Denuncian intentos de descargar los costos de la crisis sobre espaldas de los trabajadores.

El movimiento social despertó con dos concurridas  manifestaciones la semana pasada, las mayores tras las jornadas del referéndum por el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. en el 2007. Representantes de distintos sectores aseguraron que es el inicio de una serie de movilizaciones ante la agudización de la conflictividad social provocada por las políticas neoliberales.

Miles salieron a desfilar por la céntrica Avenida Segunda de San José el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con multicolores banderas, pancartas, cánticos, mascaradas, comparsa, banda juvenil y representaciones de teatro incluidas.

Trabajadores públicos, privados, independientes y estudiantes marcharon con un mensaje para el futuro Gobierno de Laura Chinchilla centrado en la defensa del código de trabajo, la libertad sindical, rechazo al proyecto de ley de empleo público, la minería a cielo abierto, y la intervención del sindicato de JAPDEVA, SINTRAJAP, que atribuyen al Gobierno para lograr la privatización de los muelles del Caribe.

La marcha transcurrió en orden y remató en la Plaza de la Democracia, en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa (cercada por la Fuerza Pública para impedir el arribo de los manifestantes), y una decena de conjuntos musicales coronaron con nota festiva la celebración en la Plaza.

Dos días antes, el jueves 29, miles de educadores y trabajadores municipales entre otros empleados públicos también se lanzaron a las calles para protestar contra el proyecto de ley de empleo público que impulsa el Gobierno, y la recién aprobada ley de empresas mixtas, que abre la puerta a la privatización de los servicios municipales.

Encabezados por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), los manifestantes recorrieron la Avenida Segunda hasta la sede del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en Los Yoses, para repudiar el proyecto de empleo público que prepara dicha dependencia gubernamental. A su vez, parte de los empleados municipales, liderados por la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) prosiguieron hacia la Casa Presidencial en Zapote, para pedir el veto a la ley que privatiza los servicios municipales (ver recuadro “Demostración de unidad”)

La APSE encabezó ese día un paro exitoso en numerosos colegios del país, con manifestaciones que se repitieron en diversas localidades. Durante la jornada se vivieron embotellamientos de tránsito en la capital y otros lugares del país, por la marcha de los empleados públicos y la protesta de «porteadores», que se oponen a una reforma al Código de Comercio, por considerar que elimina la actividad del porteo.

En Limón se registró un enfrentamiento entre muelleros y otros manifestantes, al intervenir los antimotines de la Fuerza Pública para levantar bloqueos callejeros en el sector de Moín. Los incidentes dejaron como saldo siete cabezales o furgones destruidos y dos policías heridos de bala, según la policía.

Veintidós personas fueron detenidas y puestas en libertad al día siguiente por el juzgado penal de Limón, tras instruirles cargos por obstrucción, resistencia agravada y daños a la propiedad, entre otros. El Ministerio Público pretendía que se les impusiera tres meses de prisión preventiva.

La mayoría son muelleros y se incluyen también miembros del comité cívico de Limón y dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica.

Isabel Briones Mora, una conocida luchadora social e integrante del comité cívico de Limón, fue la única persona que quedó presa, y se le impuso como medida cautelar un mes de prisión preventiva.

Al cierre de esta edición familiares que se comunicaron con ella en la cárcel del Buen Pastor adonde fue trasladada, denunciaron que a Briones se le está atribuyendo la responsabilidad de los incidentes y es objeto de maltrato e intimidación por parte de policías.

ESPÍRITU DE LUCHA

Desde las jornadas del referendo el movimiento social no daba una muestra de unidad y de actividad tan elevada contra las políticas neoliberales, como se vio este 1 de mayo, aseguró a UNIVERSIDAD Albino Vargas, secretario general de la ANEP. “Esta ha sido una manifestación que nos devuelve el espíritu de lucha”, afirmó.

Durante la marcha, los oradores coincidieron en demandar al Gobierno hacer cumplir el Código de Trabajo y la libertad sindical, sistemáticamente atropellada en el país a pesar de ser un derecho humano consagrado por la Constitución Política.

Pidieron políticas públicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, desatendidas a pesar de constituir el 85% del total de las empresas del país y de generar más empleo y mejor distribución del ingreso, en relación con las transnacionales.

Fue insistente la acusación al gobierno de Arias y sus aliados, banqueros y transnacionales, de cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Demostración de unidad

MÉLIDA CEDEÑO

Presidenta de APSE

Este 1 de mayo es histórico, porque nuevamente los trabajadores de este país hemos despertado y hemos salido a la calle a decirle al Gobierno  que estamos más fuertes que nunca.
Es una demostración de unidad de todos los trabajadores, públicos, privados, independientes y el pueblo en general, que venimos a manifestarnos y a decirle a este Gobierno y el que viene que Costa Rica es nuestra y la vamos a defender. Le decimos no a la ley de empleo público que va a afectar a la clase trabajadora, no a la usurpación de la libertad sindical y a la concesión de los muelles, no a la minería a cielo abierto, no a la violación de la autonomía de la Universidad de Costa Rica (en alusión a la invasión del campus por parte de la policía judicial el pasado 17 de abril).
Hoy venimos a decirle al Gobierno no queremos ese proyecto de empleo público y que seguiremos oponiéndonos. El Gobierno va a seguir diciendo que no tenemos razón, pero todos saben que sí la tenemos, porque se están gestando proyectos, y en especial éste de empleo público, que van a afectar a la clase trabajadora.
Aun cuando algunos dirigentes han dicho que no van a las manifestaciones porque no hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, las bases sí están firmes y muy claras que hay que unirse; seguiremos trabajando con las bases porque allí es donde está nuestra fuerza.

EDGAR MORALES

Secretario general adjunto de ANEP

Mucha gente del sector público respondió a la protesta del 29 de abril contra la ley de empresas mixtas municipales. Sacamos a la calle unas 3.000 personas del sector municipal, y las labores fueron prácticamente paralizadas en las municipalidades de San José, Santa Ana, Curridabat y Guadalupe, a pesar de que nosotros no llamamos a huelga.
La lucha sigue, el 14 de mayo tendremos una reunión en el auditorio de la Conferencia Episcopal con las representaciones sindicales de las municipalidades del país, para decidir las acciones por seguir. Una primera acción sería ante la Casa Presidencial para pedirle a la presidenta Laura Chinchilla el veto de la ley,  y una posible huelga nacional indefinida si es que la presidenta no responde a nuestro pedido.
Esta es una ley para mercantilizar los servicios públicos municipales. Eso quiere decir que van a privatizar todos los servicios. Nosotros nos alegrábamos cuando aprobaron el 10% del presupuesto nacional para las municipalidades. Pero fue un alegrón de burro, porque inmediatamente crean empresas de carácter privado regidas por el Código de Comercio, y son las que prácticamente van a manejar los presupuestos municipales a su antojo, sin ningún control ciudadano.
El proyecto de salario único en el sector público también lo rechazamos tajantemente. MIDEPLAN ya lo tiene prácticamente listo y dice que lo están consultando con los gremios; a nosotros no nos han consultado nada. Pero no se trata de consultas. Puede que estemos de acuerdo con una ley de empleo público, pero jamás vamos a estar de acuerdo con el salario único. Además, una ley de empleo público tiene que darse dentro del marco de los convenios internacionales de trabajo y lo que plantea la Constitución Política.

ANA CUBERO

Educadora del Liceo de Aserrí

La ley de empleo público es un golpe a todos los empleados públicos, no solo al magisterio. Es cierto que en este momento no está todavía en la Asamblea Legislativa, pero no podemos esperar a que nos hagan lo que nos hicieron con las pensiones, reforma perjudicial para el magisterio que los diputados aprobaron un sábado a medianoche, cuando  estábamos en vacaciones para que nadie pudiera manifestarse.

RODRIGO HERRERA

Representante sindical de trabajadores municipales en Escazú

Esta es la primera marcha, luego conforme se vayan dando las cosas vamos a movilizar a todos los empleados municipales del país.
Este movimiento es contra el proyecto de salario único que nos va a afectar a todos. Aparte de ese proyecto,  está la orden que le gira el Gobierno a las municipalidades con el cambio del código municipal, diciéndoles que tienen que privatizar los servicios públicos. Eso va a encarecer los servicios a las comunidades y dejar sin trabajo a los empleados municipales.

Ambientalistas critican al Gobierno por convertirse en “fiel sirviente” del proyecto minero en Crucitas.

“Más claro no puede quedar el contubernio entre el Estado y la empresa canadiense Industrias Infinito”, reclamaron organizaciones ambientalistas al enterarse de que la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la medidas cautelares que impuso el pasado 23 de abril el Tribunal Contencioso Administrativo al proyecto minero.

El mismo malestar por la intromisión del órgano defensor del Estado, externó a este Semanario el exmandatario Abel Pacheco, quien durante su gestión declaró una moratoria nacional de la minería a cielo abierto, como la que se quiere hacer en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua.

Con lo dispuesto por el mencionado tribunal, la minera Infinito se ve frenada en cuanto a continuación de obras y entrada en operación, hasta tanto se resuelva por el fondo los cuestionamientos de los ambientalistas.

“Es una vergüenza que el Estado costarricense defienda los intereses de una compañía minera transnacional, en lugar de defender los intereses del pueblo”, reclamó Edgardo Araya, abogado de la organización Unión Norte por la Vida.
Por su parte, Luis Diego Marín –de Preserve Planet- aseguró que el Gobierno no tenía motivos para apelar las medidas cautelares y si lo hizo es porque solo le interesa defender los intereses de la firma minera.

Mientras tanto, Mauricio Castro -encargado del caso por parte de la Procuraduría- explicó que el recurso de apelación presentado el pasado 27 de abril, obedeció a que “las conductas que se impugnaron en la sede contenciosa son las mismas que las impugnadas ante la Sala Constitucional (IV) y que los cuestionamientos reprochados en ambas sedes son los mismos”.

Recordó que el recurso de amparo que estuvo 18 meses bajo análisis de la Sala IV y que al rechazarlo el 16 de abril dio luz verde a la minería en Crucitas, desestimó los cuestionamientos al proyecto; por lo tanto, hicimos verle al Tribunal Contencioso que las decisiones de la Sala Constitucional “son vinculantes y firmes desde su adopción”, o sea, este asunto ya es cosa juzgada, alegó.

“NO TIENE EXPLICACIÓN”

Al consultársele al expresidente Abel Pacheco sobre la apelación de la Procuraduría, dijo que no le encuentra una explicación a este proceder. “Esto de Las Crucitas es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza”.

Respecto del fallo de la Sala IV que avaló la minería a cielo abierto, se mostró  consternado y afirmó que cuando decretó durante su gobierno una moratoria a este tipo de extracción de oro, nunca se imaginó que dicha sala se lo iba a traer abajo. “Me sorprendió profundamente”.

Para Pacheco, “la minería a cielo abierto es un atentado contra la estabilidad del planeta, y no veo cómo gente en la que uno tiene tanto fe, pueda manifestarse en contra de una medida de seguridad para todos nosotros, nuestros hijos y demás descendientes”.

Acerca de hasta adónde debe llegar la ciudadanía que se opone a la minería a cielo abierto, comentó que “debemos defender lo nuestro y la historia está llena de ejemplos de pueblos que han sido capaces de defender su riqueza y también de pueblos que no”.

En referencia a la promesa de la presidenta electa, de decretar una moratoria a la minería, expresó que “yo creo en doña Laura Chinchilla y tiene esa buena intención; sin embargo, entiendo que ella va a permitir que Crucitas siga funcionando, y eso es preocupante”.

A su parecer, la Sala IV no tomó en cuenta -al despejarle el camino a Industrias Infinito-  el principio de indubio pro natura, que “hasta donde yo creía, debía ser respetado”, aparte de ir en contra del artículo 50 de la Constitución Política, tendiente a garantizar el derecho a un ambiente sano, “y aquí nos está destrozando totalmente la esperanza de salud y bienestar para nuestros hijos”.
 
Cabe indicar que tal resolución provocó gran malestar entre los sectores ambientalistas e incluso el funcionario Miguel Ramírez –del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) salió a la prensa a desmentir que existiera el informe técnico que su superior –Bernal Soto- presentó a la Sala IV, y por lo tanto la indujo a error al emitir su voto sobre Crucitas.

“No encontré en ningún folio un estudio técnico de funcionarios de SENARA o un estudio de campo con datos que avalen el proyecto minero de Crucitas», reveló Ramírez en unas declaraciones consignadas por el periódico digital elpais.cr .
De acuerdo con documentos del SENARA en manos de este periódico, el gerente general –Bernal Soto- le pidió el 12 de febrero del 2009 al hidrogeólogo Roberto Ramírez, que le respondiera para el día siguiente a las 9 a.m. un cuestionario con 7 preguntas técnicas.

La consulta se la hizo “en virtud de su conocimiento técnico, su conocimiento del proyecto a desarrollarse y su preparación profesional, y que de los firmantes, usted es la persona con mayor conocimiento del proyecto Crucitas en la institución”.

Un día después y tal como se lo pidieron, el hidrogeólogo le entregó a Soto el informe DIGH-039-09, en el que respondió a todas las preguntas técnicas, aunque basado en estudios que hicieron empresas para el proyecto minero. No hubo objeciones técnicas a la operación de la mina de Industrias Infinito.

LA APELACIÓN

Por otro lado, al ahondar en torno a la apelación de las medidas cautelares del Tribunal Contencioso Administrativo, el procurador Mauricio Castro esgrimió la tesis de que las pretensiones legales y ambientales de los recurrentes ya habían sido descartadas por la resolución de la Sala Constitucional del pasado 16 de abril.

En su criterio, dado que el caso ya es “cosa juzgada”, el Tribunal Contencioso debe abstenerse de continuar tramitando el proceso.

Al justificar por qué la Procuraduría interviene en un caso que atañe a una empresa privada, detalló que esta tiene la representación legal del Estado y al demandársele en el proceso contencioso administrativo, se están impugnado resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, y una concesión.

“Todos esos actos dictados por la SETENA, el Poder Ejecutivo, y la Dirección de Geología y Minas, conllevan actos de la administración central, que es defendida en este caso por la Procuraduría. Como el Estado es parte de este proceso contencioso, evidentemente estamos realizando una defensa técnica, defendiendo esas actuaciones o conductas, y haciendo ver que el proceso ha perdido interés, porque ya la Sala IV dictaminó –en forma vinculante- que los cuestionamientos no eran de recibo”, puntualizó Castro.

Agregó que la empresa Industrias Infinito, al ser también demandada, va a defender sus propios intereses. “¿Cuál es el interés del Estado?: preservar el principio de seguridad jurídica, y evitar que haya decisiones contradictorias o antagónicas”, acotó.

El Tribunal de Apelaciones tiene ahora en sus manos mantener o revocar las medidas cautelares del Tribunal Contencioso.

La UCR recomendó que antes de definir un estándar, se elabore una política sobre TV digital.

Los representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la comisión que recomendó un estándar tecnológico para la implementación de la televisión digital en el país, están inconformes por el hecho de que se paralizara la discusión sin abordar el problema del acceso social a este medio de comunicación.

La comisión seleccionó la tecnología japonesa-brasileña ISDB-Tb y emitió su informe el pasado 29 de abril, con el fin de que el nuevo gobierno tenga en sus manos el resultado de este proceso iniciado en noviembre del año anterior.

Sin embargo, la representación de la UCR salvó el voto, pues considera que la simple selección de una tecnología, sin profundizar en la distribución del espectro radioeléctrico, ni el acceso de los diferentes sectores a las nuevas tecnologías y  cómo impulsar la producción nacional, es inconveniente.

La comisión está integrada por la viceministra de telecomuniaciones, HanniaVega, Antonio García del la Cámara de Infocomunicaciones, Otto Rivera de la Cámara Costarricense de Tecnología de la Información y Comunicación (Camtic), Aurelia Garrido por la Universidad Veritas, Guiselle Boza por la UCR y el exrector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias.

FALTA DISCUSIÓN

La representante de la UCR en la comisión, Guiselle Boza, recordó que la institución siempre sostuvo la tesis de que antes de elegir cualquier tecnología, se debe aprovechar el espacio para analizar lo sucedido con el acceso a la televisión abierta en el país.

En el razonamiento de su voto, la UCR recordó que del Decreto Ejecutivo N° 35-657-MINAET se establecía entre los objetivos de este proceso lograr una sociedad de la información “centrada en la persona” en la que todos puedan “crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento”.“De manera que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de su desarrollo sustentable y mejorar su calidad de vida”, agrega el decreto.

Para la representación académica, el dictamen de la comisión no logra establecer una estrategia para alcanzar estos objetivos y apunta a que es necesario el establecimiento de un sector productivo audiovisual de corte cultural y educativo.

La UCR insistió a lo largo del proceso en la necesidad de que antes de escoger un formato de televisión digital, se discutiera y se resolviera el problema del acceso de nuevos actores sociales y comunitarios a la emisión de mensajes televisivos.

También, manifestó su preocupación por el poco impulso que recibe la producción audiovisual nacional, sobre todo en lo que respecta a los canales comerciales; lo cual no queda resuelto tras la escogencia del estándar.
Boza comentó a UNIVERSIDAD que tras el dictamen, tampoco se tiene claro cuál será la distribución del espectro, pues se considera que los actuales concesionarios de las frecuencias deben ser los primeros beneficiados con la nueva tecnología.

Al pasar de la televisión analógica a la digital, el ancho de banda que hoy ocupa un solo canal, puede convertirse en cuatro canales independientes, por lo que el interés de mantener el ancho de banda asignado actualmente es muy grande.
“Resulta escaso además el análisis acerca de los grandes desafíos en el uso del espectro radioeléctrico.

En este tema está clara la necesidad de que este país se aboque de inmediato a establecer un modelo de TV abierta que permita la existencia de nuevos actores, no sólo educativos, sino vinculados a las necesidades comunitarias y medios de servicio público, no gubernamentales”, indicó el grupo universitario.

La UCR también se manifestó preocupada por la calidad de los contenidos que exhiben hoy las televisoras, y la ausencia de políticas que promuevan una mejor calidad en la televisión, tanto pública como privada.

“Se requiere una política nacional de comunicación que incluya el fomento y respaldo a la producción autóctona, que impacte positivamente la creación de contenidos desde el sector público y también de profesionales capaces de generar espacios competitivos para el sector comercial”, dice el voto de UCR.

Agregó que una transformación del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) para que sea un medio de servicio público, no gubernamental, es fundamental para lograr los fines expuestos.

ESTÁNDAR ROBUSTO

En su voto, la UCR reconoce que la tecnología del ISDB-Tb fue seleccionada por la “calidad y robustez de la señal”, lo que significaría un mayor y mejor acceso a la televisión abierta digital.

Boza indicó que las pruebas técnicas sobre este estándar fueron positivas y no se permitió que fuese el mercado el que impusiera la tecnología, aunque lamentó que la discusión se haya quedado en el plano meramente técnico.

“Desde el momento en que da importancia al estándar, se despreocupa de crear un proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad, pues se vio como un tema de costo”, afirmó.

“Tomar la decisión del estándar en estos momentos podría postergar la toma de decisiones importantes en cuanto a políticas públicas y consecuentemente el interés de la ciudadanía”, dice el voto.

Boza comentó que en general, las posiciones de la Universidad fueron fuertemente rechazadas en la comisión, e incluso uno de sus integrantes manifestó que la UCR estaba “tratando de adoctrinar” en este proceso.

La representante también señaló que el delegado de la Universidad Estatal a Distancia, el exrector Rodrigo Arias Camacho, se mostró plegado a las posiciones del gobierno y cedió a la definición rápida del estándar.

“En general había una urgencia en la comisión por dejar lista esa definición”, comentó Boza.

En el voto, la UCR aclaró que considera clave la definición del estándar, siempre y cuando exista un compromiso con el desarrollo de un modelo de televisión digital que considere los derechos de las personas y la comunicación inclusiva.
La institución considera que por estar en juego derechos fundamentales de las personas, la regulación de las políticas relacionadas con la TV digital, deberían establecerse por ley y no por decreto.

La Universidad recomienda posponer la definición del estándar hasta tanto no se realice un proceso de consulta nacional y se defina una política nacional de televisión digital.

¿Qué es la ISDB-Tb?

El ISDB-Tb es el formato de transmisión de televisión digital desarrollado en Brasil sobre la base de la tecnología japonesa (ISDB-Tb).

Esto porque en el mercado costarricense prácticamente todos los aparatos vienen equipados con un sintonizador ATSC.
La ISDB-Tb se usa en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú; mientras que Cuba y Bolivia valoran su utilización.

Conferencista Athina Markou, de la Universidad de California, habló del síndrome de abstinencia del psicoestímulo en la UCR

Los factores emocionales que surgen tras abandonar las drogas pueden llegar a ser factores más poderosos que los mismos efectos fisiológicos.

Así lo expuso la doctora Athina Markou, de la Universidad de California, en San Diego, quien junto con el doctor Mark Geyer, del mismo centro, estuvieron de visita en la Universidad de Costa Rica (UCR) como invitados de la Facultad de Farmacia y de la Escuela de Psicología para dar una serie de conferencias relacionadas con el consumo de drogas y la esquizofrenia.

Markou, quien es profesora del Departamento de Psiquiatría de esa universidad, es además profesora adjunta en el Departamento de Neurociencias Moleculares e Integrales del Instituto Scripps, y su especialidad en investigación se basa en el estudio de tres desórdenes psiquiátricos: dependencia de la nicotina, depresión y esquizofrenia.
En la UCR, la experta dio la charla El síndrome de abstinencia del psicoestímulo y la recaída a la búsqueda de drogas: rol del estímulo condicionado y el estrés.

DROGAS QUE ENTRISTECEN

Markou ha hecho estudios acerca de la adicción a la cocaína, y más recientemente a la dependencia a la nicotina, la cual es el principal ingrediente pscicoactivo (es decir, que altera las funciones del Sistema Nervioso Central) del tabaquismo.

“La mayoría de nuestras investigaciones se concentran en el aspecto emocional, afectivo, de las drogas, como es el caso de la depresión y ansiedad, que según el tipo de droga y el grado de consumo, pueden llegar a contribuir a una recaída más que las necesidades fisiológicas, tras su cese”, indicó la experta.

Esta es una hipótesis que ella y varios equipos de investigadores han venido estudiando mediante modelos animales, para desarrollar medicamentos para el tratamiento de la adicción a las drogas. Según explicó, las drogas actúan en dos sistemas neutrotransmisores en el cerebro (ayudan a la comunicación de las neuronas a través de señales eléctricas), llamados GABA y Glutamato, dando como resultado alteraciones en ellos: el primero inhiben estas conducciones eléctricas, mientras que el segundo las sensibiliza.

Esto significa que, dependiendo del tipo de drogas, hay efectos distintos en las personas, como capacidad de reacción y emociones, al manipularse muy sutilmente el balance entre estos dos sistemas. Esto es lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es el conjunto de reacciones que se manifiestan tras cesar el consumo de una o más drogas.

“Hemos demostrado en estudios animales que podemos reducir el efecto placentero de las drogas autoadministradas y bloquear la búsqueda de drogas hacia recaída, que se da especialmente tras su uso”, agregó Markou.

CÍRCULO VICIOSO

El síndrome de abstinencia es como un ciclo, según la investigadora. “Consumir droga puede generar estrés, ansiedad. El dejar de consumirla provoca varias reacciones fisiológicas, pero según nuestras investigaciones son fácilmente superables por los adictos. Sin embargo, la ansiedad y el estrés no. Estos son producidos por querer la droga, así que puede llevar a la persona a una recaída; es como un ciclo”.

La psicóloga Jennifer Díaz, directora de la Clínica Despertares en Sabanilla de Montes de Oca, se refirió a las declaraciones de Markou acerca de este síndrome.

“Efectivamente, el síndrome de abstinencia viene a ser lo que popularmente se conoce como ‘goma moral’. Dependiendo de la droga que se utilice, puede tener varias reacciones. En nicotina o cocaína, la gente tiene ansiedad; desde la parte psicológica, vienen pensamientos recurrentes sobre el querer utilizar la droga, llamados pensamientos intrusivos. Hay irritabilidad, incomodidad, depresión, que incluso puede generar una visión suicida”, explicó.

“Lo que los afecta más es la asociación mental de que ‘si consumo se me pasa’, y es lo que los lleva a volver a consumir”, agregó Díaz.

La psicóloga explicó que aunque la manera más integral para abandonar el consumo es a través de un internamiento, ya que hay estabilización médica, tratamiento psicológico, ayuda y seguimiento a la familia, “el adicto nunca se cura”.

Markou comentó durante su charla que la persona que quiere dejar de consumir droga debe cambiar drásticamente su estilo de vida.

“Hay dos tipos de recordatorios; los internos (como el mismo síndrome de abstinencia), recuerdan al adicto que debe y quiere consumir. Los externos pueden ser desde el olor del dinero, hasta mirar una jeringa o un amigo: aunque estén sobrios después de un año, el solo hecho de que haya un estímulo que recuerde algún momento en que se consumió, provocará que el cuerpo desee de nuevo esa droga”, mencionó Markou.

Juristas afirman que el problema para regular la red Internet surge porque se teme que se vulneren el derecho a la libertad de expresión o se aplique censura.

Es muy probable que usted al escuchar las palabras Flickr , Skype, Orkut o Linkedin desconozca de qué le están hablando pero si le mencionan Twitter, Facebook o Hi5 tal vez tenga alguna noción. El mundo de las redes sociales es muy amplio y justamente la semana anterior  un grupo de expertos debatieron sobre los retos de la urgencia de una regulación para estos espacios debido a que también se utilizan para cometer ilícitos o irregularidades y con fines de propaganda comercial.

Los especialistas, en su mayoría del país y otros procedentes de Francia, Chile, Panamá, México y Brasil, se reunieron para analizar las herramientas legales para regular las redes en el Simposio Internacional “Redes Sociales y Derecho”, realizado en el Colegio de Abogados.

Dentro de los reconocidos juristas, UNIVERSIDAD entrevistó a Julio Téllez Valdés, un abogado procedente de la Universidad Autónoma de México en la que trabaja como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Quizás resulte contradictorio hablar de regular las redes sociales cuando su auge se dio precisamente por la desregulación que facilitan los sitos Web y el derecho que otorga la libertad de expresión como un derecho humano. Así que el cuestionamiento que surge gira en torno a qué tipo de legislación se podría dar para lograr una regulación.

Téllez afirmó que “estamos hablando de millones de personas, muchas de las cuales ya utilizan estas redes para cometer ilícitos o irregularidades con fines de propaganda comercial”, por lo cual una eventual legislación debería contemplar el uso adecuado de los datos de las personas”, dijo Téllez.

Para el experto si un país no tiene una adecuada ley de protección de datos de las personas es muy difícil que pueda llegar a tener una legislación adecuada para las redes sociales.
Enfatizó que no se puede dejar de lado que en medio de esta discusión hay personas muy vulnerables como los niños, quienes están haciendo uso de estas redes.

Téllez agregó que también se estudia utilizar leyes relacionadas con materias como la protección al consumidor y de propiedad intelectual.

“El intentar regular Internet no es una idea nueva, lleva tiempo y lo que se ha tratado de recurrir es a la llamada autorregulación de los estados, del servicio, de las redes y de todos los usuarios que estamos vinculados a las redes sociales para que establezcamos reglas de comportamiento”, respondió Téllez.

Pero el problema surge porque toda ley que intente regular la red Internet, podría ser vista como una forma de vulnerar el llamado derecho a la libertad de expresión o se aplique censura, explicó el especialista en derecho electrónico.

INSTITUCIONALIDAD GLOBAL

Entonces, surge la interrogante, teniendo en cuenta que es necesaria la regulación de las redes sociales, ¿quién podría llegar a regularlas?

A lo que Téllez responde que un organismo internacional o un instrumento internacional como el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma es una convención internacional en materia penal que en principio atiende los precrímenes de lesa humanidad pero que está abierta la posibilidad de que pueda ser sensible a la comisión de otro tipo de ilícitos mientras estos afecten los intereses de las personas en cualquier parte del mundo, explicó el especilista en derecho.

En su criterio con el establecimiento de un derecho universal se logra atender diversas aristas de los derechos de los usuarios como personas, consumidores y productores de información.

Por su parte el jurista, Audilio González, indicó que el sistema de legislación o de regulación debe plantearse en tres niveles, que en su juicio serían el Estado, la corregulación con los actores de Internet y de las redes sociales y la autorregulación a partir de fenómenos como el derecho al trabajo o la protección de menores, concluyó González.

En ese sentido, Felipe Miguel Carrasco, abogado mexicano, planteó la discusión de que son muchos los trabajadores que tienen prohibido o bloqueado el ingreso a alguna red social en sus oficinas, pero cuestionó que esta medida sea la mejor solución.

La recomendación del experto es buscar el equilibrio entre el estilo de vida privado, la vida personal y la seguridad empresarial.

Los expertos concluyeron que son muchos los beneficios que ofrecen las redes sociales como la comunicación, interconexión y el entretenimiento, pero es imposible ignorar que la desregulación que impera en la red hasta el momento facilita muchos problemas por la exposición de la “información personal”, concluyeron.

Puede ver las ponencias ingresando al ustream en www.simposioderedessocialesyderecho.com

El mensaje ha sido claro (cf. Extra p. 9) “el director del OIJ, Jorge Rojas, asegura que la actuación de sus oficiales fue correcta”. Ya han existido otras pugnas por el poder y por ver que hay gente que manda donde le viene pues necesitan reafirmar que ellos son los buenos.

El mal está afuera. En esta ocasión el Yom Kipur ha tenido su conmemoración en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, y nada menos que el macho cabrío se ha cebado, simbolizado, en la figura de, nada menos señores, que de un supuesto “corrupto” tráfico-policía -sindicalista.

Las señales de los tiempos, y eso sin pretender ser agorero, profético y menos apocalíptico, parece que no son observadas claramente entre tanta publicidad y granadas de humo.

En toda Organización existen facciones que momentáneamente, temporalmente, por poco tiempo, gracias a las divinidades, y para ser lo suficientemente reiterativos, toman el gobierno de dichas organizaciones. En la mala imitación de pirámide masónica (facción masónica) “du Louvre” se han asentado hace ya suficiente tiempo aires enmohecidos que quisieran mostrarse renovados por maquillajes publicitarios debidamente contratados.

A lo interno se respira el oxido atemorizante de una maquinaria kafkiana que impide una verdadera renovación con el potencial humano que se encuentra latente; pues cuando hablamos de facciones de ultraderecha somos claros en reconocer que hay excelente jueces, fiscales y defensores que no pertenecen a ella: “¿Seré yo, Señor?” es lo que sigue para limpiar la conciencia. Mediante la figura del “interino-si me caes bien, pues si no te vas” o el “asciendes si no te veo o si me caes bien” se lubrican con sangre y grasa humana esos desvencijados engranajes.

Crean que nos duele lo que les vamos a decir, pero es parte del goce del “te lo dije” que encanta a nuestros académicos-inactivos: si nuestra principal e insigne Universidad de Costa Rica la “U”, (cf. Extra pp. 8-9) “se convirtió en campo de Batalla” ha sido porque era hora de que sintiera en cuerpo propio, en sus propias entrañas la operación que lleva a cabo el escalpelo estigmatizante del “identificador de brujas profesional”: un sistema penal de ultraderecha que busca enemigos en todas partes, que interpreta la ley como le viene y se cubre de discursos formalmente garantistas.

 Cuentan que la ceremonia de expiación no tuvo un final feliz ya que el macho cabrío se escapó entre las zarzas y moras de los campos universitarios. Aquí no esperen moraleja, este “canibalismo simbólico: el hombre se nutre del papel que le adjudica a su víctima propiciatoria” y un sistema de ultraderecha con sus agencias punitivas (OIJ) defiende su poder: su capacidad de crear responsables.

Y para ello los saludos a la bandera como  “Garantismo es palabra buena”, “Paco quiere a Lola”, etc., no representan más que una loable pero mínima expresión de respeto a los derechos humanos. Lo que fue la Soberanía Universitaria, antes que por una cuestión de poder por un asunto de amor a la educación y respeto a la misma, ha quedado en su virginal sueño atravesada y poseída de manera brutal, tal como lo pide la adrenalina Punitiva, por los goznes logo céntricos de papeles membretados que cubren arrebatos de poder.    

El día 12 de abril del año en curso se marcó un hito en la historia de la Universidad de Costa Rica,  a raíz de los hechos inauditos, cuyos actores y promotores principales, fueron los subordinados Oficiales del Organismo de Investigación Judicial.

En setenta años que cumplirá esta benemérita institución, esta es la segunda vez que sucede este tipo de atropellos contra la sociedad universitaria; en esta oportunidad tuve la desventura de presenciarlo en carne propia; es por ello que me atrevo, amparado en la fe pública con la cual he sido investido a compartir con la comunidad universitaria, las siguientes impresiones, de índole lógico algunas de ellas y otras de naturaleza jurídica, si me es permitido.

De acuerdo estoy, y es una apreciación muy personal, que el Organismo de Investigación Judicial tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, pero existe, y así es conocido por las autoridades del Poder Judicial, un procedimiento a lo interno que debe seguirse, y es precisamente coordinar ante la autoridades universitarias, cualquier acción que se vaya a ejecutar, demostrando documentalmente dos hechos, complementarios entre sí: el primero de ellos que se ha conformado un expediente de investigación preliminar – sea derivación de una denuncia o de oficio –  por parte de la Fiscalía con la participación por supuesto de las fuerzas de policía, en este caso el Organismo de Investigación Judicial, y cuyo resultado sea, la posibilidad de la existencia de la comisión de un delito; o bien ya sea la comisión inmediata de una infracción a las leyes penales.

Debemos tomar en cuenta que la misma Sala Constitucional mediante la resolución 4395-1995, amparada en aspectos de legalidad, ha determinado que el Campus Universitario es propiedad privada; por ende, se debe contar con la autorización de un Juez para poder conculcar el principio de la inviolabilidad de los domicilios, doctrina del numeral 23 de la Constitución Política como fuente primigenia del derecho, cabe pernotar,  requisito previo para poder ejecutar.

En el caso que nos ocupa, es muy sencillo, hubo evidentemente un error de coordinación y logística por parte de los encargados de la diligencia judicial, con los resultados nefastos, mismos que han sido acreditados mediante  grabaciones y prueba testimonial, hechos  que han generado todo tipo de reacciones en el nivel nacional y por parte de diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo a nuestros respetados diputados;  con justa razón por supuesto, debido al bochorno y a la vergüenza a la que fueron sometidos, no solo nuestros estudiantes, sino además importantes  representantes sindicales y autoridades del Consejo Universitario y de la institución, que sin ningún reparo los Oficiales del Organismo de Investigación Judicial, pese a conocer la legitimidad y condición que ostentaban,  porque así fue del conocimiento, arremetieron, contra cualquier persona que se les interpusiera, aunque la intención de ellas fuera calmar los ánimos y mediar en el conflicto.

Pude observar al inicio, un despliegue de vehículos con placas particulares, debido a que ese es  el estilo apropiado para efectos de conservar el anonimato y que no sean identificados; pero me llamó poderosamente la atención, que de cada  unidad se bajaron cuatro oficiales, hombres y mujeres, con chalecos antibalas y debidamente armados, pensé súbitamente vienen a capturar a un capo.

Señores,  cuál fue mi sorpresa, no era   así, me entero que venían a capturar a  uno de nuestros funcionarios, por la supuesta comisión de un delito: concusión; era suficiente un fiscal, un Juez garante procesal y dos Oficiales del Organismo de Investigación Judicial; les resultó insuficiente, acudieron alrededor de sesenta oficiales, más la Fuerza Pública, imagínense, ni en los barrios más peligrosos de este país realizan ese tipo de despliegues. Me pregunto, será que las personas que conforman esta institución no es gente digna, respetuosa,  con suficiente solvencia moral, como para no poder exigir respeto, por los derechos humanos, mismos que sin lugar a dudas fueron avasallados y dinamitados; y esto ha quedado evidenciado en las tomas de la prensa, o bien,  ya sea, será correcto este tipo de actuaciones como si el Campus Universitario fuera una guarida de capos y delincuentes de peligroso récord.

Debo reconocer que la intención original  se basaba en la necesidad imperante de perseguir un supuesto delito, entiendo así denunciado; pero  ello debe llevarse a cabo con medida y mesura, sin afectar derechos e intereses de terceros, mucho menos los intereses institucionales.

Como corolario de este derecho que ostento, de la libre expresión y derecho a opinar, seguro estoy que hubo una desproporción en el ejercicio de la potestad que tienen las fuerzas de policía; fue indubitablemente,  nada razonable el despliegue policial del cual fuimos víctimas todos  los universitarios. Dicho hecho me causa escozor y  es por ello que pienso debe ser emplazado no el señor Jorge Rojas, sino el presidente de la Corte de Suprema de Justicia para que le explique al pueblo, este sencillo y humilde pueblo, por qué se permitió  que se llegara hasta ese punto; siendo que debieron admitirlo, fallaron en la coordinación, al menos eso sospecho, partiendo del hecho que fuere cierto que el funcionario habría sido autor de los hechos que investigaban, porque recordemos el conocido y doctrinalmente aceptado Principio de Inocencia.

Insto al Estado como un todo a  incursionarse en un proceso de discusión y reflexión sobre lo sucedido, porque ello ha afectado no solo la imagen de la Universidad de Costa Rica, sino además la institucionalidad del Estado Costarricense y el estado de derecho mismo,  prueba de ello la agresión cometida en perjuicio del, tengo entendido,  Presidente de la Asociación de Derecho y otras personas no identificadas.

Por último, pero no por ello menos importante, menciono que no ingreso a conocer los costos operativos de dicho despliegue, señores; lo dejo para la  respectiva evaluación por parte de las organizaciones e instituciones que sean competentes, en caso de que haya sido innecesario dicho gasto; algún funcionario debe restituirlo de su propio peculio, ya que no es justo que los que tributamos debamos hacerle frente a este tipo de gastos superfluos.

Hoy, no solo el aire que se respira, el suelo y el agua está contaminada, sino todo lo que se consume está contaminado. Los alimentos agroindustriales y medicamentos farmacéuticos modernos contaminan el cuerpo y el ambiente.

Por ejemplo, los agrotóxicos actúan desde el embrión en la gestación. Por eso surgen tantas enfermedades “raras”; pues dichos contaminantes modernos se acumulan en el cuerpo.

Es común ver un enfermo con leucemia o diabetes que aparece hasta en bebés, con el páncreas paralizado. Los investigadores y médicos no denuncian esta barbarie, menos las autoridades gubernamentales.

Expertos críticos indican que el cáncer es causado por los productos químicos en los alimentos, los cuales llegaron con la revolución verde (agroquímicos) y la biotecnología moderna (transgénicos), que nos lleva a la decadencia de la calidad de vida.

Las verduras mantienen los químicos aun cuando sean hervidas. Todos los enlatados poseen restos de agrotóxicos que se ingieren. La leche tiene residuos agrotóxicos que la vaca no digiere. El arroz, el trigo están contaminados también. Los vinos poseen moléculas de agrotóxicos que también se ingieren. Y ni qué decir de todo tipo de frutas (banano, piña, melón y muchos otros) que están cargados de plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc., que luego se consumen. Hasta el agua embotellada contiene preservantes.

El gobierno británico encontró residuos de agrotóxicos en muchos alimentos, como en manzanas, pan, lechugas, papas y fresas, lo que potencia los efectos adversos. La evidencia científica indica una correlación entre el consumo de alimentos (o agua), con el exceso de nitratos, los cánceres gástricos y la elevada mortalidad durante los primeros días de vida de los neonatos, justo cuando sus madres ingirieron altas dosis de nitratos, generando malformaciones que afectan el sistema muscular, el óseo y nervioso central (CRIE, 2002). Las mujeres con cáncer de mama tienen cinco a nueve veces más residuos de pesticidas en su sangre y el índice aumenta.

Los nitratos forman compuestos cancerígenos con los residuos de plaguicidas, como los dicarbamatos (fungicidas). Según la OMS, el cáncer aumentó en 21% en el mundo entre 1990 y 2000, principalmente en nuestros países, que cada vez se importa y usa más agroquímicos (el gobierno de los Arias bajó los aranceles a la importación de agrotóxicos el año pasado). Así algunas transnacionales ganan (Monsanto, Bayer) y todos perdemos con enfermedades, incluso el ambiente con la contaminación.

Todo medicamento tiene, potencialmente, muchísimas más reacciones adversas, como la vacuna contra el H1N1 y muchas otras más. La prisa por comercializar las vacunas, sin el debido proceso de experimentación, lleva a ignorar el principio de inocuidad. Del laboratorio al mercado (énfasis en las ganancias).

Así, cuando se ingiere un medicamento, sea un analgésico, antibiótico o antiepiléptico, potencialmente, se generan más reacciones adversas o efectos secundarios. Aquí entra el poder mediático, pues lo que no aparece en un periódico o en medios televisivos no existe.

Mientras, los agro-bio-combustibles están provocando un aumento del hambre en el mundo (altos precios) y no ayuda a combatir el cambio climático, según un reciente informe europeo.

Los transgénicos aumentan el uso de agrotóxicos. Sólo han variado las semillas mejoradas por las semillas transgénicas; aunque dicen que se usará menos, pero sucede lo contrario… aumenta considerablemente.

Los alimentos transgénicos son inclusive más peligrosos, pues las características de su resistencia han sido incorporadas al interior de su mapa genético, de lo que pretenden sean nuestros alimentos cotidianos.

Así, la semilla transgénica de maíz Bt resiste las plagas porque cada una de sus células contiene el Bacillus thuringiensis, una bacteria que produce sustancias tóxicas para los insectos.

En los países desarrollados, la soya transgénica incrementa las alergias. Además, se da la resistencia a antibióticos y fuera del ámbito de la salud, la destrucción de la biodiversidad, la inseguridad alimentaria.

Los transgénicos no son alimentos sanos, hecho que han sido sistemáticamente ignorado y descalificado:
-ratas alimentadas con soja transgénica durante su embarazo dieron a luz progenie con raquitismo severo, murieron antes de las tres semanas.

-ratas alimentadas con maíz transgénico de Monsanto desarrollaron graves deficiencias renales y de la sangre.
-aldeanos filipinos padecieron una enfermedad misteriosa cuando el maíz híbrido GM de Monsanto floreció al segundo año; en sus cuerpos se encontraron anticuerpos de la proteína Bt del maíz transgénico.

-una docena de vacas murió tras ser alimentadas con maíz GM de Syngenta y otras de la manada tuvieron que ser sacrificadas a causa de una enfermedad desconocida.

-el investigador húngaro Arpad Pusztai y sus colegas encontraron en ratas jóvenes alimentadas con papa transgénica, que todos sus órganos estaban dañados y que el grosor de las paredes del estómago era el doble que el normal.

-en Egipto, científicos descubrieron efectos similares trabajando con ratones alimentados con otra papa transgénica.

-el organismo de control de alimentos de EE.UU. (FDA) tiene datos desde la década 90 sobre el desarrollo de orificios pequeños en el estómago de ratas alimentadas con tomate transgénico.
-pollos alimentados con maíz RR de Aventis mostraron el doble de mortalidad que la de los grupos de control.

-en Canberra (Australia) demostraron que cuando una proteína de haba, que no presentaba riesgo alguno, era transferida mediante ingeniería genética a la arveja, ésta causaba inflamación en los pulmones de ratones y provocaba reacciones con otras proteínas de la dieta.

Por eso, es muy grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo. Este organismo está tomado por las transnacionales.

El problema radica en que el consumidor promedio tiene un enfoque más económico (busca precios bajos) que ecológico (alimentos sanos, orgánicos), sino fíjese cuando se va a una feria de “agricultores”, donde el que vende productos orgánicos lo dice en una manta, pero todos los demás que usan agrotóxicos callan.

Los consumidores críticos, cada vez están más conscientes y saben que si no cambian rápidamente su forma de alimentarse (falsos alimentos y medicinas, comidas chatarras) por una nutrición equilibrada de forma más natural y enriquecida con minerales, a partir de una agricultura ecológica, continuarán incrementándose muy rápidamente las enfermedades relacionadas con el desequilibrio en el sistema inmunológico: enfermedades neurológicas, reducción del crecimiento, anormalidades fetales, la obesidad y la desmineralización, síndrome de fatiga crónica, la disminución del coeficiente intelectual de los niños y adolescentes, el mal de Parkinson, el de Alzhéimer, además de los males del corazón.

Pero también, los agrotóxicos generan una reducción de la fertilidad masculina (quizás esto estimule la homosexualidad y lesbianidad), mediante el consumo de diversos alimentos con estrógenos u hormonas y demás toxinas.

Aquí  se resalta la importancia de la educación ambiental, como un proceso educativo, integral y transdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que involucra a la población en la identificación y resolución de problemas mediante la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada públicamente en nuestra sociedad.

El mes de abril es emblemático para el país: la lucha contra los filibusteros, tanto los de 1856 como los de ALCOA en 1970, fechas a las cuales –lamentablemente- tendríamos que agregar otras dos: el 12 y 16 de abril del 2010, hoy  con la irrupción de nuevos protagonistas de la irresponsabilidad y la violencia.

La abrupta violación de la que ha sido objeto el campus de la más vieja institución de Educación Superior en Costa Rica por una policía fuertemente armada que atropella  sus  barras de acceso y las zonas verdes, su feroz arremetida contra estudiantes, docentes y funcionarios (as)  administrativos defensores de la autonomía universitaria, evidencia el grado de militarización de las fuerzas policiales en Costa Rica y su ilimitado abuso de autoridad.   

¿ En qué se diferencia esta embestida contra el alma máter de la que sufrió recientemente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH) bajo las órdenes del ejército y del Comando Especial Cobra?  ¿En qué se asemeja el  famoso grito de Córdoba un 21 de junio de 1918 de lo que aconteció el 12 de abril?

Efectivamente, hace más de 90 años  los jóvenes argentinos  se rebelaron ,  aún a costa de su propia vida, para romper las cadenas de la tiranía que ataba la Universidad Pública a la dominación; la conquista fue inmensa al proclamarse  la autonomía universitaria como “una vergüenza menos para el país , y una libertad más.”  La llamada “revolución de las conciencias”, se tejió con sangre y con heroísmo.   

El tesón y la valentía con que los universitarios (as)  de hoy defendieron la autonomía de nuestra Universidad, a pesar de las lesiones recibidas por los garrotazos de la policía, a pesar de los estudiantes detenidos y esposados como delincuentes, volvieron a revivir los ideales proclamados por aquella juventud de  1918: “no podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas”.   La gran marcha en Costa Rica tres días después, mostró la indignación y el repudio de miles de personas , la caminata desde el pretil   hacia la llamada Corte Suprema de Justicia, no fue  para pedir, sino para exigir libertad, respeto y responsabilidad hacia los sagrados recintos universitarios.

El día 16,  se difunde una nueva y alarmante noticia: la Sala Constitucional da luz verde  para la depredación de nuestros recursos naturales, mediante el aval a la minería a cielo abierto en Crucitas.   Los  cuidadosos estudios de biólogos y  ambientalistas mostrando las consecuencias irreversibles para la devastación del bosque, y la contaminación de los mantos acuíferos, con grave peligro para la salud humana y para los seres vivos de la región, no fueron suficientes para los señores magistrados. La votación fue de cinco  a favor y dos en contra, los mismos dos patriotas que se opusieron en su momento a la privatización de la energía, a la venta de las instituciones públicas, y a la entrega de la soberanía nacional.    Desde luego, el Presidente de la República se declara “feliz” con el fallo de la Sala IV, ésta a su vez también aplaude el haberse constituido durante estos cuatro años en un apéndice leal y obediente de los mandatos del ejecutivo.

Este gobierno ha dejado a un lado la responsabilidad con la población actual y las futuras generaciones.  Su característica principal ha sido “Nobel de la paz” en el extranjero y “Nobel de la guerra” en Costa Rica.  Se le declara la guerra a las universidades públicas, particularmente a la Universidad de Costa Rica, por su posición crítica  e independiente frente a la realidad del país; se propician acciones terroristas contra la  naturaleza, leáse Sardinal, Barva, Crucitas, Osa, zonas costeras… , mientras en los foros internacionales se propagandiza  cínicamente el programa “paz con la naturaleza” .

En otras palabras, al actual gobierno incluidos sus apéndices incondicionales, les importa poco la vieja y sagrada conquista de la autonomía universitaria, les importa menos aún  la flora y la fauna del país.  Lo importante es el tener contante y sonante, por encima del ser y del futuro de Costa Rica.  

En esta ofensiva en donde incluso la constitución ha sido abusada y  maltratada,  cuentan con el apoyo de la gran prensa empresaria, que al fin y al cabo reacciona  conforme a los intereses económicos de su sociedad comercial. Parafraseando a un gran autor podríamos decir, ya no se trata solamente  de  “civilización o barbarie”, en la Costa Rica actual se trata sobre todo  de “responsabilidad o barbarie”, que constituye el gran  el reto que tiene por delante nuestro pueblo.

Uno de los bastiones de la democracia son las universidades públicas y, particularmente, la Universidad de Costa Rica. Precisamente, el artículo 84 de la Constitución Política expresa:

“La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura que goza de independencia para el desempeño de sus funciones,  y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios…”

Como se observa, la legitimidad de la autonomía universitaria no es una ocurrencia, ni un desvarío, reside en un goce de plena garantía constitucional. Ello no excluye, ni la exime de la jurisdicción y competencia de los Tribunales.   

Sin embargo, en apego a ese principio constitucional,  el Juez, la Fiscalía y el OIJ deben realizar los procedimientos de coordinación con las autoridades universitarias porque simplemente se trata de un “Campo Universitario” que está centrado en la búsqueda del conocimiento, de la investigación, extensión y docencia, no un nido de delincuentes o traficantes de toda índole. De tal manera que no se trata de un Estado dentro de otro Estado -ese privilegio solo lo tuvo el enclave bananero de principios del siglo XX con la complicidad de los gobiernos de turno-, ni de un fuero especial como maliciosamente acusa el “desvelado” editorial de LN (14-4-10). Tampoco se vale esgrimir el argumento de una vedette penalista que expresa su opinión jurídica: “por la vía de la autonomía universitaria toda la delincuencia del país buscará refugio en la UCR”.

Quienes legitiman los actos represivos que se dieron en la Universidad de Costa Rica amparados a un discurso jurídico se olvidan que los fascistas proclaman a “verga y garrote” la democracia participativa. ¿A qué viene esa demostración de brutalidad policial?  ¿A qué se debe la exhibición de violencia que protagonizó el OIJ y la Fuerza Pública? ¿Cuál es el mensaje que pretenden dar? ¿Cuál es la diferencia entre un régimen de militar y estos cuerpos represivos que se vanaglorian de romper dientes, arrastrar estudiantes, darles patadas,  golpearlos y echar mano a la cartuchera de sus armas para persuadir a cualquiera que se cruce en su camino?   

Y todavía los jerarcas del OIJ,  la Fiscalía, la Corte Plena tienen la soberbia de justificar la brutalidad de sus cuerpos represivos. ¿Qué respeto pretenden que se les tenga a estos matones que actúan amparados a la aprobación de sus jefes?  Por esa vía, ¿se les condecorará a los agentes del OIJ y de la Fuerza Pública por hacer gala de  valentía, decoro y coraje al reprimir bestialmente a estudiantes, docentes y administrativos de la UCR?

Y como si fuera poco los yerros policiacos, el discurso autoritario del jerarca de la Fiscalía General anuncia con arrogancia que perseguirá penalmente a los estudiantes, docentes y administrativos involucrados en los actos represivos que ellos mismos protagonizaron; todo para indicar que el autoritarismo es el mejor método para ejercer el control democrático.