (Contrato Social) a mecanismos revocatorios para los casos de ardides electorales.

Un consenso aceptado indica que la “proporcionalidad” –principio constitucional, no tributario, prestado del derecho alemán− pasó a transformarse en una prerrogativa de protección de derechos fundamentales no necesariamente escritos, sino implícitos en los fundamentos de la Carta Magna germana.

Sin embargo, en ocasión de un reclamo hecho al Partido Liberación Nacional (PLN) por Sigifredo Aiza Campos, a quien su agrupación cobró ¢20.000 por participar en el proceso de asamblea distritales en la resolución 303 del año 2000, el TSE encuentra “un ligamen” entre el derecho de participación política y el cobro de cuotas partidarias. Así, independientemente de que un partido reciba deuda política −producto de la carga impositiva que se nos somete a todos los costarricenses para que participemos de las elecciones y conozcamos el “ideal de sociedad” que nos venden las agrupaciones electorales−, según el TSE, debe haber “proporcionalidad” y “razonabilidad” en dicho cobro. En adelante, las resoluciones emitidas por ese Tribunal se movieron siempre en esa dirección financiera de “proporcionalidad” y “razonabilidad” (Ver diversas resoluciones en Revista de Derecho Electoral TSE N. º 16, Julio-Diciembre, 2013).

El mecanismo de transportar mecánicamente los conceptos de “proporcionalidad” y “razonabilidad” del derecho tributario a la jurisprudencia electoral, lleva inexorablemente a “sin sentidos” como los siguientes: los medios de comunicación privados pueden “invisibilizar” partidos y candidatos, porque su actividad comercial está al margen del derecho público, argumento que a mi parecer se cae cuando recordamos que el dinero que les ingresa por propaganda electoral es pagado por todos los costarricenses.

La “proporcionalidad” y “razonabilidad” en una democracia en constante formación debería entenderse en el sentido de que si una empresa acepta difundir propaganda electoral, en aras del pluralismo y el debate de ideas, en esa misma medida debe llamar a sus debates a todos los candidatos inscritos ante el TSE. De esta manera, queda un margen para excluirse del negocio que financian todos los costarricenses, sea de partidos visibles o “invisibilizados”. Además de que el pago recibido, en caso de aceptar la difusión de publicidad electorera, proviene de costarricenses todos iguales, supuestamente, frente a la ley, en dinámico sentido constitucional.