Por mera casualidad, como dicen, me percaté, la noche antes de la marcha en defensa de la autonomía universitaria, que en la página oficial del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes se anunciaba que mi libro: Memorias del dolor: consideraciones acerca de las Comisiones de la Verdad en América Latina (Editorial Arlekín, 2009) había recibido una mención de honor en la categoría de ensayo en los Premios Nacionales “Aquileo  Echeverría”. Nunca recibí comunicación alguna acerca de este hecho.

Acudí, sin haber recibido invitación, a la entrega de los premios nacionales la noche del 19 de abril, en el Teatro Nacional. Al ver el programa en la entrada, pude constatar que la mención de honor anunciada no venía incluida, aunque sí estaban otras menciones de honor, pertenecientes a otras categorías. Al inquirir acerca de este inesperado hecho, recibí como primera respuesta la afirmación de que “si había algún error se me haría llegar el certificado”.

Rechacé, por supuesto, esta ligereza de reacción inicial y exigí que se me aclarara la situación. Se me abrió entonces un mundo insospechado: de explicaciones ambiguas y porosas. Lo primero que hicieron fue acudir a Internet,  para constatar que, efectivamente, mi nombre aparecía en la página del Ministerio, que no se trataba de un advenedizo de  última hora queriendo infiltrarse en un acto de estado. Sin embargo, pronto se encargaría uno de los funcionarios de decirme que “un hacker se pudo haber metido a la página del ministerio para meter su nombre en la lista”. Tal cual, así me lo  dijo. No sé por qué pensé en Kafka.

Fueron entonces a rastrear las actas de los jurados a las oficinas del Ministerio. Yo permanecía ahí, convencido de que tenía que aclararse el asunto, en la incómoda posición de estar implantado en la entrada del Teatro mientras se desarrollaba la función oficial. Como los que recibían distinciones tenían que desplazarse por ahí, después de recibir lo que les correspondía, se encontraban con el extraño espectáculo de verme ahí esperando, y algunos se acercaban a preguntar  qué ocurría, y luego se alejaban, extrañados con mi respuesta.

Terminaba ya el acto, y por fin apareció alguien con las actas. “Se aclarará, pensé, este peregrino asunto, a  ver si es una ingrata tomada de pelo, o que”. Pero no, insólitamente, las actas no resolvieron. Ya a estas alturas daba la impresión que el asunto prioritario era terminar con mi incómoda presencia ahí, que podía perturbar los bombos y platillos oficiales. Más explicaciones ambiguas, porosas. Se me indicó que acudiera el día siguiente a la Dirección Nacional de Cultura, donde  se me explicaría lo sucedido.

Finalizada mi noche en el Teatro, me fui a casa, desconcertado. La mañana siguiente recibí una llamada, de uno de los funcionarios que lidió conmigo la noche anterior, expresándome que “yo tenía razón”, y que la Directora General de Cultura quería acudir a mi casa personalmente a conversar conmigo. Sostuve una conversación franca y clara con Doña Adriana Collado, quien empezó asumiendo la responsabilidad de la dependencia que dirige, y expresando que “no tenía explicación” para lo que había pasado. Que estaba sumamente consternada y preocupada.  Entre otras cosas, le insistí en que realmente no era un error, sino dos, o tres: ya que aunque se había informado correctamente a la prensa acerca de los fallos del jurado, no se me había enviado notificación alguna de la distinción recibida, ni invitación al acto de entrega, y, luego, estaba mi exclusión del programa y del acto oficial.  La tesis de la Dirección de Cultura es que se trata de un “error en cadena”, producto de una “omisión” a la hora de hacer un acta oficial. Lógicamente, hablamos de la necesidad de investigar lo sucedido.

Se plantearon algunas medidas que yo llamaría  “reparadoras”. Entre ellas que se emitiría un  comunicado de prensa de la Dirección de Cultura, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido e indicando claramente que se me impidió participar  en la actividad, lo que efectivamente se cumplió. Le expreso a Doña Adriana mi reconocimiento y agradecimiento por sus reacciones a lo sucedido. Son acciones correctoras, pero, evidentemente, no  borran la necesidad de entender lo que ocurrió.

Si no me percato, como expresé al inicio, por pura coincidencia, de la existencia de la mención de honor, no pasa nada. Borrado del reconocimiento público de los Premios Nacionales. Simple y sencillamente. Por otro lado, la terquedad de los hechos parece indicar que en este país, en este ámbito, se puede recibir una distinción nacional, pero sin que sea comunicada, y sin que sea entregada.  Parece, realmente, que hay mucho que investigar y corregir.

El libro Memorias del dolor trata las experiencias de países hermanos que han sufrido episodios de guerra, represión y dictaduras y los esfuerzos de “emprendedores de la memoria” por hacer justicia a las víctimas y a sus aliados. Dedica también atención a las “verdades públicas”, entre ellas las “historias oficiales” escritas desde el poder.

Obviamente se trata de episodios y vivencias gravísimas, incomparables  con incidentes como el que relato. Pero no deja de llamarme la atención que, habiendo recibido una distinción por un texto que se las ve con las historias oficiales, estuviera a punto de ser borrado de la “historia oficial” de la cultura del país.

El debate cultural que se ha hecho evidente, en las últimas semanas, sobre si la sociedad costarricense debe ser plural, laica y de derechos, o mantenerse confesional católica y, por tanto, con derechos individuales condicionados a los dogmas religiosos particulares, es una expresión más del período de transición tan importante que está viviendo el país.

Sin duda, la resolución que se le dé a este debate cultural condicionará, también, el ritmo en el cual Costa Rica pueda reconstituirse como nación con energías comunes dirigidas hacia un mayor o menor bienestar, seguridad y felicidad.

Pero, en este debate hay una trampa. La Iglesia Católica como institución, representada por sus obispos, y apuntalada por grupos ultra conservadores, intentan desesperadamente hacer aparecer la justa demanda por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y por la igualdad de derechos civiles de todas las personas sin discriminación por ninguna condición, incluida la preferencia sexual, en un “ataque contra la familia”. Cuando, en realidad, el fortalecimiento y realización plena de estos derechos no haría sino reconocer y apuntalar la existencia de más familias, basadas en el amor generoso y la solidaridad voluntariamente compartida –una forma de afecto más segura- que aquellas basadas únicamente en la tradición y los mandatos coercitivos y compulsivos.

El debate, después de todo, no hace más que poner en evidencia pública un hecho que viene ocurriendo en la práctica desde hace varios años, esto es, la transformación de la familia tradicional en Costa Rica y en el mundo, pero, sobre todo, la revolución que está ocurriendo en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad.

Crecientemente, ellas ya no son la retaguardia segura del “trabajador libre” del capitalismo, gracias a cuyo trabajo gratuito los hombres, las empresas y el Estado se ahorran una inmensa renta, pues las mujeres garantizan este trabajo socialmente necesario de la reproducción y el cuido de la fuerza de trabajo, clave para la acumulación de riqueza individual y social. Ellas son, cada vez más, actoras sociales, políticas y económicas pese a la desigualdad de condiciones. Por eso se educan más, participan más en la economía y en la política, y se adueñan de aspectos de sus vidas tan importantes como la fecundidad. No por casualidad la tasa de fecundidad ha descendido en Costa Rica y en el mundo.

Tampoco es casualidad que los hombres que de manera exclusiva constituyen la autoridad jerárquica de iglesias como la católica, se conviertan en policías furiosos de la sexualidad de las mujeres, en particular, y de las sexualidades, en general: siendo instituciones arcaicas, son las cancerberas (según el Diccionario de la Real Academia, “portero o guardián severo o que tiene modales bruscos”) de la subordinación de las mujeres, sobre la cual han construido históricamente su poder.

Existe evidencia y argumentación suficiente sobre cómo el establecimiento de la dominación masculina y de la subordinación femenina (diversas teóricas feministas, Bourdieu), y la fijación de reglas rígidas de parentesco (Levi-Strauss, Freud), en particular, la heterosexualidad obligatoria (Rubin), aseguran el intercambio de mujeres para la creación de lazos sociales por y para los hombres.

Nada hay, por tanto, menos natural –más arbitrario, pues es relativo y cultural-, que permitir la existencia de un solo tipo de familia, de un solo tipo de lazo social, de un solo tipo de sexualidad, de un solo tipo de amor.

Nada hay más arbitrario que prescribir autoritaria y socialmente lo que deben ser, sentir y querer los seres humanos, únicamente a partir de tener anatomías diferentes. Nada hay, más que prejuicios, estereotipos e intereses económicos y políticos, en querer prohibir la gran diversidad de relaciones solidarias y de nuevas formas de familia que, en la práctica, siempre han existido y existen cada vez más en la sociedad costarricense y en el mundo, en la medida que la ignorancia queda rezagada frente a una cultura de derechos y de respeto a la autonomía.

Lo que el país necesita son más familias sustentadas en la seguridad afectiva y económica que solo puede ser resultado de la libre unión de los deseos y voluntades, y no del sostenimiento coercitivo e inerte de reglas culturales opresivas y arcaicas, que esclavizan principalmente a las mujeres para la reproducción, porque así se garantiza su subordinación, y que decretan la muerte simbólica de la multitud de personas que tienen deseos distintos –no mejores ni peores- del heterosexual.

De todos modos, varios siglos de control fundamentalista sobre los seres humanos solo han sumado evidencia de que los hogares nucleares heterosexuales tradicionales no son garantía alguna de seguridad afectiva, -como no lo son tampoco los entornos religiosos, frente a la pedofilia-, sino también cuna de violencias que se ejercen privilegiadamente sobre las personas más vulnerabilizadas: las mujeres, las niñas y los niños.

Es hora de cambiar esto en Costa Rica, si ustedes quieren, también para apuntalar la base del progreso económico solidario.

El nacimiento del movimiento ecologista está íntimamente relacionado  al contrato ley que aprobó el Gobierno  de Costa Rica con la compañía Aluminium Company of America (ALCOA) hace cuarenta años.  ALCOA es una de las compañías más importantes en la producción de aluminio en el mundo y una de las más poderosas en los Estados Unidos.

ALCOA firmó un contrato administrativo con el Gobierno de Costa Rica para la exploración de la bauxita en San Isidro del General, cantón de Pérez  Zeledón en 1964.  El contrato contemplaba un período de cinco años de estudio, para luego iniciar la explotación y exportación del mineral. 

Sin embargo, ALCOA y el gobierno decidieron negociar un contrato-ley para la instalación de una planta transformadora de la bauxita en alúmina, etapa previa a la obtención del aluminio.  Para efectos de explotación del mineral, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó el contrato mediante Ley NO 4562 el  viernes 24 de abril de 1970.

Costa Rica también se comprometía a construir un proyecto hidroeléctrico en el Río Grande de Térraba, hoy proyecto hidroeléctrico El Diquís, cuya producción energética sería utilizada en su mayoría en la planta procesadora de aluminio.  Otro aspecto controversial  del contrato era que las disputas entre el gobierno de Costa Rica y la compañía se resolverían en un tribunal en los Estados  Unidos.  Y por supuesto, las ganancias serían mínimas para Costa Rica.

A inicios de 1969, un grupo de  estudiantes, presentó  al plenario del Congreso de Estudiantes organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), un informe sobre el proyecto de ley ALCOA. El informe provocó una fuerte reacción en el Congreso y los estudiantes empezaron a organizarse en contra de las pretensiones del gobierno y la compañía. 

Paralelamente,  un grupo de diputados también se opuso a las pretensiones de ALCOA, ya que consideraban que violentaba la soberanía y se entregaba el patrimonio nacional. 

Los estudiantes instalaron un piquete permanente frente a la Asamblea Legislativa durante los primeros meses del año 70. La situación se tornó sumamente violenta cuando representantes  del Poder Ejecutivo enviaron a la policía antimotines contra los estudiantes, quienes fueron golpeados y luego encarcelados.  La noticia  corrió por el campus y la masa estudiantil  se incorporó de inmediato a la protesta.

La FEUCR hace un llamado a los estudiantes de secundaria.  Es así, como los principales colegios se unieron a las marchas de protesta.  Los estudiantes de secundaria se  convirtieron en el sector mayoritario que tomó la Avenida Central, desde el Congreso hasta el edificio del Banco Central.  Durante el  22, 23 y 24 de abril de 1970, días en que se discutía en el congreso el contrato ley, se produjeron las manifestaciones de estudiantes, campesinos, obreros y sindicalistas más grandes en la historia de Costa Rica.  Entre  50.000  y 100.000 personas tomaron las calles de  San José. Una vez que el contrato fue aprobado por los diputados, los estudiantes lanzaron piedras y quemaron parte de la sede del Congreso. De inmediato, la policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes y se produjeron  detenciones masivas de  estudiantes, alrededor de 1.700 detenidos.

Dos aspectos fundamentales se produjeron  a raíz  de la a gesta de ALCOA en la historia Patria, el fin de los contratos ley como norma constitucional y el nacimiento del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CDPN), el 24 de abril de 1970, como la primera organización ecologista costarricense.   El CDPN fue fundado por Ricardo Quesada López-Calleja, connotado abogado y escritor nacional. 

Es así como se inicia una de las etapas más importantes en la historia de las luchas costarricenses para proteger el ambiente.   Años más tarde, el 1 de mayo de 2001, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional se transforma en el Movimiento Ecologista Costarricense. Organización que propuso y redactó el proyecto para introducir en la Constitución Política de Costa Rica un título de Derechos y Garantías Ambientales y establecer el 24 de abril como el Día Nacional del Ecologismo.

En la Edad Media, las primeras  universidades  europeas (Boloña, Salamanca, París)  defendieron  su  institucionalidad  frente  al poder militar, económico, político, eclesiástico.

Maestros  y  estudiantes  hicieron  valer  su espacio vital   académico  ante las   arbitrariedades, atropellos  y agresiones  del  Poder . Surge así  lo que  modernamente se llama autonomía o independencia de las universidades, como centro de pensamiento y de formación de  profesionales  en todos los campos.  

En  todo  el mundo, los gobiernos  han  atropellado  a   las universidades. La   reforma  o el grito universitario   de Córdoba  en Argentina en  1918, para América   Latina  fue   la chispa  que  se   extendió  por todos los países  al  sur del Río Bravo. 

La   independencia   universitaria   ha costado  sangre y  luchas  de  universitarios. Se  trata  de   un hecho social  y de un fenómeno  político, es decir, ligado  al  Poder  de los grupos dominantes y de las oligarquías;   y,  sus  medios  de   represión  y de  dominación.
Posteriormente,  el  derecho se fue construyendo para  delinear  y configurar  esa autonomía o independencia    de las universidades, tanto en las Constituciones Políticas, como  en  Costa Rica,   y en las    respectivas leyes.
El  hecho fundamental y clave  para la independencia  y autonomía de   las universidades,  es  su protección   y defensa  frente  al Poder  político, económico, militar y eclesiástico, a lo largo de la historia.
  
Por ejemplo, la matanza de  Tlatelolco en la plaza  de   las tres Culturas, el 2 de  octubre de  1968,  fue  el resultado trágico  de la  invasión  de la UNAM el 30 de julio de 1968, por parte  del ejército  mexicano. Este  fue el hecho desencadenante de la  brutal  agresión  de   este  ejército.
Hace 40 años, para este  mismo mes de abril, estudiantes de segunda enseñanza, por miles  y   alumnos de la Universidad de Costa Rica, acompañados de sus padres, sindicalistas, oficinistas y obreros dieron  la lucha contra el contrato-ley con la compañía de Estados Unidos Alcoa.    Igual que ahora , los medios de manipulación y desinformación colectivos nos  atacaron  con las  consignas   de que éramos comunistas,   revoltosos y peligrosos.
Hoy,  esos  medios  manipuladores y mentirosos, en una estrategia de la falsedad   y la provocación del miedo,  atacan a la Universidad de Costa Rica, uno de los pocos  espacios  críticos y de impugnación que quedan en el país. Y, sin duda el más  importante  centro  académico, a lo  largo de su historia, que  ha  graduado cuadros de profesionales, en todos los campos,  que han alimentado  al  sector público    y al privado, de los profesionales  que han necesitado y  necesitan  . 
La   independencia  y la autonomía   es, ante   el producto mismo  de la historia secular    universitaria,   la lucha  por  la protección y la defensa   de esta institución. Es una  realidad  política, del  ejercicio   del  Poder – de todo tipo-  contra   la  universidad. El  derecho,  como norma jurídica, lo ha  traducido a su lenguaje.
Así, el  artículo  constitucional  84   manda  que  las   universidades  públicas gozan  de  independencia  para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad  jurídica  para adquirir derechos  y contraer  obligaciones .
 
Por su parte,  la Sala Constitucional, en el voto 1313-93 ha  definido  claramente en qué consiste  esta  autonomía  e independencia, en el plano  jurídico.  Este voto o sentencia afirma  que  la autonomía es especial, completa y por esto distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico. Esta  autonomía  es  administrativa, política, organizativa, funcional  y financiera (voto  366-92).
En el plano de los hechos,  cada vez que  el poder, del tipo que sea,  atropelle y agreda a la universidad, tendrá  la respuesta   firme y contundente  de los universitarios que sabemos   que tenemos  que defender  nuestra casa  frente a   la  agresión. La historia  del mundo  así lo ha demostrado y lo seguirá  demostrando.
Esa prensa tendenciosa y amarillista llama a la violación de la autonomía e independencia   política y  de los  derechos humanos, “zafarrancho”  (que en su acepción coloquial,  es riña).  No solo corrompen la  realidad, sino también  corrompen  el   lenguaje.          
Se debe  pedir ante la violación a la autonomía que ha sufrido la  Universidad de Costa Rica,   que  se haga una investigación  sobre el proceder de la OIJ ; se le pida a los Consejos Universitarios  de las demás   universidades públicas  que se pronuncien sobre   esta violación institucional;  que  un conjunto de personalidades  hagan  un  manifiesto de apoyo  a  la universidad  pública, que se investigue  la  actuación  de los policías  de Seguridad Pública. 
Que se denuncie  la manipulación y desinformación de los medios de prensa  sobre  esta violación  institucional  a la  Universidad de Costa Rica  y la violación  de los derechos  humanos  de las   mujeres y  hombres  que defendieron a   la  Universidad de Costa Rica   por la agresión desmedida y el atropello  a  la       autonomía  e independencia   universitaria  pública.

Mi intención con este artículo no es tanto analizar la realidad de la pedofilia en la Iglesia, sino ir a las causas y consecuencias de esta perversidad, que ha desencadenado una crisis en la Iglesia, que no es solo temporal, sino una crisis profunda de credibilidad, que puede durar muchas décadas.
 
Un hecho revelador es confrontar  la actitud de la Iglesia frente a la pedofilia  y la actitud radicalmente diferente de la misma Iglesia frente a la Teología de la Liberación.
Por un lado, la Jerarquía fue permisiva, legitimadora  y encubridora de la pedofilia. 

Por otro lado, casi en el mismo tiempo, la misma Jerarquía de la Iglesia tuvo una actitud represiva y condenatoria  de la Teología de la Liberación.
Veamos las leyes, estructuras y dogmas  que dieron vida a la pedofilia en la Iglesia:
La ley del celibato obligatorio
Esta ley en muchos casos ha dañado la naturaleza humana de los que se ven presionados a ser célibes. Esta ley ha sido raíz y causa de muchas desviaciones sexuales, entre ellas la pedofilia.  Una excepción, a la luz de los Evangelios,  es el celibato  asumido libremente por causa del Reino de Dios, sin tomar en cuenta si son clérigos o laicos, hombres o mujeres, gente dentro o fuera de la Iglesia.
La homosexualidad es una opción legítima, cuando está guiada por una ética de respeto a la vida. Un problema frecuente surge cuando  se utiliza la condición clerical para encubrir  la homosexualidad, la cual, manipulada, reprimida y ocultada puede ser  causa de serias perversiones sexuales. Algunos obispos afirman que no existe una relación entre celibato y pedofilia, sino entre homosexualidad y pedofilia. Con esta afirmación se justifica el celibato y se condena la homosexualidad, se encubre la culpabilidad de la Iglesia en los delitos de pedofilia y se culpabiliza a los homosexuales.
 
La Iglesia católica es la institución religiosa más antigua, donde toda su estructura jerárquica la ejercen exclusivamente varones. Esta imposición afecta todas las leyes y doctrinas de la Iglesia sobre sexualidad humana. ¿Cuál sería la opinión de la Iglesia si una mujer  asumiera un cargo alto e importante en el Vaticano?
 
La Iglesia, desde el siglo XIX, se ha visto amenazada por la modernidad, lo que ha generado en ella una tradición conservadora que la hace incapaz de aceptar  los mejores logros de la modernidad, especialmente en materia de sexualidad humana.
 
El arzobispo de Poitiers, mons. Albert Rouet, en un libro suyo titulado: J’aimerais vous dire” (2009) escribe: “La Iglesia católica ha estado sacudida durante varios meses por la revelación de escándalos de pedofilia. ¿Es todo esto una sorpresa? Quisiera antes que nada precisar una cosa: para que exista pedofilia son necesarias dos condiciones: una perversión profunda y un poder. Esto quiere decir que todo sistema cerrado, idealizado y sacralizado, incluida la Iglesia,  es un peligro, donde todas las desviaciones  financieras  y sexuales llegan a ser posibles”.

La Iglesia consideró durante mucho tiempo la pedofilia como un pecado y no como un delito. El pecado puede quedar oculto en el secreto del sacramento de la confesión, pero el delito es un crimen que debe ser llevado públicamente a los tribunales. La Iglesia  jerárquica rechazó la culpabilización de la pedofilia y ocultó al pedófilo para salvar como Iglesia su credibilidad  y prestigio. La Iglesia también ocultó la criminalización de la pedofilia para evitar ser condenada judicialmente y obligada a pagar una indemnización económica. 
 
No basta que la Iglesia pida perdón por los delitos de pedofilia cometidos por sus obispos y sacerdotes. No basta reconocer que la Iglesia se siente herida y arrepentida. Todo esto es justo y  necesario, pero falta lo más importante: escuchar el grito de las víctimas mismas. Estas tienen derecho a exigir una clarificación de los hechos, una condena de sus agresores y una indemnización por los daños infligidos. Ellos, como sujetos, quieren ser también solidarios de otras víctimas de  la pedofilia, que no han logrado hacer su denuncia.
 
El grito de las víctimas ya resuena en el mundo entero. La solidaridad ya se extiende también a otros millones de niños y niñas que sufren otras realidades de muerte, como aquellos 16 mil niños que mueren de hambre cada día. 
 
La Iglesia que logre superar esta crisis deberá ser una Iglesia transparente, que no oculte sus desviaciones, una Iglesia más pobre, con menos poder y más liberadora. Una Iglesia  que reconstruya su identidad a partir  del movimiento histórico de Jesús.

Los planes reguladores se han configurado como escenarios que proyectan la participación social de una “mayoría en silencio”, que intenta acceder al verbo, al logos, a la palabra que no se les permite expresar, es la posibilidad de poder decidir sobre su espacio, su cotidianidad y pronunciar sus anhelos, expectativas y deseos. No hay planificación urbana posible mientras los tecnócratas caigan en reduccionismos y obvien de lo urbano la determinante social. Pero aún más peligroso, es ver como pretenden monopolizar la palabra, silenciar al pueblo y afirmar que los habitantes no se permiten gobernar.

La tecnocracia del país es partícipe y promotora de la polarización espacial, muestra de la inequidad social y de la desigualdad de un país dividido en dos: las brechas irreductibles entre ricos y pobres, ejerciendo presión y antagonismo en el territorio.

Es el crisol de iniciativas institucionales y privadas no coordinadas lo que muestra una sociedad que no dialoga, que no hace consensos, que no se pone de acuerdo. Pero aún peor, una clase social particular que pese a la aparente dispersión, conflicto y confusión, si se ponen de acuerdo en torno a un valor: el beneficio.

Para muestra un botón sobre este caos urbano, son los condominios o residenciales imposibles, inalcanzables, que tan solo hiperbolizan la frustración consumista de la mayoría, y la desigualdad en el acceso a la vivienda para un gran sector, que a su vez generan nuevos atascos viales. Este desarrollo inmobiliario “desplanificado” es efectivamente razonado, no existe en él, ningún tipo de caos o desorden. Para una de las Costa Ricas, la de los ricos, dueños de la apropiación del espacio, no hay problema en utilizarlo para sus propios fines, ajustarlo y ordenarlo en función a las necesidades personales y empresariales.

Cuando se habla de planificación urbana en Costa Rica, los tecnócratas se confunden al comprobar que no saben cómo organizar a los pobres, los asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, el transporte público (que no usan los ricos), el agua potable para las comunidades, los barrios periféricos, la insalubridad, el congestionamiento vial, los parques comunales, los precarios, el territorio de la mayoría.

Hoy en día los tecnócratas expresan el peligro del caos urbano a la lógica capitalista de su propio beneficio, berrean contra las comunidades, atacándolas por generar conflicto, y critican a los grupos organizados por obstaculizar el progreso, el hecho es que la planificación urbana no es analizada en sus causas y su configuración social, se permiten afirmar que la población es rebelde contra el Estado.

Los intereses privados, transnacionales y particulares, son más bien los que predominan en un Estado capitalista que no representa a la población y más bien administra el caos urbano. No será nada extraño, que cada vez más las comunidades se organicen como la resistencia, mostrando las deficiencias o atributos de una democracia que supone representa los intereses de la mayoría, haciendo imposible un desarrollo urbano, al menos que no razone y entienda que no son las externalidades las que dan contenido a la existencia, sino que el espacio y la existencia misma se construye socialmente.
 
La ingenua ambición de transformar el caos urbano sin tener que transformar la realidad social, bajo la premisa engañosa de que transformando el entorno urbano se va a transformar las condiciones sociales, genera la pregunta que nadie responde: ¿dónde van a meter a los indigentes de la ciudad, los precarios, la pobreza, los vehículos, el crecimiento inmobiliario, las desigualdades sociales?

Las condiciones adversas del caos, generan un ciudadano al borde de una crisis social y psíquica, donde la simple acción de  trasladarse de un lugar a otro se torna insoportable. En el fondo de toda la maraña urbana, hay un contraste entre la ciudad, la historia, la política, la cultura y los valores sociales.

Al final, no somos actores sino testigos silenciosos e impotentes de una planificación urbana incoherente, donde se da un proceso de expansión del caos urbano al tejido de la periferia de las ciudades, zonas rurales y las costas del país, avanzando como una mancha negra en las voluntades y conciencia de la ciudadanía costarricense.

El día 12 de abril, poco antes del mediodía, una nutrida tropa de agentes OIJ y del Ministerio de Seguridad, portando armas de fuego y chalecos antibala, incluyendo agentes encubiertos vestidos de civil, irrumpió violentamente en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la UCR, e irrespetando los retenes de la  Seguridad y Tránsito interna de la UCR, acordonó y allanó el edificio de Residencias Estudiantiles.

Esta acción la realizan sin contar con la más mínima coordinación  con las autoridades universitarias, violando flagrantemente la autonomía universitaria, estipulada en el artículo 84 de la Constitución Política.

Frente a semejante atropello, estudiantes, trabajadoras y trabajadores universitarios, exigimos la salida de esa tropa del campus, y únicamente por ese motivo,  fuimos brutalmente agredidos dentro del campus y fuera de éste. Este gran operativo y avasallador despliegue policial, haciendo gala de arbitrariedad y prepotencia, el OIJ afirma que fue para detener a un oficial de tránsito de la UCR, indagado por la comisión de un supuesto delito de concusión. Esta versión es completamente inverosímil. La violencia y magnitud del operativo no guarda ninguna proporción con el hecho delictivo supuestamente indagado. Para detener a un solo oficial de tránsito de la UCR, a quien según afirma el OIJ encontraron in fragangti, previa y debidamente identificado, con lugar de trabajo y domicilio fijo, de ningún modo se justifica semejante despliegue de fuerza.

Este razonamiento nos lleva a concluir que la persecución del guarda de la UCR era una simple ecusa o pretexto, y que se trató en realidad de un operativo diseñado de antemano, con una clara intencionalidad política.

No por casualidad, el  día de los hechos analizados, las y los compañeros de la dirigencia legítima de SINTRAJAP arrancan un paro en Limón y Moín, que fue sofocado con la ocupación policiaco-militar de los muelles, la expresa prohibición del ingreso de los principales dirigentes del movimiento, afianzando y dando continuidad al “golpe de estado” fraguado por el Ministerio de Trabajo y  teledirigido desde Casa Presidencial, para descabezar a SINTRAJAP e imponer la dirigencia dócil encabezada por Douglas Brenes, desatando un clima de terror e intimidación entre las y los trabajadores muelleros. Con ello el Gobierno y sus socios han dado el ataque más brutal contra el derecho a  la organización y autonomía sindical de las y los trabajadores, en aras de garantizar su fabuloso negocio con la  entrega inconstitucional de los muelles a las corporaciones privadas portuarias, violentando la soberanía y destruyendo el patrimonio nacional.

El Consejo Universitario de la UCR se ha pronunciado claramente contra la concesión de los muelles y por el respeto a la autonomía y libertad sindical.  El SINDEU, por su parte,  ha tenido una activa participación en la defensa de los muelles del Caribe. Al mismo tiempo,  se avizora una dura lucha por presupuesto justo para  las universidades públicas, en la medida en que se requiere enfrentar la política fiscalista, restrictiva y neoliberal del Gobierno entrante de Laura Chinchilla, que es continuidad del gobierno de los Arias.

De manera que este es el escenario en que adquieren significación los desmanes del operativo del OIJ. Se trató de dar una lección ejemplar e intimidar a la UCR, que por su libertad de cátedra y autonomía, ha mantenido una posición crítica frente a aspectos importantes del proyecto neoliberal de la oligarquía. Así fue en la propia lucha contra el TLC, en la que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuestionó la autonomía y pretendió imponerle una mordaza a las Universidades Públicas, junto a la directriz de las Contraloría para congelar los fondos de la FEUCR. Esta postura de denuncia y relativa independencia la UCR también se extiende a temas como la lucha por el agua en Sardinal, la expansión piñera, la minería a cielo abierto en Crucitas, etc.

Una prueba más de que la invasión del OIJ el 12 de abril es parte de una trama bien elaborada, es la rabiosa campaña mediática posterior para desprestigiar a la UCR, a los jóvenes revoltosos de los bloqueos, a los “chancletudos” universitarios, para acusar que la UCR quiere “impunidad” y “ser refugio de delincuentes”, de querer ser un estado independiente dentro de otro estado como el Vaticano, como con sorna se expresó Dall Anesse. Se trata de denigrar y negar la autonomía universitaria, de cara a la opinión pública.  En esta misma línea el director del OIJ ha estado pidiendo mayor presupuesto, mientras aumentan  los juicios y las prisiones están llenas, lo que sintoniza con las campañas electorales que giraron en torno a la aplicación de mano dura en seguridad.

Los sectores críticos y conscientes debemos cerrar filas para enfrentar esta campaña antiuniversitaria y antipopular, y siguiendo la hermosa tradición que, se fragua desde hace cuarenta años en la lucha contra ALCOA, honrar hoy en la práctica la consigna estampada en la placa colocada en nuestra plaza 24 de abril: “Violar la ley del imperio es defender los derechos del pueblo”.

La aplicación de una vacuna para frenar el avance de la influenza A ha generado las más enconadas  discusiones, ventiladas en todos los medios de comunicación, donde a veces cuesta hallar un punto intermedio. Considero que ese punto radica en  la visibilización del largo proceso que ha permito a las vacunas, junto con la potabilización del agua y el empleo de antibióticos, colocarse como una de las principales vías para que muchos países hayan logrado un mayor control sobre las enfermedades infecto-contagiosas.
  

Tal visibilización cobra sentido cuando se colocan sobre la balanza los argumentos de los movimientos anti-vacunas (MAV), que existen desde que Jenner dio el primer paso en firme hacia la creación de una tecnología de la vacunación. Hoy a raíz de la pandemia, de las facilidades existentes para difundir mensajes por medio del ciberespacio y hasta de la misma cobertura ofrecida por los medios convencionales de comunicación, los MAV se han dedicado a cuestionar no sólo la vacuna AHN1 sino la pertinencia de los procesos de vacunación.  
 
La argumentación de los MAV es variada apelando a elementos religiosos, el libre albedrío, la exaltación de los efectos secundarios de las inmunizaciones, la inutilidad de las vacunas en una época cuando las enfermedades que combaten ya casi no existen, el afán de lucro de las transnacionales farmacéuticas, y hasta oscuros planes de corte eugenésico.

La experiencia ha demostrado que la población inmunizada contra agentes que fueron causa de enfermedad, incluso de mortalidad o incapacidad perenne, ayuda a generar un ambiente de protección, denominado inmunidad colectiva, para quienes por diversas razones no están vacunados. En consecuencia, la vacunación es un asunto de solidaridad y protección grupal. Más allá de la dimensión humanitaria, es importante considerar que es más barato prevenir que curar o rehabilitar, por lo que la relación costo-beneficio se inclina por la inmunización.

Uno de los aspectos más llamativos con los MAV es que ponen el énfasis en los efectos adversos que pudiese causar la vacunación y no en los logros históricamente obtenidos, de los cuales el más emblemático ha sido la erradicación de la viruela. Mi preocupación con los MAV es que entre mayor resonancia adquieran en nuestra sociedad, más difícil será mantener el control sobre las enfermedades que ya formaban parte del pasado, como ha venido sucediendo en algunos países desarrollos que recientemente han experimentado rebrotes.   

Como este es un tema que va mucho más allá del brote de influenza A, considero que debe reforzarse la educación sanitaria de la población, para que sobre una base informada y no simplemente al calor del énfasis mediático del momento, las personas tomen la mejor decisión tanto para sus vidas como para las de sus retoños. De volver a la vida indudablemente Jenner y Pasteur se sentirían muy orgullosos del impacto que sus esfuerzos han tenido sobre la calidad de vida de muchas personas, incluso de las no vacunadas, pero posiblemente se sentirían abrumados frente a los argumentos de los MAV.
   
Las vacunas por sí solas no garantizan una mejor calidad de vida, ya que entran en juego factores como el clima, el nivel socio-económico del núcleo familiar, la calidad de la alimentación, la adecuada higiene personal y colectiva, etc.

Aquí es pertinente la sentencia de Pasteur «los microbios no son nada; el terreno en donde fecundan lo es todo,» lo cual equivale a decir que en cuerpos sanos los microorganismos patógenos chocarán con una barrera, que si no es insalvable, al menos permitirá mitigar el efecto de la enfermedad. Pero como vivimos en un planeta donde históricamente la riqueza ha estado mal repartida, por lo que la satisfacción de las necesidades básicas continúa siendo una quimera para importantes contingentes de personas, el terreno continúa siendo propicio para la entrada de los microorganismos patógenos, por tanto las vacunas no sientan nada mal como herramienta de prevención, puesto que como atinadamente indicó Erasmo de Rótterdam: «Más vale prevenir que curar.»

El educador de la resistencia hondureña afirmó que la Comisión de la Verdad es un intento por “blanquear el golpe de Estado”.

“Hoy, 26 de abril, a eso de las 10:30 de la mañana, paramilitares fuertemente armados, en dos vehículos…”
Así comienza el relato de Candelario Reyes, educador de 52 años, poeta, en la denuncia que presentó ante la embajada hondureña en Costa Rica, por las persecuciones de que ha sido víctima desde el golpe militar del 28 de junio pasado, en su país.

“Llegaron con el motor apagado, bajando hacia el centro, buscando sorprenderme. Empezaron a preguntar por mí, pero nunca se identificaron. Pero pudimos apuntar las placas. Por eso doy nombres. Entonces salí nuevamente del país”, cuenta, en el relato que dio a UNIVERSIDAD.

“Un Toyota placa PAK 2820 y un segundo vehículo, placa PBH 3334, en el que se conducía un conocido miembro del batallón 3-16, conocido como José Gallardo, cuyo oficio conocido es de vendedor de armas de fuego y municiones en las inmediaciones de la plaza central de la ciudad de Santa Bárbara.”

COMISIÓN DE LA VERDAD

Hacía tan solo 24 horas, el martes 4 de mayo, que se había celebrado en Honduras la instalación de la “Comisión de la Verdad”, encargada de recopilar los antecedentes del golpe de Estado, “lo que ocurrió en el país antes, durante y después” del derrocamiento de Manuel Zelaya, el 28 de junio del año pasado.
La creación de esa comisión estaba contemplada en el Plan Arias y terminó transformándose en parte de un ritual exigido por la comunidad internacional para reconocer a Porfirio Lobo, que reemplazó al golpista Roberto Micheletti al frente del gobierno hondureño.
Pero la comisión no cuenta con el respaldo del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que la considera un intento por “blanquear el golpe de Estado”. Por eso crearon una comisión alternativa, a la que llamaron “Comisión de Verdad”.
“Yo estoy con esa comisión alternativa”, dijo Reyes.
“Creo que la Comisión que propone el gobierno es un esfuerzo para continuar con el mismo estilo de lo que fue la propuesta del Plan de San José, que nunca solucionó nada pero permitió dar largas a una solución política al problema”, agregó.
“La propuesta del Frente es hacer una constituyente que integre a todos los hondureños. La visión pacifista del Frente no es excluyente, no borramos del mapa a nadie, como sí pretenden los golpistas, mediante una guerra sucia que se ha desatado contra nosotros”, explicó.
“Esta otra comisión alternativa, en la que hay personas que han arriesgado su vida, o reconocidas personalidades como Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, nos va a servir para una verdadera reconciliación nacional, para ponernos todos frente a la ley, frente a la justicia, para construir una nueva Honduras”.

UN PAÍS EMPOBRECIDO

“La situación de Honduras es trágica”, afirmó Candelario Reyes. “Al ver hoy Honduras, la sufres. Honduras, de por sí, es uno de los países más pobres del continente. Es una paradoja de la vida que el país que está en el corazón del continente sea el que no pertenezca a América, sino al África, en materia de desarrollo humano”.
A raíz del golpe, añadió, “uno encuentra a la gente más empobrecida, con mayor incertidumbre, en el sentido de que, si bien hay una lucha buscando una nueva alternativa, viendo los extremos que se dan en el país y los intereses de las grandes compañías, no se sabe realmente si vamos a alcanzar el sueño, o si los políticos al servicio de las trasnacionales prefieren exterminar a todo un pueblo, como sucede en África”.
Según Reyes, “nos hemos ido convirtiendo en un país sin Estado, el principio de gobernabilidad se ha perdido. La ley se aplica de manera privada, por organismos de seguridad contratados por empresarios, como está sucediendo en el Bajo Aguan. Allí hay una militarización, a raíz del conflicto por la tierra, un verdadero estado de sitio”, enfatizó.
“Están asesinando a los periodistas y educadores. Hay un promedio de 14 muertes violentas diarias en el país. Un día anunciaron que, en la morgue de Tegucigalpa, había 60 cadáveres sin reconocer. ¿En qué país vivo?, me pregunto”.
“Existe la impunidad total. Creo que un país así no es ninguna oferta de futuro para sus jóvenes. Eso explica la necesidad de una reconciliación desde una visión con sentido de la vida”.

ESCAPANDO DE LA MUERTE

Reyes dirige desde hace 21 años una fundación llamada el Centro Cultural Hibueras, en la localidad de Santa Bárbara, en la zona occidental del país. Ha publicado varios libros de poesía. Uno de ellos, Poesía de Contragolpe, está constituido por versos que escribía a diario –uno cada día– desde el golpe de Estado del año pasado.
“La fundación tiene 21 años dedicada a la promoción de cultura de paz con niños, jóvenes y familias campesinas. Esta es la gente que ha sido permanentemente excluida, sin casa, sin tierra propia, y nosotros hemos logrado que formen su patrimonio, hemos construido casas, escuelas, los niños escriben poesía, hacen periodismo, tenemos programas de radio y TV con ellos, llegamos a una población de 14 mil personas”.
En 1986, cuando los militares hondureños transformaron el país en una base de operaciones de la “contra” nicaragüense y recrudeció la represión, Reyes tuvo que abandonarlo. Estuvo tres años en  el exterior.
“Hacía teatro popular con grupos campesinos vinculados a la reforma agraria. Los campesinos sin tierra empezaron a rescatar su memoria, el sentido de la organización. Lo hacíamos en los caminos, en las esquinas de las calles, no teníamos iluminación. Éramos pobres en elementos, pero muy ricos en contenidos, contábamos nuestra historia de manera muy rica, muy llena de colorido, y eso se vuelve un peligro”, afirma.
Fue en esa época que el batallón 3-16 se hizo famoso por la desaparición de personas y por los asesinatos políticos. Ahora, los mismos personajes resurgen en el escenario político hondureño que, como en aquella época, amenazan a toda la región.
“Esto es un tema de estos cinco países centroamericanos, no solo hondureño”, asegura Reyes. Así como los presidentes de UNASUR han asumido el caso, muy preocupados, y se han negado a aceptar la presencia de Lobo en la cumbre iberoamericana que se celebrará este mes en Madrid, a nivel de la región centroamericana los gobiernos deberían retomar el tema, más allá de sus intereses políticos particulares, y ver que una situación como esa, tarde o temprano, los alcanza”.
“Yo creo que se están dando demasiada urgencia, quieren remendar, de manera forzada, una crisis y eso, a la larga, se rompe. Hay que corregir los problemas de Honduras con toda la mesura, con toda la dedicación necesaria. Tiene que ser sano lo que surja”, afirmó.
El objetivo es lograr una reforma de la constitución de 1982, elaborada por los militares en medio de la crisis que llevó a los conflictos armados en Centroamérica.

“Lo que sigue lo hemos resumido en tres puntos”, añadió:

* Realizar nuevamente una consulta pública, el 28 de junio, al cumplirse un año del golpe, sobre la necesidad de una constituyente;

* El segundo punto de la lucha es ir por una nueva constitución. La consulta es para demostrar que la mayoría de la población quiere una nueva constitución, considerando, además, que venimos de un golpe militar que destituyó el gobierno legítimo del presidente Manuel Zelaya;

* Y lo otro es el regreso de todos los hondureños exiliados, el cese la represión y la liberación de todos los presos políticos que fueron detenidos después del golpe militar y que aun permanecen en la cárcel.

Analistas consideran que grandes negocios son los que atraen al Movimiento Libertario a las principales instituciones del país.

Instituciones de gran peso en el presupuesto y desarrollo del país, y proyectos de gran interés económico quedaron servidos para el Movimiento Libertario tras el pacto con el Partido Liberación Nacional, al iniciar el gobierno de Laura Chinchilla.

Integrar juntas directivas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como la nueva Ley de apertura en el sector eléctrico y la titulación de tierras en la zona fronteriza, son parte de lo solicitado por los libertarios a cambio de su apoyo.

Varios exjerarcas y dirigentes sindicales consultados por UNIVERSIDAD ven con preocupación este acuerdo porque quienes se presentaron como “enemigos” del modelo de Estado que estas entidades representan, ahora sean parte de los que definirán su futuro.

La CCSS y el ICE tienen dos de los presupuestos más abultados en el sector público y generan contrataciones millonarias con el sector privado.
Dos instituciones emblemáticas para la sociedad costarricense, que debido a los intereses económicos que despiertan, tienen hoy en el banquillo de los acusados al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, por recibir supuestos sobornos por parte de la empresa francesa Alcatel y al exmandatario Rafael Ángel Calderón, sentenciado en octubre del 2009 a cinco años de prisión por dos delitos de peculado en relación con el caso CCSS-Fischel.
Precisamente cuando se anunciaba el acuerdo entre libertarios y liberacionistas, se cumplían 15 años del pacto Figueres-Calderón, el cual impulsó la oleada de privatización y debilitamiento de los servicios públicos ante intereses particulares.
Walter Reiche, expresidente de la Corporación Fischel, también sentenciado a cuatro años de prisión por el escándalo Caja-Fischel,  afirmó sobre el pacto Figueres-Calderón en una entrevista dada a La Nación, que él debía formar parte del “selecto grupo de empresarios” que tenían acceso a “un nivel político superior”, a fin de poder “hacer negocios importantes con el Estado”.

“METER EL ZORRO AL GALLINERO”

La Caja Costarricense del Seguro Social es, según los datos de la Contraloría General de la República, la institución que manejó un presupuesto de ¢1.770.104 millones (1.7 billones) en el 2009.
El exdirectivo y expresidente de la institución, Guido Miranda, opinó que la llegada de representantes del Movimiento Libertario a la junta directiva de la Caja significa abrir espacio a las consignas de “más mercado y menos Estado”.
Miranda recordó que de las nueve personas que integran la junta directiva de la CCSS, tres son representantes de los patronos, tres de los trabajadores y los tres restantes nombrados por el gobierno.
“Este acuerdo es como meter el zorro en el gallinero, ¿Quiénes son los que aplican la autonomía institucional?, pues los directores. Entonces si estos llegan y forman alianzas con los empresarios, pues les van a dar la mayoría”, afirmó Miranda.
Miranda recordó que el Movimiento Libertario ha manejado dos conceptos que pretenden aplicar a la Caja: la libre elección de dónde recibir los servicios médicos, aunque pagados por la Caja;  y la libertad de escoger a cuál seguro se cotiza.
Sobre el primero, Miranda apuntó que el servicio solidario de la Caja sucumbiría ante las clínicas y hospitales privados, que absorberían gran parte del presupuesto de la institución.
“Si usted ve, las clínicas privadas vienen creciendo hace rato, preparándose para que la Caja les compre servicios. Imagínese lo que es para las empresas repartirse un presupuesto de más de ¢1000 millones, pues lógicamente van a desear que desaparezca el seguro o que se compren medicamentos con patente en vez de genéricos”, afirmó Miranda.
Para el exdirectivo, la CCSS sufre desde hace años de una mala gestión, donde préstamos millonarios como el “préstamo finlandés” o el “préstamo español”, que eran para mejorar la institución, terminaron en sonados casos de corrupción.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), consideró “nefasto” que el Movimiento Libertario pueda hacerse con un lugar en la directiva de la CCSS cuando siempre han promovido transformarla en una simple institución que compra  servicios a empresas privadas.
“Hay un proyecto para la cotización voluntaria y no obligatoria, para que el que quiera se traslade a un seguro privado. Esto destruiría la Caja, y uno no entiende como gente que piensa de esta forma podría llegar a la directiva de la Caja”, afirmó Chavarría.

EL ICE Y SUS NEGOCIOS

Otra de las instituciones que está en la mira de este acuerdo es el ICE, el segundo en importancia por el tamaño de su presupuesto, que para 2009 fue de ¢1.485.649 millones ( ¢1.4 billones).
El exgerente del ICE, Carlos Manuel Obregón, aseguró que el Instituto es una de las empresas más grandes de Centroamérica, y tiene en sus manos dos de los negocios más codiciados y lucrativos: la generación de energía y las telecomunicaciones.
Obregón indicó que el ICE es aún el actor dominante en ambos mercados, por lo que sus contrataciones y licitaciones hacia el sector privado suman muchos millones; pero ya estos procesos no están en manos directamente de la junta directiva, sino que son revisados por un grupo técnico.
El exgerente se manifestó en contra del proyecto de la Ley de Electricidad, pues considera que un sector tan importante para el país no puede someterse a los vaivenes del mercado.
El exregulador general y exdirectivo del ICE, Leonel Fonseca, calificó de “grave” que un partido que ha intentado “destruir” estas instituciones, ahora intervenga en sus decisiones.
Fonseca apuntó que el impacto del Movimiento Libertario en el ICE dependerá del enfoque que den a su gestión, pues si el directivo que llegue ejerce un efectivo control político, podría ser beneficioso para la institución.
Explicó además que quien llegue al ICE debe cumplir un perfil y ciertos requisitos, por lo que según la ley deberá ser un abogado, ingeniero o economista.
“Hay gente dentro de este mismo gobierno, como Teófilo de la Torre (ministro de Ambiente y expresidente del ICE), que deberían ser los primeros en defender al ICE si se ve amenazado”, afirmó.
Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones del ICE (ANTTEC), expresó que la llegada de los libertarios al ICE sería un “retroceso”, pues su intención es poner la institución en manos de las transnacionales.
“Ellos serían un voto más para las multinacionales, de ahí que haremos un planteamiento al Gobierno para que no permita la llegada de esta gente, no lo vamos a aceptar, pues se sabe el daño que podrían hacer”, afirmó.

INTERESES PRIVADOS

El politólogo Alberto Cortés comentó que la llegada de los libertarios a instituciones tan importantes es algo complicado, pues por su ideología “antiestatista” pueden aprovechar los espacios en su gestión para debilitarlas, y favorecer intereses privados.
Para Cortés, lo primero que habría que determinar es si el nombramiento es posible, pues la ley “4-3” está concebida para dar espacios en las directivas a la primera y segunda fuerza política del país, y no a la que ocupó el tercer lugar.
El analista consideró que el interés por las instituciones clave es muy claro, ya que en el pacto seleccionaron aquellas que tienen grandes activos y presupuestos millonarios, de los que se desprenden contratos de gran interés para el sector privado.
En su criterio, esta alianza entre el PLN y el libertario está basada en el pragmatismo y en la necesidad de votos que tiene el oficialismo en la Asamblea Legislativa, pero no se puede llamar “bipartidismo”, pues a ambas fuerzas aún no les alcanza para controlar por completo el Congreso.
“Si se recuerda, el bipartidismo integrado con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) llegó a controlar hasta el 90% de los puestos de diputados. La correlación de fuerzas con los libertarios, apenas le permite al PLN avanzar en una agenda de privatización”, afirmó.
Respecto de los otros proyectos que integran la agenda, y que han sido siempre de gran interés para el Movimiento Libertario, como la ley de marinas, la titulación de tierras en la zona fronteriza y la regulación de casinos, Cortés no les ve un camino fácil a pesar del pacto.
“Es un poco temprano para decir que solo por el pacto, esos proyectos tendrán una aprobación llana. Hay muchos mecanismos legislativos que pueden frenarlo y son proyectos que por su naturaleza pueden crear mucha oposición ciudadana”, aseveró el politólogo.
“Sería una agenda de choque que trataría de imponer esa coalición política, y eso generaría un conflicto social que doña Laura Chinchilla ha dicho que no quiere”, acotó.